ARTICULOS SOBRE JUBILACION, COSTE DE LA VIDA Y TRABAJO en la prensa (Levante, El Mundo, El Pais, Las Provincias, Público)
Indice del resumen de enero de 2011
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JUBILACIÓN Y COSTE DE LA VIDA
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Las claves de la subida de la luz
La subida del recibo de la luz a partir de enero de un 9,8% ha despertado las críticas de todos los sectores, desde los consumidores hasta los partidos políticos Este artículo desgrana los diferentes componentes en el recibo
LEVANTE-EMV 2011-01-02, VALENCIA
La subida en la factura de la luz de un 9,8% aprobada por el Gobierno el pasado lunes ha provocado una auténtica catarata de protestas, pero una de las preguntas que se hacen todos los consumidores es ¿Por qué sube la luz?.
La liberalización de tarifas. El mercado eléctrico se liberalizó el 1 de julio de 2009, dando entrada en el sector a las ofertas numerosas firmas comercializadoras. Sin embargo, esta liberalización apenas afecta a un hogar normal, que sólo consigue ahorrar 16 euros anuales si acude a este mercado.
Tarifa de último recurso. La otra opción es la Tarifa de Último Recurso (TUR), una la alternativa al mercado liberalizado para los consumidores que tienen contratada una potencia inferior a 10 kilovatios (Kw). En estos momentos hay en España 27 millones de hogares que tienen contratados menos de esa potencia; de ellos, cinco tienen derecho al Bono Social y cuatro más han decidido acudir al mercado libre. En el caso de la Tarifa de Último Recurso, el abonado puede decidir si la quiere aplicar con o sin discriminación horaria.
Bono social. Por lo que respecta al bono social, está destinado a las viviendas que tienen contratada una potencia inferior a los 3 Kw y cumplen el requisito de ser familia numerosa, tener a todos los miembros en paro o recibir la pensión mínima -unos cinco millones de hogares-. Con esta prestación, las tarifas permanecen congeladas hasta el año 2013.
El cálculo de la subida. La factura, fuera del mercado liberalizado, se compone de dos variables que se suman. Una es la subasta trimestral de las empresas comercializadoras de energía (Cesur), que se establece en función de la evolución del mercado y sus costes. Y la otra es el peaje establecido por el Gobierno para pagar los costes del sistema (redes, primas de energías renovables y otros conceptos).
La factura. Teniendo en cuenta una factura tipo de 100 euros, 53,8 corresponden a la energía consumida (34,4 de generación, 4,3 de transporte y 15,1 de distribución); 18,2 a primas a energías renovables; 16,5 a impuestos; 5,7 anualidades del déficit eléctrico titulizado; 2,8 compensaciones extrapeninsulares y 4 de programas de ahorro y otros, informa Baltasar Montaño. Además, hay que tener en cuenta que el pasado mes de julio, el Gobierno subió el IVA , elevándose del 16% al 18%; el tipo que se aplica a la electricidad.
¿Por qué sube en enero?. La subasta trimestral de las empresas comercializadoras tiene en cuenta, entre otros costes, las subidas registradas en materias primas como el carbón, el gas y el petróleo. Aunque el Gobierno congele el peaje eléctrico, en la subasta para fijar los precios de enero se produjo una subida de los costes del 21,3%. El producto base, 4.000 megavatios, se vendió a un precio de 49,07 euros por megavatio hora (MWh), un incremento del 4,5%, pero a este se añadieron ajustes técnicos como pagos por capacidad, primas de riesgo y otros desvíos.
El precio del petróleo y el carbón. Hay que tener en cuenta que el precio del barril de crudo se ha disparado en el último año un 16,77%. Además, el decreto que obliga a comprar carbón nacional incrementó en un 72% los pagos por capacidad, 4,2 euros por MWh para los consumidores de baja tensión.
En julio no, y en octubre sí. La luz no subió en julio porque PSOE y PP pactaron que el Gobierno compensase con una reducción de su tramo la subida experimentada en la subasta de las comercializadoras. Sin embargo, subió en octubre un 4,8% porque el Ejecutivo no tocó su parte de la tarifa eléctrica, por lo que la subida de la subasta se trasladó a la factura final.
El déficit eléctrico. Desde el año 2000, los ingresos obtenidos por el recibo de la luz no conseguido cubrir todos los costes que soporta el sistema, según las eléctricas, por lo que estas han acumulado una deuda que a finales de 2009 superaba los 12.900 millones de euros, aunque este año puede alcanzar los 20.000 millones. Estos derechos de cobro fueron convertidos en deuda negociable en el mercado el pasado mes de noviembre. El programa de emisión de bonos del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE) prevé un importe máximo de 25.000 millones de euros, de los que el Estado avalará un máximo de 13.500 millones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2010.
Ajustes del déficit. La subida de la factura de la luz tiene como objetivo ajustar este déficit de tarifa, y las eléctricas reclaman que la tarifa suba más de un de 20% para corregirlo. Las compañías mantienen beneficios gracias a la inclusión de la deuda reconocida por el Estado en sus cuentas, así como a la diversidad de sus operaciones. Entre enero y septiembre de 2010, Iberdrola ganó 2.069 millones de euros "pese al peor comportamiento del gas"; Gas Natural Fenosa tuvo unos beneficios de 1.117 millones y Endesa, de 2.722 millones por la venta de activos.
¿Puede subir más la luz?. El Plan de Acción Industrial 2011/2015 plantea reducir de 10 a tres los kilovatios máximos de potencia contratada para poder acogerse al TUR, lo que obligaría al 90% de los hogares que están en el régimen regulado a pasarse al mercado liberalizado. Así, solo podrían acogerse al TUR las viviendas con consumo mínimo, como las segundas residencias y aquellas pisos que no tienen ni horno ni vitrocerámica. Al depender de las subastas de las comercializadoras, son previsibles subidas más elevadas en el recibo de la luz.
Las reformas del sistema de pensiones
Pais, IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO 03/01/2011, Ignacio Fernández Toxo es secretario general de Comisiones Obreras.
Las pensiones son un elemento esencial de nuestro modelo de protección social, especialmente para trabajadores y trabajadoras para los que, una vez termina su vida laboral, son la principal o única fuente de ingresos. Mantener y mejorar las mismas son objetivos preferentes para quienes representamos a los trabajadores también cuando cesan en la actividad laboral. Abordar con rigor su futuro es prioritario para una sociedad que, además de atender a sus mayores, asume su importancia como demandantes de bienes y servicios, es decir, para el empleo y las empresas.
Retrasar la edad de jubilación de forma obligatoria es injusto e innecesario
La financiación del sistema descansa en trabajos más estables y mejor remunerados
Desde 1995 existe un amplio consenso en España para no utilizar el sistema de pensiones en la confrontación política, revisarlo y acordar reformas periódicamente para mejorar sus niveles de protección de forma compatible con nuestra capacidad de financiación de sus necesidades.
El gasto en pensiones no es causa ni consecuencia de la actual crisis económica. El sistema mantiene una situación de autofinanciación con cotizaciones sociales, que pagan incluso más de 4.000 millones de euros anuales (complementos hasta pensiones mínimas) que debería asumir el Estado conforme al contenido del Pacto de Toledo y sucesivos acuerdos sociales.
El gasto en pensiones tampoco es la causa del déficit y deuda públicos. Las reformas de pensiones no son útiles para afrontar los desequilibrios actuales en nuestras cuentas públicas. Sus efectos se ven al cabo de muchos años y, además, actualmente no incrementan el déficit público ni lo harán en bastante tiempo, lo que da margen para continuar pactando reformas como en los últimos 15 años, en los que se han alcanzado dos acuerdos políticos, tres con el recién alcanzado en el Congreso de los Diputados, y tres acuerdos entre Gobierno, empresarios y sindicatos (1996, 2001 y 2006), todos ellos firmados por CC OO.
No es cierto que una reforma de pensiones haga desaparecer las tensiones sobre la prima de riesgo de nuestra deuda pública. La alternativa, además de establecer reglas de actuación en los mercados financieros, es una actuación coordinada europea que refuerce las garantías existentes, ya suficientes a nuestro juicio, de pago de la deuda ante nuestros acreedores y, especialmente, deje claro que no es posible en Europa ganar dinero a corto plazo a costa de la deuda soberana.
Establecido lo anterior, hablemos ahora sí de pensiones. Partimos de una situación saneada, que ha permitido mejorar nuestras prestaciones medias. Pero el sistema de pensiones es un reflejo de la calidad del mercado de trabajo y tiene, además, que afrontar en las próximas décadas necesidades crecientes para responder a nuestro reto demográfico: más pensionistas como consecuencia de la jubilación de generaciones nacidas entre 1950 y 1978 y mayor esperanza de vida, por tanto del número de años a percibir pensión.
Para afrontar ese reto demográfico debemos seguir la senda iniciada hace 15 años, mejorar la estructura de ingresos del sistema, reforzar su contributividad, es decir, la relación entre lo cotizado y lo percibido, eliminando la posibilidad de planificación personal que hemos reducido mucho pero que aun tiene márgenes de actuación. Todo ello, de manera equilibrada y con la mayor legitimación política y social. No olvidemos que las pensiones contributivas se pagan de manera preferente, hoy en su totalidad, con las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores, es decir, que se sostienen desde el mundo del trabajo y su financiación tiene relación directa con la cantidad y calidad del empleo.
Las necesidades de largo plazo hacen necesario mantener las cotizaciones sociales. Su reducción debilitaría la Seguridad Social y supondría una injustificada transferencia de rentas de trabajadores a beneficios empresariales. La mejor forma de proteger nuestras pensiones contributivas es financiarlas desde las cotizaciones de empresas y trabajadores, manteniéndolas al margen de la coyuntura. El recurso al Estado, si fuese necesario, debe ser limitado, puntual y justo, con criterios de equidad sobre cómo se financia el sistema.
La financiación de los sistemas de protección social y su mejora, también de las pensiones, descansa sobre la calidad del empleo y la mayor productividad de personas más formadas, con trabajos más estables y mejor remunerados. Así se mejorará también el excedente empresarial, los ingresos fiscales del Estado y las cotizaciones a la Seguridad Social.
Incrementar el Salario Mínimo Interprofesional hasta el 60% del salario medio, objetivo de la Estrategia de Lisboa; equiparar la tasa de actividad femenina a la masculina, aún distante; facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo; mejorar las tasas de fecundidad, con una mejor protección a la familia, especialmente por hijos a cargo; la llegada de población inmigrante para incorporarse a nuestro mercado de trabajo; son variables sobre las que actuar que afectan a nuestra capacidad de financiación futura de los sistemas de protección social.
También a través de la negociación colectiva y del diálogo social, actuando sobre la estructura y funcionamiento del mercado de trabajo y abordando las reformas estructurales que necesitamos en el terreno educativo, sanitario, industrial, energético...
En ese marco, hemos insistido en que retrasar la edad legal de jubilación de forma obligatoria y generalizada es injusto e innecesario, existiendo alternativas más adecuadas. Es contradictorio con un mercado de trabajo en el que más de la mitad de los mayores de 55 años no tiene posibilidades de trabajar y se dirige únicamente a reducir gasto, sin atender a criterios de protección y necesidad social. Refuerza una innecesaria alarma social en esta materia que tiene otros beneficiarios, los que anhelan sustituir los sistemas públicos, solidarios y redistributivos por otros ligados a la capacidad individual de ahorro y gestión privada.
Los sucesivos acuerdos de pensiones establecen mecanismos no traumáticos que han tenido como efecto un retraso efectivo y voluntario de la edad de jubilación real. Así se retrasa de manera efectiva la edad de jubilación y con ello, no lo olvidemos, el gasto en pensiones de manera ajustada a la situación de cada persona.
Reforzar mecanismos voluntarios de jubilación flexible ya existentes, tanto para anticipar la edad de jubilación, generalizando este derecho, como para retrasarla, reforzando el incentivo para las personas que deseen o precisen retrasar la edad de jubilación, son instrumentos que gozan de consenso general.
En cuanto a las medidas sobre el gasto, únicas de las que hasta la fecha se ocupa, eso sí con profusión, el Gobierno, valoramos las que mejoran la contributividad del sistema y las que tienen efectos positivos para la protección de las personas que más lo necesitan (obligadas a abandonar de forma anticipada el mercado de trabajo, pensiones de viudedad que son única renta, pensiones mínimas...).
Debemos promover comportamientos de cotización equilibrados, impedir aún más los mecanismos de planificación personal con la Seguridad Social, reforzar la relación entre la pensión percibida y el esfuerzo de cotización realizado por cada persona. No podemos desconocer que la base de cotización media de los trabajadores por cuenta ajena del régimen general prácticamente duplica la del resto de regímenes. ¿Significa esto que los primeros ganan el doble que los autónomos, empleados de hogar, trabajadores del campo,...? No. La posibilidad de elegir la base de cotización en unos casos y la existencia de bases preestablecidas, independientes del salario, en otros, provocan ese efecto.
El acuerdo del Congreso de los Diputados para renovar el Pacto de Toledo constata el rechazo mayoritario al retraso obligatorio y generalizado de la edad de jubilación. Esperamos que los grupos que han mantenido posiciones claras a este respecto, las mantengan en los próximos meses y, con ello, faciliten un nuevo acuerdo de pensiones en el ámbito del diálogo social.
Apostamos por un nuevo acuerdo en materia de pensiones. Una reforma equilibrada, actuando sobre ingresos, gastos y la equidad interna del sistema. Tenemos propuestas y disposición al acuerdo, tanta como de oponernos a la utilización indebida del sistema de pensiones reduciendo los niveles de protección social para satisfacer a quien no puede ser satisfecho de este modo. Ofrecemos responsabilidad y compromiso, exigimos lo mismo. El Gobierno lo sabe y debe aprovecharlo.
Lara: ´Retrasar la jubilación es un insulto a la inteligencia´
El coordinador federal de IU se cuestiona las garantías de los puestos de trabajo para mayores de 65 años
Levante, 2011-01-03 EFE VALDEPEÑAS
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, calificó ayer de "un insulto a la inteligencia de la gente" la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años y argumentó que si aumenta la edad de jubilación "habrá menos jóvenes que puedan trabajar". Lara participó en un acto público en la localidad ciudadrealeña de Valdepeñas para informar de las propuestas de la coalición en materia de empleo y derechos sociales y presentar, además, al candidato de su formación en el municipio, Gregorio Sánchez.
El coordinador de Izquierda Unida se preguntó si Gobierno y empresarios pueden "garantizar" que a personas con 66 ó 67 años se les dará trabajo en cualquier sector económico.
En este sentido, Cayo Lara se refirió al "gran problema de los desempleados con más de 50 años porque no se les contrata en la actualidad, al tiempo que el paro se sitúa en el 40 por ciento entre los menores de 25 años".
El coordinador de Izquierda Unida se preguntó si Gobierno y empresarios pueden "garantizar" que a personas con 66 ó 67 años se les dará trabajo en cualquier sector económico.
En este sentido, Cayo Lara se refirió al "gran problema de los desempleados con más de 50 años porque no se les contrata en la actualidad, al tiempo que el paro se sitúa en el 40 por ciento entre los menores de 25 años".
Gobierno y sindicatos negocian en secreto un pacto de pensiones
Toxo y Méndez se reúnen esta semana con miembros del Ejecutivo para intentar cerrar un acuerdo
Levante 2011-01-04, EFE MADRID
El Gobierno y los sindicatos mantienen contactos extraoficiales para acercar posiciones sobre la reforma de las pensiones y el sistema de negociación colectiva que podrían culminar con una reunión a finales de esta semana. Fuentes gubernamentales dijeron ayer que existen contactos con UGT y CC OO, ya que así se gestan los grandes acuerdos que luego son rubricados en las mesas oficiales.
No obstante, CC OO no quiso confirmar dichos encuentros informales y el secretario confederal de este sindicato, Fernando Lezcano, avanzó que la reunión entre Gobierno y sindicatos se producirá a finales de esta semana. Señaló que en dicho encuentro participarían los secretarios generales de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, así como los responsables de acción sindical y de pensiones de ambas centrales.
Fernando Lezcano no descartó que en el encuentro, además de participar los máximos representantes del Ministerio de Trabajo e Inmigración, acudan altos cargos de Moncloa, ya que esta reunión "derivó de la mantenida con Zapatero" el pasado 16 de diciembre, a la que acudieron Fernández Toxo y Méndez. Asimismo, aseguró que los máximos representantes de los sindicatos acudirán al encuentro con "voluntad" de acuerdo pese a que no aceptarán que en la reforma de las pensiones se prolongue la edad de jubilación a los 67 años.
El poder adquisitivo cae por segunda vez en una década
Las subidas de tabaco y carburantes impulsan el IPC de diciembre hasta el 2,9% interanual. La inflación media de 2010 llega al 1,77%, mientras los salarios privados aumentan sólo un 1,35%
Más malas noticias para el maltrecho bolsillo de los españoles. En diciembre pasado, la tasa de inflación armonizada anual (que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona del euro) subió siete décimas, hasta alcanzar el 2,9%, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De confirmarse el dato provisional, el Índice de Precios al Consumo (IPC) se situaría en su tasa más alta desde octubre de 2008 y, a la espera de que el próximo día 14 el organismo estadístico publique el IPC definitivo (que no suele desviarse mucho de ese avance), la inflación media en 2009 alcanzará una tasa anual del 1,77%.
El IPC medio de 2010 también ha subido más que las pensiones y el SMI
Aunque la subida de los precios perjudica a los ciudadanos, el dato también tiene una lectura positiva en términos macroeconómicos, ya que el aumento interanual de diciembre (decimocuarto consecutivo) espanta definitivamente el fantasma de la deflación (caída generalizada de precios y salarios), con el que la economía española coqueteó durante buena parte de 2009, al encadenar un semestre de caídas de los precios.
Si se compara la inflación media del año pasado (del 1,77%, teniendo en cuenta el dato publicado ayer por el INE) con el incremento de los salarios (del 1,35%, según los datos sobre convenios colectivos del Ministerio de Trabajo, que abarcan hasta noviembre pasado), la conclusión es clara: los sueldos han crecido en 2009 por debajo de la inflación. Y eso, a pesar de que el dato de los salarios sólo se refiere al sector privado, ya que los funcionarios (para los que el Gobierno decretó en mayo pasado una bajada de sueldo del 5%, de media) no tienen convenios colectivos.
En 2008, los precios también repuntaron más que los salarios
El incremento de la tasa de inflación media en 2009 también supera la subida aprobada por el Gobierno para el pasado ejercicio tanto para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI, que aumentó un 1,5%) como para la pensión de jubilación (1%), aunque en este último caso la pérdida de poder adquisitivo se actualiza con el IPC de noviembre.
Lo que para el mercado puede ser positivo (la contención de sueldos es sinónimo de mayor productividad), no lo es tanto para el consumidor. No obstante, si la pérdida de poder adquisitivo de los salarios vuelve a repetirse este año (y el siguiente), podrá tener vuelta atrás: el acuerdo Para el empleo y la negociación colectiva que los agentes sociales firmaron en febrero del año pasado (y que afecta al periodo 2010-12) establece que los trabajadores sólo recuperarán el poder adquisitivo perdido si se acumulan tres ejercicios en los que la inflación acumulada supera las alzas salariales.
En la última década (ver gráfico), el IPC (que en 2009 fue negativo) sólo había crecido más que los sueldos en una ocasión, en 2008, cuando los precios se dispararon como consecuencia de los espectaculares encarecimientos de las materias primas.
Ese año también fue complicado para el bolsillo del ciudadano español, ya que, con el euríbor (índice de referencia para la mayoría de hipotecas) disparado, el diferencial entre la inflación media y el incremento salarial fue de casi cinco décimas, frente a las cuatro de 2010.
No obstante, en 2008 la economía española todavía logró crecer un 0,9% (pese a que entró en recesión, al encadenar dos trimestres de caídas) y el paro estaba en el 13,9%. En 2010, el PIB ha retrocedido en torno al -0,3% interanual (aún no hay datos oficiales) y la tasa de paro ha superado el 20%.
Causas
El comportamiento del IPC armonizado en diciembre se explica sobre todo por el aumento de los impuestos del tabaco en vigor desde el pasado 4 de diciembre (del 24% para los cigarrillos y del 50% para la picadura de liar) y por el encarecimiento de los carburantes y lubricantes, como consecuencia de la subida del petróleo.
En diciembre pasado, el precio medio del crudo Brent (de referencia para Europa) se situó en 92 dólares, un 22,6% superior al del mismo mes de 2009. Sin embargo, el efecto para el consumidor europeo es mayor, a causa del comportamiento del tipo de cambio: en el último año, el dólar (la moneda de referencia en el mercado petrolero) se ha apreciado un 8,2% respecto al euro.
Esta circunstancia es la que explica, según el Ministerio de Industria, los actuales precios de los carburantes, que están cerca de máximos históricos, pese a que los precios del petróleo están muy lejos de las cifras récord que alcanzaron en 2008.
Fuertes subidas en servicios regulados
Luz: alza histórica del 9,8%
Desde el pasado día 1, la luz es un 9,8% más cara para la mayoría de hogares. El Ministerio de Industria lo justifica por el encarecimiento de las materias primas y por la deuda acumulada con las eléctricas en virtud del denominado déficit de tarifa (diferencia entre el coste de producir la luz y su precio final).
Gas: repunte medio del 3,9%
La subida depende de la tarifa del cliente. Para un hogar sin calefacción alcanza el 4,14%; para un usuario que utilice el gas con ese fin, el aumento es del 3,87%.
Trenes: entre un 2,3% y un 4,8%
Los trenes de Cercanías y Media Distancia han subido en enero un 3,1%, salvo la Media Distancia de Alta Velocidad, cuyo precio repunta un 4,8%. Los billetes de AVE y Larga Distancia cuestan un 2,3% más.
Tasas aéreas: 3,9% en algunos centros
Después de dos años congeladas, las tasas aéreas han subido de media un 3,9%. Sólo repuntan en los aeropuertos donde más inversiones se han hecho en los últimos años. En 33 de los 47 aeródromos españoles, bajarán.
La inflación cerró 2010 en el 2,9%
Los precios aumentaron hasta siete décimas en diciembre, según el índice que mide la evolución en los países de la zona euro
La tasa española de inflación armonizada anual -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona del euro- subió siete décimas en diciembre y cerró el año en el 2,9%.
Así lo refleja el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que, de coincidir con la inflación general (IPC), que se conocerá el 14 de enero, supondría un aumento de seis décimas en la evolución de los precios de la cesta de la compra.
Según el INE, este se explica sobre todo por el aumento de los precios del tabaco y de los carburantes y lubricantes. El precio medio del barril de petróleo Brent se situó en diciembre en 92 dólares, frente a los 75 dólares del mismo mes de 2009.
Dentro de lo esperado
Con este repunte, la tasa anual del IPCA alcanza su valor más elevado desde octubre de 2008, mes en el que se situó en el 3,6%. El dato de diciembre es importante porque servirá para actualizar los salarios en caso de que tengan cláusula de revisión salarial en su convenio colectivo.
El Gobierno esperaba que la inflación siguiera por encima del 2% en los próximos meses, después de que el IPC se mantuviera en noviembre en el 2,3% en tasa interanual. Eso sí, ha advertido de que las principales variaciones que se observarán en el índice de precios en el futuro vendrán marcadas por la evolución de los componentes menos estables del IPC, como la energía.
CCOO reconoce contactos para evitar otra huelga
Desde el sindicato niegan que dichas conversaciones hayan producido "acercamientos" entre ambas partes
Levante 2011-01-05, MADRID/EP
El secretario de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano, ha reconocido que está habiendo contactos entre los sindicatos y el Gobierno para buscar un acuerdo "razonablemente asumible" en materia de pensiones, pero ha negado que dichas conversaciones hayan producido hasta ahora "acercamientos" entre las posiciones de ambas partes.
"No está habiendo acercamientos, están habiendo exploraciones y nos gustaría pensar que de esos contactos pueda salir algo que sea razonablemente asumible para todas las partes, pero es aventurado decir que ese es el resultado que obtendremos al final", ha dicho.
Lezcano, en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, ha recordado que, para los sindicatos, "la línea roja" de esta negociación es el alargamiento obligatorio de la edad de jubilación a los 67 años, medida que, de llevarse a cabo, podría marcar la diferencia entre ir o no a una nueva huelga general.
Lezcano, en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, ha recordado que, para los sindicatos, "la línea roja" de esta negociación es el alargamiento obligatorio de la edad de jubilación a los 67 años, medida que, de llevarse a cabo, podría marcar la diferencia entre ir o no a una nueva huelga general.
"Habrá huelga general o no en función del resultado que se pueda alcanzar en estos contactos. Si el Gobierno se aviene a modificar algunas de sus pretensiones, puede haber perfectamente un acuerdo. Si el Gobierno se plantea las negociaciones en aras de buscar un acuerdo como los que se fraguaron en el pasado no habrá huelga general, pero si persiste en que esto es una cuestión de convencernos, como dice el presidente del Gobierno, vamos a tener un problema", ha explicado.
Lezcano ha asegurado que, hasta la fecha, existe unidad sindical entre UGT y CC.OO. respecto a la reforma de las pensiones y cree que no hay nada que apunte a que no la vaya seguir habiendo.
Preguntado por si CC.OO. teme la llegada de la derecha al gobierno, Lezcano ha subrayado que el sindicato no se fija en los colores de un gobierno, sino en las políticas que hace, y en este sentido ha dicho que las políticas que está acometiendo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero podría estar ejecutándolas perfectamente un gobierno conservador.
Respecto a las relaciones con la CEOE, Lezcano ha indicado que el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, tuvo un contacto protocolario con el nuevo presidente de la patronal, Juan Rosell, cuando éste ganó las elecciones. "Pero tenemos apalabrada la posibilidad de sentarnos y empezar a conversar en serio para buscar los cauces para reconducir el diálogo", ha añadido.
En cuanto a la visita de una delegación china a España para firmar varios acuerdos económicos, el responsable de Comunicación de CC.OO. ha indicado que ésta le genera algunas inquietudes y ha recordado que China es una dictadura con una desregulación total de los derechos laborales que hacen que el país asiático competir con los países occidentales "como si fuera el caballo de Atila".
Sin una reforma de las pensiones "no salen los números"
Rubalcaba ha insistido en la necesidad de poner sobre la mesa medidas para que los trabajadores de entre 30 y 50 años tengan garantizada una pensión en el futuro
En la senda emprendida por el Ejecutivo para llegar al 28 de enero, día en que se aprobará la reforma de las pensiones, con el mayor consenso posible, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que el Gobierno "peleará" por alcanzar el acuerdo.
El vicepresidente primero insistió en que, sin cambios, "no salen los números". Así se expresó tras el Consejo de Ministros, momento en el que se refirió a la reunión de esta tarde del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, con los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez. Una reunión que, según ha aclarado CCOO, no será decisiva, ya que con esta cita se inaugura una negociación "de carácter permanente" que "podría prolongarse" este fin de semana.
Respecto al encuentro, recordó que el Gobierno ya anunció su pretensión de iniciar contactos con los sindicatos, la patronal y los grupos políticos para que el proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones tenga "el mayor consenso posible" cuando se apruebe el próximo 28.
"Nuestro ánimo es consensuarlo, porque es un tema muy importante"
Rubalcaba no quiso anticipar opiniones sobre el eventual resultado de la negociación con los sindicatos.
"Nuestro ánimo es consensuarlo, porque es un tema muy importante y clave para el futuro de nuestra sociedad", dijo al respecto.
Voluntad de diálogo
Insistió en que es necesario poner sobre la mesa medidas para que los trabajadores entre 30 y 50 años tengan garantizada una pensión en el futuro, porque la actual demografía así lo exige.
Esta exigencia, dijo, constituye una "base racional" para empezar a hablar con los sindicatos sobre la reforma del sistema de pensiones y reiteró que al Ejecutivo "no le va a faltar" voluntad de diálogo.
Para ilustrar los cambios demográficos y dar una idea del envejecimiento de la población, se refirió a la familia del ministro de Fomento, José Blanco, que es hijo único, mientras que su padre tiene siete hermanos.
El vicepresidente quiso dejar claro que el sistema de pensiones actual es sólido y que su reforma no tiene nada que ver con los actuales jubilados, cuya pensión está garantizada "hasta que se mueran".
Dijo que tampoco tiene que ver con "aquellos a los que le quedan diez o veinte años para jubilarse", aunque reconoció que éstos sí podrían ver modificado "algún elemento de su pensión" con la reforma.
Una reunión "de trabajo" que tampoco será "decisiva"
CCOO desmiente que el encuentro de los sindicatos con el ministro de Trabajo vaya a ser determinante aunque confirma que se tratará de un contacto "permanente"
La reunión que mantendrá hoy el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, con los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, para hablar sobre pensiones y negociación colectiva sólo es una reunión de trabajo y tampoco será decisiva, pues con esta cita se inaugura una negociación "de carácter permanente", que "podría prolongarse" este fin de semana.
Así lo ha asegurado CC.OO. ante la noticia difundida ayer por su secretario de Acción Sindical, Ramón Górriz, de que hoy se celebraría este encuentro. Ninguna de las dos partes ha querido informar sobre el lugar de la reunión o sobre la hora de la misma, aunque fuentes consultadas apuntan a que será esta tarde.
El sindicato también asegura que, debido a que se trata de una negociación de carácter permanente, los resultados de la misma se conocerán una vez que ésta haya concluido.
La intención de los sindicatos es la de "alcanzar un acuerdo" cuanto antes
Los asuntos a tratar en el encuentro de hoy serán la reforma de las pensiones, la reforma laboral y la estructura de la negociación colectiva.
La intención de los sindicatos es la de "alcanzar un acuerdo" cuanto antes y creen que si esto no ocurre "será responsabilidad del presidente del Gobierno".
El diálogo social no se encuentra en su mejor momento desde que el Gobierno decidió seguir adelante con una reforma laboral que los sindicatos rechazaban de manera tajante y que provocó una huelga general el pasado 29 de septiembre. Sin embargo, con la reforma de pensiones a la vista, ambas partes han retomado los contactos.
El Ejecutivo ha puesto como fecha tope el 28 de enero para aprobar la reforma de pensiones, que, en todo caso, irá como anteproyecto de ley al Consejo de Ministros y no como 'decretazo', según ha indicado el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.
De momento, las conversaciones que han mantenido ambas partes no se han traducido en avances significativos, más que nada porque el Gobierno sigue en su idea de retrasar la edad legal de jubilación de manera obligatoria a los 67 años, medida que tiene el rechazo frontal de las centrales sindicales, que consideran esto una "línea roja" que no puede traspasarse si se quiere evitar una nueva huelga general en España.
El Ejecutivo insiste en que negociará con los sindicatos hasta apurar el plazo del 28 de enero
Por si acaso, los sindicatos han convocado sus respectivos Consejos Confederales para la próxima semana. UGT reunirá al suyo el próximo lunes, 10 de enero, mientras que CC.OO. lo hará el martes. Allí analizarán el resultado de las últimas negociaciones con el Gobierno y cuáles son los próximos pasos que seguirán, sin descartar la huelga en caso de ver imposible el acuerdo.
"No convence"
El Gobierno, por su parte, lleva días defendiendo la necesidad de retrasar la edad de jubilación a los 67 años y ha insistido, por boca del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del ministro de Trabajo, en que esta medida se aplicará de forma progresiva, en un plazo de entre 16 y 18 años, sin afectar a los actuales pensionistas.
El Ejecutivo también sostiene que su intención es negociar con los sindicatos hasta apurar el plazo del 28 de enero, porque su idea es lograr el mayor consenso social posible y también parlamentario. De momento, no ha encontrado ni en unos ni en otros grandes apoyos para alargar la edad legal de jubilación.
Felipe González: "Las malditas reformas se deberían haber hecho hace más de 10 años"
El ex presidente apuesta por "federalizar" las políticas económica y exterior de la UE
El ex presidente del Gobierno Felipe González ha señalado este viernes que "no hay una hoja de ruta" para salir de la crisis en Europa, pero ha advertido de que "no puede haber una unión monetaria sin unión económica" y ha abogado también por "federalizar la política económica y armonizar la fiscalidad para evitar el falseamiento de la competencia", además de por "federalizar la política exterior y hablar con una sola voz en Europa".
González, que ha presentado en Málaga a la candidata del PSOE a la Alcaldía malagueña, María Gámez, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, ha lamentado que "Europa esté en crisis en el momento en el que más necesitamos que haya una Europa fuerte, decidida y que cumpla con sus obligaciones".
El ex jefe del Ejecutivo ha incidido en que "las malditas reformas necesarias se deberían haber hecho hace más de 10 años". "La implosión del sistema financiero lo único que ha hecho es poner de manifiesto ese retraso, esa obsolescencia en nuestras estructuras", ha declarado.
Felipe González ha sido interrogado al final de su intervención por el futuro de Zapatero y por el revuelo originado por la marcha del PP de Francisco Álvarez-Cascos.
El futuro de Zapatero depende de la democracia del PSOE
El ex presidente ha asegurado sobre Zapatero será el candidato del PSOE en las próximas generales que aunque existe "libertad" para decidir si se es o no, "serlo depende del funcionamiento democrático y orgánico de la estructura del partido".
"Uno tiene libertad para decir no y para decir sí con todas las consecuencias", ha declarado el ex jefe del Ejecutivo, añadiendo que éstas "dependen de un colectivo humano democrático que decida".
También ha salido en defensa de Alfredo Pérez Rubalcaba, ya que no entiende las críticas vertidas hacia él por sus viajes por el mundo en respresentación del presidente. Ha definido al actual vicepresidente como un "todoterreno, que lo mismo va por un camino rural que por una autopista".
Felipe González también ha sido preguntado por si el liderazgo de Mariano Rajoy en el PP está siendo cuestionado por la salida de Francisco Álvarez-Cascos del partido, a lo que ha indicado que "Rajoy no está siendo cuestionado solo por eso" y consideró que este hecho es "irrelevante". "El liderazgo de Rajoy ni mejora ni empeora", sentenció.
La liberalización de servicios olvida al consumidor
Sólo las grandes empresas han logrado rebajas significativas de precios con la apertura a la competencia de distintos sectores
A los españoles las gasolinas nos cuestan en torno a una media de un 7% más de media que a nuestros vecinos europeos y eso antes de impuestos. Sólo daneses e italianos pagan más. En las telecomunicaciones, el último estudio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), publicado en diciembre, dejó bien claro que es aún peor, abonamos por navegar por internet hasta un 21% más que la media de lo que se paga en el resto de la Unión Europea. Qué decir de lo que nos cuesta el gas, que acaba de subir un 4%. Y la luz, servicio que no para de encarecerse, casi un 50% en los últimos cuatro años, y cuya última subida a partir de este mes nos supondrá una media de 6,77 euros por vivienda y mes, según el análisis realizado por la asociación de consumidores Facua.
Todos ellos (energía, telecomunicaciones, carburantes o transportes) son mercados liberalizados en los últimos años por los gobiernos del PSOE y del PP. Los monopolios de Iberia, Campsa o Telefónica, y oligopolios como el eléctrico dieron paso a mercados sin regulación y con fuerte competencia entre los operadores para conseguir así precios más bajos y mejores servicios con mayor calidad.
Fracasa la tesis de que el mercado menos regulado funciona mejor
"Pues ha ocurrido justamente lo contrario", concluye el portavoz de Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, quien añade que "en todos los sectores donde un gobierno de España ha puesto la mano de la liberalización, al usuario se le ha perjudicado enormemente". Utiliza prácticamente las mismas palabras que el presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA/UCE), Juan Moreno (ver entrevista), cuando afirma que "la mayoría de las expectativas que teníamos los consumidores sobre el proceso de liberalizaciones no se han cumplido".
Así, el fracaso del discurso neoliberal de que el mercado se regula mejor cuanto menor es la intervención de las autoridades no sólo se ha hecho patente en el sector financiero. Para las organizaciones españolas de defensa de los consumidores, el trecho entre el dicho y el hecho es también gigantesco en el caso de los grandes sectores liberalizados en España en los últimos años: electricidad, gas, gasolinas y telecomunicaciones. Al final, concluyen las asociaciones de consumidores, como siempre, son los poderosos los que se benefician, mientras que al ciudadano de a pie se le ignora cuando no se le maltrata.
"Eso es injusto", responde sin embargo Gaspar Llanes, actual secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, y hasta hace unos meses el primer director de la Agencia para la Defensa de la Competencia de Andalucía. Llanes recuerda el informe publicado por la OCDE en febrero de 2009 alabando el proceso de liberalizaciones español. Bajo el título Reformas del mercado de productos en España entre 1998 y 2008 dice textualmente que "las reformas han sido más profundas que en el promedio de la OCDE, se han extendido ampliamente en la economía y han sido sostenidas en el tiempo".
Propuesta para que los usuarios estén presentes en entes reguladores
Para Llanes, los beneficios del proceso de liberalizaciones, tanto para los consumidores como para la economía española, son evidentes: "Estamos hablando por un móvil que funciona perfectamente, y hoy tenemos empresas en esos sectores, como Telefónica, que son potentísimas en el mundo, que funcionan muy bien tanto desde el punto de vista económico como de los servicios que prestan, y que no habríamos conseguido sin ese proceso". Sin embargo, concede, "el hecho de que los consumidores y usuarios estén quejándose de que se producen perjuicios debería llevar a plantearnos qué es lo que está ocurriendo".
En realidad, ambas partes tienen razón. Las liberalizaciones funcionan, pero no para todos. Al final, sólo los grandes se benefician de ellas por que, por ejemplo, como explican desde Sedigas, la patronal de las empresas gasistas, el 57% de los usuarios (las grandes industrias) consume el 95% del suministro, mientras que los pequeños, el sector doméstico, sólo el 5%. Es difícil, pues, que sean capaces de captar la atención de los operadores, concentrados en obtener sus beneficios en otra parte.
No hay más que echar un vistazo a las noticias de las últimas semanas para comprobarlo. Mientras que la escasez de ofertas interesantes ha llevado a que muy pocos consumidores domésticos opten por cambiar de compañía suministradora de luz o de gas, los grandes ven cómo los operadores se pelean a muerte por conseguirlos como clientes. Es el caso de El Corte Inglés, uno de el mayores consumidores de luz del país, pero también de otras grandes empresas como Adif, que gestiona la infraestructura ferroviaria española y que este mes acaba de adjudicar su contrato de suministro de luz para el año 2012 por nada menos que 211 millones de euros. La parte del león, el 71% del suministro, se lo ha llevado el grupo de construcción y servicios Acciona tras dura batalla, desbancando así a sus suministradores habituales, Endesa e Iberdrola.
Galimatías de tarifas
Mientras, los pequeños consumidores se enfrentan a un galimatías de tarifas, a servicios de atención al cliente imposibles de contactar, a contratos incomprensibles con cláusulas leoninas en letra pequeña si se les ocurre cambiar el suministrador del servicio, etcétera. "En estos momentos, el sistema funciona para los grandes consumidores pero, desde la perspectiva del consumidor, el sistema está paralizado", asegura Juan Moreno, que, como su homólogo de Facua, se queja de que los sistemas de regulación del mercado, basados en la Comisión Nacional de la Competencia y en las comisiones sectoriales, como las de energía y telecomunicaciones, carecen de agilidad.
"El sistema es mejorable, sobre todo en materia de regulación porque las empresas hacen lo que esta les permite", coincide también Llanes, que propone que los consumidores y usuarios tengan más presencia en los organismos reguladores.
Facua pide precios de referencia
'Eurotarifa'
Facua pide la fijación de precios de referencia para la prestación de servicios. Explica que es posible, ya que desde Bruselas se tomó esa decisión hace tres años con la "eurotarifa de roaming", que fija un precio para las llamadas de móvil y SMS entre distintos países de la Unión. "A pesar de los vientos de liberalización, la Comisión Europea asumió que para evitar abusos tenía que regular el precio".
Abusivos
Los gobiernos nacionales deberían hacer lo mismo en todo servicio en el que se entienda que los precios son abusivos, dice Facua. Pero añade que "ahora mismo es utópico; los gobiernos parecen más interesados en satisfacer intereses empresariales de grandes conglomerados que los de los consumidores".
"Ha habido restricción de derechos"
Juan Moreno, pte. de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA/UCE)
1. ¿Ha sido positiva la liberalización para los consumidores?
En términos generales, no. No se percibe una competencia real. No ha habido tampoco mejora de la calidad en los servicios, todo lo contrario. Y, en la mayor parte de los casos, se ha producido una connivencia empresarial importante.
2. ¿A qué se refiere con connivencia?
A que la competencia se ha jugado en torno a la rebaja de la calidad de servicios y ha traído restricción de derechos. Y a que ha habido muchas incidencias sobre las actuaciones de los reguladores y de la Comisión Nacional de la Competencia. La mayor parte de los operadores compite sólo por los grandes consumidores, empresas que son atractivas por su facturación. Para el consumidor no hay ventajas importantes por trabajar con una compañía u otra.
3. ¿Tampoco se ha notado en los precios?
No, no ha habido un abaratamiento de los precios.
4. Es usted muy crítico con la regulación del sistema
Ninguna de las tres promesas se ha cumplido: ni mayor competencia, ni mejor prestación de servicios, ni mejores precios. Los reguladores tienen que funcionar de una manera más contundente y los de defensa de la competencia tienen que estar más a la altura de las circunstancias, cosa que no se pone de manifiesto al menos en el mercado español.
5. ¿Cuál es su propuesta?
El Estado ha de jugar un papel desde la regulación, pero también fiscalizar el buen funcionamiento de los servicios. Tendría que optar por fijar precios de carácter social.
El mito de las liberalizaciones
Público, Jesús Maraña, 07 ene 2011
Ya se sabe que el discurso único viene imponiendo el mensaje de que lo imprescindible, lo bueno y lo mejor es hacer reformas. Aunque no se especifique en qué sentido debe ir la mencionada reforma, todo el mundo da por entendido que se trata de liberalizar, desregularizar, privatizar… en resumen, rescatar de las garras de un presunto despilfarrador Estado (para más inri, autonómico) todas aquellas materias de las que sea factible obtener un beneficio, aunque sea a costa de prejubilaciones de lujo (subvencionadas) o despidos masivos. Ahora que el mundo se vuelve del revés y quienes provocaron la catástrofe dictan con enorme autoridad las soluciones, no sobra dar un repaso a las liberalizaciones ya vividas. Efectivamente, los resultados indican que la liberalización de los mercados es muy positiva… para quienes participan del negocio.
Mucho más cuestionable es el beneficio obtenido por los consumidores. De hecho, en sectores como los carburantes o las telecomunicaciones, los contribuyentes españoles pagan precios superiores a la media europea. La propia OCDE, una de las grandes promotoras de la estrategia de austeridad impuesta en Occidente, reconoce en sus últimos informes que la liberalización de los mercados en España ha sido “más profunda” que entre sus ilustres vecinos. Aun asumiendo que la globalización impone condiciones inexcusables, ¿por qué no se rechaza el mito de que toda liberalización beneficia per se a los ciudadanos?
¿Cuánto resistirán los colchones?
Público. Isaac Rosa, 07 ene 2011
“El gasto social, que no ha dejado de crecer, es lo que sujeta a muchas familias que sufren por la crisis.” -Elena Valenciano, portavoz del Comité Electoral del PSOE-
Al hacer ayer balance social del año volví a acordarme de aquel libro genial de hace un tiempo: El año que tampoco hicimos la revolución. Escrito por un colectivo anónimo, construía un relato del 2005 a partir de informaciones socioeconómicas en clave de lo que siempre se llamó lucha de clases, para acabar preguntándose: “¿cómo puede ser que en un año en que los beneficios empresariales se acercaron al 25% y los salarios apenas crecieron un 3% no haya explotado la revolución social?”.
El libro se refería a un año de teórica bonanza, cuando la desigualdad de rentas se disimulaba con burbujas, crédito fácil y consumo. La pregunta se reformula en 2010, mucho más dramática: ¿cómo se explican cuatro millones y medio de parados, pérdida de poder adquisitivo, recortes sociales y aumento de ganancias de las grandes fortunas, sin que explote no ya la revolución, sino siquiera un conflicto social importante?
Leo en estos días varios análisis que coinciden en tres respuestas. En primer lugar, hay muchos que siempre han vivido en crisis, y ya habían desarrollado mecanismos de adaptación: no olvidemos que en los años de vacas gordas teníamos dos millones de parados. En segundo lugar, la economía sumergida, que amortigua a corto plazo aunque a largo es devastadora, pues supone pérdidas de derechos sociales y tira a la baja de las condiciones laborales de todos.
En tercer lugar, el colchón familiar: tanto hablar los obispos de la crisis de la familia, y la crisis demuestra que no hay institución más sólida: hijos treintañeros de vuelta al hogar paterno, hipotecas salvadas por hermanos y cuñados, pero también padres que sobreviven con ayuda de sus hijos.
Todo ello explica que la temperatura social siga templada entre tantos fuegos, pero todo tiene un límite: tanto las mañas para adaptarse, como la capacidad de absorción de la economía sumergida o la amortiguación del colchón familiar no resistirán indefinidamente. Tal vez llegue una cierta recuperación antes de que colapsen. Pero entonces habrá que regenerarlos a la carrera para que la siguiente crisis no nos pille desnudos.
Los sindicatos y el Gobierno apuran la negociación sin llegar a un pacto
La jubilación a los 67 años impide el acuerdo sobre la reforma de pensiones
Pais, MANUEL V. GÓMEZ - Madrid - 09/01/2011
Hay muy poco margen para el acuerdo, pero el Gobierno y los sindicatos están decididos a apurarlo al máximo. Tras reunirse ayer durante todo el día, continuaron por la noche en busca de un pacto que no llega y se antoja muy difícil. Esta es la conclusión de lo sucedido ayer. Ninguna de las dos partes aclaró si las conversaciones continuarán hoy. Hicieron gala así del secretismo que está rodeando estos encuentros, de los que ni siquiera trasciende el lugar de reunión.
El escollo principal sigue siendo el mismo: retrasar o no la edad legal de jubilación de 65 a 67 años. Aunque por lo que apuntaba ayer alguno de los asistentes al prólogo del viernes y a la maratoniana reunión de ayer, no todo estaba perdido y el acuerdo era posible. Sea como fuera, los sindicatos tendrán que darse prisa. El lunes y el martes, la UGT y Comisiones Obreras, respectivamente, tienen reunión de sus máximos órganos de dirección, y sus mandatarios no pueden presentarse sin conclusiones claras. No tiene tanta urgencia el Gobierno, que presentará el proyecto de reforma de pensiones el 28 de enero.
La distancia que separa a las centrales sindicales del Ejecutivo es grande, pero la necesidad que tienen unos y otros de lograr un pacto les ata a la mesa. El PSOE está a 14,5 puntos del PP en las encuestas. La ruptura llevaría a los sindicatos a otra huelga general, y el resultado de esta, pese al descontento social y la gravedad de la crisis, es incierto, como ya se demostró con el impacto limitado que tuvo la del pasado 29 de septiembre.
Hasta el momento, el gran número de horas empleadas en las reuniones no ha servido para ablandar las posturas del Ejecutivo. El equipo negociador del Ministerio de Trabajo, liderado por su titular, Valeriano Gómez, insistía ayer en retrasar la edad legal de jubilación a los 67 años. Ofrecía flexibilidad a cambio. La extensión del periodo de transición, que el Gobierno había fijado en 14 años desde 2013, era uno de los elementos sobre la mesa. También se habló de fijar excepciones para que los trabajadores con largas carreras de cotización se retiren a los 65 años (la intención de Trabajo es que puedan hacerlo quienes hayan cotizado 40 o más, aunque a este tope se llegaría de forma transitoria partiendo desde los 36 años).
Enfrente, los negociadores sindicales, encabezados ayer por sus líderes, Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT), para quienes conseguir que la edad real de jubilación, ahora en 63,7 años, se aproxime a la legal no pasa por el retraso de esta última. Prefieren apostar por hacer más atractiva la permanencia en el puesto de trabajo más allá de los 65 años de forma voluntaria.
Consciente de la dificultad de llegar a un acuerdo global (en el orden del día estaba el desarrollo de la reforma laboral y los cambios en la estructura de la negociación colectiva), el Gobierno llegó a la reunión con la intención de separar temas y cerrar pactos puntuales. Si no era posible con las pensiones, buscar el acercamiento, trabarlo en la reforma de políticas activas, en el procedimiento del despido objetivo (el de 20 días por año trabajado) o en la negociación colectiva. Se conformaba con este premio de consolación. Los sindicatos, por su parte, querían el acuerdo global. Y ahí el retraso de la edad legal de jubilación se erigía como obstáculo insoslayable al convertirse en la piedra angular del potencial pacto.
El Gobierno llama a la huelga
Público. Juan C Escudier, 08 ene 2011
Sobre las pensiones ha de existir algún dato nuevo que se nos escapa y que el Gobierno nos oculta para no alarmarnos innecesariamente. Posiblemente se prevea una explosión nuclear que acabe con la mitad de la población activa, una emigración masiva de españoles en edad de trabajar a la Patagonia o un drástico descenso de la natalidad debido a la nicotina, y de ahí la nueva ley del tabaco. La hipótesis de la hecatombe es la más probable ya que, en su defecto, habría que presumir que el Ejecutivo es una marioneta de Bruselas, el FMI, los mercados o del propio gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, que además tiene cara de ventrílocuo. Un servidor se inclina por el cataclismo.
¿Cómo interpretar que en abril de 2009 Celestino Corbacho –que en paz descanse como ministro- afirmara que el sistema “es suficientemente flexible sobre la edad de jubilación” y descartara retrasarla a los 67 años como se pretende ahora? ¿Qué nuevas proyecciones demográficas aconsejan hoy lo que no era necesario hace dos años? ¿Es la estadística más rigurosa la que guía nuestros pasos o las estimaciones de Moody’s sobre las aes que han de llevar los bonos del Estado? Sería bueno que el Gobierno despejara estas incógnitas a los sindicatos, con los que ayer inició un maratón negociador, porque las centrales son comprensivas y entenderían lo del terremoto. Lo de Moody’s, en cambio, les resultará bastante más difícil de digerir.
Coleando aún el abaratamiento del despido y pendiente de un hilo esta reforma de las pensiones y la que hará de los convenios colectivos papel para envolver bocadillos, se antoja imposible convencer a los sindicatos de que no convoquen otra huelga general, que más que la expresión del descontento social parece el argumento que el Ejecutivo está buscando para demostrar a esos honorables inversores en deuda pública que la suya es una revolución liberal ante la que tendrían que quitarse el sombrero.
De confirmarse el paro, habrá que concluir que ha sido el propio Gobierno el que lo ha convocado. Los sindicatos, cuyo entusiasmo por la movilización es manifiestamente mejorable, podrán decir que han actuado en defensa propia. Los doloroso no serán las medidas que invitan a la huelga sino el encogimiento de hombros de los llamados a secundarla.
Un país de viejos
Público. Susana Estrada 08 ene 2011
Hay un país que tendrá que enfrentarse a un gravísimo problema de envejecimiento de su población en un futuro no muy lejano. Y no, no es España. Es la tierra de Mr. Li, China, cuya media de edad se aproxima a los 50 años y donde en menos de veinte años se habrá duplicado la población con más de 60 años de edad. Por eso, las autoridades chinas quieren obligar por ley a que los hijos cuiden de sus padres. Y al tiempo que planean todo eso, la edad de jubilación de los hombres se sitúa en 60 años y en 55 para las mujeres, aunque ya han recibido un toque de la OCDE para que la suban.
En España no cabe que el Estado se entrometa de tal manera en la vida privada, pero su actuación no está exenta de contradicciones. Como querer retrasar la jubilación a los 67 años mientras permite miles de prejubilaciones.
En España, los que se jubilan antes son los que tienen trabajos menos penosos y mayor esperanza de vida. La banca es el sector con la edad más baja de retiro, diez años menos que la construcción. No es extraño dada la estrategia de prejubilaciones que ha seguido el sector financiero para quitarse empleados.
Por ejemplo, las fusiones de las cajas de ahorros que han recibido ayudas del FROB, y a las que el Banco de España exige que reestructuren su plantilla, están en proceso de prejubilar a 13.000 trabajadores y prevén llegar a los 15.000, el 15% de su plantilla. Sin olvidar casos tan llamativos como el propio Estado prejubilando a trabajadores de RTVE a los 52 años. El ahorro para las empresas ronda el 25% de entrada, que corre a cargo del erario público. La empresa se compromete a pagar la diferencia entre el sueldo y la prestación por desempleo, con lo que ambas partes quedan satisfechas con el trato. Y el perjuicio para las arcas públicas se completa al dejar de abonarse las cotizaciones sociales a partir de la edad acordada de jubilación anticipada y al comenzar antes a pagar la pensión.
Poco más de la mitad de los trabajadores se jubila a los 65 años. En 2009 se jubilaron anticipadamente 112.427 trabajadores, el 41,4% del total que se dio de alta en el cobro de la pensión. Mientras que los que se jubilaron con más de 65 años tras retrasar su retiro fueron 16.161.
El Gobierno dice que dificultará las prejubilaciones y en alguna ocasión ha propuesto limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios e imponer a las empresas la cofinanciación de los sobrecostes producidos. Pero tampoco da mucho la batalla en este tema. Mucho menos los sindicatos que han ido acordando con las empresas, y legitimando con su apoyo, las prejubilaciones.
En el debate sobre endurecer o no las prejubilaciones, el Ministerio de Economía se ha opuesto más de una vez a ello en la línea de que es un elemento de competitividad reducir y rejuvenecer plantillas. Sin embargo, los sectores que más prejubilan son los que menos empleo crean.
Si no se pueden prohibir las jubilaciones anticipadas no justificadas por razones de salud o de penosidad del trabajo, habría que reducir a la mínima expresión su coste para las arcas públicas aumentando la penalización económica y recortando el beneficio para las grandes empresas.No es aceptable endurecer las pensiones para el común de los trabajadores mientras las sociedades puedan utilizar la jubilación anticipada para reducir el coste laboral (normalmente se sustituyen sueldos altos por contratos precarios o por ningún contrato), trasladando, además, parte del coste al Estado.
Sólo si no se consiguiera reducir la jubilación anticipada (ahora la edad real de retiro está en 63,7 años de media), debería pensarse en ampliar la edad de jubilación. Si no, mejor nos hacemos chinos: jubilados a los 60 y que nos cuiden nuestros hijos.
Los planes de pensiones caen en desgracia
La crisis, sus escuálidas rentabilidades y la falta de liquidez desincentivan a los ahorradores
¿Subir la edad de jubilación a 67 años? ¿Ampliar el periodo de cotización hasta 25 años? Estas son sólo algunas de las cuestiones pendientes entre Gobierno y agentes sociales de cara a definir el futuro de las pensiones públicas en España. Conseguir un acuerdo parece imprescindible, no sólo porque eso aseguraría la viabilidad del sistema público sino porque la alternativa de los planes de pensiones privados tampoco parece fiable a tenor de los últimos datos.
La crisis, las escuálidas rentabilidades y la falta de liquidez en un entorno cada día más incierto están relegando los fondos de pensiones de las preferencias de los inversores. "La crisis ha provocado que sean muchas las familias españolas a las que llegar a final de mes les supone un esfuerzo cada vez más duro. Es lógico que ni se planteen dedicar parte de su renta a un plan de pensiones", asegura Florentino Felgueroso, investigador de Fedea.
Los españoles aportaron 215 millones de euros menos en 2010
Según los datos manejados por VDOS Stochastics, entidad de difusión de información financiera especializada en fondos de inversión, planes de pensiones y sicav, las aportaciones realizadas por los españoles a planes de pensiones cayeron en 215 millones de euros en el último año.
La patronal del sector, Inverco, es algo más optimista. "Estamos ligeramente por encima del año pasado y esperamos que el empujón de fin de año permita cerrar 2010 con un ligero saldo positivo", asegura su director, Ángel Martínez Aldama.
Pero que nadie se engañe, los planes de pensiones no viven de quienes tienen apuros económicos. Todo lo contrario. "El producto es especialmente atractivo para las rentas más altas. No sólo para complementar su pensión sino, sobre todo, porque es la mejor fórmula para rebajar la factura fiscal de cada año", explica Paula Mercado, directora de análisis de VDOS.
Los ganchos de las entidades financieras cada vez convencen menos
Efectivamente, los últimos días de cada año son un momento dulce para estos productos financieros. Las aportaciones realizadas a los planes de pensiones se restan de la base imponible del impuesto de la Renta, con un máximo de 10.000 euros, que pueden llegar a 12.500 si el partícipe del plan tiene más de 50 años. Y por lo tanto reducen la factura fiscal del año. "En realidad, este es el único incentivo. Aunque conviene recordar que no significa dejar de pagar impuestos, sino retrasar el pago. Por no hablar de la injusticia que supone dar incentivos fiscales a los que más tienen", advierte Florentino Felgueroso.
Efectivamente, muchos jubilados comprueban con desolación que al rescatar su plan, Hacienda les pide los impuestos diferidos. Es decir, cuando se rescatan, pagan impuestos como otra renta del trabajo, y cuanto más se rescate (todo lo acumulado, por ejemplo), más impuestos pagan. A pesar del susto, "lo normal es que la cantidad de impuestos sea inferior. Ya que el tipo marginal se aplica sobre los ingresos y la jubilación suele ser inferior al sueldo", explica Luis del Amo, experto fiscal del Registro de Asesores Fiscales.
Pero ni siquiera así, los planes convencen, y eso que la tasa de ahorro de los españoles comenzó 2010 cercana al 17%, y aunque ha caído hasta el 14%, todavía es mucho más alta que la media del 5% de los años del boom económico.
Es un producto diseñado para que las élites paguen menos impuestos
¿La razón? "La educación financiera de los españoles está aumentando. Y a pesar de que tradicionalmente no se realiza mucho seguimiento de las inversiones, cada vez se informan más", explica el director de Inverco.
No hace falta ser un Warren Buffett de las finanzas para darse cuenta de que, pese a las recomendaciones de los bancos, los planes de pensiones no pasan la prueba de la rentabilidad. "Es mucho peor que otros productos financieros, en muchos casos negativa y además el dinero está cautivo. Es decir, sólo se puede rescatar llegado el momento de la jubilación o, excepcionalmente, en caso de enfermedad grave o desempleo de larga duración", advierte Ricardo Sánchez-Seco, gestor de fondos de Gestiohna. "Sólo quienes por psicología personal sean incapaces de ahorrar si alguien no les impide tocar su dinero deben elegir este producto", recomienda.
Pésimas rentabilidades
En algunos casos, la baja rentabilidad puede comerse el ahorro fiscal
Según los últimos datos de VDOS Stochastics, la caída de la rentabilidad ha dejado los fondos de estos productos con 1.353 millones de euros menos que a cierre de 2009. Sólo dos de las cinco categorías en las que se dividen los planes de pensiones individuales tuvieron rentabilidades positivas en el último año. O sea, imposible competir con otros fondos de inversión o simplemente con los depósitos que los bancos han remunerado durante 2010 con intereses en el entorno del 4%, y que se han convertido en el producto estrella del ahorro de los españoles.
El problema de los planes de pensiones no tiene relación directa con la crisis económica. Un estudio elaborado por los profesores del IESE Pablo Fernández y Vicente Bermejo asegura que entre 1991 y 2007, en pleno boom económico, sólo dos planes de pensiones superaron en rentabilidad a los bonos del Estado y ninguno batió al índice de la Bolsa de Madrid. "El decepcionante resultado se debe a las elevadas comisiones, a la composición de la cartera y a la gestión", aseguran los autores. "En muchos casos los inversores perdieron la desgravación fiscal vía comisiones e ineficiencias en la gestión", aseguran.
Ricardo Sánchez coincide con el análisis. Asegura que los gestores de planes de pensiones no tienen la presión de ofrecer resultados en el corto plazo y por eso su "gestión es más relajada". Otro problema es la propia legislación. "No se les permite diversificar tanto como al resto de fondos y por eso es más difícil esquivar los vaivenes del mercado", asegura Sánchez.
Defensores y detractores del producto reclaman un cambio. Inverco quiere más libertad para invertir y más desgravaciones fiscales para compensar la inmovilización del dinero. Florentino Felgueroso sugiere mayores incentivos para las empresas y que "sean ellas quienes hagan las aportaciones, como una parte del sueldo". Alberto Montero, profesor de la Universidad de Málaga, aboga por un cambio radical. "Hay que apostar por pensiones públicas sufragadas por impuestos, como han hecho en Francia ", aconseja.
Los vecinos y los sistemas de previsión social
Érase una vez dos vecinos del mismo descansillo, de la misma edad, 52 años, a la sazón presidente y vicepresidente de la comunidad; pero bueno, esa es otra historia.
El caso es que ambos tuvieron en 2010 unas rentas idénticas, con base general, antes de decidir nada sobre su pensión, de 80.000 euros, habiendo ahorrado ese año justo lo mismo: 10.000 euros.
Pues bien, el presidente, preocupado por su jubilación, decide destinar ese ahorro a un plan de pensiones, y el "vice", haciendo caso omiso de las recomendaciones de su vecino, prefiere organizarse por su cuenta realizando un depósito a 13 años al 4% de interés y, cuando declara la Renta, no le sale a ingresar ni a devolver. Su amigo, debido a la aportación, obtiene al año siguiente una devolución por IRPF de 4.300 euros que también impone hasta su jubilación, durante 12 años al 4%.
Llegado 2023, ambos pueden disfrutar de un merecido descanso con el siguiente resultado: el presidente cobra la imposición de 4.300 euros más intereses, 6.884 euros, y 16.650 euros por el plan de pensiones que también obtuvo una rentabilidad del 4% anual. Después de pagar los impuestos correspondientes, el 19% sobre la renta del ahorro y el 43% por lo que corresponde del rescate del plan, se queda con un neto de 15.884 euros, mientras que su vecino sólo llega a percibir un neto de 15.374 euros.
Estos números corresponden a unas rentas y rentabilidades muy concretas. El resultado sería diferente por ejemplo si, como está sucediendo actualmente, las rentabilidades obtenidas por los planes de pensiones fueran menores. Al contrario, la comparativa sería más favorable al vecino que utilizó el sistema de previsión en el caso, bastante probable, de que su tipo marginal máximo, una vez jubilado, sea inferior al 43%.
Para terminar, añado otra incertidumbre: ¿cómo tributarán estos instrumentos de previsión social dentro de unos años? Es fácil imaginar esta conversación en el ascensor.
Bondades y perversiones de estos instrumentos de ahorro
¿Qué es un plan de pensiones?
Es una modalidad de ahorro cuyo objetivo es complementar la pensión de jubilación yque permite recuperar el valor de lo invertido más los rendimientos que haya generado cuando se llega al final de la vida laboral (salvo excepciones). La entidad privada que maneja estos fondos los invierte en bolsa, deuda pública o divisas, y cobra al titular diversas comisiones (por la gestión, por el depósito o por su traspaso).
¿Cuánta gente lo tiene?
Inverco, patronal del sector, estima que hay 8,3 millones de partícipes de planes de pensiones (menos de la mitad de las personas con empleo).
¿Cuánto dinero hay invertido?
En 2010, los planes acumulaban 50.556 millones de euros (no hay cifras definitivas), frente a los 52.125 millones que, según VDOS, acumularon en 2009. No es una gran cantidad, si se compara con otros productos de ahorro (los fondos de inversión tienen el doble, unos 162.000 millones) o con lo depositado en otros países.
¿Cuál es su atractivo?
Los planes de pensiones generan, junto a la comprade vivienda, una de las principales deducciones en elIRPF. Las aportaciones que se realizan a estos productosde ahorro se restan de la base imponible (la cantidad sobre la que se paga el impuesto), con un límite de 10.000 euros, o de 12.500 para los mayores de 50 años. Muchas personas tienen un plan principalmente para reducir su factura con Hacienda. Según la Agencia Tributaria, unos 4,3 millones de contribuyentes disfrutan de esa deducción. La aportación media es de 1.829 euros, aunque es mucho mayor en niveles altos de renta.
¿Cuáles son sus inconvenientes?
No es un producto líquido, esto significa que no se puede disponer del dinero, salvo en casos muy concretos de emergencia (como enfermedad grave o paro de larga duración), hasta el momento de la jubilación.
¿Qué impuesto pagan estos productos?
Sólo se paga cuando se rescata. La prestación conseguida tributa en el IRPF al tipo marginal, que puede llegar al 45% en las rentas más altas. Lo aportado antes de 2007, cuando se reformó la ley, mantiene la reducción del 40% en caso de cobrarse de una sola vez.
¿Por qué son tan poco rentables?
Al ser un producto diseñado para el largo plazo, los gestores no tienen la misma presión para buscar rentabilidad a corto plazo que en el caso de los de fondos de inversión, por lo que el seguimiento de las inversiones suele ser menos estricto. Además, tienen limitados por ley sus objetivos de inversión, por lo que les resulta más difícil diversificar en función de la rentabilidad.
Sindicatos y Gobierno amplían el plazo para pactar las pensiones
La negociación sigue enquistada en el retraso de la jubilación a los 67 años
Pais, MANUEL V. GÓMEZ - Madrid - 11/01/2011
Al cuarto día consecutivo de reuniones, Gobierno y sindicatos encontraron un punto en común: seguirán negociando para acordar la reforma de pensiones más allá del plazo que se habían marcado antes de Navidades. Tras la reunión de apenas hora y media que mantuvieron ayer, concluyeron que esta semana habrá, al menos, otra reunión. No está claro cuándo. Y todo indica que los contactos proseguirán hasta pocos días antes de que el Gobierno presente su proyecto de reforma de pensiones el 28 de enero.
"Este es el tiempo de la negociación", sentenciaba ayer Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT. Algo parecido afirmó la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, cuando dijo que iban a seguir "hablando y hablando".
Salgado, en la Cadena SER, declaró que el acuerdo es posible. Lo sabe de primera mano. La responsable de Economía estuvo presente en la reunión que CC OO y UGT tuvieron ayer con el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. Pero el optimismo de Salgado no se apoya en un acercamiento de posiciones entre ambas partes, según apuntó Ferrer, de UGT.
El escollo principal y casi único sigue donde estaba el primer día: en el retraso de la edad legal de jubilación de 65 a 67 años. A los sindicatos no les convencen las excepciones que Trabajo ha puesto sobre la mesa para suavizar la medida. Sin embargo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dejó claro ayer en una entrevista en Antena 3 que la edad de jubilación a los 67 es inamovible, aunque admitió que habrá trabajadores que puedan retirarse a los 65 años. "Si vivimos más tenemos que trabajar más" y "si hay más personas" y garantizar las pensiones "genera más coste" también será necesario cotizar más, señaló Zapatero.
Gobierno y sindicatos amplían la negociación para lograr un acuerdo sobre pensiones y mercado laboral
Trabajo destaca que "hay avances tangibles" y Toxo que ahora hay "mayor oportunidad de acuerdo" por las elecciones pese a las divergencias sobre la edad de jubilación
EL PAÍS | AGENCIAS 11/01/2011
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, considera que es peor no aplicar las reformas que hacerlo sin tener un consenso amplio. Pero también es consciente de que necesita un acuerdo con los sindicatos sobre la reforma de las pensiones con vistas a las elecciones. Por este motivo, tal y como ha relevado hoy el secretario general de CC OO, el Ejecutivo y los representantes de los trabajadores han ampliado el abanico de temas sobre la mesa de negociación más allá del sistema de pensiones para forzar un acuerdo global y evitar que las discrepancias en el retraso de la edad de jubilación provoquen un nuevo fracaso.
Así, Gobierno y sindicatos ahora también están hablando de negociación colectiva, un aspecto pendiente de la reforma laboral y para lo que se requiere la implicación de la patronal, o sobre empleo juvenil, entre otros asuntos. "En la situación económica en la que estamos se precisa de un gran esfuerzo que debe derivar en una gran concertación, cada uno con su responsabilidad, y sobre todo poner la vista mas allá de mañana", ha valorado Toxo en una entrevista a la Cadena Ser en la que ha abogado por alcanzar un gran pacto social.
Según ha anunciado el líder sindicalista, para lograrlo, los empresarios también se sumarán a las negociaciones que se están llevando a cabo entre el Gobierno y los sindicatos. El Ejecutivo, por su parte, buscará un acuerdo con los partidos en el Congreso con el que reactivar el Pacto de Toledo. "El momento es muy distinto al de la reforma laboral", ha añadido Toxo antes de argumentar que la proximidad de las elecciones municipales, donde los sondeos auguran un correctivo para el PSOE, condiciona el resultado de los contactos.
Para Toni Ferrer, secretario confederal de Acción Sindical de UGT, es necesario llegar a un pacto global con el Gobierno y con las organizaciones patronales que vaya más allá de la reforma de las pensiones y que incluya, entre otros temas, la negociación colectiva. Como para ello es necesario implicar a la patronal, Ferrer ha añadido que esta misma tarde propondrá a la CEOE retomar los contactos, congelados por el relevo al frente de la asociación de empresarios en diciembre.
Bajo el nuevo planteamiento, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, se ha mostrado confiado hoy en que el Gobierno y los sindicatos puedan acercar posturas en las próximas semanas, ya que, en su opinión, "hay avances tangibles" en las negociaciones maratonianas que se están llevando a cabo entre el Ejecutivo y las centrales.
Según ha añadido, las partes han "avanzado sustancialmente" y que las negociaciones "van bien y están vivas". El ministro, que ha asegurado que los sindicatos "ven la necesidad de que la elevación de la edad de jubilación no sea generalizada", ha reconocido que todavía hay diferencias sobre las condiciones y la forma en que se produciría el alargamiento de dicha edad. Para Toxo, sin embargo, los contactos sobre la propuesta de retrasar la jubilación de los 65 a los 67 años "están en un punto de dureza importante, porque la distancia es grande". En la misma línea, UGT advierte de que las negociaciones están en un momento "crítico" y han recordado la amenaza de movilizaciones, entre las que no descartan una nueva huelga general, en función de su resultado.
Con vistas a lo que sucederá a partir de ahora, Valeriano Gómez ha adelantado que las partes seguirán negociando en cuanto culmine el Consejo Confederal de CC OO y toda vez que UGT ayer consultó a sus órganos de dirección y consulta, aunque no ha precisado una fecha concreta. En todo caso, se ha mostrado convencido de que "puede haber posibilidades de vislumbrar un acuerdo en las fechas previstas", antes del 28 de enero, que es el día en el que el Gobierno presentará un proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones. No obstante, ayer las partes acordaron alargar el plazo inicial marcado antes de Navidades hasta el 25 de enero por si hiciera falta para lograr presentar a la opinión pública algo más que un nuevo fracaso del diálogo social.
Zapatero afirma que la reforma es "imprescindible e irrenunciable"
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha advertido hoy de que la reforma del sistema de pensiones es "imprescindible e irrenunciable". Eso sí, ha asegurado que el Ejecutivo intentará "hasta el límite de sus posibilidades" los acuerdos para aprobarlas y que tendrá en cuenta la opinión del Pacto de Toledo y los sindicatos en la propuesta que presentará el 28 de enero.
Durante la presentación del Informe Económico 2010, el presidente ha comentado que el Gobierno seguirá tratando de alcanzar el mayor grado posible de acuerdo político y con los interlocutores sociales, porque considera que las reformas que antes surten efectos son las compartidas.
No obstante, ha vuelto a advertir de que el Gobierno tendrá que tomar una decisión si no hay acuerdo y ha recurrido al problema del envejecimiento para justificar la necesidad de adoptar cambios. Si ahora hay cuatro trabajadores por pensionista, en 2050 solo habrá uno y medio, ha argumentado. Además, ha recordado que se tendrán en cuenta los años cotizados y la penosidad del oficio durante el periodo de adaptación de la nueva edad de jubilación de 67 años.
"Las reformas no son fáciles de adoptar porque a corto plazo generan sacrificios", ha reconocido antes de defender que, a largo, suponen mejoras para el conjunto de la sociedad. Asimismo, ha vuelto a reiterar que abordando ahora la reforma, las medidas se podrán aplicar de forma "gradual y progresiva".
El Gobierno sólo prevé crear cien mil empleos netos durante 2011
Salgado asegura que la tendencia de creación de puestos de trabajo "se acelerará" durante 2012
2011-01-11, Levante OTR PRESS MADRID
La economía española comenzará a crear empleo neto en la segunda mitad del año, aunque de manera "moderada". En concreto, se crearán "algo" menos de 100.000 puestos de trabajo a tiempo completo, aunque la creación de empleo "se acelerará mucho" en 2012, según ha asegurado la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en una entrevista a la cadena SER. En su opinión, la reforma laboral se está notando poco en los nuevos contratos porque "hay que completarla con la reforma de los convenios". Si se cumplen los cálculos de la vicepresidenta, supondría que este año tampoco se bajaría de los cuatro millones de parados.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha anunciado que para este año se espera que se creen 100.000 puestos de trabajo nuevos. Elena Salgado, que ha destacado que el objetivo fundamental del Gobierno es la creación de empleo y la reducción del número de parados, ha recordado que en 2010 la economía española "comenzó tímidamente a crecer" y el paro, aunque se incrementó, lo hizo de manera más moderada que en 2009, año que, para la vicepresidenta, fue peor que 2010.
La vicepresidenta económica ha señalado que este año que comienza, la economía continuará con esa tendencia de mejora iniciada el año pasado, mejora que, a su juicio, se acelerará con las reformas que está llevando a cabo el Gobierno. "El futuro nos lo jugamos si somos capaces de llevar adelante las reformas que hay sobre la mesa", destacó Salgado.
La vicepresidenta económica ha señalado que este año que comienza, la economía continuará con esa tendencia de mejora iniciada el año pasado, mejora que, a su juicio, se acelerará con las reformas que está llevando a cabo el Gobierno. "El futuro nos lo jugamos si somos capaces de llevar adelante las reformas que hay sobre la mesa", destacó Salgado.
Salgado: "Tendríamos que haber sido más prudentes con los créditos"
La vicepresidenta económica prevé que en la segunda mitad de 2011 se cren en torno a 100.000 empleo
Tras el paréntesis navideño, Elena Salgado comparecía de nuevos en los medios, en concreto en una entrevista en la cadena SER. Había interés en saber qué podría decir la vicepresidenta económica, sobre todo después de haberse reunido esta pasado fin de semana con los sindicatos para negociar la anunciada reforma de las pensiones.
No varió Salgado su discurso respecto a ese espinoso asunto: defendió retrasar la edad de jubilación a los 67 años y defendió hacer una reforma de manera gradual. Celebró la vicepresidenta el diálogo con los sindicatos porque "así habrá más posibilidades de acuerdo". Pero poco más dijo sobre el encuentro del fin de semana.
Fue más explícita al pronosticar un leve crecimiento del empleo en 2011 o a la hora de reprochar veladamente el exceso de crédito en los años de vacas gordas.
Tampoco descartó Salgado un acuerdo en los próximos días —"No es imposible", dijo— y calificó de "mala noticia" la posibilidad de una nueva huelga general. Finalmente destacó "la valentía" del Gobierno y del presidente Zapatero por llevar a cabo una reforma que se podría haber realizado "en la próxima legislatura o en la siguiente". "Sin embargo, hemos querido que la refroma sea gradual, no hacerla de golpe", especificó Salgado.
De la situación económica también se habló. Salgado descartó de plano una operación de rescate a Portugal: "El Gobierno portugués está cumpliendo sus compromisos. Es cierto que tiene debilidades estructurales pero está haciendo reformas, que es el papel de cualquier Gobierno: hacer reformas para que la economía esté saneada y cumpla su potencial de crecimiento".
Efectos de las reformas
Crecimiento. Eso es precisamente lo que auguró Salgado para 2011 tras un 2010 "horrible" (aunque recordó la vicepresidenta que 2009 "fue mucho peor"). "En 2010 empezó tímidamente a crecer nuestra economía y en 2011 seguiremos con esa tendencia de mejora, mejora que tenemos que acelerar con las reformas"
Salgado pronosticó que en 2011 se creará empleo, sobre todo a partir del verano: "Los datos del paro en diciembre son una señal positiva. Hemos de ser prudentes, pero en la segunda mitad del año se creará empleo neto, calculamos que en torno a unos 100.000 trabajos. Se notará mucho más en 2012".
"El Gobierno vigilará que los bancos cumplan sus deberes"
Para ello la reforma laboral tendrá que dar sus frutos, algo que Salgado confía que ocurra lo largo de este año. Esa y la otra reforma en marcha, la del sistema financiero. "La reestructuración de las cajas tiene que producir sus efectos", afirmó Salgado.
Salgado dijo que el Gobierno y las instituciones vigilarán que bancos y cajas cumplan "sus deberes", a pesar de que reconoció las dificultades por las que atraviesan: "Los bancos y las cajas se están reaprovisionando y tienen dificultades para financiarse, pero para eso necesitan reestructurarse y eso se verá en los próximos meses", dijo Salgado para justificar la falta de crédito a empresas y particulares.
Salgado descartó que en caso de impago de la hipoteca sirva con devolver el piso como en Estados Unidos: "Los bancos dieron créditos cuyo valor supera al de la casa. Todos, bancos y ciudadanos, tendríamos que haber sido más prudentes en ese sentido. Pero hacer esa transformación de un día para otro en nuestro sistema fianciero sería muy complicado".
Los sindicatos, dispuestos a agotar el diálogo en pensiones
La reunión de ayer entre CCOO, UGT y el Gobierno acabó sin avances. Las centrales apuestan por negociar hasta el último momento, aunque no descartar la huelga ni movilizaciones.
Negociar, negociar y negociar. Aunque las posiciones de Gobierno y sindicatos sobre la reforma de las pensiones continúan encontradas, ambas partes se han propuesto agotar los plazos hasta el último minuto, es decir, hasta poco antes del 28 de enero, fecha fijada por el Ejecutivo para aprobar, sí o sí, el nuevo modelo de pensiones.
"Hoy en día las posiciones están alejadas, pese a ello tanto UGT como CCOO apostamos claramente por continuar el proceso de negociación", dijo ayer el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, poco antes de que comenzara la reunión del consejo confederal del sindicato. Fueron las primeras declaraciones de un líder sindical después de un fin de semana de intensas negociaciones con el Gobierno. La situación recuerda a lo sucedido en el proceso de Diálogo Social, el pasado junio, cuando se abordaba la reforma laboral. A pesar de que el acuerdo era difícil, sindicatos, patronal y Gobierno apuraron hasta el último minuto, aunque sin resultados.
UGT admite que las posiciones "a día de hoy todavía están alejadas"
Hoy también se reúne el consejo confederal de CCOO. En estos órganos, las dos centrales debaten sobre la situación en la que se encuentran los contactos con el Gobierno y las posibles acciones a llevar a cabo. Entre ellas, una nueva huelga general. Los sindicatos han advertido en varias ocasiones que la ampliación de la edad de jubilación a 67 años es una línea roja que llevaría a una huelga general. Se esperaba, incluso, que en las reuniones de ayer y hoy de sus consejos, UGT y CCOO concretaran ya movilizaciones o un paro general.
Sin embargo, la determinación de negociar ha sido más fuerte y todo apunta a que, en el caso de producirse una convocatoria de huelga, sería más adelante, una vez que las negociaciones se agoten a final de mes. "Los tiempos de movilización irán en función de los resultados de la negociación", dijo el responsable de UGT.
Según Ferrer, son dos los motivos que han hecho que la balanza se incline de momento del lado de la negociación. "Porque es un proceso de reforma vital, un instrumento determinante de la cohesión social y es primordial que la reforma garantice la sostenibilidad del sistema", señaló. La otra razón, "por responsabilidad" ante la actual situación económica. "Estamos dispuestos a continuar trabajando, sin obviar las dificultades, y vamos a emplear todo el tiempo que se requiera", subrayó.
"Los tiempos de movilización irán en función de los resultados", avisa
Márgenes para el acuerdo
Con el escollo de los 67 años condicionando el proceso, las posibilidades de acuerdo parecen escasas, aunque las partes tratan de explorar los "márgenes posibles" que quedarían. "Buscamos un acuerdo equilibrado, que no suponga merma de derechos para los trabajadores y sepa distinguir los objetivos estratégicos de los coyunturales", explicó Ferrer, que pidió flexibilidad al Gobierno.
La reunión que las dos partes mantuvieron ayer, la cuarta desde que el viernes comenzaran las negociaciones entre los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, se saldó, una día más, sin acercamientos. Al encuentro acudieron los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, así como la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba. Tanto Salgado como Rubalcaba ya asistieron de forma puntual a las reuniones que tuvieron lugar durante el fin de semana.
Los sindicatos buscan un acuerdo equilibrado y que no merme derechos
Salgado mostró ayer antes de la reunión cierto optimismo y aseguró que después de estos días existen "más posibilidades de acuerdo" para la reforma de las pensiones, aunque reconoció que el objetivo es "complicado". La vicepresidenta no ve "imposible" que los sindicatos acepten la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años.
Alabó, además, la "valentía" del presidente del Gobierno para plantear ahora la reforma y no esperar a otra legislatura. "Si lo hacemos ahora podemos hacer esta reforma de manera gradual", añadió. Salgado afirmó que la convocatoria de una huelga general por parte de CCOO y UGT "no sería una buena noticia" y que el Gobierno hará "todo lo posible" para evitarla.
De aquí no sale un sindicalista sin antes firmar
2011-01-11, Público. Isaac Rosa
“No veo imposible que los sindicatos acaben aceptando; dialogaremos mañana, pasado y todos los días que hagan falta.” -Elena Salgado, vicepresidenta económica del Gobierno-
Lo del gobierno con los sindicatos para que pasen por el aro de las pensiones empieza a rozar el acoso: tras un fin de semana intenso, están dispuestos a reunirse las veces que hagan falta hasta alcanzar un acuerdo. Es decir, no los van a dejar salir sin firmar, y para ello recurrirán a todas las técnicas persuasivas a su alcance.
Más que una negociación parece un interrogatorio policial, de ésos donde el detenido es sometido a las mismas preguntas durante horas, usando todo tipo de estrategias dialécticas hasta que se derrumba y canta. Como además participa también el ministro de la policía, más lo parece.
Entre las técnicas para vencer la resistencia del más terco, la más clásica es la del poli bueno y el poli malo. Ya saben: el primero te da tabaco, te pregunta por los niños y te promete beneficios si colaboras; y el otro te quita el cigarro de una hostia, te pregunta por tu mujer y te amenaza con meterte la cabeza en el váter.
El poli bueno es Valeriano Gómez, que para eso iba a las manifestaciones sindicales, y ahora le toca ablandar a Méndez y Toxo en plan colega: “65, 67, no nos vamos a enfadar por dos añitos, eh”. El poli malo le toca a Elena Salgado, que va de dura, les sacude con la macroeconomía y les amenaza con llamar a los mercados para que les den una paliza si no colaboran: “Ya podéis suplicarme 67, u os meteré 70”.
¿Y Rubalcaba? Pues como perro viejo le toca el papel del típico poli veterano, el resabiado que pasa de reglamentos, más listo que el hambre y que a ratos es poli bueno y en el minuto siguiente saca la fiera y te desconcierta. El que en las pelis remata el trabajo de la pareja bueno-malo, y acaba sacando adelante lo mismo un interrogatorio que un acuerdo de pensiones.
Tal vez los sindicatos se estén arrepintiendo de haber aceptado negociar. Y es que sentarse a esta mesa ya implica aceptar el planteamiento de partida: que el sistema necesita ser reformado. Una vez el interrogador te ha llevado al huerto y has confesado que sí, que algo habrá que reformar, lo demás es cuestión de horas, persuasión y culo de hierro.
Toxo propone un acuerdo global para enfrentar los retos de la economía española
Ignacio Fernández Toxo ha propuesto al Consejo Confederal de CCOO explorar la posibilidad de un acuerdo global para enfrentar la crisis en el que participarían las organizaciones sindicales y empresariales y el Gobierno, con la decidida intervención, en su ámbito, de las fuerzas políticas parlamentarias. El informe ha sido aprobado por 158 votos a favor, 1 en contra y 15 abstenciones.
Boletín Comfia 2011-01-12
12-01-2011 - Ignacio Fernández Toxo ha propuesto al Consejo Confederal de CCOO, reunido esta mañana en Madrid, explorar la posibilidad de un acuerdo global para enfrentar la crisis con la participación de las organizaciones sindicales y empresariales y el Gobierno. La llave del acuerdo se situaría en la seguridad social y la negociación colectiva e incluiría la reforma laboral, políticas activas, política industrial, situación de las Administraciones Públicas… Para ello es necesario contar con la CEOE y el apoyo de las formaciones políticas, cada una en su ámbito, y sería deseable que el día 25 de enero, cuando el Parlamento aborde las conclusiones del Pacto de Toledo, esté trazado el acuerdo en pensiones.
Se trata, ha manifestado Toxo, de una oportunidad para el diálogo y el acuerdo, ampliando el perímetro. "Trabajamos decididamente por el acuerdo exigiendo cambios profundos en la reforma laboral, el reforzamiento de la negociación colectiva y el rechazo de la ultractividad de los convenios"; ha insistido en la necesidad de garantizar la intervención sindical sobre las condiciones de trabajo y los elementos de descuelgue introducidos en la reforma laboral, la eficacia del convenio colectivo y el papel del sindicato en la empresa, la protección social, el empleo y la formación. Toxo considera urgente un plan de choque para el empleo dirigido a los jóvenes y los parados de larga duración, recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, y en este contexto, rechazar la jubilación a los 67 años de forma generalizada y obligatoria y recuperar el acuerdo de la Función Pública.
El secretario de Comunicación y portavoz de CCOO, Fernando Lezcano, ha señalado que la génesis de esta propuesta de acuerdo global está en el documento presentado en mayo de 2009, "Pacto por la economía, el empleo y la cohesión social". No debemos regatear esfuerzos para conseguir un acuerdo". La situación económica aconseja enviar al país, a la ciudadanía y a las instituciones internacionales un compromiso firme en aras de solventar la situación, y al mismo tiempo preparamos ante un eventual desacuerdo informando a los trabajadores y a la sociedad sobre nuestras propuestas". Para Lezcano el acuerdo debería contar también con la corresponsabilidad y participación de las fuerzas políticas, respetando la autonomía y la capacidad de negociación y propuesta que cada uno tiene en su ámbito.
CCOO y UGT dan una tregua al Gobierno
NO HABRÁ HUELGA GENERAL EN ENERO
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, celebra la "voluntad de acuerdo" por parte del Ejecutivo en la negociación sobre la reforma de las pensiones. Los sindicatos descartan, de momento, una huelga general , mientras los empresarios se incorporan a la mesa donde también se negociarán algunos cambios en el ordenamiento laboral.
nuevatribuna.es | 13.01.2011
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha descartado este jueves que los sindicatos convoquen una huelga general en enero "porque hay mimbres y voluntad de llegar a un acuerdo" con el Gobierno y la patronal.
En una entrevista a Cataluña Ràdio en la que también ha participado el secretario general de UGT, Cándido Méndez, Toxo ha afirmado que "en enero no va a haber una huelga general, porque hay una expectativa nueva de negociación, ya que las partes han entendido que es posible elevar la mirada y ampliar el perímetro de las materias a negociar"
Toxo ha valorado positivamente que en la negociación no se hable de pensiones exclusivamente en clave del retraso obligatorio de la edad de jubilación, y que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, haya introducido "factores de flexibilidad"
También ha sido un punto clave para avanzar hacia el acuerdo, según Toxo, que se haya decidido incorporar una revisión de los efectos de la reforma laboral, lo que era "imprescindible" desde el punto de vista de los sindicatos, y que se haya abierto el escenario de negociación a las organizaciones empresariales en materia de negociación colectiva.
Sin embargo, ha remarcado: "No quiere decir que ya estemos de acuerdo, aún estamos alejados".
Toxo ha indicado que, además de la CEOE, se deberían incorporar a la negociación el resto de partidos de las Cortes.
MÉNDEZ, A FAVOR DE UN GRAN PACTO
Por su parte, el líder de UGT también se ha mostrado a favor de un gran pacto, ya que ha asegurado que sería la única manera de encarar con mayores garantías la lucha contra la crisis económica y propiciar la recuperación de la economía española.
"El acuerdo no sólo lo consideramos posible, sino muy necesario", ha sentenciado Cándido Méndez.
"Nosotros queremos propiciar este consenso, sabiendo que hay problemas muy serios que separan la posición del Gobierno con la de los sindicatos", ha declarado Méndez, y ha hecho referencia a la reforma laboral, que ha insistido que ha fracasado, y a las posiciones "tan distantes y tan distintas", en relación al futuro de las pensiones.
"Hay que constatar que estamos hablando de pacto, un pacto amplio, y que por lo tanto, hemos aparcado la tensión y la confrontación, y este es un valor que hay que reconocer y que el Gobierno tiene que aprovechar", ha argumentado Méndez.
REUNIONES DISCRETAS
Por otro lado, la reunión que iban a celebrar hoy jueves Gobierno, sindicatos y CEOE y que se vio suspendida "por problemas de agenda" tendrá lugar mañana viernes previsiblemente, según apuntan algunas fuentes de la negociación.
Lo cierto es que las partes han decidido mantener el secretismo de estos encuentros porque no quieren negociar a la luz pública. De las últimas reuniones, como las del 'maratón' del pasado fin de semana, no se ha facilitado ni sitio ni hora, precisamente porque los negociadores no quieren que los medios de comunicación estén encima de ellos.
Con la reunión del viernes pasa igual (no acaban de confirmar que se celebrará este encuentro pero tampoco lo niegan) y hay incluso alguna fuente de la negociación que afirma que el encuentro previsto para hoy se suspendió porque "se filtró" a la prensa.
Con discreción, eso sí, la verdad es que Gobierno, sindicatos y CEOE van a seguir reuniéndose, se entere o no la opinión pública. Los encuentros, que seguirán en los próximos días, serán de distintos formatos (bilaterales o tripartitos) y el abanico de materias, mayor, aunque por ahora lo que continúa centrando la atención es la reforma de las pensiones.
Alrededor de este tema está habiendo confusión y cierto malestar, porque hay propuestas que está poniendo el Gobierno sobre la mesa que se han acabado filtrando a la prensa, lo que no ha gustado a los sindicatos.
El Ejecutivo insiste en que la mejor forma de garantizar las pensiones de futuro es ampliar la edad legal de jubilación a los 67 años, medida que los sindicatos rechazan. Sin embargo, el discurso parece haber cambiado en los últimos días y el hecho de que sigan negociando es buena señal.
CCOO y UGT ya no hablan tanto en clave de huelga y sí de voluntad de acuerdo, lo que podría indicar que el Gobierno puede estar repensando en determinados aspectos su idea de alargar la edad legal de jubilación a los 67 años.
JUBILACIÓN FLEXIBLE
La clave del acuerdo podría estar en lo que ha dado a entender esta misma mañana el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo: alargar la edad efectiva de jubilación desde los 63,7 años actuales a los 65 años legales mediante un sistema de incentivos a quienes sigan trabajando y penalizaciones a los que abandonen prematuramente el mercado laboral de manera injustificada.
Como eso ya existe (en España se denomina a este sistema 'jubilación flexible), se trataría de mejorar los estímulos actuales para que la gente se anime a trabajar después de los 65 años y de agravar las penalizaciones a quienes se jubilen antes de tiempo de manera injustificada.
Está por ver si el Gobierno está dispuesto a esto o, por el contrario, no renuncia a ampliar la edad legal de jubilación a los 67 años. Lo segundo haría imposible el acuerdo, mientras que lo primero abriría el camino hacia el consenso, no sólo con los sindicatos, también con las fuerzas políticas.
A cambio, es de suponer que el Ejecutivo adoptará otras medidas que no convencen del todo al mundo sindical, al menos a parte de él, como la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de los 15 años actuales a 20 y posteriormente a 25. De momento, todo está en el aire y pendiente de una negociación cada vez más inmersa en el secretismo por expreso deseo de las partes.
Toxo: la reforma del Gobierno haría a futuros pensionistas más pobres
Ignacio Fernández Toxo ha advertido de que el enfoque de la reforma de pensiones propuesta por el Gobierno provocará que los pensionistas sean más pobres dentro de 20 años que los pensionistas actuales y ha calificado de "perversa" la propuesta de subir la edad legal de jubilación a los 67 años, elevar hasta los 37 años la cotización necesaria para tener derecho a la pensión máxima, y situar en 41 años el periodo necesario de cotización para poder jubilarse a los 65 años.
CCOO, 14-01-2011 – (Boletín Comfia)-
Toxo ha reconocido que, en la negociación de las pensiones, las posiciones entre las partes "son muy distantes" incluso después de casi 48 horas casi ininterrumpidas de negociación. "Por eso es imprescindible darle un giro al enfoque de la negociación" y ha afirmado que, en este proceso de diálogo, el Gobierno "se ha metido en un cepo" del que se le debe ayudar a salir "para que no haga daño a la gente y para garantizar el futuro de las pensiones".
El secretario general de CCOO ha señalado que una reforma de las pensiones en la que el principal partido de la oposición "no se sienta cómodo, no sería útil", por lo que ha considerado imprescindible conciliar las distintas posiciones para que en el Pleno del Congreso del próximo día 25 todo el arco parlamentario pueda votar las mismas conclusiones.
Además, ha añadido que la conjunción de medidas del Ejecutivo es "innecesaria", ya que, el 71% de los cotizantes del Régimen General tienen carreras de cotización superiores a los 35 años. "No está en la estética la solución a los problemas de la Seguridad Social, sino en las medidas de prácticas".
Toxo ha propuesto que, en su lugar, debería hablarse de bandas de jubilación (por ejemplo de 62 a 67 años), buscando la manera de desincentivar la salida del mercado laboral cuando no está justificada y de incentivar la permanencia cuando se puede.
Para el secretario general de CCOO la cuestión clave es ponerse de acuerdo en los objetivos, que son dos: elevar hasta los 65 años la edad real de jubilación en España, que ya es la más alta de Europa (63,7 años), y hacerlo de manera gradual, hasta 2027, consiguiendo cuatro meses de retraso de la edad de jubilación cada cuatro años; y "aplanar" la curva de crecimiento del gasto en pensiones para que no se dispare. "Si no hacemos nada, la evolución demográfica nos llevará a un gasto en pensiones del 17% del PIB".
Pese a las diferencias, Toxo ha valorado que el Gobierno haya decidido sentarse a negociar, "más allá de las declaraciones enfáticas y grandilocuentes del presidente del Gobierno", que ha considerado como mensajes hacia los mercados y se ha mostrado algo molesto con Zapatero por "filtrar de manera interesada" algunos elementos que están siendo objeto de negociación.
Encierros en las sedes del INSS contra la subida de la edad de jubilación obligatoria
El secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, ha asegurado este jueves en Gijón que el sindicato que representa no va a aceptar "en ningún caso" que se sitúe la edad legal de jubilación obligatoria y generalizada en 67 años.
CCOO, 14-01-2011, RRHH Digital (Boletín Comfia)-
Es más, ha apuntado que la van a combatir y ha adelantado que están convocados para el próximo día 19 encierros en las sedes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en el conjunto de España.
Lezcano, en rueda de prensa antes de la asamblea de delegados sindicales y cuadros de CCOO de Asturias en el recinto ferial, en la que ha estado acompañado del secretario general de CCOO de Asturias, Antonio Pino, ha dejado claro, no obstante, que no regatearán esfuerzos en la negociación, pero no consentirán la imposición de las propuestas del Gobierno.
Por este motivo, paralela a la negociación, están realizando una campaña informativa entre los delegados y han convocado los encierros. El siguiente paso, según él, será la celebración de un Consejo Confederal Extraordinario en el que se dará a conocer si hay posibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno o si, de lo contrario, hay que estudiar la estrategia de movilizaciones, entre las que no está descartada la convocatoria de una nueva huelga general.
Lezcano ha apuntado que con la reforma propuesta por el Gobierno sobre pensiones "el primer perjudicado es el conjunto de la sociedad", aunque ha matizado que los peor parados serán los jóvenes y las mujeres, que son quienes acceden más tarde al mercado laboral. Contra la obligatoriedad generalizada a los 67 años, ha propuesto impulsar los incentivos ya existentes para hacerlo después de los 65.
Asimismo, ha augurado que 2011 será un año "muy duro y complejo" y ha criticado que el Gobierno se empeñe en enfrentar la crisis con medidas que implican el desmantelamiento del sistema de protección social. Según él, el Gobierno instrumenatliza las pensiones y ha asegurado que su reforma "no tiene nada que ver con la crisis" sino con lanzar un mensaje de tranquilidad a los mercados.
A la reforma de las pensiones ha sumado la de la estructura de la negociación colectiva, que supondría la supresión de los convenios provinciales y llevar la negociación sólo al ámbito laboral de la empresa, de forma más individual. Se aplica también la ultractividad, es decir, que cuando expire un convenio de negociación se empieza desde cero y no sobre lo establecido.
Para él, esto convierte "en una jungla las relaciones laborales", ha dicho, al tiempo que abandona a los trabajadores a su suerte y limita la capacidad de intervención de los representantes sindicales. CCOO propone reformas consensuadas que garanticen las pensiones, reactiven la economía del país y un cambió en el patrón de crecimiento a través de un gran pacto que incluya el arco político parlamentario, los empresarios y los sindicatos.
A pesar de todo, ha indicado que tras la huelga general del 29-S el Gobierno está "más desgastado", por lo que considera que esa mayor debilidad, unida a la próxima convocatoria de elecciones autonómicas y locales, le predispone a la negociación y a querer alcanzar un acuerdo. Por este motivo, se ha mostrado a favor de seguir negociando.
Toxo rebaja la amenaza de una huelga general
El secretario de CC OO ha valorado positivamente que el presidente del Gobierno haya introducido "factores de flexibilidad" en la negociación sobre la reforma de pensiones
PAIS, AGENCIAS - Barcelona - 13/01/2011
El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, ha rebajado la amenaza de una huelga general en enero si no se llega a un acuerdo con el Gobierno sobre la reforma de las pensiones. En una entrevista a Cataluña Radio, en la que también ha participado el secretario general de UGT, Cándido Méndez, Toxo ha afirmado que "en enero no va a haber una huelga general porque hay una expectativa nueva de negociación, ya que las partes han entendido que es posible elevar la mirada y ampliar el perímetro de las materias a negociar".
Toxo ha valorado positivamente que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, haya introducido "factores de flexibilidad" en la negociación sobre la reforma de las pensiones y que haya decidido incorporar una revisión de los efectos de la reforma laboral. Sin embargo ha remarcado que: "no quiere decir que ya estemos, aún estamos alejados".
La última de las cuatro sesiones de reuniones entre sindicatos y gobierno fue el lunes y se vió interrumpida por el anuncio del alto el fuego "general, permanente y verificable" de ETA. La próxima cita está prevista, previsiblemente, para mañana.
Falsedades sobre las pensiones
Público 13 ene 2011, VICENÇ NAVARRO
El retraso obligatorio de la edad de jubilación se basa en varios supuestos que son erróneos. Por ejemplo, se ha argumentado frecuentemente, por parte de aquellos autores que favorecen tal retraso, que, puesto que la población vive ahora muchos más años que antes, está también en condiciones de poder trabajar durante más tiempo. Se asume que, al haberse incrementado cuatro años la esperanza de vida en España en los últimos 20 años, la gente muere ahora cuatro años más tarde que hace 20 años, lo cual no es cierto. Los que hacen tal supuesto ignoran cómo se calcula la esperanza de vida de un país.
Supongamos que España tuviera dos habitantes: uno, Juanito, que muere al día siguiente de nacer y otro, la señora María, que muere a los 80 años. En esta España de dos ciudadanos, la esperanza de vida promedio sería de (0+80):2=40 años. Pero en un país vecino llamado Vecinolandia hay también sólo dos ciudadanos: uno, Pepito, que no muere al día siguiente de nacer, sino 20 años más tarde y la otra vecina, la señora Julia, que, como la señora María de España, muere a los 80 años. La esperanza de vida promedio de Vecinolandia es de (20+80):2=50 años, es decir, diez años más que en España. Pero esto no quiere decir (como constante y erróneamente se asume) que la señora Julia viva diez años más que la señora María. Lo que ha ocurrido es que la mortalidad de los infantes y jóvenes es mucho más baja en Vecinolandia que en España. Y esto es lo que ha estado ocurriendo en España en los últimos 20 años: la mortalidad infantil y juvenil ha ido descendiendo, con lo cual la esperanza de vida ha ido aumentando. Ni que decir tiene que los mayores (de 65 años y más) también han visto alargada su vida, pero mucho menos que los famosos cuatro años. En realidad, desde el año 1991
ha aumentado sólo 2,3 años.
ha aumentado sólo 2,3 años.
Un segundo error que se hace es suponer que, puesto que la población vive más años, tal población puede continuar trabajando después de los 65 años, con la misma capacidad y vitalidad de trabajo que tiene a los 65. Se asume, pues, que al vivir más años la edad de envejecimiento también se retrasa. De ahí que se considere (erróneamente) que si ahora las personas que llegan a los 65 años viven 2,3 años más que hace veinte años, tales personas tendrán 2,3 años más de vida saludable, retrasando la edad de envejecer 2,3 años más. Esto no es así. En realidad, la edad de envejecimiento se ha adelantado, en lugar de retrasarse.
Eileen Crimmins y Hiram Beltrán-Sánchez, investigadores del Centro de Geriatría de la Universidad del Sur de California, han publicado recientemente el artículo “Mortality and Morbidity Trends: Is there compression of Morbidity?” (“Tendencias de mortalidad y morbilidad: ¿existe una reducción de la morbilidad?”) en la revista Journal of Gerontology (06-12-10) que analiza la evolución de los años de vida saludable (es decir, vida sin enfermedades) que tiene la población en EEUU. Pues bien, tal estudio concluye que una persona que tenga 20 años ahora, tendrá un año menos de vida saludable durante toda su vida que una persona de 20 años de hace diez años, y ello a pesar de que la esperanza de vida del primero sea mayor que la del segundo. Tales autores subrayan que es un error creer que el hecho de que las personas vivirán más años significa que van a vivir más años con salud. Tal supuesto asume erróneamente que las mismas causas que determinan que la población viva más años determinan también que sean años más sanos, lo cual no es cierto.
De ahí la importancia de tomar como indicadores de vida laboral potencial (es decir, el número de años que el trabajador puede continuar trabajando) el número de años saludables durante la vida de una persona, antes y después de los 65 años, en lugar de considerar los años de vida que tendrá a partir de los 65. Tomando aquel indicador –años de vida sanos–, resulta que tal número ha disminuido en EEUU desde 1998. Se vive más años, pero menos años con salud. Un hombre de 20 años en 1998 puede esperar vivir 45 años más sin tener una de las tres mayores enfermedades crónicas (enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes). Pero estos 45 años descendieron a 43,8 años en el año 2005, es decir, más de un año. En las mujeres jóvenes pasa de 49,2 a 48 años durante el mismo periodo.
Otro indicador es la existencia de problemas de movilidad, definiendo como tal la capacidad de subir una escalera de más de diez escalones, andar más de medio kilómetro o estar de pie más de dos horas sin ninguna ayuda. Un joven de 20 años hoy tendrá –como promedio– 5,8 años de movilidad limitada, comparado con sólo 3,8 años hace diez años, es decir, dos años más. Una mujer joven que tiene 20 años ahora tendrá 9,8 años sin movilidad, comparado con 7,3 años hace diez años.
Todos estos datos muestran que hemos podido retrasar el año en que nos morimos, pero no necesariamente retrasar ni la edad de envejecimiento ni la cantidad de enfermedades que tenemos. Desde 1998 a 2006 pudimos retrasar, por ejemplo, la mortalidad debida a enfermedades cardiovasculares entre los varones de edad avanzada, pero no el inicio de esta enfermedad crónica. Lo mismo en cuanto al cáncer y la diabetes, que han crecido, por cierto, durante estos diez años, sobre todo en las poblaciones de más de 30 años. Es decir, se ha mejorado el diagnóstico de las enfermedades y la supervivencia de los enfermos, pero no hemos reducido o eliminado tales enfermedades crónicas.
Pero lo que es incluso más preocupante es que existe un gradiente de cronicidad según la clase social del individuo, de manera que las limitaciones de movilidad y salud son más acentuadas en las clases populares que en las clases de renta alta (que son las que tienen mayor influencia política y mediática en nuestras sociedades). Todos estos datos son ignorados en la propuesta de retrasar obligatoriamente dos años la edad de jubilación.
Todos estos datos muestran que hemos podido retrasar el año en que nos morimos, pero no necesariamente retrasar ni la edad de envejecimiento ni la cantidad de enfermedades que tenemos. Desde 1998 a 2006 pudimos retrasar, por ejemplo, la mortalidad debida a enfermedades cardiovasculares entre los varones de edad avanzada, pero no el inicio de esta enfermedad crónica. Lo mismo en cuanto al cáncer y la diabetes, que han crecido, por cierto, durante estos diez años, sobre todo en las poblaciones de más de 30 años. Es decir, se ha mejorado el diagnóstico de las enfermedades y la supervivencia de los enfermos, pero no hemos reducido o eliminado tales enfermedades crónicas.
Pero lo que es incluso más preocupante es que existe un gradiente de cronicidad según la clase social del individuo, de manera que las limitaciones de movilidad y salud son más acentuadas en las clases populares que en las clases de renta alta (que son las que tienen mayor influencia política y mediática en nuestras sociedades). Todos estos datos son ignorados en la propuesta de retrasar obligatoriamente dos años la edad de jubilación.
Los expertos piden cambios en las pensiones para evitar el déficit
El Gobierno sitúa en 2023 la aparición de los primeros desequilibrios
Pais, LUCÍA ABELLÁN - Madrid - 14/01/2011
Los mayores de 65 años se están convirtiendo en el segmento emergente de la población . En el año 2040 los pensionistas sumarán más de 15 millones, prácticamente el doble que ahora. Sin cambios, las bases del sistema público no aguantarán el peso de ese cambio demográfico , un diagnóstico casi unánimemente compartido por los expertos. Los desequilibrios no tardarán en aparecer. Las proyecciones del Ministerio de Trabajo sitúan en 2023 el momento en que los ingresos del sistema serán insuficientes para afrontar el gasto. Con todas las cautelas -la mayoría de las previsiones a largo plazo han errado hasta ahora-, la necesidad de cambios parece inaplazable.
La Seguridad Social ha resistido con fuerza la crisis. Pese al desplome del empleo, el sistema aún exhibe un modesto superávit que ronda el 0,2% del Producto Interior Bruto (PIB) . El principal motivo es que incluso con las caídas de empleo, los 17,5 millones de cotizantes aún financian sin problemas las prestaciones de 8,7 millones de pensionistas. Buena parte de ellos pertenece a la generación de la guerra y la posguerra, más reducida y con prestaciones inferiores a las de los nuevos beneficiarios.
"Si nada cambiase, no habría dinero suficiente para pagar las pensiones. Porque la base de la cotización son los salarios y no se puede esperar que aumente la participación de los salarios en la economía", explica Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda en la Universidad del País Vasco. Llegando al extremo del inmovilismo en los ingresos, la rebaja que tendrían que sufrir las pensiones para adaptarse a la nueva coyuntura alcanzaría el 40%, asegura este experto, que considera remoto ese escenario, pues la reforma del sistema es inminente.
Los expertos coinciden en el diagnóstico, pero discrepan en las soluciones, que consisten en elevar los ingresos, reducir los gastos o combinar ambos elementos. Sergi Jiménez-Martín, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y colaborador de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), aboga por reducir el gasto: "Mantener la generosidad del sistema ahora significa que en el futuro se van a tener que pagar impuestos más altos para recibir la misma pensión. Es decir, mantenerlo acaba siendo injusto para alguien". Como la mayoría de analistas, Jiménez-Martín es escéptico sobre el aumento del empleo como receta para mejorar la salud financiera del sistema de pensiones.
La excepción más notable a este planteamiento corresponde a Julio Pérez Díaz, demógrafo e investigador del CSIC. Este experto rechaza el argumento demográfico como base para defender las reformas -"recortes", puntualiza él- y asegura que en todos los pronósticos a tan largo plazo se obvia el impacto de un elemento fundamental para el sistema: las mejoras tecnológicas y los aumentos de productividad que comportan. Más que las pensiones, "lo que es insostenible es que este país tenga 4,5 millones de parados", subraya Pérez Díaz.
Casi ningún elemento basta por sí solo para garantizar el sistema. Pero una combinación óptima de los que están sobre la mesa contribuye a paliar los desequilibrios. Los expertos consultados creen que las medidas esbozadas por el Gobierno van en la buena dirección. La más celebrada es el incremento a 67 años en la edad de jubilación. Un reciente informe del Fondo Monetario Internacional sobre pensiones sitúa los retrasos en la edad de retiro como "la herramienta más eficaz" contra los desequilibrios.
El Ministerio de Economía calculó en 2010 que el retraso a 67 años en la edad de jubilación y la consideración de los 25 últimos años cotizados para calcular la prestación (ahora se toman los 15 últimos) ahorraría a las arcas públicas cuatro puntos de PIB (unos 40.000 millones de euros).
"Parece lógico elevar la edad de jubilación porque la edad media de vida ha crecido mucho", expone Sandalio Gómez, profesor del IESE, que admite la existencia de "sufridores" en esta solución. Fernando Moreno, ex dirigente de CEOE y ahora miembro de Cuatrecasas, aboga más por reforzar "la contributividad del sistema", es decir la mayor correspondencia entre aportaciones y prestaciones.
Ingresos alternativos
El augurio de desequilibrios en el sistema a partir de 2023 parte de un supuesto cuestionable: considerar que los ingresos del sistema son inamovibles. En el modelo actual, las pensiones se sufragan exclusivamente con las cotizaciones que abonan empresas y trabajadores, hasta ahora más que suficientes para sostener el modelo. Pero muchos expertos piden que el freno al gasto vaya acompañado de una mejora de los ingresos, aun si supone buscar nuevas vías de financiación.
"Reino Unido e Irlanda establecen que cualquier déficit que surja en el sistema se pague con impuestos. Y en Dinamarca, una buena parte se abona con imposición general", argumenta Ignacio Zubiri. El catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco aboga por dotar de más recursos al sistema para repartir el coste de las reformas, que ahora recae casi exclusivamente en los futuros pensionistas.
Contra esa vía alternativa de los impuestos generales se manifiesta Comisiones Obreras. Un reciente estudio sobre la reforma de las pensiones sostiene que si el sistema es autosuficiente (es decir, si se financia solo con cuotas sociales) estará más protegido contra intentos de recorte que si depende de la voluntad de los gobernantes. El sindicato sí pide otras mejoras en los ingresos, como elevar los topes de cotización para que los salarios más altos tengan una mayor aportación a la caja pública, una idea defendida por muchos expertos y por el Banco de España.
El Gobierno hace un guiño a UGT y CC OO al dificultar el despido barato
El decreto impide las regulaciones de empleo por pérdidas temporales previstas
Pais, MANUEL V. GÓMEZ - Madrid - 14/01/2011
El Gobierno ha decidido aplicar un especial rigor en el procedimiento que regula el despido más barato, con derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado. La introducción del concepto "previsión de pérdidas" como causa de despido objetivo económico para la rescisión de contrato más barata colmó la paciencia de los sindicatos y desencadenó la huelga general. El Ejecutivo ha aprovechado ahora la redacción del borrador del nuevo decreto de las regulaciones de empleo para lanzar un guiño a las centrales de trabajadores. Los números rojos, en el futuro, no podrán ser "meramente coyunturales" para aplicar el despido más barato. Es un gesto, un acercamiento a UGT y CC OO, que llega tras las intensas reuniones del pasado fin de semana que desatascaron las negociaciones sobre la reforma de pensiones, encarrilaron un diálogo social roto hace siete meses y acabaron con el proyecto compartido de lograr un pacto de Estado con el que afrontar la crisis.
Los 'números rojos' futuros para activar un ERE no podrán ser "coyunturales"
Los sindicatos consideran incompleto el proyecto de Trabajo
La reforma laboral abrió la posibilidad de que las empresas pudieran recurrir al despido objetivo por causas económicas cuando estuvieran en "una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas". No aclaraba nada más. Los sindicatos temían que esto, dejado así, acabara por convertirse en un coladero para el despido de 20 días de indemnización por año trabajado, mucho más barato que el de 45 días, el más utilizado hasta ahora, pese a ser la vía improcedente para rescindir los contratos.
La reforma dejaba para un futuro decreto sobre los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) cómo se acreditarían las "pérdidas previstas". El Ministerio de Trabajo envió el borrador de ese decreto el pasado miércoles a los agentes sociales, en el que se precisa con claridad que las pérdidas coyunturales no pueden ser causa para aceptar despidos baratos.
Los sindicatos disponen de 15 días para presentar sus alegaciones. Curiosamente, este periodo coincide con el plazo que se han fijado Gobierno y sindicatos para dilucidar si hay posibilidades de armar un gran pacto de Estado contra la crisis.
En el decreto, el Ministerio de Trabajo deja claro que los números rojos que prevé la empresa para poner en marcha un ERE no podrán ser "meramente coyunturales", según el borrador y la memoria de análisis del impacto normativo a que ha tenido acceso EL PAÍS. Dicho de otra forma, no podrán ser temporales sino que tienen que poner en serio riesgo la viabilidad futura de la compañía.
El movimiento no es grande. Apenas un pasito hacia los sindicatos, que no se conforman con esto. "Insuficiente", "incompleto", valoraban ayer diversos dirigentes de las centrales mayoritarias una vez leído el borrador. Tampoco hay mucho margen. Al fin y al cabo, un decreto no puede contradecir a una ley. De ahí que estos últimos exijan una mayor rectificación del Gobierno y remitan a la Iniciativa Legislativa Popular que han puesto en marcha, con la que pretenden revocar gran parte de la reforma laboral. Según el proyecto, cuando un empresario inicie los trámites para llevar adelante un ERE por causas económicas (los expedientes también pueden realizarse por motivos organizativos, técnicos o de producción) tendrá que presentar "una memoria explicativa" que justifique la situación negativa que le lleva a tomar la medida. Si la justificación elegida es la de "pérdidas actuales", el informe deberá contener las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios completos, "debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías", según las normas contables vigentes. Cuando la justificación sea la del quebranto futuro, la compañía deberá añadir además un "informe técnico sobre el carácter y evolución de esa previsión de pérdidas". La justificación de por qué el mero cálculo de perder dinero en el futuro no está en el decreto sino en la memoria del impacto normativo adjunta. "Debe acreditar que la previsión de pérdidas no es meramente coyuntural (en cuyo caso procederían medidas de suspensión y no de extinción de contratos)", explica. No en vano, con la reforma laboral el Gobierno pretendía impulsar medidas de flexibilidad interna -reducciones de jornada o suspensiones temporales de contrato- para ajustar los costes salariales, en lugar de las rescisiones de contrato.
También en este apéndice, el Gobierno reconoce lo escurridizo de legislar sobre un pronóstico de números rojos: "Surge aquí la cuestión de que las previsiones se refieren a hechos futuros y, como tales, inciertos, lo que impide manejar datos fiables y seguros desde el punto de vista contable". A pesar de este razonamiento, el proyecto normativo deja en manos de los empresarios la responsabilidad de demostrar los motivos por los que solicita la regulación de empleo. No obstante, como antes de la reforma, la resolución final del expediente dependerá del resultado de la negociación entre el patrono y la representación de los trabajadores. Si hay acuerdo entre ambas partes, la autoridad laboral solo puede sancionar el pacto. En caso contrario, la decisión recae en la autoridad laboral (el Ministerio de Trabajo o la consejería autonómica de Empleo de turno si el ERE afecta a empleados de varias comunidades autónomas o una sola, respectivamente).
Uno de los puntos que más gusta a los sindicatos del borrador es lo que atañe a los grupos empresariales que consolidan sus cuentas. En concreto, lo que hace el texto es poner las condiciones necesarias para analizar los números no solo de la compañía que tramita el ERE sino también la salud financiera de todo el conglomerado. También les agrada que las empresas con más de 50 trabajadores tengan que presentar un plan social que amortigüe las consecuencias sobre el empleo de la reducción de plantilla. Por el contrario, lo probable es que la patronal rechace el primero de estos dos puntos.
El borrador remitido a los sindicatos regula solo lo referente a los ERE. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el despido colectivo y sus causas que aparecen en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, son la referencia que se emplea en el siguiente artículo para establecer la normativa del despido individual, que es la verdadera vía de rescisión de contratos (en 2009 hubo en torno a 1,3 millones de despidos en España, de los que solo unos 65.000 llegaron a través de regulaciones de empleo).
Así pues, una vez se apruebe el decreto, la lógica dicta que se convertirá también en el espejo en el que mirarán los jueces de lo social a la hora de decidir sobre los despidos individuales, pues en este caso son ellos los encargados de dar luz verde o no a la rescisión del contrato.
Toxo descarta la huelga general en enero
Antes de Navidad, el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, advirtió de que la huelga general podría llegar en enero. Si el Gobierno mantenía su intención de aprobar un retraso de la edad legal de jubilación a 67 años de forma general, la amenaza sería general. Un mes después, bastantes encuentros discretos, muchas llamadas telefónicas, al menos una en La Moncloa, y un fin de semana de reuniones intensas han disipado el conflicto... de momento.
"Hay expectativas de negociación", analizó Toxo en una entrevista en Catalunya Ràdio junto al secretario general de UGT, Cándido Méndez. "Las partes han entendido que es posible elevar la mirada y ampliar el perímetro de las materias a negociar". Hacía referencia a la posibilidad de buscar un pacto de Estado para afrontar la crisis entre sindicatos, patronal y grupos políticos.
En la misma línea se expresaba Cándido Méndez: "Hay que constatar que hablamos de un pacto amplio y por tanto hemos apartado la tensión y la confrontación".
Hoy será un buen día para averiguar si estas palabras van acompañadas de hechos. Por la tarde está prevista una reunión a la que acudirán Toxo y Méndez. Allí se verán las caras con el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell. Por parte del Gobierno, al menos estarán presentes en el encuentro el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.
Pero estas palabras no suponen que los sindicatos hayan descartado completamente la movilización y el recurso a la huelga general. Si antes del 25 de enero no hay acercamientos, y tres días después el Gobierno presenta una reforma de pensiones que retrase la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años de forma rígida, el fantasma del conflicto social volverá a tomar cuerpo. De hecho, CC OO tiene previsto convocar un Consejo Confederal extraordinario con posterioridad a estas fechas para analizar la situación y decidir qué estrategia seguirá.
700.000 afectados por ERE en dos años
- La reforma laboral fue aprobada por el Congreso el pasado 9 de septiembre. El 29 de ese mes el Gobierno de Rodríguez Zapatero afrontó su primera huelga general.
- La reforma dejaba pendiente la regulación del despido. El borrador de este decreto fue entregado a sindicatos y patronal el pasado miércoles.
- Entre enero y octubre del año pasado, 230.517 trabajadores se vieron afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), el 87,4% tras pactarlo con la empresa. De ellos, 42.096 trabajadores fueron despedidos, otros 161.889 vieron suspendido su empleo temporalmente; y al resto, 26.532 personas, les redujeron jornada y sueldo.
- Los afectados por ERE en el mismo periodo (enero-octubre) de 2009 habían sido justo el doble: 462.997 trabajadores; de ellos, 53.897 perdieron su empleo, a 390.819 se les dejó en suspenso y 18.281 sufrieron una reducción de jornada. Ese año también la gran mayoría de los ERE fueron pactados entre los representantes de los trabajadores y las empresas, aunque en un porcentaje algo menor (86,8%).
- En todo el año 2009 los trabajadores afectados por ERE ascendieron a 549.282, tantos como la suma de los siete años anteriores.
Un fantasma económico amenaza España: la 'estanflación'
Mundo viernes 14/01/2011 10:56, Cristina Caballero
Madrid.- Es una de las peores combinaciones posibles: la economía no crece, está estancada, pero los precios suben cada vez más. Justo la situación en la que está inmersa España. En el tercer trimestre de 2010 hubo un crecimiento cero, pero los precios han cerrado el año con un incremento del 3%, desconocido en los últimos años.
El fantasma se llama 'estanflación', del inglés 'stagflation', palabra compuesta a partir de 'stagnation', estancamiento, e 'inflation', inflación.
El fenómeno se complica aún más en España por lo rápido que ha sido el cambio de tendencia. De hecho, ha pillado por sorpresa a casi todos los organismos que habían hecho previsiones.
¿Por qué fallaron los pronósticos?
El Fondo Monetario Internacional (FMI), sin ir más lejos, pronosticaba hace apenas tres meses en su informe sobre "Perspectivas económicas Regionales" una tasa media de inflación en España del 1,5% para este año, y en el 1,1% el año próximo. Otras previsiones, como las de La Caixa, eran aún más optimistas: la entidad auguraba una inflación "baja" del 1% por la debilidad de la demanda.
Y es cierto que el consumo no ha vuelto a recuperarse desde el alza del IVA en el mes de julio, pero los precios están cada vez más altos. ¿Qué ha fallado?
"El dato inquietante ha sido la súbita subida de las materias primas", afirma Valentín Pich Rosell, presidente del Colegio de Economistas. "Aunque haya pillado de sorpresa a casi todos, las materias primas tienen una tendencia natural a subir, es una realidad a la que nos tenemos que acostumbrar".
El barril de Brent ya está rozando los 100 dólares, algo que preocupa especialmente en Europa, donde corren riesgo varios países como Portugal o la propia España. El Banco Central Europeo advirtió ayer mismo del peligro de superar esa barrera de precios en el petróleo para la recuperación de la eurozona.
¿Quiénes sufrirán más?
Los consumidores, aunque sufrirán los efectos del alza de los precios, no serán los más perjudicados, según Pich.
"No está tan claro que las empresas puedan repercutir el precio en los consumidores", explica. Precisamente por el estancamiento en el que está sumida la economía, y con una atonía en la demanda, es difícil para muchas empresas, como las de transportes, trasladar los precios a los clientes, según el economista.
El efecto será posiblemente entrar en una especie de círculo vicioso: las empresas serán menos competitivas porque se devaluará su capacidad de compra frente a las de otros países, especialmente los emergentes, que pueden ser los grandes beneficiados de esta crisis.
¿Cómo se sale de la 'estanflación'?
Según Pich, por el lado de las empresas, siendo eficientes, gastando menos. "La subida de los recursos naturales es una realidad, así que habrá que ajustarse a esos cambios", advierte.
Por el lado del Gobierno, poco margen. Ya que las reformas necesarias para liberalizar la economía e incentivar la innovación y la especialización geográfica, factores que templarían mucho las cosas, necesitan tiempo. Pero el fantasma de la 'estanflación' no tiene paciencia.
Pensiones necesariamente sostenibles en la Unión Europea
Levante 2011-01-14, Jordi Garcés
En Europa, las pensiones son importantes porque constituyen una fuente de estabilidad política, económica y personal, siendo los Estados miembros de la Unión Europea los responsables de la prestación; su propósito no es otro que el de asegurar unos ingresos adecuados a la persona jubilada sobre el principio de solidaridad intra e intergeneracional. Vamos a oir mucho hablar de este tema, puesto que la Comisión Europea prepara para el año 2012 la puesta de largo del Año Europeo del Envejecimiento Activo, con el fin de crear más y mejores oportunidades para la participación en el mercado laboral de los/las trabajadores de más edad.
El interés y el problema por las pensiones no es nuevo, ya que hace más de diez años que la Comisión Europea avisa y alerta de la necesidad de una reforma y no solamente a España. El objetivo es bien preciso, a saber: crear ahora las condiciones económicas y sociales para que toda ciudadanía europea esté en un futuro asegurada a través de prestaciones económicas. La preocupación de la Comisión Europea sobre la sostenibilidad de las pensiones bascula sobre los siguientes argumentos: 1) la población europea en edad de trabajar empieza a reducirse en 2012; 2) vivimos más —aunque con más dependencia— y trabajamos menos, un verdadero logro de la humanidad.
Estos fenómenos van a afectar a la capitalización de los sistemas de pensiones. Es decir, las sociedades, a medida que envejecen y acumulan altas tasas de dependencia, reducen su crecimiento económico potencial y ello tiene consecuencias en el rendimiento e ingresos económicos de los Estados. Por ello, cuando se habla de insostenibilidad del sistema de pensiones, significa que si no se hacen hoy los cambios pertinentes no podremos disfrutar del excelente invento del bienestar colectivo organizado, ni nosotros ni las futuras generaciones. Y ahí los Estados, tal como están concebidos en Europa, van a tener, sí o sí, que hacer cambios rápidamente. Cambios que se han venido demorando porque, en política, es fácil dar pero difícil pedir y doloroso quitar o ajustar.
Sin embargo la valentía es un valor en alza, incluso en política, y los retos y reformas que afronta Europa y que son necesarios consolidar para 2020 deberían ser tres. En primer lugar, adecuar el período de vida laboral al logro de la humanidad de vivir más años —incrementándolo o disminuyéndolo en función de diferentes criterios—, y manteniendo al mismo tiempo los sistemas de protección públicos. En otras palabras, a más envejecimiento activo, menos tasa de dependencia y más rentabilidad financiera de los sistemas de pensiones contributivos, de tal forma que la carga de ajuste se reparta entre el Estado y los trabajadores futuros pensionistas. Probablemente, este ajuste incremente el gasto en el sistema formal de atención a la dependencia en sistemas de protección meridionales de corte sociológicamente familista como el español, debido a un incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, pero ello es positivo dado que disminuye el coste de oportunidad de las mujeres como cuidadoras informales y aumenta su tasa de empleo.
En segundo lugar, asegurar la custodia y la solvencia de los fondos de pensiones en los mercados financieros, con el fin de evitar riesgos y quiebras en la cohesión social europea. De hecho, una parte del futuro sostenible de las pensiones dependerá de que la complicada combinación entre reducción del riesgo y rendimiento de las pensiones en los mercados y la capacidad de éstos de contribuir a la oferta para alargar la vida laboral contributiva, tenga éxito. El dato que podría contribuir a dar veracidad a esta hipótesis es que en 2008, en plena crisis económica, aumentó vertiginosamente el paro y los fondos privados de pensiones perdieron alrededor de un 20% de su valor.
En tercer y último lugar, para que los cambios sean sostenibles en Europa, la Comisión y los Estados miembros deberán hacer esfuerzos para que dichos cambios sean asumidos por la ciudadanía. No todo está en manos de los Estados y los mercados; hay cambios socioculturales relativos a la vida laboral, la jubilación, la formación continua, el emprendedurismo en personas mayores, jóvenes y mujeres, y la complementariedad y multiplicación de las fuentes de ingresos durante la jubilación que ayudarán a hacer realidad y posible una Europa social si nos lo proponemos.
El futuro de las pensiones pasa por el empleo
Levante 2011-01-14, Daniel Matoses
Las negociaciones que está llevando a cabo el Gobierno, primero con los integrantes del Pacto de Toledo y después con los dos sindicatos mayoritarios de clase, respecto al futuro de las pensiones se van a topar con un problema fundamental para garantizar su viabilidad.
Supongo que sobre la mesa se irán poniendo distintas alternativas, todas ellas destinadas a recortar derechos adquiridos o en expectativa de adquirirlos. A las ya anunciadas propuestas de incrementar el período para el cálculo de la pensión y a la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años, me imagino que también alguien habrá planteado reducir el importe de la pensión máxima. De ser así un gran número de futuros pensionistas —precisamente aquellos que perciben una pensión mayor— seguramente decidirán, de forma voluntaria, continuar trabajando para de esa forma no disminuir en un 50% o más los ingresos que venían percibiendo.
Pues bien, ninguna de estas ni de otras parecidas propuestas que hayan formulado va a resolver el problema de la viabilidad del futuro de las pensiones en España. En un sistema de reparto como el español, lo que garantiza el futuro de las pensiones es el continuo incremento de cotizantes a la Seguridad Social. En estos momentos, las cuotas de casi la mitad de los 17 millones de cotizantes se abonan con cargo a los presupuestos de las distintas administraciones públicas, ya que provienen de parados, empleados públicos y personal que presta sus servicios en empresas públicas.
Por lo tanto, y a modo de conclusión, la continuidad del actual sistema de pensiones estará en función de que se impulse de nuevo la actividad económica en nuestro país, que se recupere la senda del crecimiento y que, por lo tanto, los nuevos cotizantes, en lugar de percibir prestaciones a los pocos años de iniciar su andadura laboral, contribuyan con sus cuotas y las que por ellos ingresan los empresarios al mantenimiento del sistema de pensiones.
Supongo que sobre la mesa se irán poniendo distintas alternativas, todas ellas destinadas a recortar derechos adquiridos o en expectativa de adquirirlos. A las ya anunciadas propuestas de incrementar el período para el cálculo de la pensión y a la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años, me imagino que también alguien habrá planteado reducir el importe de la pensión máxima. De ser así un gran número de futuros pensionistas —precisamente aquellos que perciben una pensión mayor— seguramente decidirán, de forma voluntaria, continuar trabajando para de esa forma no disminuir en un 50% o más los ingresos que venían percibiendo.
Pues bien, ninguna de estas ni de otras parecidas propuestas que hayan formulado va a resolver el problema de la viabilidad del futuro de las pensiones en España. En un sistema de reparto como el español, lo que garantiza el futuro de las pensiones es el continuo incremento de cotizantes a la Seguridad Social. En estos momentos, las cuotas de casi la mitad de los 17 millones de cotizantes se abonan con cargo a los presupuestos de las distintas administraciones públicas, ya que provienen de parados, empleados públicos y personal que presta sus servicios en empresas públicas.
Por lo tanto, y a modo de conclusión, la continuidad del actual sistema de pensiones estará en función de que se impulse de nuevo la actividad económica en nuestro país, que se recupere la senda del crecimiento y que, por lo tanto, los nuevos cotizantes, en lugar de percibir prestaciones a los pocos años de iniciar su andadura laboral, contribuyan con sus cuotas y las que por ellos ingresan los empresarios al mantenimiento del sistema de pensiones.
Bandera blanca sindical
PÚBLICO, 14 ene 2011
No del todo cautivos, pero sí completamente desarmados, los sindicatos han empezado a agitar una bandera blanca que tiene aspecto de pacto de Estado, lo que, sin duda, constituye una elegante manera de capitular. Más que un paso atrás para tomar impulso, lo que se intuye tras su propuesta de ampliar la negociación sobre pensiones que mantenían con el Gobierno a otras materias y a otros interlocutores es una huida apresurada del camino que les conducía irremediablemente a la convocatoria de otra huelga general. Náufragos de su impotencia, aunque conscientes del hundimiento programado del vigente catálogo de derechos laborales y sociales, los sindicatos han optado primero por salvarse a sí mismos.
Como convalidar la reforma del Gobierno sobre las pensiones era metafísicamente imposible por la presión de sus propios afiliados, los sindicatos parecen haber diseñado una estrategia de supervivencia, cuyo primer punto es evitar a toda costa la huelga general. ¿El motivo? Entienden que su hipotético fracaso, algo muy probable con la desmovilización existente, les convertiría, si es que no lo son ya, en actores marginales del debate económico y les conduciría a la irrelevancia.
Bajo esta óptica, la única manera de evitar la confrontación es ampliar la negociación a otras materias en las que puedan apuntarse el tanto de su influencia, ya sea en el capítulo de negociación colectiva, donde el Ejecutivo pretendía a partir de marzo dejar sin efecto la ultractividad de los convenios, como promotores de planes de empleo de eficacia más que dudosa o atribuyéndose la recuperación de los subsidios a parados que hayan agotado todas las prestaciones, una iniciativa que ya está en los planes de Zapatero, aunque vinculados a cursos de formación. Así es como hay que entender esta propuesta de un minipacto de la Moncloa, con participación de la CEOE y del PP, sobre la que las centrales se han mostrado singularmente optimistas.
Entre suicidarse y seguir respirando, UGT y CCOO han optado por el oxígeno, y el Gobierno, tan necesitado de un pacto con el que legitimarse ante un electorado que les espera en mayo con las uñas afiladas, ha corrido a enchufarles a la bombona. La rendición siempre supone un acuerdo: las dos partes llegan al consenso de que hay un vencedor y unos vencidos.
El PP tergiversa la evolución del fondo de las pensiones
Obvia que ha crecido en 45.000 millones con Zapatero
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, lo dijo el viernes pasado y el partido lo ha incorporado esta semana a su argumentario interno tal cual: "El Gobierno está dilapidando el fondo de reserva de la Seguridad Social [el que garantiza el cobro de las prestaciones contributivas, el paro y la jubilación]". Ayer, preguntado por las razones de tal afirmación, Arenas respondió: "Llegamos al Gobierno y nos encontramos la Seguridad Social quebrada. Salimos del Gobierno con la Seguridad Social saneada, siendo nación récord en creación de empleo y con un fondo de reserva extraordinario, que ha ido disminuyendo y al que en los últimos años no se han aplicado todavía los excedentes de la Seguridad Social. [Además] cada vez que disminuye el número de afiliados está disminuyendo el fondo para el futuro".
Arenas obvió en su respuesta que el fondo de reserva tiene ahora 64.000 millones de euros, 45.000 millones más que cuando dejó de gobernar el PP. Sin embargo, en términos relativos, el fondo se ha incrementado poco en los dos últimos años, un 4,89% en 2009 y un 6,63% en 2010 debido a la crisis económica (ver gráfico). En 2008, aumentó un 25%.
El presidente del PP andaluz había acusado al PSOE de "dilapidar" el fondo
Los argumentos
Arenas, en su respuesta, apuntaló en dos pilares su afirmación. El segundo de ellos (si se destruye empleo, se reduce el fondo) supone un brindis al sol, según Trabajo. Si desciende la afiliación a la Seguridad Social, es decir, si trabaja menos gente, desciende lógicamente la cuantía del fondo, al caer las cotizaciones.
Así lo resumió Arenas: "El año pasado hubo un descenso de cientos de miles de personas [en la afiliación] y por tanto afecta al fondo de reserva". "Una vez más apostilló, el PP tiene que salir en socorro. Nos tocó en 1996 y nos vuelve a tocar en 2011". Sin embargo, aquí, en rigor, el Gobierno no toma decisión alguna y, por tanto, no puede dilapidar. Los ingresos dependen de la situación económica y del empleo.
Sin embargo, ha crecido en 7.000 millones durante la crisis
El primero de los pilares a los que se refirió Arenas (el Gobierno no dota el fondo de reserva) en su respuesta tiene más sustancia y es una vieja guerra del PP. El fondo de reserva se nutre del superávit de la Seguridad Social, que también se ha producido los dos últimos años a pesar de la crisis y de los malos augurios del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Tradicionalmente, bajo gobiernos tanto de PP como de PSOE, el 90% del superávit se ha destinado al fondo de reserva, según Trabajo. El otro 10% va obligatoriamente a las mutuas para garantizar que se cobren las prestaciones.
Con la llegada de la crisis, el superávit (que en los tiempos de vacas gordas rondaba los 15.000 millones) se ha reducido en los dos últimos años considerablemente (en 2009 fue de 7.000 y en 2010 de 4.000). El Gobierno ejerció entonces su potestad y decidió, de acuerdo con empresarios y sindicatos y con el apoyo de los partidos, excepto el PP, dedicar parte del superávit para ganar liquidez y poder conceder así a las empresas solventes aplazamientos en el pago de cotizaciones para evitar ahogarlas.
El PP calcula que el fondo ha dejado de ingresar 8.000 millones por esta decisión, que ellos también tomaron en una ocasión cuando gobernaban, según Trabajo. A eso, en fin, se refería Arenas cuando habló de "dilapidar". Sin embargo, cuando se supere la crisis, las empresas deberán saldar sus deudas, por lo que nada se perderá, según Trabajo.
Arenas, que fue ministro de Trabajo, rebajó ayer el tono: "Los pensionistas se merecen un gran acuerdo con oposición, sindicatos y empresarios".
Bruselas presiona para retrasar la edad de jubilación
Sindicatos y patronal se reúnen hoy para hablar de negociación colectiva. El Gobierno insiste en el retiro a los 67 años y cotizar más tiempo para cobrar la pensión máxima
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En mitad de la agitada negociación sobre la reforma de las pensiones que mantienen sindicatos y Gobierno y a la que esta misma semana se sumará la patronal, la Comisión Europea continúa presionando para que se amplíe la edad legal de jubilación. Bruselas animó ayer a los países miembros a retrasar la edad de retiro y a poner coto a las prejubilaciones para mejorar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.
La Comisión Europea demostró estar siguiendo con lupa cada paso del Gobierno en la reforma de las pensiones, una tarea en la que Bruselas apoya sin fisuras la propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero. "El Gobierno ha abierto recientemente el debate con los actores sociales sobre sus intenciones en cuanto a la reforma de las pensiones", aseguró Olli Rehn, comisario de Economía, en respuesta a una pregunta para la que se sirvió de un escrito preparado de antemano.
Los sindicatos proponen actuar sobre los ingresos del sistema
Según Rehn, "la reforma es desde luego imprescindible para afrontar el envejecimiento de la población". Para el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Lazlo Andor, "la reforma tiene que hacerse" tras los contactos con los sindicatos. Sin embargo, Bruselas tiene claro el camino a seguir haya o no consenso. "Creemos que la dirección adecuada es la tendencia a elevar la edad legal de jubilación y mejorar las condiciones del mercado laboral", según él.
Todo ello a 15 días de la fecha marcada por el Gobierno para aprobar la reforma de las pensiones en Consejo de Ministros, el 28 de enero, y en una semana en la que sindicatos y Ejecutivo buscan intensamente fórmulas para un acuerdo. Aunque estaba previsto que hoy UGT, CCOO, CEOE y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, mantuvieran otra reunión al respecto (la primera con presencia de la patronal), finalmente se ha cancelado por motivos de agenda. El encuentro a tres bandas tendrá lugar en los próximos días.
El punto caliente de las negociaciones entre sindicatos y Gobierno continúa siendo la jubilación a los 67 años. El Gobierno asegura haber puesto sobre la mesa una propuesta: la jubilación a los 67 años con un mínimo de 37 años cotizados para cobrar la pensión máxima (frente a los 35 años actuales). La edad de retiro permanecería en 65 años para aquellas personas que hubieran cotizado 41 años.
UGT considera "más urgente" el acuerdo en política energética
Sin embargo, los sindicatos niegan que se trate de una propuesta nueva que se haya debatido en las reuniones de los últimos días. "Ya saben que nosotros no estamos de acuerdo con esa fórmula", dicen fuentes de CCOO, que subrayan que este tipo de planteamientos sólo buscan "impedir salidas negociadas". El secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, también se mostró sorprendido por esta medida, de la que aseguró que "no se ha visto" en las últimas reuniones.
Los sindicatos plantean actuar no sólo en la partida del gasto del sistema de pensiones, también en la de los ingresos. Por ejemplo, mejorando la contributividad o actuando sobre las bases de cotización. Y manteniendo, sobre todo, los consensos básicos del Pacto de Toledo.
UGT y CCOO siguen confiando en la posibilidad de alcanzar un acuerdo global que incluya otras materias, como la reforma de las políticas activas o las políticas industriales y energéticas. UGT considera "más urgente" el acuerdo en política energética "porque afecta a la estructura productiva, que es el auténtico problema" que llegar a un pacto en pensiones. Sin embargo, este acuerdo tiene fecha límite: el 25 de este mes, cuando el Congreso debate las conclusiones del Pacto de Toledo. "Sería bueno para el país que antes del 25 hubiera un pacto global y que entonces lo refrendara el Parlamento", dicen desde CCOO.
Negociación colectiva
Lo que sí se mantiene para hoy es una reunión entre sindicatos y patronal para tratar fundamentalmente la reforma de la negociación colectiva, un asunto que el Gobierno considera prioritario pero que los agentes sociales quieren negociar bilateralmente y sin injerencias. Además, el Ejecutivo ya ha remarcado que tiene que estar lista en marzo, de lo contrario legislará sin acuerdo.
El propio presidente del Gobierno señaló el martes esta reforma como uno de los puntos prioritarios de los próximos meses y habló de "flexibilizar" la negociación. La ultractividad de los convenios (es decir, la prórroga de las condiciones laborales pactadas en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre la renovación de un convenio) es uno de los temas espinosos. Los sindicatos rechazan que se suprima y que, por tanto, cada convenio se negocie sin tener en cuenta los derechos adquiridos. La patronal, sin embargo, es más favorable a que esta cláusula se elimine.
Toxo descarta la huelga general para enero
El secretario general de CCOO descarta la huelga pero remarca que eso no significa que haya acuerdo porque "aún estamos lejos"
El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha descartado este jueves que los sindicatos convoquen una huelga general en enero "porque hay mimbres y voluntad de llegar a un acuerdo" con el Gobierno y la patronal.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, en la que también ha participado el secretario general de UGT, Cándido Méndez, Toxo ha afirmado que "en enero no va a haber una huelga general, porque hay una expectativa nueva de negociación, ya que las partes han entendido que es posible elevar la mirada y ampliar el perímetro de las materias a negociar".
Toxo ha valorado positivamente que en la negociación no se hable de pensiones exclusivamente en clave del retraso obligatorio de la edad de jubilación, y que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, haya introducido "factores de flexibilidad".
"No quiere decir que haya acuerdo, aún estamos lejos"
También ha sido un punto clave para avanzar hacia el acuerdo, según Toxo, que se haya decidido incorporar una revisión de los efectos de la reforma laboral, lo que era "imprescindible" desde el punto de vista de los sindicatos, y que se haya abierto el escenario de negociación a las organizaciones empresariales en materia de negociación colectiva.
Sin embargo, ha remarcado: "No quiere decir que ya estemos de acuerdo, aún estamos alejados". Toxo ha indicado que, además de la CEOE, se deberían incorporar a la negociación el resto de partidos de las Cortes.
Por su parte, el líder de UGT también se ha mostrado a favor de un gran pacto, ya que ha asegurado que sería la única manera de encarar con mayores garantías la lucha contra la crisis económica y propiciar la recuperación de la economía española. "El acuerdo no sólo lo consideramos posible, sino muy necesario", ha sentenciado Cándido Méndez.
"El Gobierno debe aprovechar esta ocasión", dice Toxo
"Nosotros queremos propiciar este consenso, sabiendo que hay problemas muy serios que separan la posición del Gobierno con la de los sindicatos", ha declarado Méndez, y ha hecho referencia a la reforma laboral, que ha insistido que ha fracasado, y a las posiciones "tan distantes y tan distintas", en relación al futuro de las pensiones.
"Hay que constatar que estamos hablando de pacto, un pacto amplio, y que por lo tanto, hemos aparcado la tensión y la confrontación, y este es un valor que hay que reconocer y que el Gobierno tiene que aprovechar", ha argumentado Méndez.
En cuanto a la reforma de la negociación colectiva, Toxo ha descartado que se pueda llegar a un acuerdo antes de una semana, aunque ha asegurado que existe la voluntad de pactar, y ha valorado positivamente la elección de Juan Rosell al frente de la CEOE, ya que "dará estabilidad y abre una oportunidad para la negociación".
"El Gobierno debería aprovechar esta ocasión para salir de los cepos en los que se va metiendo a veces voluntariamente", ha sentenciado Toxo, y se ha mostrado esperanzado de poder llegar a un acuerdo antes de que el Ejecutivo apruebe la reforma, prevista para marzo.
Cuando lo penoso es llegar a los 65
Público. Isaac Rosa, 14 ene 2011
“Yo no veo a un minero trabajando hasta los 67 años, pero sí veo otras actividades que pueden ampliar la edad de jubilación.” -Patxi López, lehendakari-
Estoy deseando ver el catálogo de trabajos penosos que espero acompañe a la reforma de las pensiones, para ver cuáles son las profesiones que el Gobierno considera suficientemente duras como para permitirles la jubilación a los 65 en vez de a los 67, según la flexibilidad que han prometido.
Lo previsible es que no exista tal catálogo, y todo quede en una fórmula indefinida sobre “trabajos con especial penosidad” o “trabajos de gran exigencia física”, o como mucho se haga referencia a algún sector concreto. Pero estaría bien que sirviera para abrir un debate sobre condiciones laborales, así veríamos que el problema de la penosidad no es tan simple como para reducirlo a albañiles y mineros.
Como ya escribí otro día, más que de trabajos penosos habría que hablar de condiciones penosas. Dejando al margen profesiones cuya dureza es intrínseca e indudable (y que deberían tener una jubilación temprana), para muchos otros trabajadores la penosidad viene dada por las condiciones precarias en que desarrollan su actividad más que por ésta en sí misma.
Conozco a muchos para los que la perspectiva de tener que seguir hasta los 67 será una cuesta arriba añadida a la que ya supone su día a día laboral. Hablo de trabajos con componente físico que implica cansancio, lesiones y desgaste, pero también otros que aparentemente no exigen en lo físico y que sin embargo también agotan, enferman y desgastan. Todos conocen ejemplos, y muchos de ustedes estarán en esas situaciones.
El profesor Navarro lo recuerda una y otra vez: la salud, la calidad y la esperanza de vida van por barrios, no son iguales para todos, y la desigualdad económica y social se hace carne en cosas como vivir menos años, tener más padecimientos y enfermedades, y menos recursos para soportarlos.
Hay trabajadores que a los 65 están en su mejor momento, sí. Y salvo excepciones obligadas, el que quiere puede seguir más allá de esa edad, aunque sea por afición. Pero para otros el tramo final sólo se soporta por la proximidad de la prometida jubilación. Si esa meta se la echan más para allá, y con una pensión menor, yo lo llamaría crueldad social.
Cayo Lara entiende que sindicatos no convoquen huelga este mes
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, entiende que los sindicatos hayan anunciado que no convocarán huelga general este mes de enero, ya que "el Gobierno ha abierto un proceso de negociación".
nuevatribuna.es | 14.01.2011
El coordinador federal de IU, Cayo Lara, entiende que los sindicatos CCOO y UGT hayan anunciado que no convocarán huelga general este mes de enero, ya que "el Gobierno ha abierto un proceso de negociación y, lógicamente, hay que ver hasta dónde el Gobierno está dispuesto a corregir las políticas negativas que viene haciendo hasta este momento".
En cualquier caso y en declaraciones a los periodistas, Lara ha dicho esperar "que no quieran tapar con una cortina de humo el objetivo del Gobierno de aumentar la edad de jubilación a los 67 años", pues, "para IU esa es una raya roja", de modo que ahora "no hay ninguna razón para darle al Gobierno marchamo alguno para que pueda sacar adelante la jubilación a los 67 años".
En este sentido, Lara considera que la única razón para retrasar la edad de jubilación es "recortar las pensiones a los futuros pensionistas en España y alimentar los fondos privados de pensiones", en beneficio de la banca, pues "no hay ninguna razón objetiva ahora para retocar el sistema de pensiones en España, ya que tenemos superávit en la Seguridad Social y, en una situación de crisis, con cuatro millones de parados, no es de recibo que se plantee una revisión del sistema de pensiones", por lo que ha recomendado al Ejecutivo que "espere a que pase la crisis" para, entonces, "hablar" de ello.
Lara, que ha hecho este viernes, junto al coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, una visita institucional en el Ayuntamiento de Córdoba al alcalde de la ciudad y candidato a la reelección por IU, Andrés Ocaña, ha dicho estar dispuesto a buscar un pacto de Estado en materia de pensiones, pero en función "de que cómo se haga", porque "no se tienen que tocar los 65 años de edad de jubilación máxima y tampoco el periodo de cálculo" de las pensiones, es decir, "para darle un palo a los pensionistas que no cuenten con IU".
Economia niega que el Gobierno esté dispuesto a suavizar la reforma laboral
El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, lamenta lo que califica de “malentendido” y afirma que el “consenso” en torno a la reforma de las pensiones “en ningún caso” vendrá “a costa de medidas que se han tomado ya”.
nuevatribuna.es | 14.01.2011
Nuevas complicaciones para el pacto sobre la reforma de las pensiones. El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, negó hoy que el Gobierno esté dispuesto a suavizar la reforma de laboral aprobada en septiembre, a cambio de una supuesta aceptación por parte de los sindicatos de un retraso en la edad de jubilación.
Campa lanzó estas declaraciones horas antes de que los sindicatos y el Gobierno se sienten de nuevo a negociar la reforma de las pensiones. Mientras algunos medios publicaban hoy que el Gobierno está dispuesto a suavizar la reforma laboral y corregir la figura del llamado ‘despido barato’, Campa desmintió este viernes esa posibilidad, que calificó de “malentendido”. “En ningún caso”, -reiteró-, el consenso en materia de pensiones llegará “a costa de las medidas que se han tomado ya”, alertó, tras tildar de “muy preocupante” esa posibilidad.
Las palabras de Campa -que compareció para explicar la subida de precios recogida por el IPC- se enmarcan dentro de la negociación que mantienen el Gobierno y los sindicatos en torno a una reforma de las pensiones, una negociación que podría ampliarse a otros asuntos –como la negociación colectiva, un pacto energético, las políticas activas y la ya mencionada reforma laboral- , y a la que hoy se incorporan los empresarios, liderados por el nuevo presidente de CEOE, Joan Rosell.
Las declaraciones de Campa contradicen además el contenido del borrador de un Real Decreto, que desarrolla la ‘Ley de medidas urgentes sobre el mercado de trabajo’, y que, según interpretaron muchos, suaviza algunos aspectos de la reforma laboral, en concreto la figura del despido objetivo -el llamado ‘despido barato’- introducido por la reforma aprobada por el Congreso en septiembre. Sin embargo, el secretario de Estado ha explicado que el proyecto de Real Decreto se limita a regular los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), impidiendo los despidos colectivos por "una previsión coyuntural de pérdidas", en los que sólo cabe acogerse a la suspensión temporal de los empleos. "Es plenamente coherente" con la reforma laboral aprobada por el Parlamento en septiembre", ha concluido.
Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, celebró hoy lo que consideró como una rectificación del Gobierno. Méndez fue más allá y afirmó que no ve como un "guiño" a los sindicatos los cambios en las causas del despido que ha introducido el Gobierno en el desarrollo reglamentario de la reforma laboral y consideró que la propuesta inicial, que permitía despedir a los trabajadores ateniéndose a previsiones económicas negativas, era una "aberración jurídica".
Para Méndez, esta modificación respecto a los planteamientos iniciales es "si acaso" un guiño "al sentido común", ya que no hay "nada más subjetivo que una previsión" y, por tanto, no se pueden introducir elementos subjetivos como causa objetiva de despido.
EL IPC y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
La subida de los precios abre otro frente de posible confrontación entre empresarios y sindicatos. Una posibilidad que, sin embargo, negó hoy el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, quien afirmó la subida del IPC –un 3 por ciento en diciembre, respecto al año pasado- no complica la negociación colectiva. Campa confió en que los sindicatos y los empresarios se atengan a las “pautas” marcadas por el pacto “trianual” firmado el año pasado.
La interpretación de Campa choca con las previsiones de UGT, El sindicato dirigido por Cándido Méndez reclamó hoy el desbloqueo efectivo de la negociación colectiva, y pidió “que se cumplan” los compromisos del pacto salarial al que se refería Campa, el llamado Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012. Tras conocer la subida de los precios, la central reclamó la inclusión de la cláusula de revisión salarial en “todos los convenios” e hizo notar que, actualmente, “sólo” están cubiertos por esta cláusula el 45,6 por ciento de los trabajadores.
UGT alertó además de las “graves” consecuencias económicas del incremento de precios si ésta continúa en 2011 y temió la aparición de una “escalada” de precios como consecuencia de la subida de la luz (9,8 por ciento), el gas (4 por ciento) y las nuevas tarifas de los transportes públicos), que tuvieron lugar en enero, y que no están recogidas, por tanto, en la subida de diciembre. Un cóctel explosivo, continuó el sindicato, si se combinan con el “nulo” crecimiento económico esperado en 2011 y las “elevadas” tasas de desempleo.
Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) consideró "imprescindible" fijar cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos con el fin de prevenir y corregir la desviación al alza de las previsiones del Índice de Precios de Consumo (IPC), ante el "riesgo" de pérdida de poder adquisitivo. El sindicato encabezado por Ignacio Fernández Toxo recuerda que el incremento salarial medio pactado para 2010 se situó en el 1,30 por ciento, esto es, 1,7 puntos por debajo del IPC, que cerró en el 3 por ciento.
La central se reafirma en los compromisos acordados en el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva 2010-2012, en el que se garantizaba, con el respaldo de los empresarios, fijar incrementos salariales de hasta el 1 por ciento en 2010, entre el 1 por ciento y el 2 por ciento para este año y entre el 1,5 por ciento y el 2,5 por ciento en 2012.
EL IVA, RESPONSABLE DE LA SUBIDA
El secretario de Estado se refirió además a los factores que influyeron en la subida de precios en 2010. Así, Campa afirmó que la subida del IVA que entró en vigor en septiembre es responsable de 5 ó 6 décimas del alza de los precios. Otros responsables de la subida son el tabaco y las bebidas alcohólicas, que contribuyeron a la subida en 2 décimas, tras encarecerse un 6,1 por ciento en diciembre. El resto de la subida se debió a la subida de los carburantes (un 3,8 por ciento en diciembre), transportes (un 1,9 por ciento), ocio y cultura (1,3 por ciento).
Con todo, Campa defendió que el avance de los precios “no debe entenderse como una reducción de la competitividad” de los productos españoles respecto a los de la UE. “No afecta a los productos que exportamos”, explicó, debido a que la “mayoría” de los grupos -vestidos, menajes, medicina y comunicaciones- “mantienen diferenciales negativos” con la Unión Europea (UE), concluyó.
Campa afirmó que, en el mercado de los bienes industriales, la inflación fue sólo del 0,6 por ciento, mientras que los costes laborales crecieron “sólo” un 0,3 por ciento, unas subidas “mucho más moderadas” que los precios de consumo, concluyó.
Rubalcaba niega que endurecer el despido sea un guiño a los sindicatos
El vicepresidente primero del Gobierno asegura que el borrador del Real Decreto en el que se endurecen los requisitos para acogerse a despidos objetivos por causas económicas habría sido "exactamente el mismo" si no se estuviera negociando la reforma de las pensiones con los sindicatos.
nuevatribuna.es | 14.01.2011
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que el borrador del Real Decreto en el que se endurecen los requisitos para acogerse a despidos objetivos por causas económicas habría sido "exactamente el mismo" si no se estuviera negociando la reforma de las pensiones con los sindicatos.
"Ni tiene que ver con pensiones ni cambia la posición del Gobierno ni el espíritu de la reforma laboral", ha añadido el vicepresidente primero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Rubalcaba negaba así que los cambios propuestos por el Gobierno en una parte del desarrollo reglamentario de la reforma laboral hayan sido una especie de guiño a los sindicatos para ganarse su apoyo en la reforma de las pensiones.
El vicepresidente, que ha desvelado que la reunión tripartita prevista para este viernes ya ha comenzado y que se incorporará a ella durante el almuerzo, ha considerado "razonable" que se sea más exigente en las condiciones para acogerse a despidos colectivos que en las de los despidos individuales, y que se pidan más garantías cuando se argumente una previsión de pérdidas que cuando éstas ya se han producido
UN ACUERDO GLOBAL PERO MUY DIFÍCIL.
Rubalcaba ha señalado que las negociaciones y contactos ya están englobando a empresarios y partidos políticos y que la intención es alcanzar un acuerdo sobre temas como las pensiones, la negociación colectiva y las políticas activas o incluso sobre la política energética y la industrial, temas que preocupan a todas las partes implicadas.
El vicepresidente ha indicado que el Gobierno va a intentar ese acuerdo, sabiendo que las reformas más eficaces son las consensuadas y que, si no hay acuerdo, el Ejecutivo tiene la responsabilidad y obligación de acometerlas.
"Nos vamos a esforzar por alcanzar ese consenso", ha subrayado Rubalcaba, que ha añadido que si el catálogo de temas es "amplio" mejoraría la confianza en la economía española. "Por esas dos razones, porque la agenda del Gobierno está condicionada y definida y porque sería muy bueno para la economía española, nos vamos a empeñar en el acuerdo", ha asegurado.
En cualquier caso, Rubalcaba, que ha dicho que no quiere levantar faltas expectativas, ha reconocido que en algunas de las cuestiones el acuerdo resulta "muy difícil", pero que se ha constatado que hay voluntad de dialogar. "Estamos todavía lejos, no quiero engañar a nadie", ha admitido.
El vicepresidente no ha querido desvelar en qué aspectos de la negociación las partes están más próximas para no desvirtuarla, pero ha insistido en que el Gobierno quiere ampliar la edad de jubilación a los 67 años, aunque con flexibilidad y un régimen transitorio. "Estamos trabajando sobre un esquema de flexibilidad que nos permita acercarnos a todas las partes", ha dicho.
La reunión prevista para hoy entre Gobierno, sindicatos y empresarios, la primera que reúne a las tres partes, ya ha comenzado y está siendo dirigida por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, según ha señalado Rubalcaba, quien se incorporará dentro de un rato a este encuentro, al que no asistirá la ministra de Economía, Elena Salgado.
Gobierno y agentes sociales se comprometen a "intensificar" la negociación
La reunión que mantenían Gobierno, sindicatos y patronal ha finalizado a las 17.00 horas del viernes con el compromiso de "intensificar" las conversaciones e incorporar a todas las fuerzas políticas al proceso, pero mantener el diálogo para la reforma de la negociación colectiva en el ámbito bilateral.
nuevatribuna.es | agencias | 14.01.2010
En un comunicado suscrito por el Ejecutivo, los sindicatos CC.OO. y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, en el que se da por iniciado "oficialmente" la negociación a tres bandas, se ponen de relieve las "dificultades" que entraña el proceso de negociación, aunque también la "voluntad por conseguir el entendimiento".
En la reunión de hoy, que ha contado con la presencia del vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se ha sumado en el almuerzo, los interlocutores han abordado la reforma laboral, las políticas activas de empleo y la reforma de la negociación colectiva, cuestión esta última en la que han coincidido en mantener el ámbito bilateral de negociación entre las organizaciones empresariales y sindicales.
Además, agentes sociales y Gobierno han expresado su intención de dar continuidad e "intensificar" las conversaciones incorporando a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario para hacerlas copartícipes del proceso.
El Gobierno acepta planteamientos sindicales para lograr el pacto global
Las posturas sobre las pensiones todavía alejan mucho a las dos partes
Pais, M. V. GÓMEZ / L. ABELLÁN - Madrid - 15/01/2011
Gobierno y sindicatos consideran un poco más cercano el pacto social que pretenden tras el arranque oficial de la negociación a tres bandas que iniciaron ayer. Con la incorporación de una patronal más dialogante al proceso, las partes confían en alcanzar un acuerdo amplio sobre los puntos clave de la economía española. Y para empezar con buen pie, el Gobierno no ha dudado en aceptar algunos de los planteamientos que los sindicatos han puesto sobre la mesa. Ese acercamiento excluye de momento las pensiones, el principal obstáculo para un pacto global que pretenden extender también a los grupos políticos.
La patronal se muestra con Juan Rosell más proclive al diálogo
El encuentro que mantuvieron ayer el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, con los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y el nuevo presidente de CEOE, Juan Rosell, representa la reanudación de un diálogo social que quedó roto el pasado junio ante el fracaso de una reforma laboral pactada. El principal logro fue que el Ejecutivo accediera a elaborar un plan contra el desempleo juvenil y el paro de larga duración, buscar una política industrial que regenere el sector secundario, pactar una política energética o dejar que sindicatos y patronal solos pergeñen la reforma de la negociación colectiva, si cumplen con el plazo que les da la reforma laboral (acaba el 19 de marzo). Bastante más rígida, de momento, es la postura del Gobierno sobre la reforma de pensiones, que sigue sin ceder un ápice en el retraso de la edad legal de jubilación a 67 años. Y los sindicatos no aceptan esa edad como referencia.
Este escenario es el que se dibujó ayer en una reunión de algo más de tres horas, que concluyó a media tarde con un comunicado conjunto en el que las partes se comprometen a seguir negociando para intentar alcanzar ese acuerdo global. Probablemente el próximo encuentro, ya con la incorporación de los equipos técnicos, tendrá lugar el lunes. Más allá de los contenidos, la gran novedad de ayer consistió en incorporar al proceso al nuevo presidente de CEOE. Fuentes de la negociación coincidieron en resaltar que el nuevo líder muestra una actitud mucho más dialogante y abierta a la consecución de acuerdos. "Se ve una mejor actitud y aptitud", apuntaba otra fuente al término del encuentro.
La valoración de la cita desde casi todas las partes al acabar era muy positiva. No es que hubiera avances concretos. "No se ha bajado a los detalles", apuntaba un conocedor de cómo había ido la reunión, que se apresuraba a aclarar que de lo que se trataba era de una primera toma de contacto, en la que se tenía que certificar la buena disposición que las tres partes habían mostrado en las jornadas previas y en los contactos bilaterales exploratorios.
Desde la órbita sindical comparten este análisis. Pero se muestran cautos. Subrayan que las posturas están distantes -la reforma de pensiones siempre aparece como un elemento central en su boca-. "Es muy difícil. Y a medida que se avanza en las conversaciones y llega al detalle, la dificultad se hace más evidente".
No obstante, las mismas fuentes sindicales admiten que lo sucedido en la última semana ha relajado la tensión existente hace semanas. Una prueba de ello ha sido el borrador del decreto regulador del despido colectivo. Los sindicatos no creen que sea suficiente la acotación sobre la "previsión de pérdidas" a que sean temporales. "Un decreto no puede contradecir a la ley. Eso solo lo hacía Romanones", afirma un alto dirigente de los trabajadores, pero él mismo reconoce que es un paso.
De 65 a 67: ¿razones sólidas en contra?
Pais, XAVIER VIDAL-FOLCH 15/01/2011
El Gobierno propone retrasar la edad de jubilación, desde los 65 años -teóricos: en realidad son 62,6- a los 67, con el sano objetivo de sortear la tenaza de mayores gastos (más jubilados futuros porque aumenta la esperanza de vida) y menos ingresos (porque habrá menos jóvenes cotizantes, al disminuir la natalidad). Algunos consideran que es la reforma "más indolora". Otros se oponen con los argumentos siguientes. ¿Son sólidos?
El atraso del retiro afecta desigualmente, según el nivel de renta: arréglese con fórmulas flexibles
- 1) Cálculo catastrofista. Sindicalistas y economistas radicales recuerdan que las reiteradas profecías de que el sistema de pensiones entraría en crisis son muy antiguas. Varios estudios publicados por bancos y cajas en los noventa anticipaban desbalances. Y el más sangrante, el del chileno José Piñera, para el Círculo de Empresarios y la Bolsa de Madrid, Una propuesta de reforma del sistema de pensiones en España (1996), aseguraba que estaba "abocado a la quiebra", quizá para apoyar los planes privados, como su autor había promovido desde el Gobierno Pinochet. La realidad los desmintió: la Seguridad Social sigue ostentando superávit, aunque menguante.
Pero, sesgos interesados aparte, en este siglo han ocurrido fenómenos súbitos que ni aquellos autores ni nadie habría previsto. De emisor de emigrantes, España se convirtió en receptor de inmigrantes; las mujeres se incorporaron crecientemente al empleo. Por eso, el número de activos pasó de 13,5 millones en 1998 a 19 millones en 2008.
Las previsiones a plazo más largo conllevan aún más riesgo de error, aunque ya se sabe que a largo plazo, todos calvos. ¿Implica eso que no deban hacerse?, ¿que debamos actuar como cigarra gastona y no como hormiga prudente? Significa que deben introducirse modulaciones flexibles y automáticas. Bastantes países europeos que han aumentado la edad de la jubilación, la han ligado a la evolución de la esperanza de vida y/o al nivel de crecimiento del PIB. Errarán menos.
- 2) Mecanismo injusto. El retraso es injusto porque perjudica más a los más pobres, se argumenta. Algo de eso, incluso bastante, puede haber. El segmento social de mayor renta vive diez años más que el de menor ingreso, al estar mejor alimentado y exhibir más salud: al atrasarse la jubilación, los más pobres disfrutarán de menor plazo de descanso retribuido que los más ricos. Pero eso tiene solución: otra vez la flexibilidad, introduciendo una escala "redistributiva" de edades de retiro según los ingresos, de modo que los de mayor renta se retiren más tarde que los demás. Se dice también que el retraso perjudicará según el corte generacional, porque a los jóvenes sin empleo les costará más encontrarlo: pero lograrán jubilarse con mejor pensión cuanto más rápido se haga la reforma. Y si puede provocar una reducción de la pensión media de entre el 12% al 15% para quienes se jubilen forzosamente por causa de despido, a esa casuística también se le pueden aplicar paliativos.
- 3) Diktat del mercado. Como el retraso de la jubilación saltó a la palestra hace un año, en el plan de austeridad español al inicio de la crisis griega, se dice que es un tributo al becerro de oro del mercado de la deuda o una imposición de la UE, que arruina así la soberanía española. Argumento provinciano. Olvida que la UE viene ocupándose desde hace mucho tiempo de la sostenibilidad de sus sistemas de pensiones, pilar del Estado del bienestar.
En los últimos años, 17 Estados miembros han retrasado la edad del retiro. Entre ellos, países tan leves como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Los dos primeros la han atrasado... ¡dos años! Dos sesudos papeles evidencian esos esfuerzos. Uno, sobre el envejecimiento (The 2009 Ageing Report, Comisión Europea, European Economy, 2/2009, y el informe del Ecofin 684/SOC 732, del 8 de noviembre pasado). Claro que pueden contener errores. Pero también albergan, sobre todo el segundo, compromisos rotundos. Y los europeos serios, aunque sean españoles, honran su palabra.
Prejubilaciones, una grieta en el sistema de pensiones
Los sindicatos son partidarios de vigilar su uso para evitar la sustitución de empleados de más edad por jóvenes peor pagados
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Con menos de 60 años y fuera del mercado laboral. En medio de las negociaciones sobre la reforma de las pensiones salen a la luz algunas grietas del sistema. Por ejemplo, hasta qué punto es coherente ampliar la edad de jubilación para mejorar la sostenibilidad del sistema mientras algunas empresas, incluso con beneficios, prejubilan a cientos de trabajadores con el consiguiente coste social y gasto para el Estado.
El número de prejubilaciones no se conoce con exactitud puesto que no se trata de una figura reconocida legalmente. Es un acuerdo privado entre una empresa y sus trabajadores con unas condiciones que varían de un caso a otro. En la mayoría de las situaciones, las prejubilaciones son onerosas para el Estado, ya que se tiene que hacer cargo de la prestación de paro de unos trabajadores que podrían seguir en el mercado laboral. Le puede suponer además dejar de percibir cotizaciones antes de la edad legal de jubilación de esos empleados, y tener que desembolsarles una pensión antes de los 65 años.
"Es una modalidad en contra de la ampliación de la edad de jubilación"
"Es una modalidad en contra de la tendencia natural de lo que se está proponiendo con la ampliación de la edad de jubilación", afirma el profesor del IESE, Sandalio Gómez, que opina que si las empresas quieren prejubilar no se les debería permitir que envíen a esos trabajadores al desempleo durante dos años. "Que lleguen a un acuerdo con los empleados desde el primer día y sean ellos los que paguen", afirma.
Gómez tampoco ve coherente que las empresas que prejubilan accedan al mismo tiempo a subvenciones o ayudas públicas, como, por ejemplo, está sucediendo con las cajas de ahorros, que pueden acceder al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) mientras van a a prejubilar a unas 20.000 personas, según estimaciones de los sindicatos. Son precisamente las grandes empresas y el sector financiero los que más prejubilaciones llevan a cabo, porque son también los que pueden permitírselo económicamente.
Los últimos datos disponibles muestran que 356.596 personas de entre 60 y 64 años perciben una pensión de jubilación. Sin embargo, esta cifra no corresponde cien por cien al número de personas que se hayan prejubilado, ya que también incluye otras figuras como, por ejemplo, la de jubilados anticipados. Además, los prejubilados menores de 60 años no cobran aún una pensión y, por tanto, no aparecen en esas cifras.
Las empresas pueden prejubilar y recibir a la vez subvenciones
Gómez llegó a contabilizar hasta 40.000 prejubilaciones en un año durante la década de los noventa. El ritmo se moderó y el número de prejubilaciones parece ser ya menos elevado. Sin embargo, con frecuencia el uso que se hace de ellas es perverso, con el único objetivo de expulsar a los trabajadores de más edad, y con más costes salariales, para sustituirlos por jóvenes con salarios más bajos.
Expedientes de empleo
Son los sindicatos los que aprueban muchos expedientes de regulación de empleo que incluyen prejubilaciones como forma menos traumática de dar salida a los trabajadores. "No es coherente con lo que ahora se debate, pero nos vemos obligados a solucionar problemas concretos de sectores concretos del día a día", admiten desde CCOO. No obstante, el sindicato denuncia la forma en la que muchas se llevan a cabo, para rejuvenecer las plantillas y abaratar la mano de obra. "El problema es, otra vez, de modelo productivo, crecen los ERE y las fórmulas de abaratamiento de costes porque estamos empeñados en competir por costes en lugar de por valor añadido", remarcan.
Son las grandes compañías y la banca las que más usan esta fórmula
"Queremos que sean justas y que no sirvan para expulsar trabajadores porque sí, trabajadores que además pueden seguir desarrollando su trabajo", afirma la secretaria de política social de UGT, Carmen López. Por otro lado, el profesor del IESE asegura que la única forma de limitar las prejubilaciones es que la autoridad laboral no apruebe expedientes de regulación de empleo sospechosos. En ese sentido, los sindicatos reclaman que la inspección de trabajo esté más alerta.
Jubilación parcial
Otro de los asuntos sobre la mesa es la jubilación parcial, una figura impulsada en tiempos del PP. El secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, aseguró el jueves que el Gobierno ha propuesto eliminarla, algo que no gusta a los sindicatos, que rechazan su desaparición porque permite contratar a otros trabajadores, especialmente a jóvenes, mientras el jubilado parcial sigue contribuyendo al sistema. "No entendemos que se rompa esta figura, haría incluso que hubiera menos puestos de trabajo disponibles para los jóvenes", asegura Carmen López.
UGT y CCOO piden más vigilancia de las autoridades laborales
Para CCOO, la jubilación parcial es "un instrumento interesante" que permite rejuvenecer plantilla al mismo tiempo que se evita que se amorticen empleos. El problema, como en otros casos, es "el uso inadecuado" de ella que hacen algunas empresas. "Muchas veces el nuevo trabajador no tiene las mismas condiciones laborales, especialmente en el salario, y muchos son temporales cuando están sustituyendo a empleados que eran fijos", explican.
En cualquier caso, se trataría de recuperar la filosofía de esta figura y no de eliminarla. "Si se endurecen las fórmulas de protección, como la jubilación, y al mismo tiempo no se garantiza el empleo, lo que se genera son bolsas de personas desprotegidas", aseguran desde CCOO.
Diferentes tipos de retiro
¿Qué es una prejubilación?
Es un acuerdo privado entre una empresa y sus empleados (que tienen que tener menos de 60 años, puesto que a esa edad ya podrían acceder a la jubilación anticipada), que dejan la plantilla pero sin estar despedidos de forma ordinaria. No es, por tanto, una figura reconocida como tal por la Seguridad Social. Normalmente, los trabajadores que se prejubilan van al desempleo durante dos años y la empresa completa el subsidio con una parte del salario. Una vez agotado el desempleo, la empresa se hace cargo de la cotización y del sueldo (en un porcentaje establecido de antemano, normalmente elevado hasta llegar incluso al 100%) de su anterior empleado. Una vez que llegan a los 60 años (o más, según el acuerdo), los prejubilados pasan a ser jubilados ordinarios y cobran su pensión, a veces también con un complemento de la empresa.
¿Por qué son costosas para el Estado?
En primer lugar, porque el Estado se hace cargo de la prestación y subsidio de desempleo de esos trabajadores. Supone un ahorro de dos años para las empresas: aunque complementan la prestación de paro, en ese periodo no le pagan el salario al empleado ni cotizan por él, como sí hacen una vez que se agota el subsidio del trabajador. Además, al llegar a los 60 años esos trabajadores ya pueden jubilarse anticipadamente por lo que la Seguridad Social deja de percibir prematuramente las cotizaciones y paga las pensiones.
¿Qué la diferencia de la jubilación anticipada?
La jubilación anticipada sí es una fórmula legal: un trabajador se jubila a partir de los 61 años, aunque se le aplica un coeficiente reductor a su pensión por cada año que adelanta su jubilación.
¿Qué es la jubilación parcial?
Un trabajador de más de 60 años reduce su jornada laboral en un porcentaje que oscila entre el 25% y el 75% (excepcionalmente hasta el 85%), cobra parte de su pensión y continúa cotizando. Al mismo tiempo, la empresa contrata a un nuevo trabajador para cubrir ese puesto. Esta fórmula ya se endureció en la reforma laboral.
Zapatero: "Lo que hay que hacer ahora son reformas, reformas y reformas"
El presidente del Gobierno defiende la propuesta del Gobierno para reformar las pensiones y las medidas para contener la especulación de los mercados
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, continúa defendiendo la propuesta del Gobierno para reformar las pensiones, la reestructuración de las cajas y las medidas para contener la especulación de los mercados.
En una entrevista ofrecida en formato de vídeo por el diario Financial Times en su página web, Zapatero reitera que las elecciones se celebrarán en 2012, como está previsto, y que ahora lo que hay que hacer es "reformas, reformas y reformas".
La entrevista, que sucede a otra publicada en el mismo periódico en formato de texto horas antes, fue hecha, según advierte el diario, el 13 de enero de 2011.
En la misma, el presidente del Gobierno analiza, como cuestiones más destacadas, las medidas tendentes a convencer a los mercados de que España cumple sus compromisos; las reformas de las Cajas; la implicación de los países europeos en la búsqueda de soluciones a la crisis y, especialmente, la de Alemania; su continuidad al frente del Gobierno hasta 2012 y la evolución de los mercados en las jornadas inmediatamente anteriores a la grabación de la entrevista.
¡Firmeza en defensa de las pensiones públicas!
Comunicado de ATTAC España, 2011-01-17
El Gobierno, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea (UE), los grandes medios de comunicación: todos coinciden en que el colapso del sistema público de pensiones es inevitable si no se acometen profundas reformas ya, en particular el aumento de la edad de jubilación. En los años ‘50 -cuando España gastaba el 3% de su Producto Interior Bruto (PIB) para las pensiones- economistas liberales preveían el colapso en 50 años. De hecho, en 2005 se registró un superávit del 1,1%, contrariamente a todas estas previsiones. Incluso en un año muy negativo para la economía, el 2008, el sistema de seguridad social registró un superávit del 1,31% del PIB.
Todas estas previsiones científicamente falsas esconden un único objetivo: permitir a los bancos y al sistema financiero apoderarse del jugoso negocio de las jubilaciones públicas. Después que las arcas públicas hayan sido vaciadas para salvar a los bancos de la quiebra, a la que ellos mismos iban destinados a causa de sus maniobras especulativas, ahora los “mercados” y sus representantes pretenden que sean tod@s l@s ciudadan@s los que paguen las cuentas con los “planes de austeridad”.
Estos planes conllevan reducción de sueldos y de gasto social, y privatización de servicios públicos, limitando su universalidad y determinando su acceso según el poder de compra. Al mismo tiempo los beneficios empresariales del sector financiero siguen en bonanza, como si nada hubiera pasado.
La gestión privada de los servicios públicos acarrea mayores costes administrativos, menor atención a las necesidades de los ciudadanos y privilegia las necesidades de los “clientes” más ricos. Además, no se puede dejar el futuro de los jubilados a la merced de las incertidumbres de los mercados. Entre marzo 2008 y marzo del 2009 la rentabilidad de los fondos de pensiones privados ha sido del -6,37% (¡negativa!). Rentabilidades negativas no ocurren solo durante momentos de gran crisis económica como el que estamos viviendo. Entre 1970 y 2007 -en plena “bonanza neoliberal”- se han registrado 117 crisis bancarias en 93 países, y 113 episodios de “estrés” financieros en 17 países.
La sociedad española quiere un sistema de pensiones público, solidario y redistributivo. Una encuesta de la Fundación BBVA en 2009 desveló que el 57,8% de la población prefiere pagar impuestos más altos para mantener un amplio sistema de protección social; el 75,1% piensa que el Estado tiene la responsabilidad principal de asegurar un nivel de vida digno a los ciudadan@s; el 97,4% piensa que el Estado tiene “mucha” o “bastante responsabilidad” a la hora de asegurar una pensión suficiente. Quienes quieren privatizar las pensiones son una pequeña minoría de la población, que tiene un interés personal en el asunto pero -lamentablemente- también una influencia desproporcionada en los círculos políticos y en los medios de comunicación. En contra de este circo mediático la ciudadanía ya se ha expresado con la huelga general del 29 de septiembre. Los militantes de ATTAC son parte de esta ciudadanía comprometida y exigen a los sindicatos firmeza en las negociaciones con el gobierno en defensa de las jubilaciones de todos, para el inmediato retiro de la reforma laboral y de los planes de austeridad.
ATTAC propone fortalecer el sistema público de pensiones actuando sobre los elementos económicos que garantizan su viabilidad para las generaciones futuras. Se necesita más inversión pública para disminuir el desempleo y el empleo precario, aumentar los salarios, promover una distribución más equitativa de la renta, aumentar la productividad del trabajo y su calidad a través de más inversiones en I+D, combatir la economía sumergida y el fraude fiscal, abolir los paraísos fiscales y favorecer las políticas de inserción de la mujer en el mercado de trabajo.
Todo esto el “mercado” no va a conseguirlo. Además los jubilados deben cobrar una pensión digna y adecuada al nivel de la riqueza de nuestro país ¡ya! El gasto social en España es el 62% del promedio de la UE-15. España destina el 19,7% del PIB (datos de 2005) a gastos de protección social, contra el 28,3% de UE-15 (datos elaborados por el economista Vicenç Navarro). Si nos limitamos a los gastos para pensiones de vejez, invalidez o supervivencia, España está en el penúltimo lugar en la UE-15 (datos del 2003) con el 9,8% (14,7% en Alemania). La única reforma que ATTAC revindica es al aumento inmediato de las prestaciones sociales al nivel de los países de nuestro entorno económico.
El PSOE recurre a Caldera para que defienda la reforma de las pensiones
El ex ministro -que desplaza a Isabel López i Chamosa- se encargará de defender la posición de los socialistas durante el Pleno del Congreso que debatirá las conclusiones de la Comisión del Pacto de Toledo, que se celebrará la próxima semana.
El diálogo social entra en detalles
El PP dice que el Gobierno sólo le sondea
El Gobierno niega que esté dispuesto a suavizar la reforma
Los actores se comprometen a "intensificar" la negociación
El PP dice que el Gobierno sólo le sondea
El Gobierno niega que esté dispuesto a suavizar la reforma
Los actores se comprometen a "intensificar" la negociación
nuevatribuna.es | 18.01.2011
El PSOE ha decidido recuperar a Jesús Caldera -ex ministro de Trabajo y vicepresidente de la ‘Fundación Ideas’- para las negociaciones con la oposición en torno a la reforma de las pensiones. La llegada del ex ministro –que defenderá la posición del PSOE la próxima semana en el Pleno del Congreso- coincide con el inicio de una nueva protesta desde la orilla sindical. Mañana miércoles, los sindicatos procederán a ocupar diversas sedes del Instituto de la Seguridad Social, mientras, por otro lado, continúan las negociaciones que persiguen la firma de un gran pacto global.
El PSOE recupera a Caldera cuando el Gobierno, los sindicatos y la CEOE prosiguen los contactos para intentar acordar un pacto global sobre la crisis. En la reunión de ayer lunes, además de la reforma de las pensiones, el desarrollo de la reforma laboral y las políticas activas de empleo, las partes trataron las políticas industrial y energética, así como cuestiones vinculadas al área de ciencia e innovación.
Caldera subirá a la tribuna del Pleno del Congreso de los Diputados el próximo martes día 25 para defender la posición del Grupo Socialista en el debate sobre el informe de la Comisión del Pacto de Toledo para la reforma de pensiones, en lugar de la representante socialista en la comisión, Isabel López i Chamosa, del PSC.
Fuentes socialistas han asegurado que el objetivo de esta designación es "reforzar y mejorar la coordinación" entre el grupo parlamentario y el partido en esta "fase crucial de la negociación" con patronal y sindicatos, ya que Caldera reúne la doble condición de diputado y miembro de la Ejecutivo Federal del PSOE.
Además, se le considera la "persona idónea" para llevar a cabo la negociación por su condición de ex ministro de Trabajo durante la primera legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de quien fue portavoz en el Congreso en la etapa de oposición.
En cualquier caso, en el PSOE destacan la "excelente labor" de López i Chamosa y subrayan que la diputada catalana mantendrá su puesto en la Comisión del Pacto de Toledo.
TOXO PIDE AL GOBIERNO QUE “NO SE FÍE”
Mientras tanto, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha advertido al Gobierno de que "no debe fiarse" sobre el transcurso de las negociaciones, porque los sindicatos están en condiciones de convocar una huelga general en cualquier momento. "Del estado de resignación, que es en el que parece que confía el Gobierno, se puede pasar a la expresión pública del conflicto en muy poquito tiempo", ha dicho.
El dirigente sindical ha insistido en que, dentro de la negociación de la reforma de pensiones, el problema fundamental sigue siendo el retraso obligatorio de la edad de jubilación hasta los 67 años, así como los años cotizados que se necesitarían para acceder a derechos máximos de pensión. Sobre este último punto, Toxo ha calificado de "excesiva" la idea del Gobierno de pasar de 35 a 41 años, porque eso, ha avisado, "lesionaría bastante seriamente los intereses de una franja creciente de trabajadores".
Asimismo, Toxo se ha mostrado partidario de restringir el uso abusivo de las jubilaciones anticipadas. En su opinión, éstas deberían quedar restringidas a situaciones de crisis o delicadas de las empresas, que de otra manera pudieran derivar en el cierre o en un problema serio de viabilidad de las mismas.
En cualquier caso, y pese a ser favorable a la restricción de su uso, Toxo ha apuntado que, en términos financieros, las jubilaciones anticipadas resultan "neutras" para la Seguridad Social. "Me atrevería a decir, con los datos de los que disponemos, que en estos momentos la Seguridad Social se está beneficiando financieramente de las salidas anticipadas", ha añadido.
TRABAJO, “ENCANTADO” CON LA APERTURA DEL DIÁLOGO SOCIAL
Por su parte, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha asegurado estar "encantado" con que las conversaciones para buscar un acuerdo global con los agentes sociales hayan incluido la política industrial y energética tras los encuentros celebrados en el día de ayer.
Tras clausurar unas jornadas sobre incapacidad laboral, Granado negó sentirse "molesto" con que los contactos entre Gobierno, sindicatos y empresarios hayan derivado más allá de las discusiones de la reforma de las pensiones, el tema de discusión que sentó a las partes.
El secretario de Estado no quiso hacer ninguna valoración sobre el devenir de las reuniones alegando que el "éxito" de cualquier conversación pasa por la "discreción", pauta habitual desde que se retomara el diálogo social la semana pasada.
GÓMEZ SE REÚNE CON LOS AUTÓNOMOS
Por otro lado, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, se reunirá mañana miércoles con las organizaciones de autónomos ATA y UPTA para hablar de la reforma del sistema de pensiones.
Según ha explicado el Ministerio, esta reunión se produce a solicitud de ambas asociaciones de autónomos, que han pedido a Trabajo que les explique los efectos que la reforma de pensiones puede tener sobre el colectivo.
La cita con ATA y UPTA se celebrará en medio del proceso negociador que ha iniciado el Gobierno con sindicatos y patronal para tratar la reforma del sistema de la Seguridad Social, donde una de las principales propuestas del Ejecutivo es la de retrasar la edad de jubilación de manera obligatoria hasta los 67 años.
En este sentido, ATA ha defendido que el alargamiento de la vida laboral de los trabajadores más allá de los 65 años se realice de manera "voluntaria e incentivada" y ha rechazado que se fije la jubilación obligatoria a los 67 años.
En línea similar se ha expresado UPTA, que ha advertido de que esta medida resultaría "especialmente injusta" con los autónomos, cuya edad de retiro real corresponde a los 65 años efectivos y no a los casi de 63 años del resto.
El diálogo social entra en detalles
Las negociaciones por un gran pacto social entran esta semana en aspectos concretos sobre la reforma de las pensiones. El líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, se muestra a favor de las reformas, aunque no en la línea emprendida por Zapatero.
nuevatribuna.es | 17.01.2011
El Gobierno intenta avivar el fuego donde se está forjando un gran pacto social. Fuera de los focos, las reuniones continúan. Los empresarios, el Gobierno y los sindicatos persisten en su intención de sellar un acuerdo, sobre un ramillete de asuntos que incluye pensiones, reforma laboral, política energética, y donde también se espera la participación del PP. Sin embargo, queda lo más arduo. Hasta ahora sólo se ha entrado en cuestiones muy generales. Faltan los detalles técnicos y aquí, según prevé CEOE, lo normal es que se oigan los primeros chirridos en el coro de voces que se esfuerza por lograr un gran acuerdo económico.
El ministro de Fomento, José Blanco, auguró hoy “un importante acuerdo” tras la ronda de negociaciones emprendida por los agentes sociales y el Gobierno. "Podrá haber un acuerdo muy importante para España", concretó el ministro. En su opinión, este pacto dará tranquilidad a la sociedad. Y demostrará la responsabilidad de los agentes sociales y económicos.
CEOE, que participa en las negociaciones tras los cambios en su dirección, ha reconocido que el acuerdo es “difícil”, según dijo su secretario general, José María Lacasa. A su juicio, la negociación no ha encallado porque aún no se han tratado cuestiones técnicas. Precisamente, Lacasa ha indicado que esta semana se van a tocar los aspectos más técnicos de la negociación, en el marco de una agenda abierta de temas.
Por su parte, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, se ha mostrado a favor de acometer reformas en España, pero ha advertido de que la línea por las que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está conduciéndolas "no auguran un buen futuro en lo social ni un buen presente en lo económico".
Toxo ha vuelto a reiterar que, de momento, la huelga general está descartada pues se ha conseguido volver a la negociación en varios frentes (pensiones, negociación colectiva, y reforma laboral). Sobre ésta última, se ha mostrado partidario de poner en marcha un plan de choque para jóvenes y parados de larga duración que les permita encontrar más oportunidades de empleo.
El líder de CCOO ha precisado además que los sindicatos nunca han planteado que los partidos políticos entren a formar parte del diálogo social, sino que sean capaces entre todos de alcanzar un pacto global en varias materias, como la política energética, pero cada uno en su escenario.
"Más que escenificar una foto donde todos estemos reunidos, deben compartir objetivos y hacerlos visibles en las votaciones en el Parlamento", ha dicho Toxo. El dirigente sindical ha explicado que con el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha hablado últimamente en varias ocasiones y le ha pedido que diga qué piensa del futuro de la protección social en España "ahora que corren tiempos tan negativos en Europa".
La CEOE se muestra optimista y dispuesta hacer cesiones por un gran pacto
Juan Rosell pide a la oposición que actúe "en clave de país" y no "en clave electoral" de cara a las reformas
Pais, JESÚS EIJO CÁNOVAS - Madrid - 19/01/2011
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, se ha sumado al optimismo manisfestado ayer por la ministra económica, Elena Salgado, de cara a un posible acuerdo sobre la reforma de las pensiones. La patronal está dispuesta, además, a hacer "lo que haga falta" para alcanazar una gran pacto social "siempre que el Gobierno y los otros grupos parlamentarios se pongan de acuerdo", según ha afirmado su presidente.
Después de la junta directiva de la CEOE -en la que Rosell ha informado a sus miembros del estado de las negociaciones entre el Gobierno, los sindicatos y la propia patronal acerca de la reforma de las pensiones y un posible pacto general-, el representante de los empresarios ha ofrecido una rueda de prensa en la que se ha mostrado conciliador y, según sus propias palabras, "pactista". Ha valorado los esfuerzos de todas las partes, sindicatos incluidos, por acercar posturas y ha ensalzado repetidas veces la voluntad del Gobierno de hacer reformas.
Pero ahora hay que hablar de números; unos "números complicados", ha reconocido Rosell, que ha preferido no especificar en público los datos concretos que la CEOE está defendiendo en las negociaciones sobre la edad de jubilación o el periodo de cómputo para calcular las pensiones. El motivo es que, según ha dicho, "no se puede ir a un programa de máximos", sino que hay que negociar y modificar algunos de los planteamientos propios. Rosell ha asegurado que la patronal está dispuesta a hacer concesiones en este sentido: "Hasta que nos quememos", ha enfatizado.
En un posible pacto global, que incluya el desarrollo reglamentario de la reforma laboral o las políticas activas de empleo, entre otras cuestiones, la CEOE considera "necesario" el acuerdo con otros grupos parlamentarios, no solo entre agentes sociales y Gobierno. Pero Rosell también ha enviado un mensaje firma a esos grupos -principalmente al mayoritario, el Partido Popular-: "Me gustaría que la oposición no actuara en clave electoral, sino en clave de país".
La CEOE considera que las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre las pensiones "van en la buena dirección" y que "ahora hay que seguirlas e incluso ser más ambiciosos". Algunos de los puntos principales de esas recomendaciones son alargar el periodo de cómputo de vida laboral para calcular las pensiones, frenar las prejubilaciones o dejar de revisar anualmente la pensión según la evolución de los precios y tomar como referencia otros indicadores, como los salarios. Estas consideraciones se plantearán en el Congreso el próximo martes, y el viernes se terminará el plazo impuesto a las negociaciones.
El representante de los empresarios también ha expresado su preocupación por la "difícil" situación económica y el "nulo incremento de la financiación" para incrementar la actividad. En referencia a los rifirrafes entre Cataluña y el Ejecutivo central por el endeudamiento de la primera, Rosell ha concluido que "el Gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante para reducir el déficit, y también tienen que hacerlo las comunidades autónomas y las corporaciones locales".
La 'hucha' de las pensiones evita que la Seguridad Social entre en déficit
Los intereses del fondo de reserva enjugan el recorte en los ingresos por cotizaciones y el aumento de los gastos por paro.- El sistema cierra el año con unos excedentes de 2.382 millones, un 0,22% del PIB
EL PAÍS - Madrid - 19/01/2011
El persistente aumento del paro y la caída de los ingresos por cotizaciones han exigido a lo largo de 2010 un duro esfuerzo a las arcas de la Seguridad Social, la única entre las administraciones públicas que logra mantenerse en superávit tras tres años de crisis aunque sea a costa de las reservas acumuladas en los años de bonanza. Según ha informado hoy el Ministerio de Trabajo, los excedentes de la Seguridad Social se han reducido en un 72% al cierre del pasado año hasta los 2.382,97 millones de euros, lo que equivale a un 0,22% del PIB. No obstante, de no ser por los 2.660 millones que el organismo ha ingresado por los intereses del fondo de reserva de las pensiones, que es la hucha donde se guardan los excedentes de ejercicios anteriores para asegurar las prestaciones, el sistema hubiera cerrado el año con unos 278 millones de déficit.
El fondo de reserva, creado en 2000 para garantizar el pago de las jubilaciones ante un eventual empeoramiento de la situación, cuenta con unos 65.000 millones de euros después de la inyección de 1.740 millones que el Gobierno aprobó el pasado febrero con cargo a los excedentes de 2008. La ley obliga a invertir el dinero del fondo en deuda pública, un activo considerado tradicionalmente como de escaso riesgo. En 2010, estas inversiones reportaron a la Seguridad Social 2.660 millones, unos 600 millones más de lo esperado a principios de año.
Los ingresos derivados de las inversiones realizadas con el fondo han permitido enjugar la desviación en los ingresos de la Seguridad Social frente a lo que el Gobierno tenía previsto a principios de año. En concreto, el sistema ha recaudado 1.220 millones menos por las cotizaciones de los trabajadores, lo que supone un descenso del 0,60% frente a las estimaciones iniciales. Por culpa de este recorte, el total de los ingresos no financieros se ha quedado a 1.043 millones de alcanzar su objetivo y ha acabado en 122.484 millones de euros.
En el lado contrario, los 400 millones que el Estado ha tenido que pagar a los jubilados por la desviación de la inflación han elevado la partida de las pensiones contributivas hasta los 95.714 millones, lo que supone un avance del 6% frente a lo que gastó en 2009. Este factor fue el principal responsable de que el desembolso total realizado por la Seguridad Social durante el pasado ejercicio se fuese a los 120.101 millones, unos 550 millones más de lo calculado y un 4,55% más que el gasto total de las operaciones financieras del año anterior. Por tanto, si al total de gasto se le restan los ingresos una vez deducidos los intereses del fondo, esto es 119.823 millones, el resultado es un desequilibrio entre lo que entra en la caja y lo que sale de 278 millones.
No obstante, como el resultado ha sido positivo independientemente de la manera a la que se ha llegado a él, el Gobierno espera utilizar este superávit de la Seguridad Social, que ha alcanzado las previsiones con el 0,22% del PIB, para reducir el déficit del resto de Administraciones Públicas. En concreto, el Ejecutivo confía en que los excedentes del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, junto a la previsión de que el Estado cerrará 2010 con un déficit unas décimas por debajo del 6,7% calculado a principios de año, permitirán contrarrestar el incumplimiento de las comunidades para cumplir con el 9,3% comprometido ante Bruselas. A falta de conocer los datos definitivos de ejecución presupuestaria de las autonomías, se espera que superen el 2,4% anunciado dentro del plan de consolidación fiscal para volver al límite oficial del 3% en 2013.
Tranquilidad en las concentraciones sindicales contra el retraso de la jubilación
UGT y CC OO han 'ocupado' simultáneamente 85 sedes del INSS en toda España
Pais, EVA SÁIZ - Madrid - 19/01/2011
Tal y como habían advertido, los delegados sindicales de UGT y CC OO se han concentrado simultáneamente esta mañana en 85 sedes provinciales y comarcales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para protestar contra la decisión del Gobierno de retrasar la edad de jubilación a los 67 años.
Las "ocupaciones pacíficas", como las ha denominado el secretario de Organización de CC OO, Antonio del Campo, han transcurrido sin ningún tipo de incidentes. "Se trata de actos simbólicos en los que queremos informar a los ciudadanos de sus derechos y de que no hay ninguna razón que justifique alargar su jubilación", ha comentado por teléfono y en plena concentración en la sede del INSS de Ceuta, Ramón del Valle Inclán, secretario de organización de CC OO en esa localidad. Únicamente ha habido problemas en Murcia, donde miembros de la policía estaban esperando a los delegados sindicales y les han impedido acceder al edificio. "La concentración se ha tenido que hacer en la calle. Entendemos que el clima, tras la agresión al consejero, no era el mejor", ha explicado Del Campo. El director de la sede de la dirección provincial del INSS en Murcia ha corroborado que ha sido la delegación de Gobierno la que ordenó la presencia de la policía en el edificio pero que no ha existido ningún tipo de tensión. "Yo mismo estaba presente cuando han llegado los secretarios de los sindicatos y no ha habido problema. De hecho la policía no les ha impedido la entrada en ningún momento".
Esta impresión de tranquilidad también es compartida por los responsables de las sedes ocupadas. "No se ha producido ningún tipo de incidente y se ha podido trabajar normalmente", han indicado desde Valladolid, en cuya oficina de la calle Gamazo se han concentrado un centenar de personas. Son las mismas palabras que han pronunciado desde el INSS de la calle Serrano de Madrid (donde han entrado 150 delegados), San Sebastián (30), Pamplona, Alicante (60) o Valencia (100).
Las concentraciones han durado entre media y una hora y durante los encierros se han repartido hojas informativas entre las personas presentes. En cuanto al seguimiento, los sindicatos se muestran satisfechos. "Han oscilado entre 40 o 50 personas en las provincias pequeñas y 300 en las más grandes", ha indicado Del Campo. Según los datos ofrecidos por CC OO, en toda España las ocupaciones han congregado a 8.000 miembros, teniendo en cuenta que en Cataluña y Andalucía se han retrasado al día 20 y 25 respectivamente. Sin embargo, en algunos lugares las cifras no concuerdan. Del Campo calcula que en Oviedo han concurrido 300 delegados en la sede de la Tesorería de la Seguridad Social, mientras que su responsable afirma que únicamente se han presentado 80.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se ha mostrado convencido de que estas concentraciones de los sindicatos contra la reforma de las pensiones no van a perjudicar a las negociaciones que mantiene el Gobierno con los agentes sociales.
Ocupan la sede de la Seguridad Social como protesta por el retraso de la jubilación
Efe | Valencia
Mundo, miércoles 19/01/2011 21:17 horas
Delegados de los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical Valenciana han ocupado este miércoles la sede provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Valencia para protestar contra el retraso en la edad de jubilación a los 67 años y exigir avances en la negociación de la reforma laboral.
Alrededor de un centenar de sindicalistas se han concentrado en el exterior de la sede con banderas y pancartas en contra de la jubilación a los 67 años, mientras que en el interior una quincena de personas han protagonizado una sentada y han coreado lemas como "trabajo para todos", "ni un paso atrás" o "no nos moverán".
El secretario general de CCOO, Paco Molina, ha explicado que el objetivo de esta medida, que se ha desarrollado simultáneamente en toda España, es denunciar que no hay "ni una sola" razón que justifique la propuesta del Gobierno de alargar la edad de jubilación
Ha insistido en que, a pesar de la situación económica, productiva y de empleo "lamentable" de los tres últimos años, el sistema público de la Seguridad Social "es rentable", por lo que la propuesta del Gobierno es "absolutamente ineficaz", "insolidaria" e "ineficiente" para resolver los problemas.
Un acuerdo 'de largo recorrido'
Molina ha reivindicado que CCOO trabaja para lograr un acuerdo social y político "de largo recorrido, que venga a consensuar las reformas con carácter estratégico que verdaderamente están afectando al empleo, a la economía y a la producción de este país", frente a estrategias basadas en el recorte de derechos y la eliminación de la protección social.
Además, ha anunciado que, si el Gobierno insiste en alargar la jubilación a los 67 años y "boicotea" la posibilidad de un consenso más amplio sobre reformas estratégicas, CCOO convocará automáticamente una reunión de sus órganos de dirección para dar "la respuesta adecuada a una nueva agresión" al modelo de estado y de derechos, "sin descartar ninguna de las posibilidades".
El secretario general de UGT PV, Conrado Hernández, ha explicado que este acto pretende conseguir "que toda la clase política, empresarial y sindical" cierre un acuerdo en el que todo el mundo esté implicado y permita ir a la UE y decir que España se merece poder generar pronto empleo, con derechos y de calidad.
Un error 'de salida'
Para Hernández, la propuesta de jubilación a los 67 años "es un error de salida del Gobierno", pero ha reivindicado que se analice "el conjunto", ya que hay más actividades dentro del posible acuerdo y se debe hacer una valoración global.
En su opinión, "no es lógico ni coherente" que, ante un escenario de 4'6 millones de parados en España, 600.000 en la Comunitat Valenciana, "la clase política no se implique" ni se pueda tener "un gran acuerdo a nivel general entre CCOO y UGT".
Para Hernández, es posible avanzar en el pacto, pero no "a cualquier precio", sino que contemple sus exigencias en un contexto global, y ha explicado que por una parte los partidos políticos deben recomponer el Pacto de Toledo, y por otra la patronal y los sindicatos deben avanzar en la estructura de la negociación colectiva.
"Es complicado, es una escenario muy complejo, pero es verdad que la necesidad del país hace que todas las partes hagan el máximo esfuerzo para conseguir un pacto importante", ha aseverado, y ha añadido que, si al final no se logra un acuerdo, seguirán movilizándose y exigiendo sus derechos.
El secretario de Organización de la Intersindical, Adel Francés, ha dicho que esta ocupación trata de apoyar la posición de los sindicatos mayoritarios en la negociación con el Gobierno y la patronal de la reforma laboral, donde hace falta que muchos de sus puntos cambien.
El PSOE rescata a Caldera para la negociación de las pensiones
Pais, JOAQUÍN GIL - Madrid - 19/01/2011
"Soy un granito de arena para alcanzar el consenso", sostiene "con humildad" Jesús Caldera, ex ministro de Trabajo (2004- 2008) y, desde ayer, responsable del PSOE para negociar con los partidos en la oposición la reforma de las pensiones. El diputado y miembro de la ejecutiva federal socialista intervendrá el martes en el Congreso en el debate sobre el informe de la Comisión del Pacto de Toledo, en lugar de Isabel López i Chamosa, del PSC.
Caldera afronta la responsabilidad "con optimismo" ya que -según dijo a este periódico- el Gobierno promueve una reforma "necesaria y progresista". El ex ministro reiteró la necesidad de elevar la edad de jubilación para "garantizar" cohesión social y la sostenibilidad del sistema. Caldera irrumpe en la negociación en un momento clave. El pleno del Congreso votará el próximo martes el informe del Pacto de Toledo, y, tres días después, el Consejo de Ministros aprobará el esbozo de la reforma. El Ejecutivo contempla esa fecha como plazo final para alcanzar un acuerdo.
Considerado en su día muy próximo a José Luis Rodríguez Zapatero, Caldera abandonó el Ejecutivo para ocupar la vicepresidencia de la Fundación Ideas, motor ideológico del PSOE. El coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, calificó de "irrelevante" la designación e instó al Gobierno a "aclarar" la propuesta que negocia con los agentes sociales.
LOS SINDICATOS RECHAZAN LA OFERTA DEL GOBIERNO
'Cambalache' de 1.000 empleos de la central nuclear de Garoña por un pacto sobre las pensiones
- El Ejecutivo desmiente a Sebastián, quien dice que el cierre es 'firme'
- Está previsto que la planta nuclear eche el cierre en 2013
Mundo, miércoles 19/01/2011, ELMUNDO.es | Efe | Europa Press
Madrid.- Giro sorprendente en la negociación sobre la reforma del sistema de pensiones. Horas después de que el ministro de Industria lo negase, fuentes del Gobierno han filtrado que el Ejecutivo ofrece a los sindicatos retrasar el cierre de la central nuclear de Garoña, previsto para 2013, a cambio de un pacto global en pensiones, reforma laboral y energía. Oferta que los agentes sociales aseguran desconocer porque no fue tratada en sus reuniones con el Ejecutivo.
La oferta sería mantener unos 1.000 empleos a cambio de acercar posiciones sobre una reforma que afectará a varias generaciones. Una propuesta que rechazan tanto UGT como CCOO: La negociación de las pensiones tiene entidad por sí misma y "no es objeto de cambalaches", ha lamentado el portavoz de Comisiones, Fernando Lezcano.
'La Vanguardia' publicaba hoy que, según fuentes de La Moncloa, el Gobierno podría estudiar la ampliación de la actividad de las ocho centrales nucleares españolas.
Sin embargo, preguntado después en la 'Cadena Ser' por el fin de la central de Garoña, previsto para 2013, Sebastián afirmó que su cierre dentro de dos años "es firme".
Hace dos años, cuando tenía que tomar una decisión sobre Garoña, el Ejecutivo decidió mantener su compromiso electoral de cerrar las centrales nucleares al final de sus vidas útiles -el de esta central estaba previsto inicialmente para 2011-, aunque un informe del Consejo de Seguridad Nuclear había dado el visto bueno a que permaneciera abierta hasta el año 2019.
La oferta ha resultado sorprendente para los sindicatos. "Si dijimos que no estamos dispuestos a cambiar cromos" en la negociación de las pensiones, en alusión a la posibilidad de aumentar los requisitos al despido colectivo por pérdidas económicas que incluye la reforma laboral, "mucho menos lo estamos en esta ocasión".
Lezcano incluso aseguró que cuando se ha hablado sobre ampliar las negociaciones sobre pensiones a cuestiones como la industria o la energía no se ha entrado en detalles "y mucho menos" sobre el futuro de las centrales nucleares.
Fuentes de ambos sindicatos han asegurado que las pensiones son la "parte medular" de la negociación y que sólo cuando se cierre esta materia y se aborde la negociación colectiva y las políticas activas de empleo se pasará a otros temas, como la política industrial, la energética o la innovación.
Ampliación de la edad de jubilación
Sindicatos y empresarios se han reunido en el Ministerio de Trabajo para intentar cerrar ese principio de acuerdo global que abarcaría la reforma laboral, la del sistema de pensiones y la política energética.
Uno de los puntos con mayor desencuentro, la jubilación a los 67 años que propone el Gobierno, ya no sería un problema para UGT y CCOO gracias a la oferta sobre Garoña, según fuentes del Ejecutivo.
Sin embargo, ambos sindicatos han negado que hayan cedido en la cuestión del retraso de la jubilación a los 67 años, sobre la que precisamente han convocado concentraciones en las sedes de la Seguridad Social de toda España.
Uno de los puntos clave de la negociación son los requisitos que deberían cumplir los trabajadores para jubilarse con 65 años; el Gobierno ha propuesto 41 años cotizados y los sindicatos piden rebajar esa cifra.
Junto a la negociación en la mesa de diálogo social, el Gobierno ha iniciado contactos informales con los grupos parlamentarios, pero la negociación formal no empezará hasta después del 28 de enero, fecha en la que el Consejo de Ministros aprobará su propuesta de reforma de las pensiones haya o no acuerdo con los agentes sociales.
El Gobierno, dispuesto a retrasar el cierre Garoña
El Gobierno plantea alargar la vida de las nucleares a cambio de un pacto global con los sindicatos
El Gobierno está dispuesto a retrasar el cierre de las centrales nucleares, incluida la de Garoña a cambio de un pacto global en pensiones y reforma laboral, han avanzado fuentes del Ejecutivo, que ven cerca un principio de acuerdo, informa EFE. Los sindicatos, sin embargo, han negado tal posibilidad.
Según esas fuentes, sindicatos y empresarios están reunidos de nuevo en el Ministerio de Trabajo para intentar cerrar ese principio de acuerdo, en el que la jubilación a los 67 años que propone el Gobierno ya estaría asumido por UGT y CCOO.
El punto clave de la negociación, han apuntado las fuentes, son los requisitos que deberían cumplir los trabajadores para jubilarse con 65 años; el Gobierno ha propuesto 41 años cotizados y los sindicatos piden rebajar esa cifra.
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, se mostró dispuesto a analizar la prórroga de la vida útil de las nucleares, tal y como habrían planteado los sindicatos durante la negociación del pacto social y de pensiones. Sin embargo en sus declaraciones de esta mañana en la Cadena Ser aseguró que la propuesta no incluía a la central burgalesa.
Los sindicatos lo niegan
Comisiones Obreras y UGT negaron hoy tajantemente la posibilidad de alcanzar un acuerdo económico global con el Gobierno a cambio de alargar la vida de las centrales nucleares y retrasar el cierre de la de Garoña, e insistieron en que siguen rechazando el retraso de la jubilación a los 67 años.
El secretario de Comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, así como fuentes de UGT, subrayaron que la propuesta de retrasar el cierre de Garoña a cambio de un pacto global "no tiene el más mínimo fundamento".
Lezcano incluso aseguró que cuando se ha hablado en las conversaciones tripartitas de ampliar las negociaciones sobre pensiones a cuestiones como la industria o la energía no se ha entrado en detalle "y mucho menos" sobre el futuro de las centrales nucleares.
"Si dijimos que no estamos dispuestos a cambiar cromos" en la negociación de las pensiones, en alusión a la posibilidad de un acuerdo a cambio de poner más requisitos al despido colectivo por pérdidas económicas que incluye la reforma laboral, "mucho menos lo estamos en esta ocasión", advirtió Lezcano.
1.800 puestos de trabajo
El primer cierre previsto sería el de la planta de Garoña (en 2013) y el Gobierno está dispuesto a ceder y revisarlo si los agentes sociales aceptan un "paquete global".
El Ejecutivo aspira a que ese acuerdo de conjunto, además de la reforma del sistema de las pensiones y el desarrollo de la reforma laboral, incluya también la política energética e industrial. Según las fuentes del Ejecutivo, de la central burgalesa de Garoña dependen alrededor de 1.800 puestos de trabajo.
Desde CCOO sostienen que no se trata de un "intercambio de cromos"
El desarrollo de la reforma laboral es otro de los asuntos que se encuentra sobre la mesa de negociación con los agentes sociales, donde se estudia una nueva modalidad de contratación parcial que, han añadido las fuentes, podría acercar a las partes.
El representante de CCOO Madrid ha explicado que la idea no es hacer un "intercambio de cromos" sino "simplificar los ámbitos de negociación actualmente muy dispersos", y, "en definitiva, hablar del futuro económico. Y ahí entra la industria, la energía y el mix energético", aseguró.
Las movilizaciones que comienzan este miércoles en sedes de la Seguridad Social de toda España -en el caso de Madrid de unas cien de personas entre encerrados y congregados- son "una medida de presión en las negociaciones", admitió el líder de UGT-Madrid, pero no un "prolegómeno de nada", preguntado por una eventual convocatoria de huelga general.
Reacciones
Tras conocerse el posible retraso del cierre de Garoña, la portavoz de ICV en el Congreso de los Diputados, Nuria Buenaventura, ha pedido la comparecencia en Pleno del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que explique si tiene intención de alargar la vida útil de las centrales nucleares.
Desde el PSOE de Castilla y León rechazan renovar más la licencia de GaroñaPara Buenaventura, que recuerda que el cierre de las centrales nucleares conforme finalice su vida útil es una de las promesas electorales del PSOE, "Zapatero ahora tiene que dejar claro si piensa respetar su compromiso electoral o bien cede ante las presiones del lobby nuclear".
Desde el PSOE de Castilla y León, Óscar López, ha asegurado hoy en Segovia que su partido mantiene que "no se debe renovar más la licencia de Garoña" ni tampoco alojar en esta Comunidad el almacén temporal centralizado de residuos nucleares.
López ha respondido así a la pregunta de los periodistas sobre la disposición del ministro de Industria, Miguel Sebastián, de analizar la prórroga de la vida útil de las nucleares.
Greenpeace, sorprendida
Greenpeace ha juzgado hoy "incomprensible" que el Gobierno y los sindicatos UGT y CCOO pudieran apostar por revisar la política nuclear y alargar la vida útil de las centrales.
En el primer caso, porque supone el incumplimiento de su programa electoral y en el segundo porque los dos sindicatos siempre han destacado el potencial laboral de las renovables frente a la energía nuclear.
"Nos sorprende especialmente que CCOO, que en sus congresos ha acordado apostar por el abandono de la energía nuclear, ahora plantee lo contrario, aceptando alargar la vida de unas centrales nucleares viejas, peligrosas y totalmente amortizadas", añade Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía de Greenpeace.
El superávit de la Seguridad Social cayó un 72% en 2010
Cierra el año en 2.382,97 millones de euros, debido al aumento de los gastos y menores ingresos
El superávit de la Seguridad Social cayó el 71,9 % en 2010 respecto al año anterior, hasta los 2.382,97 millones de euros, cifra que representa el 0,22 % del PIB. Estos datos, según ha informado el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, entran dentro de lo previsto en los Presupuestos.
Este superávit fue resultado de unos ingresos de 122.484,55 millones de euros, el 0,97 % menos que un año antes, y unos gastos de 120.101,58 millones de euros, el 4,55 % más, según los datos provisionales de las cuentas del Sistema, avanzados por Granado.
El menor superávit es consecuencia del aumento de los gastos y de menores ingresos por cotizaciones, destacó Granado, quien recordó que la previsión inicial era lograr un resultado positivo de 2.800 millones.
Menos ingresos
Las cifras entran dentro de lo esperado en los Presupuestos
En cuanto a los ingresos, las cotizaciones sociales alcanzaron los 105.682,72 millones de euros, una disminución anual de 0,82% puntos respecto a un año antes. Además, los ingresos patrimoniales ascendieron a 2.792,42 millones de euros, que en su mayoría procedieron del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (que alcanza los 64.335 millones de euros), la conocida como hucha de las pensiones.
Por tasas y otros ingresos se obtuvieron 1.275,51 millones de euros, un 3,26% más que en 2009 por el crecimiento de los recargos de apremio e intereses de demora en la recaudación de cuotas.
Más gastos
En materia de gastos, la mayor partida (de 95.714 millones, un 6,38% más) correspondió a las pensiones contributivas, que incorporó la paga por la desviación del IPC.
La Seguridad Social cerró el año con 2.382 millones de euros El secretario de Estado de la Seguridad Social resaltó que se había calculado que la desviación del IPC fuera del 0,8%, pero al final se fue al 1,3%, lo que ha supuesto un mayor gasto en pensiones de 400 millones de euros. Un desarrollo "peor de lo previsto", debido al crecimiento brusco" del precio de la energía y el petróleo, precisó Octavio Granado.
El secretario de Estado informó de que, en la actualidad, la Seguridad Social ha aplazado pagos a empresas por un importe de 8.000 millones, cantidad que ha llegado a situarse en 9.500 millones.
Como balance, Granado señaló que, aunque el año 2010 fue malo, si el sistema español se compara con los de sus socios europeos es mejor.
´Ni un paso atrás, 67 jamás´
Los sindicatos ocupan la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Valencia en protesta por el retraso en la edad de jubilación
EFE/LEVANTE-EMV.COM 2011-01-19,
Delegados de los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical Valenciana han ocupado hoy la sede provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Valencia para protestar contra el retraso en la edad de jubilación a los 67 años y exigir avances en la negociación de la reforma laboral.
Alrededor de un centenar de sindicalistas se han concentrado en el exterior de la sede con banderas y pancartas en contra de la jubilación a los 67 años, mientras que en el interior una quincena de personas han protagonizado una sentada y han coreado lemas como "trabajo para todos", "ni un paso atrás" o "no nos moverán".
El secretario general de CCOO, Paco Molina, ha explicado que el objetivo de esta medida, que se ha desarrollado simultáneamente en toda España, es denunciar que no hay "ni una sola" razón que justifique la propuesta del Gobierno de alargar la edad de jubilación
Ha insistido en que, a pesar de la situación económica, productiva y de empleo "lamentable" de los tres últimos años, el sistema público de la Seguridad Social "es rentable", por lo que la propuesta del Gobierno es "absolutamente ineficaz", "insolidaria" e "ineficiente" para resolver los problemas.
Molina ha reivindicado que CCOO trabaja para lograr un acuerdo social y político "de largo recorrido, que venga a consensuar las reformas con carácter estratégico que verdaderamente están afectando al empleo, a la economía y a la producción de este país", frente a estrategias basadas en el recorte de derechos y la eliminación de la protección social.
Además, ha anunciado que, si el Gobierno insiste en alargar la jubilación a los 67 años y "boicotea" la posibilidad de un consenso más amplio sobre reformas estratégicas, CCOO convocará automáticamente una reunión de sus órganos de dirección para dar "la respuesta adecuada a una nueva agresión" al modelo de estado y de derechos, "sin descartar ninguna de las posibilidades".
El secretario general de UGT PV, Conrado Hernández, ha explicado que este acto pretende conseguir "que toda la clase política, empresarial y sindical" cierre un acuerdo en el que todo el mundo esté implicado y permita ir a la UE y decir que España se merece poder generar pronto empleo, con derechos y de calidad.
Para Hernández, la propuesta de jubilación a los 67 años "es un error de salida del Gobierno", pero ha reivindicado que se analice "el conjunto", ya que hay más actividades dentro del posible acuerdo y se debe hacer una valoración global.
En su opinión, "no es lógico ni coherente" que, ante un escenario de 4'6 millones de parados en España, 600.000 en la Comunitat Valenciana, "la clase política no se implique" ni se pueda tener "un gran acuerdo a nivel general entre CCOO y UGT".
Para Hernández, es posible avanzar en el pacto, pero no "a cualquier precio", sino que contemple sus exigencias en un contexto global, y ha explicado que por una parte los partidos políticos deben recomponer el Pacto de Toledo, y por otra la patronal y los sindicatos deben avanzar en la estructura de la negociación colectiva.
"Es complicado, es una escenario muy complejo, pero es verdad que la necesidad del país hace que todas las partes hagan el máximo esfuerzo para conseguir un pacto importante", ha aseverado, y ha añadido que, si al final no se logra un acuerdo, seguirán movilizándose y exigiendo sus derechos.
El secretario de Organización de la Intersindical, Adel Francés, ha dicho que esta ocupación trata de apoyar la posición de los sindicatos mayoritarios en la negociación con el Gobierno y la patronal de la reforma laboral, donde hace falta que muchos de sus puntos cambien.
El retiro laboral remunerado se abre paso como alternativa a la jubilación
Investigadores de la Universitat Jaume I aseguran que se ahorraría gasto financiero
E. P. CASTELLÓ
El grupo de investigación de Sociología del Envejecimiento de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha propuesto el retiro laboral remunerado a lo largo de la vida como una alternativa a la jubilación "que tienda a superar desigualdades de género, edad y clase", según ha informado la institución académica en un comunicado. La propuesta plantea la posibilidad de retirarse temporalmente del trabajo remunerado en el momento de la vida que se crea "más adecuado y no obligatoriamente al final del ciclo". El profesor de sociología de la UJI, Alfredo Alfageme, ha explicado que se trataría de "trabajar con tiempos de retiro por tiempos de trabajo; por ejemplo, en una proporción de tres años de retiro por cada ocho trabajados, lo que vendría a equivaler a una persona que trabaja 40 años y cobra la jubilación durante 15 años".
Vida laboral. De este modo, el gasto en financiación por parte del Estado no tendría por qué variar, pero ofrecería a los trabajadores un derecho flexible, la posibilidad de decidir sobre el esquema de su vida laboral. El estudio realizado por el grupo de investigación sobre la opinión de expertos en sociología del envejecimiento y de la población en general demuestra que la principal dificultad con la que se encuentra esta propuesta "no es práctica, sino cultural debido al arraigo del esquema de jubilación", asegura Alfageme.
El investigador resalta que se trata de una iniciativa "que está en la línea de superar tanto desigualdades estructurales de género como la discriminación de las personas mayores de algo muy valorado como es el trabajo remunerado y, en tercer lugar, es también una política que beneficiaría a los más desfavorecidos socialmente, a las clases más bajas"
Por otra parte, desde el departamento de sociología del envejecimiento, se asegura que la jubilación forzosa "termina siendo un mecanismo de exclusión por edad de algo muy valorado como es el trabajo remunerado, que forma parte de lo que la gente es". Y defiende, como muchos otros especialistas, que la jubilación debería ser más un derecho que una obligación.
La rentabilidad de los planes de pensiones cayó un 1,43% en 2010
En los plazos entre 15 y 20 años los rendimientos alcanzaron el 3,35% y el 4,97%
EFE/ MADRID Levante 2011-01-19
La rentabilidad media ponderada de los planes de pensiones del sistema individual se redujo el 1,43 % en 2010, según los datos hasta diciembre publicados por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO).
En su nota, INVERCO destaca que en los plazos largos -entre 15 y 20 años- los rendimientos son muy positivos ya que alcanzaron el 3,35 % y el 4,97 %, respectivamente.
No obstante, la patronal del sector indica que el pasado año los planes de pensiones se han visto afectados por las turbulencias de los mercados de renta fija.
Los datos facilitados por INVERCO se basan en una muestra de 1.229 planes de pensiones del sistema individual -las aportaciones son efectuadas por los partícipes- que representan el 99 % del patrimonio total.
Esto supone 51.581 millones de euros y 8,4 millones de cuentas de partícipes.
Las cotizaciones por los empleados ya no bastan para pagar las pensiones
La Seguridad Social ingresa por primera vez de empresas y trabajadores menos de lo que gasta en pensiones contributivas - La diferencia es de unos 900 millones
PAIS, MANUEL V. GÓMEZ - Madrid - 20/01/2011
El desplome en el empleo ha hecho mella en las cuentas de la administración pública que mejor ha aguantado la crisis y la única que todavía cuenta los últimos ejercicios por superávit: la Seguridad Social. En 2010, el instituto público tuvo un saldo positivo de 2.382,97 millones, un 0,22% del producto interior bruto. Un resultado que será decisivo para mejorar el saldo final del conjunto de las Administraciones españolas. Pero el año pasado, por primera vez, el dinero que ingresó por las cotizaciones sociales de quienes tienen trabajo (94.4822,7 millones) no fue suficiente para cubrir el gasto de las pensiones contributivas (95.714 millones), las que reciben quienes han cotizado por un periodo mínimo de 15 años para tener derecho a ellas.
El sistema logra superávit gracias a los intereses del fondo de reserva
El gasto por jubilaciones contributivas creció un 6,4%
Examinando la serie estadística que arranca en 1977 se comprueba que nunca en la historia moderna de la Seguridad Social, ni siquiera tras la recesión de 1993, la mayor partida de gastos (pensiones contributivas) había superado a la mayor partida de ingresos (cotizaciones de ocupados). El desfase se ha producido como consecuencia de unos ingresos por cotizaciones inferiores a los previstos y un gasto en pensiones superior al del presupuesto inicial y da argumentos a quienes defienden la necesidad de reformar el sistema.
Eso sí, el instituto público no solo recauda cotizaciones por las cuotas de empresarios y empleados. Los Servicios Públicos de Empleo cotizan por los parados que cobran prestación y paga por las bonificaciones a la contratación (en total, 10.860 millones en 2010), pero se trata de dinero público que al financiar a la Seguridad Social genera déficit en las cuentas del Estado. Del otro lado, las pensiones no son la única prestación contributiva a la que hacer frente con las cotizaciones, pues estas también sirven para financiar la incapacidad temporal, las prestaciones por maternidad y paternidad y algunas otras. En su conjunto, gracias a las aportaciones por los parados, el conjunto de cotizaciones (105.682,7 millones) aún cubre por un mínimo margen el conjunto de las prestaciones contributivas (105.444,7 millones).
Por otro lado, la Seguridad Social cobra de los presupuestos estatales y de otras fuentes fondos con que hacer frente, entre otros, al pago de pensiones y otras prestaciones no contributivas.
En su conjunto, la suma final de ingresos no financieros cayó un 0,65%, hasta 122.485,55 millones. Los gastos, por su parte, ascendieron a 120.101,58 millones, un 4,55% más que el año anterior. En este capítulo, destacó especialmente el aumento del gasto de las pensiones contributivas, un 6,38%, algo que se explica básicamente por el llamado efecto sustitución. Es decir, quienes se jubilan ahora tienen derecho a pagas más cuantiosas que quienes han fallecido. Al final, el superávit fue de 2.383 millones. No hubo déficit, entre otras cosas, gracias a que los más de 60.000 millones del Fondo de Reserva de las pensiones (invertidos en un 88% en deuda pública española) generaron 2.661 millones en intereses.
"Si analizamos este balance vemos que no es bueno", analizó el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, quien a continuación buscó alivio en la situación internacional: "Si lo comparamos con el resto de sistemas de la UE es francamente bueno". El otro paliativo al que recurrió Granado fue al cumplimiento de los cálculos hechos en los presupuestos. "Se han cumplido las previsiones", concluyó. Granado avisó de que las cuentas que presentó ayer son provisionales y que atañen exclusivamente al sistema de pensiones. Según el secretario de Estado, cuando Hacienda saque los números definitivos el resultado de la Seguridad Social deslucirá más porque a ella se sumarán los números rojos de los Servicios Públicos de Empleo y del Fondo de Garantía Salarial.
La crisis comenzó a destruir empleo casi desde su comienzo a mitad de 2007. Pero no comenzó a notarse significativamente en la afiliación a la Seguridad Social hasta bien entrado 2008, año en que las cotizaciones de empleados llegaron a su techo histórico, poco más de 100.000 millones. Desde entonces, el descenso de la afiliación se acerca a los dos millones de trabajadores. Y eso se ha trasladado al capítulo de ingresos en los dos últimos ejercicios.
La caída se compensó, en parte, con la cotización de los parados. Pero el desempleo no cede. El paro de larga duración crece y los desempleados, cada vez más, dejan de cobrar la prestación y reciben el subsidio, con lo que también baja este capítulo para la Seguridad Social.
La evolución de los precios también penalizó a las cuentas. El índice de precios al consumo en noviembre, el mes que se utiliza de referencia para revisar las pensiones, se situó en el 1,3% y no en el 0,8% que se había previsto en los presupuestos.
Los parados sin ingresos recibirán 350 euros solo si siguen su formación
Trabajo reinventa los 426 euros y el PP teme que pase el coste a las autonomías
Pais, CARLOS E. CUÉ - Madrid - 20/01/2011
El Gobierno ya tiene lista la nueva ayuda para parados sin prestación y subsidios. Hasta ahora este colectivo tenía derecho a recibir 426 euros durante medio año. En principio se anunció que desaparecería, pero el Gobierno ha buscado una fórmula para mantenerla, reconvirtiéndola y reduciéndola mucho, sin que esté aún claro a cuánta gente cubrirá.
A partir de febrero, cuando finalice la última prórroga de este programa, se sustituirá por otra paga que estará vinculada a que el desempleado siga cursos de formación. La mala noticia para el parado es que recibirá 76 euros menos al mes, es decir, 350, según el documento de trabajo de 27 páginas que el Gobierno ha remitido hoy a las comunidades autónomas al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La nueva ayuda a parados sin ingresos era una de las cuestiones que sindicatos y Gobierno discutían para alcanzar un pacto social antes de acabar enero. Forma parte del paquete de la reforma de políticas activas de empleo, una competencia autonómica.
Al leer el documento, según ha explicado Ignacio Echániz, portavoz del PP para asuntos de empleo, las comunidades gobernadas por este partido interpretan que tendrán que ser ellas, en una situación de estrecheces financieras y vigiladas de cerca por Hacienda, quienes tendrán que hacer frente al nuevo gasto, algo que ha calificado de "inadmisible". Fuentes de Trabajo aclaran que la financiación llegaría por tres vías (la reordenación de la formación a parados y ocupados, el ahorro en las bonificaciones a la contratación y el adelanto de los ingresos Fondo Social Europeo), por lo que no supondría una nueva carga.
Los requisitos para que el parado pueda acceder a esta ayuda son similares a los del programa que pretende sustituir. Además de perder el derecho a percibir prestación o subsidio, sus ingresos por otras vías no podrán superar el 75% del salario mínimo interprofesional. Paloma López, de CC OO, ha asegurado que no están de acuerdo con este recorte.
Los sindicatos sospechan que "alguien del Gobierno" trabaja para que no se alcance un pacto
La propuesta económica del Ejecutivo no incluye la vinculación de la edad de jubilación y las nucleares
PAIS, SIRA OLIVER - Barcelona - 20/01/2011
La propuesta económica enviada por el Gobierno a los sindicatos no incluye la prolongación de la vida de las centrales nucleares. Así se puede comprobar en el documento remitido a CC OO y UGT al que ha tenido acceso EL PAÍS. El futuro de las centrales nucleares que han cumplido o están a punto de cumplir 40 años de actividad no está en la negociación que llevan a cabo el Gobierno y las centrales sindicales sobre el pacto social, una de cuyas principales medidas es la elevación de la edad de jubilación a los 67 años.
Los líderes de UGT, Cándido Méndez, y CC OO, Ignacio Fernández Toxo, han rechazado esta mañana cualquier propuesta para vincular la edad de jubilación y la prolongación de la vida de las centrales nucleares, un planteamiento que han definido como "grotesco" y "un disparate".
El secretario general de CC OO ha asegurado que "a nadie en su sano juicio le cabe en la cabeza" una propuesta en esa dirección piorque, ha apostillado, "es un disparate". También ha expresado sus dudas de que el Gobierno "esté por llegar a un pacto" sobre la reforma de las pensiones cuando "hay filtraciones que enredan". Y ha sentenciado: "Parece que en el Gobierno hay alguien que trabaja para impedir un acuerdo".
El texto de propuesta energética dentro del pacto social sí incluye una producción nuclear en 2020 de 56.600 gigavatios hora, un 7% menor que la de 2010, algo que es compatible con el cierre de Garoña. Los sindicatos ya negaron ayer haber recibido tal propuesta y miembros del Gobierno lo rechazaron de plano, a pesar de que fuentes de La Moncloa sí informaron de la posibilidad de la prórroga.
El tema nuclear es de los pocos aspectos económicos que el Gobierno no ha rectificado. Hace dos años, José Luis Rodríguez Zapatero impuso al Ministerio de Industria el cierre de Garoña en 2013. La central, que cumplirá 40 años en mayo, es la más antigua y pequeña de España. La decisión dejaba a medias la promesa del PSOE de cerrar las nucleares al cumplir 40 años, ya que el próximo Ejecutivo aún podrá decidir si la prorroga (eso anunció el PP que hará si llega al poder).
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, declaró en la cadena SER que un eventual acuerdo con los sindicatos "no afectaría a la central de Garoña", cuyo cierre es "una decisión firme". Sin embargo, fuentes de La Moncloa señalaron que la oferta de Garoña existía si había un pacto global con los sindicatos, que se oponen a la pérdida de empleo que supondría el cierre de la nuclear.
Cayo Lara: El Gobierno "mercadea" con las pensiones
El coordinador federal de IU considera que el Ejecutivo se ha pasado al lado del "lobby pronuclear"
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El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha acusado hoy al Gobierno de formar parte del "lobby pronuclear" e intentar "mercadear" con las pensiones y, por tanto, con el futuro de millones de ciudadanos.
Así lo ha señalado Lara en un comunicado, en el que ha expresado su "total desacuerdo" ante la posibilidad de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quiera vincular una prórroga para el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña con la negociación con los agentes sociales de la reforma del sistema de pensiones. Una posibilidad que fuentes del Ejecutivo confirmaron ayer pero que ha sido desmentida hoy por Trabajo y sindicatos.
Para Lara, "de confirmarse este asunto nos encontraríamos ante un intento de mercadeo entre el 'lobby' pronuclear, representado ahora por el Gobierno, y el futuro de millones de ciudadanos del país".
"El futuro de las pensiones no es intercambiable con ningún tipo de moratoria nuclear"Según Lara, el futuro de las pensiones "no es intercambiable con ningún tipo de moratoria nuclear ", ya que son dos cuestiones radicalmente diferentes.
Entiende Cayo Lara que "sólo la mano de los interlocutores del Ejecutivo en estas conversaciones, como la de un 'gran enredador' como es el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, pueden intentar sembrar la confusión entre ambos temas para buscar claros réditos partidistas al margen del interés general".
Resalta, además, que "decantarse" ahora por la revisión de la moratoria nuclear "sólo favorece a los intereses del PP y de la derecha económica a los que representa".
El debate nuclear queda apartado del pacto social
Trabajo, sindicatos y Caldera rechazan plantear alargar la vida de Garoña en las negociaciones
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El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, declara que en "ningún momento" el Gobierno o los agentes sociales han intentado intercambiar el apoyo a la reforma de las pensiones por el mantenimiento de la central nuclear de Garoña.
En rueda de prensa, rechazó que alguna de las partes haya "planteado o imaginado" mezclar el mantenimiento de la planta nuclear de Garoña con que los sindicatos apoyen que se alargue la edad de jubilación a los 67 años. Según Gómez, no se ha discutido este asunto en la mesa de negociación, por lo que es imposible que haya habido intercambio.
En cuanto al proceso de negociación con los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE, Gómez ha dicho que continúa y que está "viva". Aunque se ha mostrado optimista respecto a un posible acuerdo antes del 28 de enero, fecha en que Gobierno presentará su anteproyecto de ley de reforma de las pensiones, reconoció que las posiciones siguen distantes.
El coordinador socialista en la reforma de las pensiones asegura que "no le da ningún crédito" al supuesto intento del Ejecutivo de conseguir el apoyo de los sindicatos al retraso de la jubilación a cambio de aplazar el cierre de la central nuclear.
Estas declaraciones reafirman la versión que esta misma mañana sostenía Caldera, justo un día después de que el Ejecutivo prometiera ceder y prolongar la vida útil de Garoña. Al margen de la cuestión nuclear, Caldera ha defendido la necesidad de la reforma de las pensiones. Según sus cálculos, con el actual modelo hasta 2022 o 2023 el sistema español de Seguridad Social tendrá superávit o podrá mantenerse utilizando el Fondo de Reserva. Pero no más allá. "Por eso hay que hacer esta reforma, porque la alternativa sería una reducción de las pensiones y no creo que nadie lo desee", ha precisado el ex ministro de Trabajo.
La secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, ha sido otra de las voces que ha apoyado la tesis del Caldera, antes de la intervención de Valeriano. Rodríguez ha asegurado que "el debate nuclear no está en la negociación que está llevando a cabo el Gobierno con los sindicatos sobre la reforma de las pensiones.
Los sindicatos
Los líderes de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente, rechazan cualquier propuesta que vincule la edad de jubilación con la prolongación de la vida de las centrales nucleares. Así lo han hecho en declaraciones a los periodistas, antes de participar en una asamblea de delegados sindicales en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. El secretario general de CCOO ha asegurado que "a nadie en su sano juicio le cabe en la cabeza que un sindicato puede cambiar energía nuclear por años de jubilación". "Es un disparate", ha apuntado.
Toxo ha expresado incluso sus dudas de que el Gobierno "esté muy por llegar a un pacto" sobre la reforma de las pensiones cuando "hay filtraciones que enredan". "Parece que en el Gobierno hay alguien que trabaja para impedir un acuerdo".
Cándido Méndez ha calificado el planteamiento de "idea grotesca" y ha señalado que "cambiar pensiones por neutrones es introducir elementos de intercambio que descalifican a los que lo plantean y complica aún más una negociación ya de por sí complicada".
Preguntados por si se podría llegar a un acuerdo sobre la reforma de las pensiones antes del 25 de enero, cuando se debate las conclusiones del Pacto de Toledo en el Parlamento, Fernández Toxo ha dicho que lo ve "tremendamente complicado".
Los sindicatos aceptan alargar la vida laboral sin imponer los 67 años
"Se pueden lograr los mismos efectos que busca el Gobierno sin aumentar la edad obligatoria de jubilación", aseguran
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"Es el Ejecutivo el que tiene que dar el salto". Los agentes sociales encaran la recta final de la negociación de la reforma de las pensiones con escaso optimismo. En la mesa de la negociación yacen muchas propuestas que se pueden interpretar como cesiones de los sindicatos, que sólo pueden tener una contraprestación necesaria para el pacto: que los 67 años no sean la edad obligatoria de jubilación.
"Si eliminan esa premisa, un acuerdo es posible", aseguran varias fuentes consultadas. Para conseguirlo, los sindicatos estarían dispuestos a aceptar que la jubilación esté ligada a la duración de la carrera de cotización. Esto es, que el acceso al retiro sólo sea posible si se han superado un número mínimo de años cotizados, que por las cifras que maneja el Ejecutivo con toda probabilidad estarán por encima de los 37 años. "Se pueden lograr los mismos efectos que busca el Gobierno sin poner la edad obligatoria en los 67", asegura otra fuente. "Si el Ejecutivo quiere una jubilación flexible, que flexibilice su propuesta", apostilla otra persona conocera de las conversaciones.
Los sindicatos ocupan 85 sedes del INSS en protesta por la reforma
Para llegar a esta posibilidad se han barajado modelos como el francés, que propone que la suma de los años de vida biológica y vida laboral sean los que marquen la edad de retiro sin penalización. En la reciente reforma aprobada en Francia, los trabajadores tendrán que conseguir sumar 104 años para poder jubilarse con la prestación completa.
La posibilidad de prolongar la vida laboral mínima para jubilarse, actualmente establecida en 30 años para el retiro de jubilación anticipada (con una fuerte penalización) y en 35 años para cobrar el 100% de la pensión, tampoco era del agrado de los sindicatos al inicio. Sin embargo, en la vía de llegar a un acuerdo, las centrales podrían entender una medida de este estilo siempre que se contemplaran medidas paliativas. Algunas emanan de las propias recomendaciones del Pacto de Toledo, como dar por cotizados los periodos de excedencia por cuidado de hijos o familiares, una medida que implica un coste para el sistema. El otro caballo de batalla es lograr que se intensifiquen los planes de empleo para mayores de 55 años.
Precisamente ayer, Gobierno, patronal y sindicatos se sentaron a discutir políticas activas de empleo. Los sindicatos, y el Pacto de Toledo, ven imprescindible mejorar la tasa de ocupación de los mayores de 55 años para que cualquier reforma de las pensiones funcione. Los planes de empleo juvenil y para mayores que se discuten están orientados a que los trabajadores puedan en la práctica tener esas largas carreras de cotización que se podrán exigir en un futuro próximo.
Mejorar la tasa de empleo en mayores de 55 años es clave en la propuesta
Paralelamente, ayer también tuvo lugar una reunión bilateral entre patronal y sindicatos para avanzar en la reforma de la negociación colectiva. El nuevo jefe de la patronal, Juan Rosell, reconoció que en aras de hacer nuevas reformas, los empresarios están dispuestos a hacer "lo que haga falta", incluso aunque se "quemen". Aseguró que la CEOE se enfrenta a la negociación con talante "posibilista" y que no defendería un programa de máximos, entendiendo "hasta dónde podemos llegar".
Encierros
Por otro lado, miles de delegados sindicales de CCOO y UGT invadieron ayer 85 sedes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de toda España. Madrid hizo la ocupación más madrugadora. Poco después de las diez de la mañana, más de un centenar de personas lograba entrar en las dependencias del INSS en la calle de Serrano. Pese a que los sindicalistas habían acordado con la policía una ocupación tranquila de menos de una hora, otro centenar de delegados sindicales se quedó fuera ante el nerviosismo de los funcionarios y el personal de vigilancia por la avalancha de gente que pretendía entrar. El amplísimo hall del edificio permitió la convivencia pacífica de usuarios, trabajadores y ocupantes hasta casi las once de la mañana. De hecho, varios de los ocupantes aprovecharon la estancia para sacar número y esperar a ser atendidos para una consulta. Los encierros son las únicas protestas que los sindicatos han conservado en su campaña de protestas contra el alza de la edad de jubilación a los 67.
En defensa del sistema de reparto
Tenemos un modelo de pensiones que merece la pena preservar, aunque para ello sean necesarias transformaciones paramétricas que se correspondan con las cambiantes circunstancias demográficas futuras
Pais, LUIS MARTÍNEZ NOVAL 21/01/2011
En momentos en los que se acomete una reforma de los parámetros del sistema de pensiones, una más añadida a las de 1985 y 1997, es oportuno recordar lo que nuestro sistema ha significado en las décadas precedentes para los trabajadores españoles. Sin duda alguna, la Seguridad Social española es la columna vertebral de nuestro sistema de protección, tanto por razones monetarias como por el abanico de contingencias que cubre (casi todas a excepción de la dependencia). Lo es, además, tanto desde una visión colectiva como desde una individual.
No es este el mejor momento para defender un sistema de capitalización
Es desaconsejable un modelo mixto por el elevadísimo coste de la transición a ese esquema
Como en ocasiones anteriores, hemos asistido a intensos debates sobre la cuestión en la que están presentes tanto las posiciones que discuten exclusivamente lo paramétrico (periodo de cálculo, edad legal, etcétera), como las que cuestionan lo sistémico (el método de reparto) y abogan por una sustitución radical o parcial del método de reparto por el de capitalización.
Para valorar la importancia que el sistema tiene para los trabajadores españoles nada más ilustrativo que considerar unos datos que proporciona la OCDE para 2006 y que ponen de relieve dos cosas. Una, el sistema español reemplaza a la hora de la jubilación el 85,3% del salario anual medio, que de acuerdo con el último dato disponible en 2006 era de 21.150 euros; y dos, los derechos de pensión que un trabajador español posee cuando inicia su etapa de pasivo constituyen un patrimonio fundamental, si no el único, que se eleva a 12,2 veces el salario medio anual (OCDE StatExtracts). Por eso, no es extraño encontrar textos como este de Peter Diamond (reciente Nobel) en un contexto de defensa del sistema de reparto: "La obligatoriedad de disponer de una renta vitalicia tiene sentido si piensas que los trabajadores no comprenden adecuadamente el valor de las rentas vitalicias". (P. Diamond, Social Security, AER, 2004, página 22)
De ahí que resulte extraño que algunas personas y organizaciones que inequívocamente defienden el sistema público de reparto se opongan a modificaciones de los parámetros del sistema que pretenden preservar lo fundamental del mismo: su continuidad en condiciones financieras sostenibles. Claro está que soy consciente de que este último adjetivo es el que nos separa a los defensores del sistema actual; sin duda que, en cuestiones de sostenibilidad, todo es opinable.
Es tranquilizador, sin embargo, que en el reciente acuerdo del Pacto de Toledo no haya habido ni un solo diputado partidario de una reforma sistémica. O dicho de otro modo, que no haya habido ningún defensor de migrar a un sistema mixto de capitalización y reparto. Ese tipo de sistema ya fue defendido en 1996 desde sectores académicos que en el nuevo contexto económico han virado a posiciones que son perfectamente identificables con el nuevo sistema sueco (véase el manifiesto de FEDEA) que incorpora, a su vez, una vertiente de capitalización obligatoria. Otro tanto ha hecho el Círculo de Empresarios, que en el año 2001 se inclinaba por el sistema de tres pilares del Banco Mundial (el que se implantó en Chile en 1981) y que ahora ha cambiado para pasar a defender un sistema mixto. La palpable realidad es que no hay nadie en la esfera política que sostenga otro procedimiento que el reparto para garantizar la continuidad de las pensiones.
Por lo demás, no es este el mejor momento para argumentar la defensa de un sistema de capitalización que vaya más allá de la voluntariedad. Las turbulencias de los mercados financieros apuntan en la dirección contraria si lo que se busca en un sistema que pretenda asegurar las rentas de los trabajadores en su edad provecta es la estabilidad, su carácter predecible y, por supuesto, la suficiencia.
En un número extra del año 2009 de la Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Ignacio Zubiri analizó detalladamente las razones que desaconsejan el establecimiento de un sistema mixto en nuestro país. Razones que van desde el elevadísimo coste de la transición a ese esquema y del coste de administración de los fondos en la etapa activa, hasta el coste de la adquisición de una prima que garantice rentas vitalicias hasta el fallecimiento. A todos esos costes, colectivos unos, individuales otros, habría que añadir la volatilidad del valor del capital acumulado a lo largo de la carrera laboral, que sería dependiente de la coyuntura de los mercados financieros en el momento de la jubilación.
Para consolidar en mayor medida esos argumentos de Zubiri, yo he hecho un sencillo ejercicio de ucronía consistente en indagar lo que habría ocurrido si en España, en el año 1974, hubiera existido un sistema de capitalización, y un trabajador que hubiera comenzado a trabajar en ese año habría ahorrado en su fondo de pensiones la misma cantidad a lo largo de su carrera laboral (35 años) que la Seguridad Social estableció año a año como base máxima y como tipo de cotización un 28,3%. Ese fondo, que solo invirtió en mercados financieros españoles (Bolsa de Madrid y mercados de deuda) supongo que habría compuesto su cartera de inversión renta fija/renta variable en un ratio 47,4/28,5 y fijó comisiones que entre gestión y depósito se elevaron a un 1,5% sobre el capital acumulado a lo largo de 35 años. En ese caso, y con todos esos supuestos, el trabajador habría acumulado un capital de 479.003,43 euros al que se le mermaron 95.233,50 euros en comisiones (19,88% del capital) que dejaron la cifra disponible para comprar una prima de seguro de rentas vitalicias en 383.769,93 euros.
Puesto que el trabajador no quiere sobrevivir a sus ahorros (que es lo que le hubiera garantizado un sistema público de reparto hasta su fallecimiento) pide ofertas a compañías aseguradoras acudiendo a un mercado muy desarrollado en esa vertiente del aseguramiento como es el británico (www.find.co.uk) y teclea sus condiciones personales y el capital del que dispone: tiene 65 años, no ha sido fumador, no tiene historial médico con incidentes, tiene una esposa de 63 años a la que a su fallecimiento quiere dejar el 50% de su pensión y desea que las rentas sean escalables con la tasa de inflación (¿acaso no es eso lo que ofrece la Seguridad Social española?). Pues bien, lo que obtiene de las ofertas que se le aparecen en pantalla es una renta vitalicia anual que en media se eleva a 12.024 euros, esto es, 1.002 euros mensuales y 501 euros para su esposa a su fallecimiento. La Seguridad Social española le habría proporcionado por 35 años de cotización en la base máxima la pensión máxima del sistema, esto es, 34.184,50 euros anuales, es decir, 14 pagas de 2.441,50 euros mensuales. La esposa, a su fallecimiento ingresaría 14 pagas de 1.370,75 euros mensuales.
Pero podemos seguir con la ucronía y volver a preguntar al calculador británico de rentas vitalicias qué capital sería necesario para comprar una prima que le garantizase una pensión vitalicia en las mismas condiciones con las que el sistema público español le proporciona una pensión máxima. Pues bien, el resultado es una cifra en el entorno de los 900.000 euros.
La conclusión no puede ser otra: tenemos un sistema de pensiones que merece la pena preservar, aunque para ello sean necesarias reformas paramétricas que se correspondan con las cambiantes circunstancias demográficas que vamos a vivir en el futuro. Si, además de eso, se materializa con el mayor consenso posible, nuestra columna vertebral del sistema de protección social puede volver a vivir en el futuro en las mismas condiciones de estabilidad financiera en las que lo ha hecho en las décadas precedentes. Con razón alguien escribió, ¡Dios salve a las pensiones públicas!
Luis Martínez Noval, economista, ha sido ministro de Trabajo.
Los barones piden a Zapatero que pacte
Temen que la falta de acuerdo con los sindicatos les pase factura en las elecciones
Pais, ANABEL DÍEZ - Madrid - 23/01/2011
Hacer lo posible, y hasta lo imposible, para que las reformas en marcha -pensiones y negociación colectiva, especialmente- tengan el aval de sindicatos y empresarios. Esta fue la petición unánime que los barones del PSOE -secretarios generales y candidatos a las elecciones autonómicas del próximo mayo- hicieron al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "Negociar hasta el límite para que el pacto social con sindicatos y empresarios se consiga", explicaron asistentes a la reunión convocada por Zapatero para hacerles partícipes de la marcha de la negociación. Es decir, que apoyen sus reformas con o sin acuerdo. Y lo harán, pero los líderes territoriales del PSOE dejaron muy claro al jefe del Ejecutivo que "por el bien de España, y también de los candidatos autonómicos socialistas", el Gobierno tiene que negociar hasta "la extenuación", relató un asistente a la reunión.
Los dirigentes territoriales piden que se negocie hasta la extenuación
Zapatero muestra su enojo por mezclar las nucleares con las pensiones
En muchas de las intervenciones se puso de manifiesto la importancia que tendría para los candidatos afrontar la campaña con el aval de los agentes sociales, en vez de estar enfrentados con ellos por haber aprobado el Gobierno de forma unilateral las reformas económicas. Las fuentes socialistas insisten en que se intentará el pacto pero subrayan que lo importante es que se efectúen las reformas. Así lo estima el Gobierno y así lo transmitió el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que actuó como portavoz de la reunión. "Hay que diferenciar lo necesario, las reformas, de lo conveniente e incluso de lo muy conveniente, como es el pacto", precisó un dirigente socialista.
El presidente trató de mitigar el temor de sus candidatos con su apreciación de que "el resultado será mucho mejor de lo que se está diciendo", aseguran que afirmó. Eso sí, dio la razón a los suyos respecto a que vendría muy bien llegar a las elecciones "en un clima alejado de la crispación y el enfrentamiento con los agentes sociales".
Aunque Rodríguez Zapatero tiene asegurado el apoyo de los barones a las reformas, no dejaron de plantear dudas y de pedir precisiones y claves para trasladarlas a los ciudadanos. El presidente no dio detalles sobre hasta dónde puede ceder a las peticiones de los sindicatos porque la propia estrategia negociadora requiere prudencia para que no se repitan episodios como los de esta semana, interpretaron algunos asistentes a la reunión. "En qué cabeza cabe que íbamos a relacionar la energía nuclear con las pensiones", dijo el presidente en referencia a esa bola de nieve que rodó durante día y medio sin que nadie la parara para escándalo de los sindicatos. No obstante, la mayoría de los presentes en la reunión de ayer creen que al final habrá pacto.
Además de los planes para la reforma de las pensiones y de la negociación colectiva, Zapatero transmitió los objetivos de la reestructuración de las cajas de ahorro, de aprobación inminente. No habrá inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), a no ser que sea imprescindible, dado que la recapitalización de las cajas vendrá por el capital privado.
En este apartado hubo muchas intervenciones ya que a muchos presidentes autonómicos les ha costado aceptar esta reconversión de las cajas. Así lo expresó el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara, para quien ahora lo urgente es que fluya el crédito a pymes y autónomos. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y el de Baleares, Francesc Antich, expresaron su preocupación en relación con la concesión de créditos y por la eventual pérdida de la vertiente social de las cajas de ahorro.
Otros intervinientes resaltaron que no todas las cajas son iguales y que los directivos de algunas han actuado de forma irresponsable. Este fue el sentido de la intervención del candidato a la presidencia de la Comunidad Valenciana, Jorge Alarte. "Convendría saber qué ha hecho cada uno", reclamó.
De lo que no hablaron en esta reunión fue sobre la candidatura de Zapatero en las próximas elecciones. Nadie preguntó. Algunos de los presidentes y secretarios regionales consultados intuyen que la reunión terminó sin el colofón de un almuerzo para que "no hubiera ocasión de preguntar al presidente qué planes tiene, lo que hubiera podido ocurrir al entrar en un ambiente más distendido". Zapatero dirigió y protagonizó la reunión. Junto a él, en silencio, estuvo el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba. Sí hicieron algunas precisiones tanto el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, como el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, y el ministro de Fomento, José Blanco.
La negociación se acelera ante el fin de los plazos para alcanzar el acuerdo
Los acercamientos entre las partes se forjan en conversaciones informales
Pais, MANUEL V. GÓMEZ - Madrid - 23/01/2011
Los plazos para llegar a un pacto social están a punto de agotarse. Esta vez de verdad. Las fechas límite se han retrasado varias veces porque la voluntad de acuerdo por parte de sindicatos y Gobierno es firme, atendiendo a sus reiteradas declaraciones públicas. El viernes lo reiteró el líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo: "Hay voluntad de acuerdo hasta el final". Pero el 28 de enero el Ejecutivo va a presentar su proyecto de reforma de pensiones. Ya no hay más tiempo. Y ante esto, parece haber comenzado un tímido deshielo de posiciones en conversaciones informales, apuntan fuentes de la negociación, que no se han plasmado en las negociaciones oficiales. Estas, en cambio, se aceleran. Ayer hubo, al menos, un encuentro. Hoy, otro. Y si no hay fumata blanca, nadie descarta llegar al lunes.
"Si fuera por la distancia que nos separa, es imposible", dice un negociador
El citado deshielo se habría dado en charlas informales. En una de ellas el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, acompañando hacia un ascensor del Ministerio a los líderes sindicales, Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT), tuvo una "reflexión en voz alta" en la que sugirió que el Gobierno podría rebajar de 41 a 39 los años cotizados para poder jubilarse a los 65 años. Se acercaría así a los 35 que exigen los sindicatos. También en alguna de estos diálogos algún sindicalista habría mostrado cierta flexibilidad, apuntan conocedores de las negociaciones.
Pero el deshielo se queda ahí. Apenas un amago de mover ficha que ayer, antes de que comenzara la reunión, no se había plasmado en la mesa en la que se veían las caras Gómez, Méndez, Toxo y el presidente de la CEOE, Juan Rosell (la presencia del vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, es intermitente). "Lo que no está en la mesa no sirve", sentencian las mismas fuentes.
El Gobierno mantiene su intención de retrasar la edad legal de jubilación a los 67 años, permitiendo jubilarse a los 65 a quienes acrediten una larga carrera de cotización (41, oficialmente, o 39, informalmente). Los sindicatos rechazan retrasar la edad legal y sostienen que la carrera de cotización para acceder al retiro actual debe ser de 35, y la prolongación de la vida laboral ha de tener carácter voluntario y, por tanto, habría que incentivarla. A cambio, CC OO, en consonancia con su posición tradicional, acepta negociar el número de años para calcular la pensión. Pero eso para el Gobierno no es suficiente: "Así la reforma no es más que un simple aumento del periodo de cómputo". Tampoco ven bien la propuesta de UGT de que parte de las pensiones se paguen con impuestos.
Fijadas estas posiciones, la discusión se centra en acercar posturas sobre los años que son necesarios para acceder a la jubilación a los 65. Aceptar este debate implica que los sindicatos admiten que si el trabajador no tiene una carrera larga de cotización debe jubilarse más tarde. ¿Legal o voluntariamente? Es el nudo gordiano.
"Si fuera por la distancia que nos separa, el acuerdo es casi imposible", sentencia un asistente a las reuniones de alto nivel.
Las caras de la negociación
- El 'fontanero' eficaz. Valeriano Gómez conoce bien los entresijos del Ministerio de Trabajo. Ha desarrollado casi toda su carrera en puestos del departamento que ahora dirige. Cuando el presidente Rodríguez Zapatero le nombró ministro el 20 de octubre, le encargó recuperar el diálogo social. Lo ha logrado. Ahora tiene que dar frutos.
- El que marca la agenda. Ignacio Fernández Toxo, líder de CC OO, puso sobre la mesa la huelga general el 18 de diciembre al acabar una manifestación contra la reforma de pensiones. Tres semanas después, él mismo se encargó de aplazar ese fantasma al proponer un pacto social, un acuerdo que fuera más allá de las pensiones.
- El veterano. Cándido Méndez, líder de UGT desde 1994, ha estado en todas las negociaciones desde entonces. Y en todos los encontronazos. Sabe cuándo tiene que asumir el protagonismo o dar un paso atrás para facilitar el acuerdo. Su papel es el más difícil de todos. Tiene que conjugar la cercanía al PSOE de UGT con su oposición firme a la reforma de pensiones.
- Cambio de rumbo. Juan Rosell, presidente de la CEOE, casi no ha tenido tiempo para sentarse en su nuevo sillón y ya está metido de hoz y coz en las negociaciones para el pacto social más importante de la legislatura. Sustituyó a Díaz Ferrán días antes de Navidad. Se ha mostrado más proclive al pacto que su antecesor. Y así lo reconocen sus interlocutores.
Tres mesas para lograr el pacto social
Pais, M. V. G. - Madrid - 23/01/2011
Los focos iluminan las reuniones que el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, mantiene con los líderes sindicales y patronales. En ellas se habla de pensiones. "La piedra angular del pacto social", apunta un dirigente de CC OO. Pero entre los temas pendientes también está la política industrial y la energética.
Pero hay otras dos mesas. En una, agentes sociales y Trabajo buscan pactar la reforma de las políticas activas de empleo y definir las causas económicas del despido objetivo. En la otra, a dos bandas, sindicatos y empresarios quieren cerrar ya un pacto sobre la reforma de la negociación colectiva. "Hay mimbres para construir un buen cesto", cierra uno de los negociadores.
Cuatro grupos de izquierda denuncian que se desestabiliza el Pacto de Toledo
ERC, BNG, IU e ICV proponen reformas en las pensiones, pero sin recortes
Pais, FERNANDO GAREA - Madrid - 23/01/2011
"El compromiso del Gobierno es articular un recorte en las prestaciones del sistema de pensiones" lo que "ha llevado a desestabilizar al propio Pacto de Toledo y a alimentar un clima de desconfianza y desconcierto sobre el futuro de nuestras pensiones, justificando drásticos recortes por la teórica inviabilidad del sistema a medio y largo plazo", aseguran cuatro partidos de la izquierda parlamentaria. ERC, BNG, IU e ICV presentarán el lunes un voto particular conjunto al informe de la comisión del Pacto de Toledo, al que ha tenido acceso este periódico, en el que rechazan la posibilidad de recortar las pensiones, tal y como pretende el Gobierno y negocia con los agentes sociales.
El informe será votado el martes en el Pleno del Congreso y tiene asegurados los votos a favor de PSOE, PNV y Coalición Canaria. El PP presentará voto particular sobre la edad de jubilación y CiU es muy probable que apoye finalmente el texto.
El texto propone reformas del sistema de pensiones, pero sin que haya ningún tipo de recorte. "La revisión del Pacto de Toledo, especialmente en estos momentos de crisis, debe significar un cambio en la orientación trazada hasta el momento, evitando la adopción de cualquier medida que pueda significar una minoración y reducción en la cobertura de las pensiones", aseguran. Por ejemplo, propone la definitiva separación de las fuentes de financiación para que "las prestaciones de naturaleza contributiva dependan básicamente de las cotizaciones sociales, sin perjuicio de que se creen mecanismos correctores con financiación de los Presupuestos del Estado con la finalidad de mejorar las pensiones contributivas de cuantía más reducida" y que "la financiación de las prestaciones no contributivas y universales se debe efectuar exclusivamente a través de la imposición general".
Fondo de Reserva
Los partidos proponen la reforma del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para garantizarlo y recuerdan que el PSOE en la legislatura quiso sacarlo a bolsa. Proponen también "culminar el proceso de simplificación con dos únicos regímenes en los que queden encuadrados, por un lado, los trabajadores por cuenta propia, y por otro, los trabajadores por cuenta ajena" y sostienen que "reducir cotizaciones sería una irresponsabilidad".
Piden que "cualquier modificación de los tipos de cotización debe orientarse a salvaguardar la sostenibilidad del sistema". Se propone que se garanticen derechos laborales y se luche contra la "economía irregular" y que se regulen las prácticas y los másteres para que "que los periodos formativos, de prácticas, de especialización y/o de colaboración de titulados universitarios y/o de grado medio/superior se deban realizar por la vía laboral".
Los cuatro partidos pretenden que se deje de incentivar fiscalmente los planes privados de pensiones y que se mejoren los de viudedad: "elevación del porcentaje de la base reguladora que se utiliza para calcular la pensión de viudedad y considerar un tratamiento fiscal más favorable que el actual para estas pensiones".
"Las propuestas del Gobierno tendrían un impacto negativo considerable sobre las pensiones futuras" y "el retraso obligatorio de la edad de jubilación es una medida antisocial, extrema e innecesaria". Explican que "ya existen mecanismos, como la jubilación flexible, que pueden seguir desarrollándose para combinar la posibilidad de jubilación anticipada con el alargamiento voluntario de la vida laboral". Los cuatro partidos se pronuncian contra "la utilización abusiva de prejubilaciones masivas anticipadas". Los partidos de la izquierda lamentan que el Gobierno haga recaer la crisis sobre los " más desfavorecidas que no han sido causantes de la crisis" y le achacan una visión "cortoplacista". Constatan que "el 77% de los pensionistas no llega a ser mileurista"; que "se barajan porcentajes de gasto con relación al PIB a muy largo plazo como insostenibles, cuando son una realidad en varios países europeos" y que se subestiman otras variables como la tasa de paro.
UN ESTUDIO RELACIONA PARO DE LARGA DURACIÓN Y SALARIO
A más paro menos sueldo
- Investigadores españoles demuestran la relación entre desempleo y salario
- Engrosar las listas del INEM puede suponer ganar hasta un 4,5% menos
Mundo, sábado 22/01/2011 04:52, Elena Mengual
Madrid.- Quedarse en paro es algo más que un contratiempo temporal. Si la situación de desempleo se prolonga, influirá negativamente en el salario del futuro trabajo. Es decir, si se permanece más de un año en paro, es probable que al regresar a la vida activa se gane menos que en el último empleo que se desempeñó.
Ésta es la principal conclusión de un estudio realizado por un equipo de investigadores de las universidades de Alcalá de Henares y Castilla-La Mancha, y que acaba de publicarse en la revista 'Manchester School'.
En el caso de España, engrosar las listas del INEM puede suponer ganar hasta un 4,5% menos una vez que se retoma la actividad. Aún peor lo tienen los trabajadores de Italia y Portugal, que pueden ver mermado su salario en un 5,6% y un 7%, respectivamente. Y cuanto más largo es el periodo de paro o inactividad, mayor es la disminución del sueldo.
Sin embargo, estas pérdidas "suelen desaparecer al cabo de un año", explica a elmundo.es Carlos García-Serrano, profesor de Fundamentos de Economía e Historia Económica de la Universidad de Alcalá y uno de los autores del estudio, aunque en "la franja de de edad comprendida entre los 31 y los 45 años, la merma salarial suele prolongarse algo más en el tiempo".
La importancia de mantenerse activos
¿Las razones de esta tendencia? "Las personas que pasan mucho tiempo inactivas pierden formación específica. A medida que se prolonga el periodo de desempleo, también pierden motivación para buscar trabajo y mantenerse activas. Además, se pueden perder cualificaciones generales, contactos... Siempre es más fácil encontrar empleo estando ocupado, por las relaciones con compañeros de trabajo y con otras empresas", explica García-Serrano.
El paro de larga duración constituye un problema importante en el mercado español, especialmente entre aquéllos que buscan su primer empleo, y entre las mujeres. En la mayoría de los casos analizados, los investigadores pudieron comprobar que la mayor parte de las personas no agotan la prestación, y lo más habitual es registrar varios periodos de inactividad muy cortos.
Sin embargo, permanecer en el paro durante una temporada no siempre es negativo. "El impacto de la duración habría que matizarlo por el tipo de actividades que se realicen durante ese periodo", explica García-Serrano. Por ejemplo, aprovechar el tiempo de prestación para prepararse una oposición, aumentar los conocimientos o reciclarse puede ser una buena salida. Es más, García-Serrano opina que las políticas deberían encaminarse en esa dirección.
Cambios en las políticas de empleo
"España, igual que Italia y Portugal, no se caracterizan por gastar mucho en políticas activas. Y en el caso español, el problema es que la partida fundamental se destina al fomento de la contratación indefinida". Para el investigador, en situaciones como la actual debería tener más peso la formación.
"Si la economía no crea empleo y las personas van a pasar largos periodos en paro, sería interesante aumentar el gasto en formación para que esos trabajadores no reduzcan sus cualificaciones, e incluso se reciclen para poder cambiar de sector, por ejemplo en el caso de los empleados de la construcción". "Se trata de ver la situación como una oportunidad para que muchos de estos trabajadores se preparen para encontrar empleo en otros sectores que sí van a crecer, y van a necesitar mano de obra más cualificada", añade.
Otra solución por la que apuesta es por vincular las prestaciones al hecho de que personas con un nivel de educación bajo lo mejoren. "Muchos jóvenes abandonaron sus estudios durante la época de expansión, y con la crisis han perdido su empleo. Sería bueno darles una formación para que tengan al menos la Secundaria". Aunque insuficientes, en la actualidad existen iniciativas en este sentido, como las escuelas-taller, que además de enseñar un oficio, fomentan la obtención del graduado escolar.
Los sindicatos rechazan las "intoxicaciones" para alcanzar un acuerdo en pensiones
Toxo y Méndez aseguran que existe voluntad entre las partes pero reconocen que las posiciones están todavía "muy alejadas"
Tanto Gobierno, como PP, como sindicatos tienen clara la necesidad de alcanzar un acuerdo social, en el que incluya la reforma de las pensiones. Sin embargo, las posiciones siguen encontradas y más tras las últimas propuestas rectificadas planteadas por el Ejecutivo.
Tanto Gobierno como sindicatos coincidieron este viernes en señalar que pese a su voluntad de acuerdo, las posiciones están muy alejadas. Ninguna de las odo partes ve cerca el acuerdo. "Son muchas las cosas que nos separan", resumió el vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras el Consejo de ministros.
Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han asegurado que es "posible y necesario" alcanzar un acuerdo, aunque han reconocido que las posiciones todavía "están muy alejadas" y han pedido que no haya "intoxicaciones, filtraciones ni propuestas desconocidas" a falta de apenas unos días para llegar al plazo límite de negociación.
Entre esas propuestas y filtraciones, los dirigentes sindicales se han referido a la nueva ayuda de 350 euros que se anunció ayer para los parados que no cobran prestación ni subsidios, y han recordado que el 25 de enero, fecha en la que debería estar cerrado el acuerdo, "está cerca", por lo que han considerado que es momento "de concretar posturas" entre las partes.
En rueda de prensa en Sevilla previa a una asamblea con delegados de CC.OO. y UGT, Toxo y Méndez han reconocido que actualmente las posturas siguen alejadas y han valorado el "acercamiento" de los nuevos dirigentes de la CEOE, quienes "no tienen un actitud tan alejada como el Gobierno" en materia de negociación colectiva.
A su juicio, el Gobierno "debe dar un paso" adelante para propiciar el acuerdo, que pasa por reconstruir el Pacto de Toledo y un cambio de actitud en relación con la negociación colectiva y con las pensiones.
Esta misma mañana, el dirigente del PP Esteban González Pons también subrayaba la necesidad de alcanzar un acuerdo similar a los Pactos de la Moncloa que se fraguaron en 1978. Sin embargo lo ve difícil por el momento preelectoral y su convencimiento de que el Gobierno no quiere hacer verdaderas reformas.
El Pacto de La Moncloa, dos
Ignacio Escolar, 2011-01-21
La definición no es mía. Es la que usa en privado el presidente Zapatero para referirse a ese posible pacto de Estado del Gobierno con los sindicatos, la patronal y el PP: un superacuerdo anticrisis que englobe las pensiones, la energía, los flecos de la reforma laboral…, el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. El optimismo va por barrios; también era optimista Zapatero hace menos de un año, cuando fracasó el anterior intento de negociar la paz social. Pero desde entonces muchas cosas han cambiado y parece que esta vez sí hay margen para que el “Pacto de La Moncloa, dos” se haga realidad.
Para empezar, ha cambiado muchísimo la patronal. Joan Rosell no tiene ni los pufos ni tampoco la actitud perdonavidas del moroso Díaz Ferrán. Rosell lleva diciendo desde que se presentó que hace falta un acuerdo, que está dispuesto a “quemarse a lo bonzo si hace falta” con tal de pactar.
También han cambiado los sindicatos mayoritarios, aunque sus líderes sigan siendo los mismos. Tanto CCOO como UGT creen que el margen que deja la UE es estrecho: temen que, si ahora no pactan, lo que venga después será peor. ¿Resistir el embate? Ojalá. Hay bastante cabreo entre los trabajadores y parados. Pero hay muchísima más resignación.
Tampoco es el mismo Gobierno. Zapatero, el de “la crisis no la pagarán los más débiles”, se transformó en el “cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste” tras la semana negra contra el euro de mayo de 2010. Estamos, además, a unos meses de unas elecciones autonómicas y municipales en las que las perspectivas para el PSOE no pueden ser peores.
¿Y el PP? Bien, gracias. Esperando a heredar, con muy poquitas ganas de negociar. Pero si los demás pactan, les costará encontrar excusas para seguir en el no.
De las pensiones al gas natural
Público. Juan C Escudier, 22 ene 2011
De los derroteros del pacto social hay cosas que no acaban de entenderse. Como se recordará, el Gobierno empezó a discutir con los sindicatos sobre la reforma de las pensiones, y como el acuerdo era imposible y conducía una huelga general que no interesaba a nadie, las partes aceptaron ampliar la negociación a otros ámbitos, de forma que las renuncias de aquí pudieran compensarse con algún avance de allá, y el resultado fuera medianamente digerible para los estómagos más delicados. Así que de las pensiones se pasó la reforma laboral y de ahí a las políticas activas de empleo, y luego a un pacto de Estado que debía incluir un acuerdo sobre energía. Ocurre a veces que se empieza a hablar de fútbol y se termina discutiendo de física cuántica.
El asunto se ha complicado después de filtrarse que el Gobierno estaba dispuesto a reconsiderar el cierre de la central de Garoña y a extender la vida útil del resto de las plantas nucleares a cambio de que los sindicatos comulgaran con el retraso de la edad de jubilación, un cruce antinatural entre churras y merinas del que por fuerza habría de salir un engendro. Rápidamente, las partes se han apresurado a desmentir el cambalache, tachado de disparatado y grotesco por los líderes sindicales.
Lo que no se ha desmentido, entre otras cosas porque existe un borrador de tres folios al respecto, es la negociación de un acuerdo sobre el modelo energético en el que los sindicatos asumirían el mix previsto de aquí a 2020, la eliminación definitiva del déficit tarifario en 2013 con las subidas de la luz que fueran precisas o el apoyo al coche eléctrico, del que Zapatero es ferviente admirador. ¿Tiene algo que ver el nuevo sistema de cálculo de las pensiones o los futuros planes de empleo con el mantenimiento del liderazgo de España en energías renovables al que también se hace referencia? Estamos, sin duda, ante negociadores polivalentes, capaces de estar a setas y a rolex.
Tan imposible como predecir si habrá acuerdo antes del 28 de enero, que es la fecha límite que el Ejecutivo se ha impuesto para sacar adelante su reforma, es determinar las materias de las que será objeto. Si hablando de pensiones se pacta de energía, ¿por qué no de educación, fiscalidad o de algo tan concreto como la pesca del bonito? Nada está descartado.
Otra reforma de las pensiones es posible
Levante 2011-01-22, Elías Torres, Secretario de acción sindical de USOCV
El sistema público de pensiones de España es el más sano de la UE. Esto se silencia cuando se habla de su reforma. ¿Por qué, entonces, tanta urgencia y alarmismo? Por razones externas a la Seguridad Social. La Seguridad Social no tiene problemas de solvencia, su problema es que el Estado no para de meter mano en la caja de las pensiones. Desde que se creó el Fondo de Reserva de las Pensiones, el superávit de la Seguridad Social ha sido de 230.000 millones. Pero apenas 70.000 han ido a dicho fondo. ¿Adónde han ido los restantes 160.000 millones? A pagar deuda pública y financiar déficit. Tampoco se ha cumplido el Pacto de Toledo, y la Seguridad Social sigue pagando complementos de mínimos que corresponden al Estado.
USOCV lleva años pidiendo que todo el superávit de la Seguridad Social, y el de las mutuas, vaya a este fondo y que el Estado pague los complementos de mínimos. La Seguridad Social también puede aumentar ingresos. Por ejemplo, que los salarios más altos no tengan tope de cotización; o que cotice el salario en especie, auténtico coladero en directivos; o que los cooperativistas coticen todos por el Régimen General, y no como hacen las falsas cooperativas, que optan por el régimen de autónomos, restando ingresos a la Seguridad Social y compitiendo deslealmente con otras empresas. Esas medidas serían suficientes, junto a cortar las prejubilaciones en bancos y grandes empresas con beneficios, para garantizar la Seguridad Social por treinta años.
A largo plazo, el problema no es la mayor esperanza de vida, sino la caída de natalidad. Eso puede remediarse sin tocar las pensiones, favoreciendo la natalidad. En cambio, se pretende ampliar el mínimo de años para cobrar toda la pensión, aumentar el período de cálculo y prolongar la edad de jubilación. Es decir, en vez de atacar la raíz del problema, el Gobierno reduce un 26% las futuras pensiones. El Gobierno silencia dos cuestiones: que España tiene la edad de jubilación más alta de la UE y que el aumento de la edad de jubilación lo hace pensando en los planes privados de pensiones. Si el Gobierno quisiera reducir las futuras pensiones podría hacerlo con las dos primeras medidas y reduciendo la fórmula de cálculo de la pensión. Y también podría el trabajador retrasar voluntariamente su jubilación hasta los 67.
¿Por qué alargar la edad de jubilación si no es necesario? Porque la crisis ha hecho que la mayoría de los planes pierdan dinero, y si tuvieran que vender sus activos para pagar pensiones, muchos no podrían hacer frente. Ya ocurrió en Chile, donde miles de jubilados se quedaron sin ingresos. Por tanto, alargar la edad de jubilación se hace únicamente para evitar la quiebra de muchos fondos privados de pensiones. En conclusión, hay muchas medidas que se pueden tomar para asegurar las pensiones futuras sin reducirlas, y la salud del sistema público es mucho mayor que la de los planes privados.
Las cuentas de las pensiones
PÚBLICO, 22 ene 2011, Miren Etxezarreta es Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
El argumento principal para justificar la reforma de las pensiones que está en curso es que “no hay dinero” para sostener el sistema público porque el número de ancianos aumenta y el número de cotizantes no lo hace en la misma proporción, y que la reforma tiene por objetivo hacer viables las pensiones futuras. Al mismo tiempo se invita a la ciudadanía a que suscriba planes de pensiones privados para compensar las pensiones públicas que, se acepta, tendrán que disminuir. La carencia de recursos para las pensiones públicas es un dato que se toma como premisa.
¿Es así? No, porque en la mayoría de las rotundas afirmaciones sobre la inviabilidad futura de las pensiones se ignora la evolución de la riqueza de los países y que menos personas pueden producir más riqueza. En las sociedades modernas, a pesar de las crisis sucesivas, la capacidad de producir riqueza aumenta mucho en el tiempo. Y esta riqueza adicional puede cubrir las necesidades de mayor gasto que requeriría el mayor número de ancianos que se prevén, suponiendo que estas predicciones sean correctas. En España, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se observa que el PIB a precios constantes de 1986 pasó de 21,5 miles de millones de pesetas en 1971 a 44,2 miles de millones en 1997; es decir, que la producción de riqueza se dobló en 26 años. Asimismo, desde 1971 a 2006 la renta per cápita –renta producida por persona– se multiplicó por algo más de dos. Si bien la crisis rebajó algo dicho aumento en el periodo 2006-2009, todavía se puede afirmar que, en el periodo 1971-2009, la renta per cápita en términos constantes por lo menos se duplicó. En definitiva, el país es el doble de rico por persona que hace 40 años.
Asimismo, hay que recordar que, a medida que el sistema económico evoluciona, con menos personas se produce más riqueza. De modo que, frente a lo que erróneamente sostienen reputados economistas, el número de trabajadores activos es irrelevante respecto a la viabilidad de mantener las pensiones en el futuro. Lo que importa no es cuántos trabajadores hay, sino la riqueza que producen.
Si, como es de esperar, a pesar de los avatares del capitalismo actual la capacidad de producir riqueza sigue aumentando, no hay ninguna razón por la que estas sociedades no puedan mantener una población mayor de ancianos. La riqueza, los recursos materiales y el dinero necesario existen en la sociedad. Por tanto, si se afirma que no hay dinero para las pensiones, la pregunta pertinente es: ¿dónde está entonces la riqueza producida? ¿Quién se ha hecho dueño de la misma?
De la riqueza producida anualmente en el país, las remuneraciones al trabajo se llevan algo menos de la mitad, mientras que algo más del restante 50% de la riqueza es absorbido por el capital. Por su parte, el Estado se nutre –desigualmente– de ambas fuentes. En España las pensiones públicas se pagan con las contribuciones de los salarios, pero no hay ninguna razón económica por la que haya de ser así. La crisis de las pensiones públicas, si llegase a producirse, sólo sería debido al mantenimiento del sistema dentro del más estricto statu quo. Pero no hay absolutamente ningún motivo por el que el sistema no pueda modificarse en dirección distinta de la que se está proponiendo ahora. Si cada vez se insiste más en la importancia de los aspectos inmateriales en la producción de riqueza –conocimiento, investigación, educación, salud, gobernanza…–, es una falacia no considerar que la sociedad es una unidad cuyo esfuerzo conjunto produce una riqueza que se ha de distribuir entre todos. ¿Por qué sólo los trabajadores en activo han de costear las pensiones? La crisis de las pensiones no es porque faltan recursos; es debida a una distribución perversa de la renta. Lo que pasa es que la riqueza producida está muy mal repartida.
Se recomiendan las pensiones privadas, pero ¿no sería más seguro y eficiente aumentar la dotación a las pensiones públicas que potenciar que se invierta el dinero en pensiones privadas, enormemente inseguras, vulnerables ante la inflación y de alto coste de gestión? ¿Acaso es esta la solución? Es destacable que en el debate sobre las pensiones no se haga referencia al bienestar de los pensionistas, quienes implícitamente parecen ser considerados como afluentes. ¿Y cómo es que se conceden generosas exenciones fiscales a las pensiones privadas mientras se plantea que no habrá dinero para las públicas?
Hay soluciones distintas a la disminución de las pensiones públicas si eventualmente se presentan problemas para las mismas. Y además, en cualquier caso, ¿por qué tanta prisa en plantear ahora, en plena crisis, un problema que, se materializaría dentro de 20 años?
Es evidente que la reforma de las pensiones, tal como se presenta desde 1994 por el Banco Mundial y se refuerza e intensifica ahora por las instituciones internacionales, la Unión Europea y los gobiernos respectivos, no tiene sus raíces en los problemas económicos de las pensiones públicas futuras, sino en el gran interés de las instituciones financieras en absorber todavía más un suculento negocio (los fondos de pensiones gestionan actualmente el 35% de todas las acciones existentes en el mundo).
La reforma de las pensiones públicas a la baja, como la actual, no tiene como objetivo resolver el problema de las pensiones públicas sino potenciar las pensiones privadas, que constituyen un estupendo negocio para los capitales financieros que dominan nuestras sociedades. Para ello, el capitalismo no duda y consigue convertir en problema el alargamiento de la esperanza de vida, uno de los pocos avances reales que el sistema socioeconómico permite.
Los jubilados colapsan Paiporta para no pagar la tasa de basura
El municipio se une a la iniciativa de Paterna y Torrent, que eximen a sus vecinos de abonar el tratamiento y la eliminación de residuos
Provincias, 22.01.11 - 00:17 - M. J. CARCHANO | PAIPORTA.
Cada mañana, decenas de jubilados se agolpan a las puertas del Ayuntamiento de Paiporta, esperando que abran las puertas para poder solicitar la subvención a la tasa de basura, que ya han pagado en el recibo del agua. Esta misma semana, más de 500 vecinos han pedido que les devuelvan los 20 euros que pagaron durante 2010, y que por primera vez asumirá el Consistorio de Paiporta.
El municipio se suma así a las medidas tomadas por Paterna y Torrent, que se enfrentaron a la decisión de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) de imponer una tasa a los vecinos por el tratamiento y eliminación de las basuras que generan.
El alcalde de Paterna, Vicente Ibor, destacó ayer que el Ayuntamiento ya bonificaba al 100% a estos vecinos en la parte que gestiona la recogida. Ahora «hemos ido más alla y subvencionamos también el tratamiento y eliminación que cobra el Emtre». Hasta que finalice el plazo previsto, el día 18 de febrero, el equipo de gobierno estima que más de mil jubilados y pensionistas del municipio soliciten esta ayuda.
La realidad es que esta es una de las tasas más impopulares que se han aprobado en los últimos años, ya que las plantas de tratamiento que pretende financiar la tasa todavía no están ni siquiera inauguradas. La tasa fue aprobada en 2009 y desde entonces está incluida en el recibo del agua que llega a cada vivienda de Valencia y el área metropolitana.
El alcalde de Paiporta, por otro lado, presentó ayer en el juzgado de Paz el acto de conciliación previo a la querella criminal que va a interponer contra la edil de Compromís, Isabel Martín, y tres miembros más de dicha coalición por «injurias y calumnias graves con publicidad, denuncia falsa y falsedad».
Vicente Ibor, abogado penalista de profesión, va a dirigir personalmente esta querella sobre la que anuncia «que llevará el procedimiento penal hasta las últimas consecuencias para evitar que actitudes tan ilegítimas como las de la concejal Isabel Martin, puedan tener cabida dentro de los procesos democráticos».
Con esta contundente respuesta, iniciada apenas 48 horas después de hacerse pública la noticia de la denuncia ante Fiscalía de Isabel Martín, Vicente Ibor demuestra «ir de frente para atajar de raíz» lo que considera «una intolerable maniobra política con fines exclusivamente mediáticos y propagandísticos a costa de mi honor, mi imagen pública y la gestión de los técnicos y habilitados nacionales del Ayuntamiento de Paiporta».
La edil de Compromís presentó una denuncia contra el alcalde por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias en la contratación del abogado Antonio Prieto.
Edad de jubilación, incentivos y flexibilidad
Pais, LUIS RECUENCO 24/01/2011
En 2001, Peter Diamond, uno de los investigadores sobre sistemas de pensiones más citado en el mundo y actual Premio Nobel de Economía, habló de este asunto en nuestra Universidad. Indicó que los trabajadores presentan diferencias en aspectos como la esperanza de vida (EV), las oportunidades para seguir trabajando y la acumulación de cotizaciones para la jubilación. Señaló que un buen sistema de pensiones debe ser lo suficientemente flexible tanto para permitir que diferentes perfiles de trabajadores puedan jubilarse a distinta edad, como para generar incentivos para que decidan prolongar su actividad laboral.
Primar el retiro tardío de los trabajadores cualificados es una fórmula más justa
En cambio, la propuesta de retrasar en España la edad de jubilación a los 67 años crearía un sistema más inflexible para los trabajadores manuales, incrementando la pobreza, y desincentivaría la permanencia de los cualificados. Asumiendo que la realidad es más compleja, mostraré mediante dos tipos ideales de trabajadores los mecanismos que hay detrás de la afirmación anterior. Plantearé una propuesta para gestionar la diversidad laboral caracterizada por incrementar la flexibilidad, los incentivos y la edad media de jubilación.
María, de 63 años, reside en Ciutat Vella, un barrio popular de Barcelona, y trabaja como mujer de la limpieza en la Universidad. Juan, de 63 años, vecino del barrio acomodado de Pedralbes, de Barcelona, es catedrático en esa misma Universidad. Durante los últimos años, el estado de salud de María ha ido empeorando, provocando muchas bajas. Debido a una condromalacia rotuliana, nota muchas molestias cuando friega las escaleras de la facultad. Por el contrario, Juan irradia energía, es un apasionado de su trabajo y acaba de publicar el libro más importante de su trayectoria profesional. Al llegar a la facultad, aunque dispone de ascensor para subir a su despacho ubicado en la tercera planta, prefiere utilizar las escaleras y hacer un poco de ejercicio cada día.
Asumamos que María y Juan se comportan según los patrones promedio de sus respectivos grupos de edad y cualificación. Son dos perfiles de trabajadores radicalmente distintos en la transición hacia la jubilación. María empezó a trabajar a los 17 años y Juan, a los 21. Y María tiene una EV entre ocho y 10 años inferior a la de Juan.
Para María, el sistema actual ya es injusto, pues desea jubilarse antes de los 65 años. Al aplicarle penalizaciones de entre un 6% y 8% por cada año que se jubila anticipadamente, vería reducida su pensión. Pero es que retrasar la jubilación a los 67 años supondría un sistema aún más injusto, al incrementar dos años las penalizaciones por jubilación anticipada. Imaginemos que María no tuviera problemas de salud y pudiese jubilarse, con el sistema actual, a los 65 años. Sin penalizaciones del 8%, le correspondería una pensión de 785 euros. Pero si se jubilara hoy con 63 años, con las penalizaciones vería mermada su pensión, recibiendo 660 euros. Y a los 63 años, con la propuesta de los 67, vería reducida su pensión hasta 558 euros, situándola por debajo del umbral de la pobreza.
La realidad de Juan y de la mayoría de los trabajadores más cualificados es otra. Disponen de un mejor estado de salud, un trabajo no alienante y podrían seguir trabajando pasados los 65. Pero el sistema actual no incentiva positivamente a estos trabajadores. Determinados colectivos se ven forzados a jubilarse a los 65 y además los incentivos para seguir trabajando son casi inexistentes. A partir de la reforma de 2008 es posible que Juan incremente su pensión en un 2% o 3% por año adicional, pasados los 65 años, después de haber cotizado durante 35 o 40 años. Pero al ser un incentivo ínfimo, este catedrático ha decidido jubilarse a la edad legal.
Peter Diamond propone: 1. Establecer una edad temprana para la jubilación anticipada flexible. 2. Incrementar la pensión para aquellos trabajadores que retrasan su jubilación. La propuesta flexible, que no empeoraría las condiciones de vida para los trabajadores manuales con una EV reducida y menores cotizaciones, debería mantener los 65 años. Para los más cualificados, con una EV mayor y cotizaciones elevadas, tendría que continuar esta edad, pero flexibilizando y modificando el sistema de incentivos. No tiene mucho sentido penalizar al trabajador con un 8% anual por jubilación anticipada y solo incrementar su pensión futura en un 2% o 3% por año adicional trabajado pasados los 65 años. Existe margen para subir los incentivos.
En Estados Unidos, por cada año adicional trabajado, superada la edad de jubilación, existe un incentivo económico del 8%. Una propuesta flexible y atractiva para prolongar la actividad laboral de los trabajadores cualificados sería establecer un sistema de incentivos escalonado: un incremento del 6% de la pensión a los 66, un 7% a los 67, un 8% a los 68, un 9% a los 69 y un 10% pasados los 70 años. Conseguiríamos prolongar la vida laboral de los trabajadores que tienen mejor estado de salud. Son los que deberían permanecer más tiempo activos, ya que sus cotizaciones son elevadas y disponen de un capital humano importante. Generaríamos así mayor flexibilidad e incentivos en el sistema, incrementando la edad media de jubilación del país, acercándola a la edad legal de jubilación, sin perjudicar a determinados grupos sociales.
Luis Recuenco es profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra y coautor de Por un sistema de pensiones públicas sostenible.
Zapatero explica a la dirección del PSOE la última hora de la negociación sobre pensiones
Sindicatos y patronal también exponen a sus miembros los avances en materia de negociación colectiva
Pais, A. DÍEZ / L. ABELLÁN - Madrid - 24/01/2011
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, explicará hoy ante la Ejecutiva nacional del partido la última hora de la negociación sobre pensiones y negociación con sindicatos y patronal, intensificada durante el fin de semana y en la que las partes mantienen la expectativa de acuerdo aunque las diferencias siguen siendo notables.
La negociación ha llegado al momento clave para dilucidar si el pacto social que buscan desde hace semanas prospera o queda enterrado. Los sindicatos pretenden llegar a alguna conclusión hoy mismo, un día antes de que el Congreso de los Diputados vote las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre pensiones, que deberían constituir la base de la reforma.
Pese a la inmediatez de esa cita parlamentaria, oficialmente el Gobierno da de plazo hasta el mismo viernes, cuando el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de reforma de pensiones, para alcanzar acuerdos con los agentes sociales. En cualquier caso, todos son conscientes de que, si hay pacto, tendrá que vislumbrarse antes de ese día para poder introducir las medidas consensuadas en el documento que se presentará el viernes.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez; los líderes sindicales de UGT, Cándido Méndez, y de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y el presidente de la CEOE, Juan Rosell, han empleado buena parte del fin de semana en profundizar en la propuesta de pensiones, el punto más controvertido del pacto social. Pese a que las posiciones se mantienen distantes, nadie se levanta de la mesa y las propuestas y contrapropuestas se han sucedido durante todo el fin de semana.
Con acuerdo o sin acuerdo, el PSOE prepara al partido para que se mantenga unido en torno al Gobierno. Ese fue el objeto de la reunión del sábado con los barones territoriales. Esta tarde continúa la ronda con los secretarios provinciales y locales. Mañana, culminará la explicación
Un 20% de pensionistas, en riesgo de pobreza relativa
Un estudio de los técnicos de Hacienda subraya que 3 de cada 4 no alcanzan los mil euros mensuales
Levante 2011-01-24, EFE / MADRID
España es uno de los países de la Unión Europea (UE) con mayor porcentaje de pensionistas en riesgo de pobreza relativa, un 19,3 %, según un informe hecho público hoy por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Ghesta) con motivo de la reforma de pensiones que presenta este viernes el Gobierno.
De acuerdo con este informe, realizado con datos de 2009 de la oficina estadística europea (Eurostat), sólo otros siete países comunitarios superan la tasa española: Finlandia (21,7%), Reino Unido (24%), Lituania (27,6%), Bulgaria (36,5%), Estonia (37,9%), Chipre (47,8%) y Letonia (51,2%).
En el análisis de Ghesta se destaca además que un 77% de los pensionistas españoles no llega ni siquiera a cobrar mil euros de prestación, a lo que tienen que sumar una pérdida de poder adquisitivo superior a la de la mayoría de países europeos más desarrollados.
Por ello, los técnicos de Hacienda consideran que la negociación y aprobación de la reforma de las pensiones, que termina esta semana, debe hacerse "sin prisas" y respetando la concertación social y el Pacto de Toledo, acuerdo parlamentario que desde 1995 hace recomendaciones para garantizar el futuro de las prestaciones.
De la principal medida que incluirá la reforma del Gobierno, la elevación en dos años de la edad legal de jubilación (hasta los 67), Ghesta dice que no se justifica porque, según afirman, la tasa de supervivencia de los mayores de 65 españoles entre 1991 y 2008 sólo se ha incrementado en 2,4 años.
Como alternativa, los técnicos proponen que una parte de los impuestos vaya al sistema público de pensiones para que tenga una mejor financiación, que se incentive mejorar la permanencia voluntaria en el mercado de trabajo más allá de los 65 años y que exista una mayor lucha contra las bolsas de fraude, especialmente contra la economía sumergida.
Para Ghesta, el Ministerio de Economía y Hacienda debería convertir la lucha contra la economía sumergida en una "prioridad", en vez de exigir "sacrificios" a los trabajadores y a los pensionistas, puesto que el "verdadero lastre de las cuentas públicas es la evasión de más de 88.000 millones de euros cada año".
El Gobierno insiste en cotizar 41 años para jubilarse a los 65
Todo aquel que no tenga un período suficiente tendrá que alargar su salida del mercado de trabajo hasta los 67
Provincias, 24.01.11 - 18:42 - EFE | MADRID
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha afirmado que el Gobierno mantiene que se deben cotizar 41 años para poder jubilarse a los 65. Después de la Conferencia Sectorial de Empleo para explicar a los representantes de las comunidades autónomas su propuesta sobre las políticas activas y el cambio de la ayuda de los 426 euros, Gómez ha manifestado que esa es la "flexibilidad que propone el Gobierno".
Según el ministro, quienes hayan cotizado 41 años a la Seguridad Social podrán seguir jubilándose a los 65, mientras que los que no tengan un período suficiente tendrán que alargar su salida del mercado de trabajo hasta los 67. Valeriano Gómez ha recordado que la implantación de los 67 años se hará de forma flexible, ya que el cambio comenzará en enero de 2013 y terminará en 2027.
Preguntado cómo van las negociaciones con los sindicatos y la patronal para cerrar un pacto global que vaya más allá de las pensiones, expresó su deseo de que se pudiera alcanzar antes de que mañana el Congreso vote las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre pensiones. "Ojalá" fuera así ha afirmado el ministro de Trabajo, quien ha añadido que ese consenso sería una "muy buena noticia".
No obstante, ha matizado que "no es imprescindible" que la negociación termine antes de que se vote -mañana por la tarde- dichas recomendaciones, en referencia a que es el viernes cuando el Ejecutivo aprueba su anteproyecto de ley de reforma de las pensiones. Al respecto, ha destacado que las negociaciones con los agentes sociales se van a intensificar esta semana, porque el "ánimo" del Gobierno es acercar posturas.
El ministro tiene previsto reunirse esta tarde de nuevo con los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, y con el presidente de la CEOE, Juan Rosell. Valeriano Gómez eludió dar detalles de cómo van las negociaciones y si se están acercando las posiciones, porque, por respeto a la partes, ni puede ser "radiada ni televisada". En cuanto a si el Gobierno ha logrado un mayor respaldo en la votación de las recomendaciones del Pacto de Toledo de mañana, Gómez ha manifestado que el objetivo es obtener el "máximo acuerdo".
El Congreso aprueba el informe que pide un retraso 'progresivo' y 'no forzoso' de la jubilación
- Apoyan un nuevo marco 'más flexible' PSOE, CiU, PNV y CC; abstención del PP
- Valeriano Gómez: El Congreso avala así los planteamientos del Gobierno
- El PP dice que retrasar la jubilación recortará un 20% las prestaciones
Mundo, martes 25/01/2011 21:38
Efe | Europa Press
Madrid.- El Pleno del Congreso ha aprobado el informe de recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, al que se ha incorporado a última hora una modificación pactada entre PSOE y CiU que reclama que cualquier modificación de la edad legal de jubilación sea "progresiva" y no "homogénea y forzosa".
El documento con las recomendaciones no vinculantes de la Comisión del Pacto de Toledo ha sido aprobado con 334 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones.
La modificación acordada entre PSOE y CiU implica dejar la puerta abierta a la propuesta del Gobierno de retrasar progresivamente la edad de jubilación hasta que sea de 67 años a partir de 2027.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, aseguró tras la votación que la Cámara avaló con "una amplia mayoría" el esquema de "gradualidad y flexibilidad" planteado por el Ejecutivo para reformar las pensiones.
Con las recomendaciones del Congreso, y haya acuerdo o no con los agentes sociales, el Ejecutivo aprobará este viernes en Consejo de Ministros su anteproyecto de Ley de la reforma del sistema de pensiones.
El punto propuesto por CiU, que modifica el texto aprobado el pasado 29 de diciembre, ha contado con el apoyo de PNV y CC, hasta sumar 186 escaños mientras que el PP se ha abstenido y ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y UPyD han votado en contra.
Por su parte, los votos particulares presentados por 'populares', minorías de izquierda y UPyD para hacer explícito el rechazo del Congreso al retraso de la edad de jubilación no prosperaron. El PP también se abstuvo en todos ellos, salvo en el suyo.
La única propuesta aceptada por todos los grupos, entre las veintisiete modificaciones planteadas, fue la presentada de manera conjunta para hacer explícito el compromiso de los grupos en favor de la defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones "basado en el reparto y la solidaridad".
CiU accede a un retraso 'flexible' de la jubilación
El voto particular de CiU elimina la mención a la "voluntariedad" que introducía en su texto original y modifica el párrafo en el que señalaba que "no parece imprescindible y necesario aumentar la edad legal de jubilación que hoy existe de manera homogénea y forzosa para el conjunto de las personas".
Asimismo, se recalca que esta modificación "progresiva" de la edad legal de jubilación no afectará a quienes se jubilen de inmediato.
CiU aboga porque la cuantía de la pensión a percibir dependa más del número de años cotizados a lo largo de la vida de las personas, de su esperanza de vida en el momento de la jubilación y en su capacidad de elegir en qué momento abandonan el mercado trabajo, que de otros factores.
Caldera desconfía de los incentivos voluntarios
En su estreno en la tribuna como portavoz socialista en materia de pensiones, Jesús Caldera, ha recordado que la anterior reforma, que se hizo cuando él mismo ocupa la cartera de Trabajo, ya se planteaba incentivar el retraso voluntario de la jubilación, pero sólo se han acogido a esta posibilidad el 3% de los potenciales beneficiarios.
"Por eso creemos que hay que ir más allá", ha asegurado, señalando que así se lo ha indicado a sus propias hijas.
Por su parte, el portavoz del PP, Tomás Burgos, ha advertido al Gobierno de que debe tener en cuenta las recomendaciones del Pacto de Toledo, que en su mayoría cuentan con el respaldo 'popular', salvo el "injusto" retraso de la edad de jubilación, que implica un recorte del 20% en las prestaciones.
Sin embargo, el diputado de CiU, Carles Campuzano, ha recalcado que las 21 recomendaciones constatan el compromiso de los grupos parlamentarios con el carácter público del sistema público de pensiones.
En cualquier caso, Campuzano ha recordado que el anteproyecto de Ley del Gobierno tendrá que pasar por el Congreso, de modo que el Ejecutivo tendrá que mostrar "capacidad de diálogo" con políticos y agente sociales.
El Gobierno insiste en cotizar 41 años para jubilarse a los 65
Todo aquel que no tenga un período suficiente tendrá que alargar su salida del mercado de trabajo hasta los 67
Provincias, 24.01.11 - 18:42 - EFE | MADRID
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha afirmado que el Gobierno mantiene que se deben cotizar 41 años para poder jubilarse a los 65. Después de la Conferencia Sectorial de Empleo para explicar a los representantes de las comunidades autónomas su propuesta sobre las políticas activas y el cambio de la ayuda de los 426 euros, Gómez ha manifestado que esa es la "flexibilidad que propone el Gobierno".
Según el ministro, quienes hayan cotizado 41 años a la Seguridad Social podrán seguir jubilándose a los 65, mientras que los que no tengan un período suficiente tendrán que alargar su salida del mercado de trabajo hasta los 67. Valeriano Gómez ha recordado que la implantación de los 67 años se hará de forma flexible, ya que el cambio comenzará en enero de 2013 y terminará en 2027.
Preguntado cómo van las negociaciones con los sindicatos y la patronal para cerrar un pacto global que vaya más allá de las pensiones, expresó su deseo de que se pudiera alcanzar antes de que mañana el Congreso vote las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre pensiones. "Ojalá" fuera así ha afirmado el ministro de Trabajo, quien ha añadido que ese consenso sería una "muy buena noticia".
No obstante, ha matizado que "no es imprescindible" que la negociación termine antes de que se vote -mañana por la tarde- dichas recomendaciones, en referencia a que es el viernes cuando el Ejecutivo aprueba su anteproyecto de ley de reforma de las pensiones. Al respecto, ha destacado que las negociaciones con los agentes sociales se van a intensificar esta semana, porque el "ánimo" del Gobierno es acercar posturas.
El ministro tiene previsto reunirse esta tarde de nuevo con los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, y con el presidente de la CEOE, Juan Rosell. Valeriano Gómez eludió dar detalles de cómo van las negociaciones y si se están acercando las posiciones, porque, por respeto a la partes, ni puede ser "radiada ni televisada". En cuanto a si el Gobierno ha logrado un mayor respaldo en la votación de las recomendaciones del Pacto de Toledo de mañana, Gómez ha manifestado que el objetivo es obtener el "máximo acuerdo".
"Hay mucha demagogia al respecto"
Público. 2011-01-25, Julio Anguita, ex diputado de IU
1. ¿Percibe usted el complemento de pensión para ex diputados?
Tenía derecho a ello porque fui diputado durante más de siete años y mi pensión no alcanzaba el máximo, pero lo rechacé.
2. ¿Por qué?
Me jubilé y me dirigí por escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados rechazando el complemento por coherencia con el discurso que defendí durante años y porque consideré que con la pensión de mi puesto de trabajo anterior al de diputado profesor de escuela tenía suficiente.
3. ¿Considera que debería desaparecer ese privilegio?
Me parece que hay mucha demagogia al respecto. Si se propone como solución para la crisis, creo que antes se deberían implantar más impuestos para el capital o pedir cuentas a la banca. Ese privilegio fue creado para muchos diputados que fueron reprimidos durante la dictadura y que, sin él, no podrían haber cobrado ningún tipo de pensión.
4. ¿No cree que si desaparecen esas ventajas mejoraría la percepción ciudadana de los políticos?
La calle lo puede ver muy bien, pero hay que hacerle ver todo el dinero público que se destina a otros asuntos como la Iglesia católica y que se podría suprimir para hacer frente a la crisis. Si una vez subidos los impuestos se sigue en una situación delicada, sí se podría plantear, pero es poco serio hacerlo en este momento.
5. ¿También en el caso de los ex presidentes del Gobierno?
Es vergonzoso que no hayan renunciado a la pensión vitalicia trabajando en la empresa privada. Es poco ético y estético.
El Pacto de Toledo admite subir la edad de jubilación, pero no de forma forzosa
El Congreso de los Diputados aprueba las 21 recomendaciones sobre la reforma de las pensiones, en las que se ha incluido un voto particular de CiU para que cualquier modificación de la edad legal de jubilación sea "progresiva" y no "homogénea y forzosa"
El Pleno del Congreso ha aprobado con la oposición de las minorías de izquierda el informe de recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, que incorpora una modificación pactada entre PSOE y CiU que reclama un nuevo marco legal sobre la edad de jubilación "más basado en la flexibilidad y gradualidad", de manera que cualquier modificación del mismo se haga de manera "progresiva" y no de manera "homogénea y forzosa para el conjunto de las personas".
Esta propuesta, que modifica el texto aprobado el pasado 29 de diciembre, ha contado con el apoyo de PNV, hasta sumar 186 escaños mientras que el PP y CC se ha abstenido y ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y UPyD han votado en contra. Por contra, los votos particulares presentados por populares, minorías de izquierda y UPyD para hacer explícito el rechazo del Congreso al retraso de la edad de jubilación no prosperaron. El PP también se abstuvo en todos ellos, salvo en el suyo.
El PP intentó lograr una votación separada de los puntos del informe para reforzar que se desmarcaba del pacto entre PSOE y CiU, si bien el PSOE utilizó su mayoría para frenar esta posibilidad. Tampoco prosperó el voto particular del PNV que reclamaba que se reconozca la posibilidad de que las comunidades autónomas utilicen "sistemas singulares o especializados" de gestión de las pensiones, sin afectar los principios de solidaridad y de la igualdad de derecho de todos los ciudadanos para acceder "en igual cuantía" a las prestaciones públicas.
"Reparto y solidaridad"
La única propuesta aceptada por todos los grupos, entre las 27 modificaciones planteadas, fue la presentada de manera conjunta para hacer explícito el compromiso de los grupos en favor de la defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones "basado en el reparto y la solidaridad". El presidente de la Comisión del Pacto de Toledo, Juan Morano, ha abierto el debate señalando que el informe la Comisión marca las principales adaptaciones para el sistema de pensiones necesarias para garantizar su "sostenibilidad financiera.
En su estreno en la tribuna como portavoz socialista en materia de pensiones, Jesús Caldera ha remarcado que en los próximos 35 años el sistema de pensiones dará entrada a 22 millones con una media de supervivencia de 24 años, el doble de lo anotado en los 35 años anteriores, lo que justifica las reformas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.
En este sentido, ha recordado que la anterior reforma, que se hizo cuando él mismo ocupa la cartera de Trabajo, ya plantean incentivar el retraso voluntario de la jubilación, pero sólo se han acogido a esta posibilidad el 3% de los potenciales beneficiarios. "Por eso creemos que hay que ir más allá", ha asegurado, señalando que así se lo ha indicado a sus propias hijas.
"Mover fichas a la desesperada"
El portavoz del PP, Tomás Burgos, ha advertido de que la reforma de las pensiones no pude limitarse a "mover las fichas" a la "desesperada" y el Gobierno debe tener en cuenta las recomendaciones del Pacto de Toledo, que en su mayoría cuentan con el respaldo 'popular', salvo el "injusto" retraso de la edad de jubilación, que implica un recorte del 20% en las prestaciones.
"Hoy que el sistema lleva perdidos casi dos millones de cotizantes, se desploma el superávit de la Seguridad Social y se congelan las pensiones es cuando debemos decir que esta situación debe revertirse", ha asegurado, recalcando que la prioridad no puede ser una "reforma de pensiones improvisada" y sin consenso.
El diputado de CiU, Carles Campuzano, ha recalcado que las 21 recomendaciones constatan el compromiso de los grupos parlamentarios con el carácter público del sistema público de pensiones y ha rechazado la visión "catastrofista" de las minorías de izquierda. Además, ha advertido de que la Cámara Baja tiene la obligación de tramitar "bien" el proyecto de ley que remita el Gobierno al Congreso y ha defendido el acuerdo con el PSOE para un voto particular para lograr un "consenso político y social en los próximos días" y tranquilizar a los pensionistas. Para ello el Gobierno debe mostrar "capacidad de diálogo" con grupos políticos y agente sociales.
"Reduccionista y aberrante"
El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, ha lamentado la "desfiguración mediática" del debate al centrarse en la edad de jubilación, lo que supone una vía "reduccionista y aberrante", pues modificarla "no sirve para nada" si no se tiene en cuenta otras medidas. Asimismo, ha recordado que una medida similar costó la cancillería alemana a Gerhard Schroeder, si bien se ha apresurado a aclarar ante el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. que "no intentaba ser premonitorio".
Por parte de ERC, Joan Ridao ha rechazado que las recomendaciones dejen "manos libres" al Gobierno para retrasar la edad de jubilación "metiendo miedo" a los ciudadanos sobre la viabilidad del sistema pública, que en cualquier caso está garantizada hasta 2023. "Existe con u sistema publico viable, eficaz y de calidad, que no penalice la longevidad", ha remarcado.
IU: "Es lo peor del capitalismo"
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha asegurado que, más allá del informe aprobado pese a su voto contrario, es la propuesta del Gobierno la que busca "doblar el pulso al Congreso" y "recorta las escasa conquistas sociales" logradas en España a lo largo de las décadas con una ruptura del sistema público de pensiones, que se recortarán de manera "brutal". "Estamos ante la recuperación de lo peor del capitalismo", ha denunciado.
La representante del BNG, Olaia Fernández Davila, ha indicado que la respuesta del Gobierno a la crisis "se reduce a ajustes sociales" como los relativos a las pensiones, recortes ante lo que las recomendaciones de la Comisión son "demasiado ambiguas" y dejan las manos libres al Gobierno. Por su parte, la diputada de NaBai, Uxue Barkos, ha expresado su rechazo a que se trate de "cuestionar la viabilidad" del sistema público de pensiones.
La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha defendido sus quince votos particulares presentados por su formación, en especial lo relativo al mantenimiento de la edad legal jubilación en los 65 años y la modificación de las prejubilaciones "injustas".
El PSOE negocia in extremis el consenso político en pensiones
PP y CiU plantean enmendar el texto que salió del Pacto de Toledo con una negativa clara a subir la edad legal de jubilación
El Gobierno y la dirección del Grupo Parlamentario Socialista negociaban anoche in extremis para intentar salvar el dictamen sobre la reforma de las pensiones aprobado por la Comisión del Pacto de Toledo. Los votos particulares contra la subida de la edad legal de jubilación, presentados por todos los partidos salvo el PNV y el propio PSOE, cogieron por sorpresa a los socialistas, que no contaban con estas propuestas de enmienda. "Todos hicimos concesiones y se logró un amplio acuerdo sobre el texto del dictamen", alegaron fuentes gubernamentales.
La preocupación era mayor por cuanto los votos particulares afectan a "temas sensibles" y los partidos de la oposición podrían apoyarse entre sí, de forma que el resultado final de las votaciones en el Congreso podría volverse impredecible. Para evitarlo, desde el Ejecutivo y el Grupo Socialista se negociaban la apsada noche diversas opciones. La principal, amarrar el apoyo del PNV y Coalición Canaria apelando al pacto de estabilidad parlamentaria. La primera alternativa, pactar con CiU. Y, por si acaso, negociar con todos los grupos proponentes la posibilidad de presentar enmiendas transacionales que modulen los vetos. "La tensión seguirá hasta mañana (por hoy). No se puede dar nada por seguro", advirtieron interlocutores que parti-cipan en esas negociaciones.
La avalancha de votos particulares ha cogido por sorpresa al PSOE
Aunque el simple hecho de que la negociación se mantuviera abierta se consideraba anoche "un buen indicio", el Gobierno anticipaba también la venda a la posible herida. "Tampoco hay que dramatizar las cosas. El pleno del Congreso aprobará un dictamen que no obliga al Gobierno. El Gobierno aprobará el anteproyecto de ley que considere y después se podrá seguir negociando", señalaron interlocutores gubernamentales.
Y es que si alguno de los votos particulares que han emitido los partidos logra la mayoría, se tendría que modificar el texto tal y como salió de la Comisión del Pacto de Toledo. En ese caso, el Congreso se habría pronunciado tajantemente contra la subida de la edad legal de jubilación, frente al texto actual que por su ambigüa redacción deja manos libres al Ejecutivo para adoptar esta decisión, sin contradecir el dictamen aprobado.
Aunque el PSOE salve la votación, el consenso al que aspiraba el Gobierno para reformar las pensiones queda herido de muerte. Fuentes socialistas reconocen que aspiran a conseguir el apoyo del PP para garantizar la estabilidad de la reforma, que es vital que permanezca durante varias legislaturas.
IU-ICV, ERC y BNG han presentado hasta ocho votos particulares
Ayer por la tarde, fuentes de Izquierda Unida aseguraron a este periódico que existía un "pacto" entre partidos para que se vote, de forma recíproca, la oposición a la subida de la edad legal de jubilación. Fuentes del PP también confirmaron la posibilidad de votar a favor de las enmiendas presentadas por CiU y los grupos de izquierda por lo que "esperan" que estos a su vez les voten. Sin embargo, desde CiU rechazan la existencia de ningún pacto cerrado y aseguran que decidirán hoy si votan también las propuestas del resto de los grupos.
Con todo, la aritmética parlamentaria exige que PNV y Coalición Canaria respalden estos votos para que puedan lograr su incorporación en el texto final que el Congreso remitirá al Ejecutivo. Las dos agrupaciones políticas aseguraron que no fijarían su posición hasta antes de la votación que tendrá lugar esta tarde en el Congreso.
Los partidos minoritarios de izquierdas (IU-ICV, ERC y BNG), ya habían anunciado que emitirían un voto particular contra la totalidad del texto pactado en la Comisión, para expresar su disconformidad con la forma en la que el Ejecutivo ha encarrilado la reforma de las pensiones. Sin embargo, los votos particulares que el PP y CiU presentaron ayer por la tarde sí son inesperados, sobre todo porque manifiestan, de forma expresa, la oposición de los dos grupos a que se aumente la edad legal de jubilación por encima del límite actual de 65 años.
Los minoritarios de izquierda defienden incidir en la recaudación
La decisión de CiU se tomó, según su portavoz en el Pacto de Toledo, Carles Campuzano, por la necesidad de la agrupación política de "fijar su propia posición y no atenerse a votar las reacciones del resto". Hasta ahora, Campuzano se había mostrado como el más conciliador de los portavoces presentes en el pacto y cabía esperar un acuerdo con el Gobierno en materia de forma de las pensiones.
La posición del Partido Popular sobre la posibilidad de subir la edad legal de jubilación no ha sido clara hasta la recta final de las negociaciones del Pacto de Toledo, cuando se inclinó a que se preservara el modelo actual en 65 años y se abogara por fórmulas voluntarias.
Las agrupaciones minoritarias de izquierdas defenderán hoy sus ocho votos particulares al dictamen del Pacto de Toledo, uno de ellos contra la congelación de las pensiones que efectua este año el Gobierno. Además, el voto a la totalidad del dictamen les ha permitido vertebrar también lo que sería una reforma de las pensiones de izquierdas para estas agrupaciones.
Así, incide en la necesidad de que el Ejecutivo cumpla recomendaciones que se hicieron en rondas anteriores del Pacto de Toledo, como la separación de las fuentes de financiación; esto es, que las cotizaciones paguen sólo las prestaciones contributivas y no sirvan para financiar otras materias. Pero también hacen suyas algunas propuestas de los sindicatos en la mesa de negociación, como la necesidad de incidir en los ingresos de la Seguridad Social elevando, por ejemplo, las bases de cotización.
Aunque el principal foco de atención del Pacto de Toledo ha sido la necesidad o no de subir la actual edad legal de jubilación, la comisión parlamentaria ha emitido otra serie de recomendaciones al Ejecutivo. Entre ellas, la necesidad de conseguir carreras de cotización más largas, mejorar las pensiones de viudedad y orfandad, lograr que las mujeres que no cotizan tengan una mayor autonomía para lograr una pensión de jubilación o que se fomenten los planes de ahorro privados.
Más de 400.000 trabajadores tendrán jubilación anticipada
Un estudio de la Seguridad Social sobre profesiones penosas daría derecho al retiro anticipado a pocos colectivos.
Público, BELÉN CARREÑO MADRID 24/01/2011 08:00
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Reunión definitiva para el pacto de las pensiones
¿De qué habla el Gobierno cuando habla de jubilación flexible? La reforma de las pensiones que el Ejecutivo presentará este viernes tendrá, según han proclamado diversas voces oficiales, muchas excepciones y condicionantes que eximirán a muchas profesiones de prolongar aún más su vida laboral.
Según los mensajes que envía el Ejecutivo, esa flexibilidad se percibiría en ciertas actividades profesionales que por su penosidad o toxicidad pueden ser perniciosas para la salud y que no tendrían que cumplir los mismos criterios que el resto. Algo que, según estudios internos del Ejecutivo, afectaría poco más o menos a 200.000 trabajadores. En la actualidad, una cifra similar ya tiene este derecho.
Menos de 200.000 trabajadores se jubilan antes con los criterios actuales
Este debate, que se ha colado en la actual reforma de las pensiones, es precisamente una tarea pendiente del Gobierno desde 2006, cuando alcanzó un acuerdo por el que se comprometía a desarrollar una reglamentación clara que señalara los colectivos que deberían tener derecho a una jubilación anticipada.
Fruto de aquel compromiso, el Ejecutivo encargó al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) un estudio que detectara qué tipo de profesiones podían acogerse a esta modalidad de retiro anticipado. El INSHT se atuvo a criterios de siniestralidad y mortalidad para elaborar un listado de profesiones en el que la probabilidad de tener un accidente, especialmente a partir de los 55 años, es mayor que en el resto.
Su conclusión es que los trabajadores de la metalurgia, la extracción de minerales y la industria de la madera, tienen más probabilidad de sufrir accidentes a partir de los 55 años en el desempeño de su puesto de trabajo. En total, y según los últimos datos de la Seguridad Social de diciembre, alrededor de 200.000 trabajadores están afiliados a estas ramas de actividad ( según los criterios de la nueva clasificación de actividades) y, bajo los criterios de este estudio, podrían aspirar a retirarse de forma anticipada sin penalización con un esquema de coeficientes reductores.
La Ertzaintza y los bombertos, los últimos en conseguir este retiro
En la actualidad, sólo pueden disfrutar de un sistema reglado de jubilación anticipada los mineros, los trabajadores del régimen especial del mar, los ferroviarios, los jugadores de fútbol, los toreros, los artistas, el personal de vuelo y los bomberos. Además, por sorpresa, en los últimos Presupuestos Generales se concedió a la policía autonómica vasca este derecho. En definitiva, un colectivo muy pequeño que apenas alcanza los 200.000 trabajadores ocupados. Que podrían llegar hasta los 400.000 si se aplican los criterios de este estudio.
Los sindicatos han rechazado de plano la forma en la que está diseñado el estudio porque sólo tienen en cuenta la tasa de siniestralidad en el sector, lo que diluye los resultados finales. "Si en la construcción hay más de un millón de trabajadores, la tasa de siniestralidad puede resultar relativamente baja. El problema es que hay que buscar la siniestralidad en los subsectores, como puede ser los trabajadores en altura (andamios) o en demoliciones, para tener una idea real de la peligrosidad de esos oficios", apuntan fuentes de UGT. En CCOO tienen la misma opinión, y creen que el Gobierno comenzó la casa por el tejado con este informe. "Lo primero que hay que hacer es fijar los criterios que definen la toxicidad, penosidad, insalubridad o peligrosidad de una profesión, y luego delimitar los colectivos", apuntan.
Por eso, y pese a que el borrador del proyecto de ley está redactado desde noviembre, la negociación se ha quedado paralizada a la espera de acordar los nuevos parámetros. Este paréntesis en la negociación ha llevado a que se entremezcle con la reforma de las pensiones que está discutiendo el Ejecutivo. Los sindicatos rechazan unir ambas negociaciones, e indican que la supuesta flexibilidad del sistema que se discute debe venir por incentivos y penalizaciones ligados a tiempo cotizado.
Reivindicaciones históricas
En cualquier caso, y además de los sectores que apunta el organismo de la Seguridad Social, diversos colectivos han elevado peticiones para acogerse a la jubilación anticipada que, de concedérsela, se dispararía por encima de 1,5 millones de trabajadores. Construcción y transportes son algunos de los más relevantes, ya que aunque no entrarían con los criterios del INSHT son los más persistentes en sus demandas.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), que analiza los sectores por las ocupaciones de sus empleados, hay hasta 169.000 peones dentro de la construcción, muchos susceptibles de estar desempeñando labores penosas. La cifra es mucho más alta entre los transportistas, descargadores o conductores de transporte urbano o por carretera, que ascienden a más de un millón de empleados, sin contar con los autónomos, que trabajan en estos sectores y que tendrán derecho, según anunció el Gobierno la semana pasada, al retiro anticipado.
Aunque estas son las profesiones que tradicionalmente han reclamado el derecho a jubilarse antes de los 65 años, hay más que podrían ser elegibles según qué criterios se fijen: los agricultores, la policía local, los empleados en contacto con productos químicos, entre las que estarían: trabajadores de farmacéuticas, anestesistas, radiólogos, etc.
En opinión del secretario general de UPTA, la organización de autónomos dependiente de UGT, Sebastián Rey-na, debería tenerse en cuenta a los trabajadores que desarrollen su actividad en una atmósfera tóxica; a los que realicen su trabajo a la intemperie y a los que están sometidos a un gran nivel de estrés, como el transporte.
"Aunque muchos colectivos se acercan para pedirnos que solicitemos su jubilación anticipada, siempre pedimos prudencia hasta pactar los criterios que definan quién se puede acoger a este derecho", reiteran desde CCOO. El catedrático de Derecho del Trabajo Fernando Valdés asegura que actualmente ya no hay más colectivos que, con la legislación actual, se puedan acoger a esta fórmula.
Sin embargo, la posible elevación de la edad de jubilación o el alargamiento de la vida laboral, imponen con urgencia definir un listado de excepciones a la nueva regla.
Pensiones o la cabeza en la soga
Público. Arturo González. 25 ene 2011
¿Cómo estar de acuerdo con medidas que conllevan el empobrecimiento de los trabajadores, clases medias incluidas?
Se puede aceptar el retraso de la jubilación a los 67 años, pero no más cómputo laboral, con una importante rebaja de la pensión. ¿Por qué, a cambio de qué, en beneficio de quien semejante retroceso?
Es intolerable la sumisión a las indicaciones europeas, “cueste lo que cueste”. Por mucha que sea la fuerza de la ola conservadora. ¿Por qué la codicia tienen que pagarla siempre los mismos? No se puede poner la cabeza de los débiles en la soga de la horca, y menos una opción de izquierda defensora de derechos adquiridos.
¿Quiere decirse que existe una farsa combinada de Gobierno y sindicatos? No. No se puede luchar contra el sistema sobrevenido si los ciudadanos pasan y no les apoyan.
¿Se pueden tomar estas medidas sin el nuevo mesías, el PP? Tampoco. O hay unanimidad o la soga se aprieta un poco más. El origen de esta falta de consenso es la congelación de pensiones, decidido por el Gobierno, con dudoso cumplimiento del Pacto establecido de Toledo.
¿A cambio de qué pretenden este atraco al estado de bienestar? ¿De alargar nucleares? No gasten bromas, por favor. ¿La garantía del cobro futuro de las pensiones? Eso es reconocer el fracaso del sistema.
¿Es así en otros países? No. Por una razón: aunque los plazos de cómputo se hayan alargado, la cuantía de las pensiones es muy superior a la de los españoles, con sistemas envidiables, entre otras causas porque las cotizaciones empresariales son muchísimo más elevadas.
El Pacto de Toledo renovado solo propone generalidades. Todos se han lavado las manos. No vale, por tanto.
¿Era necesario hacerlo ahora? Tampoco. Es como el jugador de ajedrez que prevé la jugada décima y le dan mate en la primera. Lo coherente hubiera sido dejarlo para cuando llegue el mesías. Y, sobre todo, porque lo importante es centrarse en la catástrofe: el paro. Verdadera razón de que cotice mucha menos gente y el fondo de pensiones vaya quedando escuálido.
Y los recomendados planes privados de pensiones perdieron el año último 215 millones de euros. O sea, que por ahí tampoco puede uno zafarse de la soga.
El mesías espera a que le hagan el trabajo sucio.
El Gobierno insiste en cotizar 41 años para jubilarse a los 65
Todo aquel que no tenga un período suficiente tendrá que alargar su salida del mercado de trabajo hasta los 67
Provincias, 24.01.11 - 18:42 - EFE | MADRID
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha afirmado que el Gobierno mantiene que se deben cotizar 41 años para poder jubilarse a los 65. Después de la Conferencia Sectorial de Empleo para explicar a los representantes de las comunidades autónomas su propuesta sobre las políticas activas y el cambio de la ayuda de los 426 euros, Gómez ha manifestado que esa es la "flexibilidad que propone el Gobierno".
Según el ministro, quienes hayan cotizado 41 años a la Seguridad Social podrán seguir jubilándose a los 65, mientras que los que no tengan un período suficiente tendrán que alargar su salida del mercado de trabajo hasta los 67. Valeriano Gómez ha recordado que la implantación de los 67 años se hará de forma flexible, ya que el cambio comenzará en enero de 2013 y terminará en 2027.
Preguntado cómo van las negociaciones con los sindicatos y la patronal para cerrar un pacto global que vaya más allá de las pensiones, expresó su deseo de que se pudiera alcanzar antes de que mañana el Congreso vote las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre pensiones. "Ojalá" fuera así ha afirmado el ministro de Trabajo, quien ha añadido que ese consenso sería una "muy buena noticia".
No obstante, ha matizado que "no es imprescindible" que la negociación termine antes de que se vote -mañana por la tarde- dichas recomendaciones, en referencia a que es el viernes cuando el Ejecutivo aprueba su anteproyecto de ley de reforma de las pensiones. Al respecto, ha destacado que las negociaciones con los agentes sociales se van a intensificar esta semana, porque el "ánimo" del Gobierno es acercar posturas.
El ministro tiene previsto reunirse esta tarde de nuevo con los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, y con el presidente de la CEOE, Juan Rosell. Valeriano Gómez eludió dar detalles de cómo van las negociaciones y si se están acercando las posiciones, porque, por respeto a la partes, ni puede ser "radiada ni televisada". En cuanto a si el Gobierno ha logrado un mayor respaldo en la votación de las recomendaciones del Pacto de Toledo de mañana, Gómez ha manifestado que el objetivo es obtener el "máximo acuerdo".
El Congreso allana el camino hacia la jubilación a los 67 años Los sindicatos ceden hasta los 38 años cotizados
CiU sale en apoyo del Gobierno y el Pacto de Toledo recomienda que cualquier prolongación de la vida laboral sea «flexible» y «progresiva»
Provincias 26.01.11 - 00:08 - ANDER CARAZO | MADRID.
El pleno del Congreso allanó el camino a la jubilación a los 67 años que pretende aprobar el Gobierno, en condiciones que negocia contrarreloj con los agentes sociales. El Partido Popular no captó aliados en su propósito de que las recomendaciones del Pacto de Toledo incluyeran el mantenimiento de la edad legal de retiro en los 65, y el documento final incorpora el consejo de que cualquier cambio en la duración de la vida laboral sea «flexible» y «progresivo» y no se lleve a cabo «de manera homogénea y forzosa» para todas las personas. Esta redacción, que ya no hace referencia a la voluntariedad de retrasar el retiro, fue promovida por CiU, y apoyada por PSOE, PNV y CC, con la abstención del PP y el rechazo de los grupos de izquierda.
El resto de las recomendaciones salieron adelante con una holgada mayoría, puesto que solo ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y UPyD votaron en contra. Los votos particulares de estas formaciones tan solo contaron con su propio apoyo, porque el PP también se abstuvo en todas ellas. Tampoco prosperó la iniciativa del PNV que reivindicaba para las comunidades autónomas el reconocimiento al uso de «sistemas singulares» de gestión de las pensiones.
El nuevo portavoz socialista en la comisión del Pacto de Toledo, Jesús Caldera, negoció hasta el último minuto con los miembros de Convergència i Unió. Su objetivo era conseguir que la coalición catalana cambiase el sentido de su voto particular sobre la prolongación de la vida laboral y dejar 'solo' al PP en la votación. El acuerdo finalmente llegó minutos antes de que comenzase el Pleno. CiU «subsanó su error», lo que suscitó mucha polémica, y corrigió su enmienda para decir que la jubilación «no debería realizarse de manera homogénea y forzosa para el conjunto de personas». De esta forma, acercó posturas con el Gobierno, que admite excluir de la imposición de los 67 años a trabajadores de ocupaciones penosas y a quienes acumulan muy largas carreras de cotización. Otra de las sugerencias incluidas, que el retraso en la edad de retiro «no afecte a quienes vayan a jubilarse en el futuro inmediato», también podría ser tomada en consideración.
Retorno al Parlamento
Las recomendaciones del Pacto de Toledo no son vinculantes para el Gobierno. Tan solo suponen una 'toma de temperatura' de la opinión del Congreso sobre la reforma de las pensiones y un documento base de las tendencias que debieran seguir los cambios para garantizar la viabilidad futura del sistema. El viernes, el Consejo de Ministros aprobará un anteproyecto de ley que, en todo caso, reflejará los acuerdos con los agentes sociales, si es que se alcanzan para esa fecha. Pero el Gobierno se volverá a encontrar más adelante con las fuerzas políticas, porque la ley de reforma del sistema de pensiones tendrá que ser debatida en el Parlamento.
«Queramos o no, los mercados manejan la política económica española», explicó el portavoz de CiU, Carles Campuzano, e instó al Gobierno a mejorar su «capacidad de diálogo» para tranquilizar a los ciudadanos y, sobre todo, a los pensionistas y combatir las «profundas inequidades» del sistema actual.
«Las condiciones obligan a que un joven de 24 años cotice ininterrumpidamente hasta los 65, algo imposible en la situación actual», explicó el representante peneuvista, Emilio Olabarria, que dudó de la idoneidad de esta reforma en tiempos de crisis, en el que se carga el sistema de pensiones y las políticas laborales.
El PP buscó rebajar el mensaje catastrofista que lanza el Gobierno sobre el futuro de las pensiones. «No hay una única reforma posible. Esta no va a ser la última, ni será la mejor», destacó el representante popular, Tomás Burgos. Avisó al Ejecutivo de que con esta decisión, lo único que se consigue es crear más incertidumbres a los ciudadanos. En su opinión, la «medida milagrosa» de elevar la edad de jubilación a los 67 años es «clara y fácil, pero equivocada».
Los grupos de izquierda mostraron también su rechazo rotundo. Criticaron que esta modificación supondrá una rebaja del sistema de pensiones y que, como explicó el representante de ERC, Joan Ridao, «desguaza la joya del sistema». «La propuesta del Gobierno es una ruptura con el sistema de pensiones y una apuesta por su privatización», denunció el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que desveló que su aprobación supondrá una «tala» de entre un 10% y un 25% de la pensión media.
El pacto sobre el número de años cotizados para conseguir la jubilación a los 65 -frente a la subida generalizada a 67 años de la edad legal- está cada vez más cerca. Los sindicatos comenzaron las negociaciones empeñados en mantener este marcador en los 35 años y el Gobierno proponía elevarlo a los 41. Ayer, según fuentes del Ejecutivo, las centrales ya habían cedido hasta los 38 años y el Gobierno accede a rebajarlo a los 40. Por esta razón, se supone que «la cifra clave», como fue calificada por el vicepresidente primero de CEOE, Arturo Fernández, podría estar en los 39 años.
Estas mismas fuentes aseguran que el acuerdo global se conseguirá «con desacuerdos concertados». Ambas partes saben en estos momentos que, en ciertos temas, la distancia que hay entre las partes es insalvable, y por eso prefieren no entrar en materia.
Tras la votación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, trató de templar los ánimos tras el éxito conseguido en la Cámara, aunque consideró que su efecto será positivo. Defendió que si no se consigue el acuerdo antes del viernes, «será después», ya que lo importante es que consiga «un consenso suficiente».
A pesar de este notable acercamiento, los sindicatos siguen presionando al Gobierno para conseguir un pronto acuerdo. Ayer, el portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, aseguró que CC OO y UGT le habían trasladado su «inquietud e insatisfacción» por la marcha «lenta y con escasos avances» en la negociación sobre la reforma de las pensiones, ya que el Gobierno sigue «empecinado» en el «mantra» de elevar la edad de jubilación. Explicó que la obsesión de reducción de déficit está llevando a realizar la consolidación fiscal a costa de los ciudadanos.
Las jornadas de negociación son auténticamente «maratonianas». Saben que el acuerdo es necesario y el tiempo se agota. Los técnicos de las dos partes comienzan su jornada alrededor de las seis de la mañana y los líderes sindicales no dudan en retrasar las reuniones hasta bien entrada la madrugada. El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha sido catalogado como «el gran impulsor del proceso», no ha dejado de estar al tanto de lo que sucede en estos encuentros y ha acudido a muchos de ellos. El último, el lunes de madrugada.
UGT resalta que los pensionistas de Alicante ganan un 14% menos que la media nacional
Provincias 26.01.11 - 00:08 - C. M. | ALICANTE.
La cuantía media que perciben los pensionistas alicantinos es de 698,46 euros, cifra que supone un 14,24% inferior a la media estatal y un 4,88% menos que la media de la Comunitat Valenciana, según un informe del sindicato UGT-L'Alacantí. Con datos oficiales a 1 de enero de 2011, existen en la provincia de Alicante un total de 284.244 pensiones , de los que 173.781 corresponden a pensiones de jubilación, cuya cuantía media es de 782,50 euros, un 13,64% inferior a la media estatal y un 4,12% menor que la de la Comunitat Valenciana.
Asimismo, existen 24.640 pensiones de invalidez con una media de 741,95 euros, un 14,23% inferior a la media estatal y un 8,12% menor que la de la Comunitat. En cuanto a las pensiones de viudedad, hay 75.341 con una media de 541,65 euros, un 7,20% inferior a la media estatal y un 2,45% menor que en la región.
Desde UGT aseguran que en términos globales los pensionistas alicantinos ocupan el puesto número 39 de todo el Estado en lo que se refiere a la pensión media. Según el sindicato, estas diferencias en las pensiones de viudedad y jubilación suponen «un reflejo fiel de la escasa calidad del empleo en la provincia de Alicante « y, sobre todo, «la menor base de cotización por la precariedad laboral, que al final pasa factura a la hora de llegar a la situación de pensionistas».
El sindicato ugetista apuesta por «reforzar las políticas activas de empleo de los trabajadores de mayor edad» y establecer «un plan de medidas de empleo para que los jóvenes empiecen a cotizar antes».
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TRABAJO
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Las pérdidas temporales no servirán para despedir con 20 días de indemnización
El Gobierno remite a los sindicatos el borrador del real decreto sobre las regulaciones de empleo
Pais, MANUEL V. GÓMEZ - Madrid - 13/01/2011
El Gobierno ya ha redactado el borrador del real decreto que regula las expedientes de empleo. En él, se define el procedimiento por el que las empresas podrán despedir por la vía objetiva, es decir, rescindir un contrato con la indemnización más barata (20 días por año trabajado). Entre las condiciones que establece, Trabajo deja claro que los números rojos no podrán ser "meramente coyunturales", según el borrador del real decreto al que ha tenido acceso EL PAÍS.
La posibilidad de despedir en base a pérdidas previstas suscitó el enojo sindical
El decreto deja en manos del empresario la responsabilidad de demostrar la necesidad de reducir plantilla
La reforma laboral aprobada definitivamente el pasado septiembre contempla la posibilidad de despedir por causas económicas cuando una empresa esté en "una situación económica negativa, en casos tales como pérdidas actuales o previstas".
Pero en ese texto legal no se definía este polémico concepto que provocó el enojo sindical, que reaccionó a la reforma convocando la primera huelga general contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Eso quedó para el decreto que tenía que establecer el procedimiento de regulación de empleo. De momento, lo que ha hecho el Gobierno, ajustándose al calendario que fija que tiene que estar aprobado en enero, es redactar el borrador, que ayer remitió a los sindicatos.
A la hora de iniciar un expediente de regulación de empleo porque prevé tener pérdidas en el futuro, el empresario tendrá que "presentar un informe técnico sobre el carácter y evolución de esa previsión de pérdidas" basándose en las cuentas de ejercicios pasados, los datos del sector, la evolución del mercado y la posición en el mismo de la empresa. "Igualmente, deberá acreditar que las pérdidas previstas no tengan un carácter meramente coyuntural", reza el proyecto.
El futuro es incierto
La justificación de por qué el cálculo de perder dinero en el futuro no basta está en la memoria del impacto normativo. "Debe acreditar que la previsión de pérdidas no es meramente coyuntural (en cuyo caso procederían medidas de suspensión y no de extinción de contratos)", explica. En este apéndice del borrador, el Gobierno reconoce lo escurridizo de legislar sobre hecho futuros: "Surge aquí la cuestión de que las previsiones se refieren a hechos futuros y como tales, inciertos, lo que impide manejar datos fiables y seguros desde el punto de vista contable".
El decreto deja en manos del empresario toda la responsabilidad de demostrar por qué tiene necesidad de llevar adelante un expediente de regulación de empleo, tanto por causas económicas como por causas organizativas o tecnológicas. Si el motivo elegido es económico, cuando se trate de "pérdidas actuales" la empresa tendrá que aportar ante la autoridad laboral una memoria explicativa que explique por qué esta "situación económica negativa" puede "afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo". Para acreditarlo, entre otros documentos, tendrá que presentar las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios completos, "debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías", según las norma contables vigentes.
La presentación del informe no quiere decir que se vaya a aprobar automáticamente la regulación de empleo por las autoridades laborales. La luz verde definitiva a un ERE sigue pasando primero por el acuerdo con los representantes de los trabajadores. En caso de que este no llegue, entonces es la autoridad laboral (el Ministerio de Trabajo o la Consejería de Empleo autonómica de turno, según si afecta a centros de trabajo de una o más comunidades) la que tiene la última palabra.
'¡Menos dinero para las cajas y más para los parados!'
FRACASO DE LA COLA DE DESEMPLEADOS
- Apenas un centenar de personas participa en la cola de los desempleados
- Se quejan de la falta de apoyo de los partidos políticos y sindicatos
Mundo, lunes 24/01/2011 14:47, Ana del Barrio | Ricardo Domínguez (vídeo)
Madrid.- España es un país con más de cuatro millones de parados, pero apenas cien personas han acudido a la cola de desempleados convocada hoy en Madrid.
La cola pretendía unir el Congreso de los Diputados con el Palacio de La Moncloa, pero se quedó muy lejos de sus pretensiones iniciales. La cadena humana, convocada por la Asociación Nacional de Desempleados (Adesorg), tuvo que hacer el recorrido andando para entregar un documento al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
La indignación por el escaso éxito de la convocatoria se palpaba entre los participantes. Indignación contra el jefe del Ejecutivo y los partidos políticos por no hacer nada por los desempleados; contra los sindicatos, por no haberles apoyado y contra los medios de comunicación, por no haber difundido la iniciativa.
"Somos desempleadas. Nos ha dado mucha vergüenza. Cuando hemos bajado del metro y lo hemos visto, hemos dicho: '¡Dios Mío, ésta es la concentración de los cuatro millones y medio de parados!' Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que todo nos lo traigan a casa y hay que salir a la calle. Por el tabaco, seguro que hay una concentración, pero por un trabajo no", se queja Rosa, que trabajaba de administrativa y lleva en paro desde hace dos años.
A su lado, sus amigas, a las que conoció precisamente en los cursos de formación del Inem, exigen con contundencia un cambio de gobierno que saque al país de la crisis: "A Zapatero le diríamos que dimita de una vez, que es un sinvergüenza", chilla una de ellas.
Poca publicidad a la iniciativa
En plena calle Alcalá, Rosa asegura que no pide tanto, tan sólo un empleo: "Que nos den trabajo que es lo único que queremos y que se recorten sus puñeteros sueldos. Que no haya tanto pinganillo, tantos traductores de catalán y euskera y que todo ese dinero lo inviertan en nosotros". "Eso, que el dinero que dan a las cajas, se lo den a los parados. ¡Menos dinero para la cajas de ahorro y más para nosotros!", añade otro de los participantes.
Maribel, jardinera en paro, ha venido andando desde Princesa para encontrarse con la cola, que salió desde la madrileña Plaza de Neptuno y se queja de la poca publicidad que ha tenido la cadena humana de los parados: "Como no tenemos dinero ni para comer, tampoco tenemos dinero para comprar un billete de metro. No ha habido información de ninguna clase. ¡Me parece vergonzoso! Llevo año y medio sin trabajar. Mi marido igual y no tenemos ayuda de ninguna clase", se lamenta indignada.
Tanto ella como su marido tienen miedo a perder su vivienda y aseguran que viven gracias a la ayuda que les dan sus padres o sus suegros. Por este motivo, proponen que las ayudas del Gobierno destinadas a los bancos sirvan para cubrir los impagos de las hipotecas. "Que la gente pague la hipoteca, pero no los intereses y así no pierda su casa", propone su esposo.
Las reclamaciones de los parados son diversas, pero se resumen en una sola: que perder el trabajo no signifique también perder la casa y acabar tirado en la calle. En el texto que van a entregar a los políticos, los parados piden que se mantenga la ayuda de los 426 euros suprimida por el Gobierno y que se paralicen las ejecuciones hipotecarias, los desahucios y los cortes de suministro eléctrico, cuando se demuestre que los impagos han sido provocados por la pérdida del trabajo y que la persona afectada no tiene recursos económicos. Una vez recuperado el empleo, los parados deberían retomar sus obligaciones.
