ARTICULOS SOBRE JUBILADOS, COSTE DE LA VIDA Y TRABAJO en la prensa (Levante, El Mundo, El Pais, Las Provincias, Público)
Indice del resumen 1º de febrero de 2011
++++++++++
JUBILACIÓN Y COSTE DE LA VIDA
+++++++++
"Sin banca pública, todo es más difícil"
Robin Blackburn. Sociólogo de la Universidad de Essex (Reino Unido)
Robin Blackburn, sociólogo e historiador británico de 70 años, profesor de la Universidad de Essex y ex director de la New Left Review, una de las referencias de la nueva izquierda europea, ha centrado sus investigaciones en la última década en la "financiarización" de la economía y el papel desempeñado por el sector bancario y los fondos privados de pensiones en los recortes del Estado del bienestar. En 2006, justo antes de que estallara el crash, publicó El futuro del sistema de pensiones. Crisis financiera y Estado de bienestar, en el que anticipaba los efectos que el estallido de la burbuja causaría en las pensiones. La obra fue publicada en español por Akal en 2010 con un largo prefacio en el que aporta nuevos datos, ya con el crash que auguró consumado y la presión por los recortes redoblada, pese a lo cual huye del "yo ya lo dije". Atiende a Público por teléfono.
¿Cuál es la causa de que toda Europa reforme ahora el sistema de pensiones?
Desconozco los detalles del debate en España, pero los procesos son muy similares en toda la UE. En todos lados, el modelo público está amenazado y se genera mucha incertidumbre. Pero las causas tienen que ver sobre todo con el modelo de financiarización de la economía y las exigencias del sector bancario, que aspira a privatizar las pensiones.
¿Y el problema de envejecimiento? ¿No es cierto que cada vez se vive más tiempo?
Por lo general, los sistemas públicos funcionan bien. Y es cierto que pueden necesitar retoques parciales. Pero no tiene nada que ver con los términos en que se plantea el debate. Se pueden explorar nuevas fórmulas de financiación para reforzar el modelo público cuando sea necesario. Pero esto es muy distinto de las reformas en marcha, que aspiran a fomentar planes privados.
¿Por qué es malo que los planes privados crezcan?
Lo es si aumentan en detrimiento del modelo público. Ahora hay ya muchos datos empíricos que lo demuestran, porque el Banco Mundial ha asesorado muchos procesos de reformas, que han sido en realidad un salto hacia la privatización con resultados desastrosos. En la mayoría de países ha llevado a un deterioro muy serio de las pensiones.
Si es así, ¿por qué los países han seguido incorporando sus sugerencias?
El Banco Mundial suele incorporar la exigencia de la reforma de las pensiones en un sentido privatizador dentro de los programas de asistencia económica. Casi como un soborno: si quieres que te preste dinero, entonces tienes que reformar las pensiones en esta dirección. Y luego, muchos de los políticos que han asumido estas decisiones han sido recompensados con puestos ejecutivos en el Banco Mundial.
¿Y en los países ricos? No suelen necesitar la asistencia del Banco Mundial...
Pero el poder del sector financiero es muy grande, con economías financiarizadas en las que el supuesto crecimiento depende más de las burbujas que de la economía real. El origen de este modelo está en parte en la acumulación que proporcionan los fondos privados, y los bancos presionan con el objetivo de que los planes privados sean obligatorios. Esto supone el control de muchísimo dinero, que luego sirve para seguir alimentando este modelo.
¿Pero en tiempos de crisis, las pensiones privadasno son al menosun complemento?
Lo que ha mostrado la crisis es precisamente el peligro de la privatización de las pensiones. Al pinchar la burbuja, las pensiones se evaporan. Y se pone de manifiesto que son mucho más ineficientes que el modelo público: tiene grandes costes en comisiones, en la administración, en el marketing para cazar clientes, etcétera.
¿Cuál es su propuesta?
Hay que ir a la raíz: crear un sistema financiero público fuera de esta dinámica. Sin banca pública, todo es más difícil. No hay que inventar nada: Noruega lo hizo tras su crisis bancaria de los años ochenta y le va mucho mejor que antes.
Dos décadas de asedio contra los sistemas públicos
El Banco Mundial, la OCDE y los mercados presionan a los gobiernos para que den prioridad al avance de los fondos privados
"El primer paso es reformar el pilar público [del sistema de pensiones] retrasando la edad de jubilación y recortando el nivel de prestaciones, empezando por los casos en que son demasiado generosas. El segundo paso es crear el pilar privado". Y para ayudar a crearlo, hay que "empe-queñecer el pilar público de forma gradual".
Así lo escribió el Banco Mundial en 1994 en uno de los informes más importantes que ha producido nunca, Adverting the old age crisis [Evitando la crisis de la vejez]. Desde entonces, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las patronales bancarias y de fondos de pensiones han presionado a gobiernos de todo el mundo con el mantra expuesto en este trabajo de 1994: exigen un sistema "multipilar" en el que los fondos privados sean siempre el eje central. Y, para lograrlo, sugieren "empe-queñecer" el sistema público.
El informe Evitando la crisis de la vejez' marca la pauta desde 1994
El Banco Mundial tiene incluso un documento marco para extender el "modelo multipilar" nacido del extenso informe de 1994 y que resume en ocho páginas las 436 del documento base. La propuesta tiene tres patas principales: una pública, pequeña y dirigida sobre todo a pobres y excluidos; otra privada, obligatoria, que exige la cotización de todos los trabajadores, y, finalmente, una última, privada y optativa para el que quiera mejorar su pensión.
Banca de inversión
En 17 de los últimos 19 años, el Banco Mundial ha tenido como director a un ex alto ejecutivo de la banca de inversión estadounidense, el principal lobby en favor de la extensión de las pensiones privadas: Lewis Thompson (1991-1995), que pasó 40 años en JP Morgan; James Wolfensohn(1995-2005), ex ejecutivo de Solomon Brothers, y desde 2007, Robert Zoellick, ex directivo de Goldman Sachs.
El patrimonio de los fondos privados es 12 veces superior al PIB español
Pese a ello, su "modelo multipilar" ha sido asumido como propio también por la OCDE, el FMI, y, en parte, la misma UE. "Los planes privados de jubilación son el gran sueño de la banca, porque logran que los trabajadores les transfieran parte de su salario durante toda su vida, lo que supone gestionar muchísimo dinero durante muchos años con un altísimo margen de maniobra", opina Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada y autora de Qué pensiones, qué futuro (Icaria).
Estos capitales son parte de los mercados que presionan en favor de los recortes de los sistemas públicos. En total, suman 12,7 billones de euros, más de 12 veces el PIB español(1,067 billones) y gigantes todavía mayores en comparación con algunos de los países de la UE ahora más asediados: el PIB portugués es de apenas 0,17 billones, y el griego, de 0,24 billones.
Según el último informe de la OCDE sobre pensiones y mercados, del pasado julio, los planes privados invierten cada vez más en los agresivos hedge funds. Pero en la mayoría de los casos que analiza, la principal inversión se destina a deuda pública, en un porcentaje que en algún caso llega al 90%.
Los planes privados no despegarán sin recortes públicos, admite la patronal
España, Grecia y Portugal se cuentan precisamente entre los países donde menos éxito ha tenido la fórmula "multipilar" lanzada por el Banco Mundial en 1994. La penetración de los planes privados en estos países ahora asediados es sensiblemente menor que la media de la OCDE: en Grecia son irrelevantes, en España suponen el 8,1% del PIB, y en Portugal, el 13,4%, cuando la media en la OCDE se sitúa en el 35,5%, y algunos países, como Holanda y Finlandia, superan el 110%.
La patronal del sector en España (Inverco) y la OCDE redactaron el año pasado sendos informes que coinciden en la causa del retraso de las pensiones privadas en España: concluyeron que la generosidad del modelo público impide que crezca el privado.
"A pesar del tratamiento fiscal que reciben las aportaciones a los planes de pensiones, la extensión de estos formatos de previsión depende crucialmente del espacio que las pensiones públicas dejen para ello", concluye El impacto de la crisis económica y financiera en la inversión colectiva y en el ahorro-previsión, editado en junio por Inverco. Y termina: "El que las pensiones públicas sustituyan en porcentajes muy elevados a los salarios previos a la jubilación, como es el caso de España, con una tasa de sustitución de las mayores de la OCDE, implica que hay poco margen para la expansión de las pensiones privadas".
A la misma conclusión llegó la OCDE. En un estudio de 2007 (Reduciendo la brecha de las pensiones: el papel de las pensiones privadas) lamentaba que la "vía tradicional" para alentar los planes privados las desgravaciones fiscales era "ineficiente" y sugería explorar nuevas fórmulas.
Exigencia de recortes
En el último informe sobre España, en diciembre de 2010, la OCDE ya evitó los rodeos: "El bajo nivel de contribuciones a las pensiones privadas podría ser una consecuencia de las generosas dotaciones que ofrece el sistema público". La receta que exigía hace apenas un mes iba en esta dirección: recortes en el modelo público, como el retraso en la edad de jubilación, aumento del periodo de cálculo y otras medidas que bajen la prestación.
Entre las fórmulas que la OCDE sugería ya en el documento de 2007 destacaba "lanzar campañas nacionales de concienciación" sobre los peligros del envejecimiento, para las que la propia organización ha elaborado un documento de líneas maestras.
La sugerencia de "empe-queñecer" el sistema público y lanzar campañas ya estaba en el documento del Banco Mundial de 1994: "Los pagos [del sistema público] no deben ser demasiado generosos y la reforma requiere empequeñecer el pilar público". ¿Y cómo convencer a la opinión pública? "En Chile, altos cargos del Gobierno dirigieron una intensiva campaña en los medios para convencer a la gente de la quiebra del viejo sistema", subrayaba el Banco Mundial.
Inmediatamente después de publicarse este informe, en muchos países empezaron a aparecer estudios augurando la inminente quiebra del sistema público. Los impulsaron sobre todo fundaciones del sector financiero o la patronal. En España empezaron a difundirse el mismo año 1994 con El futuro de las pensiones públicas, lanzado por BBV, pero en apenas dos años editaron estudios parecidos el Círculo de Empresarios redactado por José Piñera, el ex ministro de Pinochet que dirigió la privatización en Chile, La Caixa y los que coordinó el catedrático José Barea, entre otros.
Todos auguraban la quiebra del sistema público y en algún caso estimaban que su deuda acumulada en 2010 supondría el 10,7% del PIB. La realidad es que tiene un superávit acumulado superior al 6% del PIB. Pero en 1995 los fondos privados apenas tenían en España un patrimonio de 13.000 millones y el pasado septiembre sumaban 84.000.
Maternidad y pensiones
Público, 02 feb 2011
ÓSCAR CELADOR
En pleno debate sobre la reforma del sistema de pensiones, se han sucedido dos noticias que están llamadas a tener una especial incidencia en este terreno. Por una parte, los datos del Instituto Nacional de Estadística indican que la tasa de natalidad continúa reduciéndose de forma alarmante en nuestro país, ya que en el primer semestre de 2010 se ha situado en 1,38 hijos por mujer. Y por otra, la coyuntura económica está empujando a muchos de los inmigrantes que se establecieron en España durante el periodo de bonanza económica a retornar a sus países de origen; así como a los españoles a emigrar al extranjero, pues, según el censo electoral de españoles en el extranjero, 110.931 españoles mayores de edad abandonaron nuestro país entre marzo de 2008 y marzo de 2010.
La viabilidad del sistema público de pensiones depende de la incorporación de nuevos contribuyentes al sistema y de la productividad y competitividad de nuestra economía. De acuerdo con estos parámetros, el modelo español se encuentra en las antípodas de ser eficiente, pues su tasa de desempleo está instalada en torno a un 20% y presenta una de las tasas de natalidad más bajas del mundo que, además, es notablemente inferior a la tasa de recambio poblacional de 2,1 hijos por mujer.
La viabilidad del sistema público de pensiones depende de la incorporación de nuevos contribuyentes al sistema y de la productividad y competitividad de nuestra economía. De acuerdo con estos parámetros, el modelo español se encuentra en las antípodas de ser eficiente, pues su tasa de desempleo está instalada en torno a un 20% y presenta una de las tasas de natalidad más bajas del mundo que, además, es notablemente inferior a la tasa de recambio poblacional de 2,1 hijos por mujer.
El anteproyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social que acaba de presentar el Gobierno propone que las madres que interrumpan su vida laboral para cuidar de sus hijos puedan adelantar la edad de jubilación hasta un máximo de dos años, en función del número de hijos y cuando cumplan determinados requisitos de cotización. En otras palabras, el Gobierno pretende plantear a aquellas mujeres que han triunfado en la difícil tarea de obtener un empleo y quieren ser madres, que renuncien al mismo a cambio de una reducción en el periodo de cotización, pese a que las estadísticas indican que su posterior reincorporación al mercado laboral será una misión casi imposible.
El sistema público de pensiones es crucial para la conservación del Estado del bienestar, y con su propuesta el Gobierno demuestra que es plenamente consciente de la relación que existe entre la natalidad y la viabilidad del sistema. Sin embargo, y al igual que los gobiernos que le han precedido en democracia, parece ser incapaz de diseñar políticas activas que permitan a las mujeres optar por la maternidad y al mismo tiempo incorporarse plenamente al mercado laboral.
El sistema público de pensiones es crucial para la conservación del Estado del bienestar, y con su propuesta el Gobierno demuestra que es plenamente consciente de la relación que existe entre la natalidad y la viabilidad del sistema. Sin embargo, y al igual que los gobiernos que le han precedido en democracia, parece ser incapaz de diseñar políticas activas que permitan a las mujeres optar por la maternidad y al mismo tiempo incorporarse plenamente al mercado laboral.
Óscar Celador es Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
"El acuerdo beneficia a todos los que cobrarán una pensión en 30 años"
Ignacio Fernández Toxo. Secretario general de Comisiones Obreras. Defiende que la reforma supone una consolidación de la Seguridad Social
Ignacio Fernández Toxo (Ferrol, 1952), secretario general de Comisiones Obreras, cumpliría de sobra con los años de vida laboral exigidos en la reforma de las pensiones ya que empezó a trabajar a una edad muy temprana en Bazán. Destaca las mejoras que los sindicatos han introducido en la reforma planteada por el Gobierno, como conseguir que se configuren dos edades ordinarias de jubilación 67 y 65 años según los años cotizados y que se haya reconocido el derecho individual para jubilarse anticipadamente, con coeficientes reductores, a los 63 años, sin que se requiera despido previo. Además de las dos grandes novedades para jóvenes y familias: las empresas estarán obligadas a cotizar por las prácticas formativas durante todo el tiempo que dure esa situación. La segunda, el reconocimiento de un periodo de cotización por nacimiento o adopción cuando se suspenda la actividad laboral.
¿Está satisfecho con el acuerdo alcanzado en pensiones?
El nivel de satisfacción es alto. Nosotros estábamos convencidos de que era necesario seguir en la línea de reformas que venimos haciendo desde hace 15 años en el marco del Pacto de Toledo. Este acuerdo permite recuperar ese pacto de Estado y sacar las pensiones del ámbito de confrontación política.
Fue el primero en reclamar un pacto social tras la huelga general. ¿Lo veía posible en aquel momento?
No, me parecía tremendamente complicado y sigue siendo difícil. Ha habido comportamientos imprudentes, como cuando se ha querido vincular nucleares con años de jubilación. Esto ha distorsionado mucho la discusión. Si alguien quiere reabrir el debate de la energía nuclear en este país, que lo haga a cara descubierta.
¿Ha habido un sector del Gobierno que no quería pacto, que prefería hacer las reformas sin acuerdo con los sindicatos?
He tenido la intuición por algunos comportamientos públicos que daban la sensación de que alguien estaba trabajando contra el acuerdo. A lo mejor de forma involuntaria, pero en todo caso con mucha imprudencia.
¿Qué ha cambiado desde el momento en que los sindicatos rechazan categóricamente los 67 años como edad de jubilación, la línea roja que no se cruza, con este día en que hay un preacuerdo, con dos edades de jubilación pero aceptando los 67 años?
Hay 67 y hay 65. Ha cambiado que ha habido una huelga general, encuentros que han permitido pensar que no estábamos abocados al choque de trenes y que había espacio para la negociación. Cuando las movilizaciones del 18 de diciembre, lo dije muy claro para quien quiso entenderlo: 67 de forma obligatoria y generalizada, no. En España ya teníamos jubilación a los 67, flexible, gradual, voluntaria. La diferencia es que ahora se exige algún grado de obligatoriedad, pero para alcanzar los derechos máximos de pensión. La gente podrá seguir jubilándose a los 66, a los 65 o a los 64, claro que con una penalización por los años que le falten. Se ha cambiado el escenario, ya no estamos en que todo el mundo, obligatoriamente, se jubile a los 67.
¿Comprende a los que piensan que los sindicatos han traicionado' las movilizaciones y los derechos de los trabajadores porque la reforma recorta las pensiones y endurece las condiciones para cobrarlas?
Cada uno puede tener su opinión. La obligación del sindicato era gestionar el mandato que la propia movilización de la sociedad nos había entregado. Creo sinceramente que la mesa de negociación ha dado un resultado que, incluso quienes más nos puedan criticar en estos momentos, poco imaginaban que se pudiera lograr. Si partimos de la base no todo el mundo lo piensa de que nuestro sistema de Seguridad Social está sometido a tensiones, que había que seguir realizando reformas, nadie puede dejar de valorar que de aquí salimos con una consolidación importante de nuestro sistema de pensiones. Que, además, estaba sometido a otra tensión: el apetito de quienes pretenden que pierda peso para sustituirlo por sistemas privados, que la mayoría de la gente no podría pagarse.
¿Cree que podría ahora movilizar a la sociedad?
Lo primero que voy a hacer es movilizar al sindicato para realizar una amplísima campaña de explicación de los detalles del acuerdo. Que la gente entienda que, lejos de lesionar sus intereses, el sindicato ha actuado en defensa de millones de personas que dentro de poco o dentro de 15 años van a jubilarse. No renunciamos a exigir que se reponga el poder adquisitivo de los pensionistas actuales a los que se les congelaron sus pensiones, y para el resto vamos a tratar de demostrarles que este acuerdo consolida el sistema y permitirá que siga existiendo una pensión pública de calidad.
Pero la reforma va a tener un efecto de recorte.
Es cierto que va a tener un impacto en reducción del gasto en pensiones, pero a partir de un esfuerzo que creo que es soportable y equilibrado. Unos sectores verán mejorada su situación y otros tendrán que contribuir más. Por el contrario, creo que no se lesionan en absoluto los derechos de la gente que tiene carreras largas. Si un joven, a los 26 años y medio, no ha empezado a trabajar, no es que tenga un problema con la nueva configuración de la ley, es que tiene un serio problema, porque ¿de qué está viviendo hasta los 26 años? ¿Está estudiando? A ese le resolvemos el problema al obligar a cotizar por la formación ligada a la empresa.
¿Cuánta gente se beneficiacon el acuerdo en pensiones?
Todas las personas que van a cobrar una pensión en los próximos 30 años y a futuro porque se consolida el sistema para los próximos 40 o 50 años. Es cierto que carreras largas ascendentes van a tener una menor expectativa de pensión en un límite pequeño y, sin embargo, gente que al final de su carrera se ha visto expulsada del mercado de trabajo, despedida, al contabilizarle más años para calcular la pensión puede experimentar una mejora muy importante.
¿Cuánto se reduce la pensión por el aumento del periodode cálculo de 15 a 25 años?
El impacto global es de un 3,07% por cada tramo: de 15 a 20 y de 20 a 25 años. El impacto mayor viene por retrasar de forma efectiva la edad real de jubilación. España tiene la edad real de jubilación (63,7 años) más alta de Europa y pretendemos llegar más allá porque es lo que permitirá la sostenibilidad del sistema.
¿Cuáles serán los trabajos penosos que permitirán jubilarse antes?
En el periodo de tramitación parlamentaria se hará un catálogo de trabajos penosos, como la minería o el mar, que ya están reconocidos, para que con una sobrecotización puedan jubilarse antes. Por ejemplo, los albañiles que trabajan a la intemperie, los que están asfaltando las carreteras, los expuestos a agentes químicos o los conductores de camiones de gran tonelaje. No se trata de meter a millones de personas porque lo haría insostenible.
¿Quién ha cedido más en esta negociación: el Gobierno o los sindicatos?
Toda negociación es un juego de equilibrios. Sinceramente, hemos defendido como hemos sabido, creo que de buena manera, los intereses de las personas y la calidad del sistema de pensiones.
¿Los sindicatos salen reforzadoso debilitados?
Salen reforzados, pero sobre todo me siento más satisfecho de haber contribuido a un gran acuerdo en una materia que afecta a tantos millones de personas. Es el convenio colectivo más importante que se puede negociar.
¿Asustaron los últimos datosde la Seguridad Social cuandolos ingresos por cotizacionesno cubrían las prestaciones ?
A mí, no, porque creo que tienen bastante de cocina esos datos. Para quien conoce la Seguridad Social, sabe que no es cierto que con los ingresos de cotizaciones no se puedan pagar las pensiones. Con esos ingresos se pueden pagar todas las pensiones y hay un excedente de 4.000 millones de euros, lo que estamos pagando de complementos a mínimos, que no tienen por qué pagarse con cotizaciones.
¿Se contempló en algún momento utilizar los impuestos para financiar las pensiones contributivas?
Lo que hemos planteado es lo que hoy establece la ley de Seguridad Social: las contingencias comunes prioritariamente deben cubrirse con cotizaciones sociales. Pero los impuestos están jugando y están llamados a jugar un papel más importante para cubrir los complementos a mínimos, totalmente en 2014. Pero no se está planteando un cambio de modelo de financiación de la Seguridad Social.Yo creo que debe seguir descansando prioritariamente en las cotizaciones empresariales; si no, podría abrir una vía a que el Gobierno de turno a la hora de confeccionar los presupuestos pudiera tomar decisiones que afectaran a la cobertura de las pensiones.
Claves del acuerdo sobre pensiones
Gobierno, sindicatos y empresarios han acordado una amplia reforma del sistema de pensiones
EL PAÍS 01/02/2011
¿A qué edad será la jubilación?
La edad de jubilación quedará establecida en los 67 años en 2027, cambio que se aplicará progresivamente con un ritmo de un mes por año hasta 2018 y de dos meses por año desde 2019 a 2027 (ver tabla).
¿Cuántos años hay que cotizar para cobrar la pensión máxima?
Cada ciudadano deberá cotizar 38 años y seis meses para acceder a la jubilación. El tránsito entre los actuales 35 y el nuevo cómputo será también progresivo.
¿Cuántos años computarán para calcular la pensión?
El periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión pasará de 15 a 25 años. Dicha elevación se realizará a razón de un año desde 2013 hasta 2022 (ver tabla).
¿Cómo se establece la jubilación anticipada?
Los trabajadores podrán jubilarse de forma voluntaria a partir de los 63 años de jubilación con un mínimo de 33 años de cotización. El coeficiente reductor anual será del 7,5% por año de anticipo sobre la edad ordinaria de jubilación en cada caso.
Introducción de la jubilación anticipada por crisis
El pacto introduce una jubilación anticipada para periodos de crisis que permite dejar de trabajar a los 61 años siempre que se hayan cotizado 33 años y un coeficiente reductor del 7,5% que no podrá ser inferior al 33% ni superior al 42% de la base reguladora.
Prolongación voluntaria de la carrera
Los trabajadores que decidan ampliar su carrera más allá de los 67 años cobrarán más pensión una vez que se jubilen.
Para las carreras inferiores a 25 años, el coeficiente será del 2% anual pasada la edad legal de jubilación.
Para las carreras de cotización comprendidas entre 25 y 37 años, será del 2,75% anual.
El incentivo será del 4% anual para los trabajadores que tengan la carrera laboral completa a partir de los 65 ó 67 años de edad.
Para las carreras inferiores a 25 años, el coeficiente será del 2% anual pasada la edad legal de jubilación.
Para las carreras de cotización comprendidas entre 25 y 37 años, será del 2,75% anual.
El incentivo será del 4% anual para los trabajadores que tengan la carrera laboral completa a partir de los 65 ó 67 años de edad.
¿Cuándo se revisará el nuevo sistema de pensiones
El nuevo sistema de pensiones será revisado en 2027 con los nuevos parámetros que determine la esperanza de vida de los españoles.
El pacto social deja fuera la revisión del precio de la electricidad
Mundo, miércoles 02/02/2011 17:53, Efe
Madrid.- La revisión de los principales componentes del precio de la electricidad ha sido finalmente eliminado del documento definitivo del pacto social rubricado por el Gobierno y los interlocutores sociales en el Palacio de La Moncloa.
Éste era el segundo punto, dentro del capítulo de política energética, del que se suponía era el texto final del acuerdo, publicado ayer por el Ministerio de Trabajo.
Este punto recogía el compromiso de revisar los principales componentes del precio de la electricidad para eliminar las "posibles ineficiencias, reducir los sobrecostes y dar transparencia a costes regulados y precios".
Sin embargo, esta mañana los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, alertaron de que el texto todavía estaba siendo revisado, porque la patronal no estaba totalmente de acuerdo con el contenido del epígrafe referido a la política energética.
Junto a la desaparición del citado compromiso, el documento final elimina el plazo (primer trimestre de este año), que se había fijado el grupo de Trabajo de la Industria y Energía para realizar una propuesta energética en el horizonte de 2035.
Una propuesta que, según el acuerdo definitivo, se basará en el modelo de mix energético aprobado por la subcomisión del Congreso encargada de analizar la estrategia energética de España para los próximos 25 años y que concluyó el pasado mes de noviembre.
La subcomisión acordó que en 2020 las renovables cubran el 20,8 % de la demanda energética, frente al 22,7% que el Gobierno recogía en el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER).
Junto a esto, el pacto social mantiene que el foro de trabajo también tratará la gestión de los residuos nucleares.
Asimismo, se recoge el compromiso de elaborar un nuevo "Plan de Energías Renovables 2011-2020", para reforzar el liderazgo de España en renovables, y un "Plan de Acción 2012-2020 de Ahorro y Eficiencia Energética", para impulsar estas medidas. Ambos planes debían revisarse este año.
Otros objetivos son apoyar una mejor gestión de la demanda, fomentar la eficiencia y la sostenibilidad en el transporte y apoyar la investigación en tecnologías de almacenamiento y captura de CO2.
El PCE contra una nueva reforma que supone otro recorte a los sectores mas desprotegidos
Secretaría del Mundo del Trabajo del PCE, 28 de enero de 2011
Suma y sigue de las políticas del Gobierno de Zapatero recortando derechos a los trabajadores / as de este país. Se confirma su sumisión a los poderes económicos al dejar una vez más claro que el objetivo de las políticas del Gobierno del PSOE es premiar a los causantes de la crisis, castigando a los que nada tienen que ver con las causas que la provocaron. El nuevo recorte de pensiones sólo pretende reducir éstas, tanto en el número como en la cantidad a recibir, con el fin de potenciar los sistemas privados de pensiones a fin de generar más beneficios para la banca privada y que esto le permita mantener sus beneficios y tapar los agujeros provocados por la ambición y la usura desmedida. Debemos recordar que de los 97.000 millones de euros que hay que abonar en este país de deuda durante el año 2011, el 80% pertenece a deuda privada y de esta cantidad más de la mitad al BBVA y al Banco de Santander -que por cierto su principal acreedor es la Banca Alemana-. Es decir se están poniendo en primer lugar los intereses de los sectores financieros a costa de los ciudadanos y ciudadanas.
La modificación de las condiciones para acceder a una pensión no era necesaria, ya que el sistema es a todas luces viable y solvente, como todas las partes han reconocido durante el proceso de debate y negociación. Sólo se pretende un recorte en la cuantía de las mismas y dificultar su acceso a los trabajadores. Así será prácticamente imposible que los jóvenes tengan acceso al sistema público de protección social:
Por poner un ejemplo real: Una persona que comience su vida laboral con 33 años (la media estipulada en la actualidad) y que tenga “sólo” paradas de cotizaciones de 2 años (ya sea por renovación de contratos, por situaciones de crisis, por rescisiones de contratos, etc...), con un salario de 1.000 euros mensuales, se tendría que jubilar a los 67 años obligatoriamente y le quedaría una pensión de 769 € mensuales.
Esta actitud política, es aún más grave, si tenemos en cuenta que más de 900.000 jóvenes con menos de 25 años están desempleados en nuestro país y que el propio Presidente del Gobierno reconocía en el Congreso días antes que el desempleo juvenil en España es estructural, lo que quiere decir que se está condenando conscientemente a una gran parte de la población a no tener una pensión mínimamente digna.
El recorte no sólo afecta a los trabajadores / as jóvenes: la situación de las mujeres va a empeorar y será mucho más difícil para ellas acceder a una pensión mínima y además un gran número de trabajadores actuales al no poder llegar a cotizar los 38,5 años exigidos, van a verse obligados a trabajar hasta los 67 años, e inclusive en muchos casos aunque trabajen hasta los 67 años su pensión se va a ver mermada, de media, un 0,2% por cada mes que les falte para alcanzar los 38,5 años de cotización.
El aumento a 25 años para el cálculo (revisable en el 2027 al alza si así se considera), puede llegar a suponer entre un 9% y un 12% de reducción en el montante final de la pensión.
No se han separado definitivamente las fuentes de financiación, a pesar de que era un compromiso del gobierno, de anteriores acuerdos del pacto de Toledo.
Queda pendiente la solución, vía impositiva, de las pensiones y los complementos no contributivos, siendo esta formula habitual en los países de la Unión Europea.
Se aplaza, una vez más, la integración en el régimen general de las empleadas de hogar (el del REASS, se afirma prácticamente resuelto en la declaración conjunta, pero aún no se conoce), y se deja pendiente también, la equiparación, a efecto de protección social para los trabajadores / as autónomos.
El hecho de permitir las cotizaciones de los becarios (según la cotización que determine la empresa) y facilitar hasta dos años de cotización (aunque todavía no está determinada su cuantía) la excedencia por cuidado de hijos o permitir realizar el convenio especial con la seguridad social a aquellas personas que no hayan trabajado antes, no parecen compensaciones suficiente como para asumir acríticamente el recorte de las Pensiones.
La Secretaría del Mundo del Trabajo, propondrá al plenario de la misma, convocado para el próximo 2 de Febrero, el inicio de una campaña de información y concienciación, dirigida a jóvenes desempleados y trabajadores / as en activo, con el fin de potenciar la movilización social contra el recorte.
El PCE de igual modo, muestra su total acuerdo con la posición de la Dirección federal de Izquierda Unida frente a este recorte, así como con su compromiso público de modificar la Ley si los electores dan suficiente apoyo a nuestra organización.
Cuánto dinero te van a quitar con el Acuerdo sobre Pensiones
El Gobierno junto con la práctica totalidad de los entes políticos y sociales que forman parte de este régimen —a excepción de IU y de otras fuerzas minoritarias de la izquierda parlamentaria— han encarnado los intereses de los más ricos y poderosos aprobando de forma conjunta la reducción del sistema público de pensiones en 80.000 millones de euros anuales. Paradójicamente, al menos una buena parte de este dinero se empleará en costear la privatización del propio sistema de pensiones a través de exenciones fiscales y otros mecanismos.
En este arranque de “responsabilidad”, Gobierno, sindicatos y partidos políticos que apoyan este acuerdo (con el PSOE a la cabeza) se han esforzado por demostrar a las instituciones financieras internacionales que no hace falta que intervengan nuestra soberanía económica para garantizar los intereses del capital privado. Con la máxima desvergüenza, demuestran a bombo y platillo que ya son ellos los que se encargan de que los ricos sean cada vez más ricos, la principal consecuencia de esta crisis.
Por el momento, los principales puntos del “Pacto de Estado” para desmantelar las pensiones públicas, cuyo principal beneficiario será la Banca y sus fondos privados de pensiones (éste es el principal objetivo del “pensionazo”), queda de la siguiente manera:
- Jubilación a los 67 años con 37 años cotizados.
- Jubilación a los 65 con 38,5 años cotizados.
- Prejubilación a los 63 años con pérdida de entre el 24 y el 30% de la base reguladora.
- Aumento de los años de computo para el cálculo de la base reguladora de 15 a 25 años.
Aunque queda sin modificar el número de años cotizados necesarios para acceder a una pensión contributiva (15 años para cobrar el 50% de la base) o la pensión de viudedad, nuestros vigilantes del poder económico pueden estar tranquilos, pues queda todavía trámite parlamentario para rato. El acuerdo en la aplicación progresiva, ésa que parece que no va a llegar nunca [pero que llegará si no lo remediamos antes], queda de la siguiente manera en función de tu año de nacimiento; sobran más palabras…
[*]: La aplicación progresiva del aumento de los años de cómputo para el cálculo de la base es una estimación, ya que aún se está negociando la forma de aplicarlo.
[**]: Evolución descontando IPC, forma de medir la pérdida real de poder adquisitivo de nuestras pensiones.
[**]: Evolución descontando IPC, forma de medir la pérdida real de poder adquisitivo de nuestras pensiones.
¿Seguirá la mayoría votando a quienes les perjudican?
Las únicas preguntas que finalmente nos podemos —y debemos— hacer son las siguientes:¿Seguirá la mayoría votando a quienes perjudican sus propios intereses, los mismos que les arrebatan su dinero cotizado y sus derechos adquiridos en beneficio de una ínfima minoría? Primero redujeron los derechos de los trabajadores y abarataron e hicieron más libre el despido con la Reforma Laboral… y ahora, el “pensionazo”.
Si no reaccionamos, que nadie dude que los recortes sociales continuarán mientras dure esta inconsciencia frente a la realidad de la mayoría social. ¿A qué estamos esperando para rebelarnos?, ¿a que nos arrastre una ola revolucionaria que llegue desde el Norte o desde el Sur, quizás? Despertemos de una vez de este letargo alienante y suicida.
Salgado calcula que la reforma de pensiones ahorrará el 3,5% del PIB
Pais, L. DONCEL - Madrid - 11/02/2011
Pactar implica ceder. El Gobierno ayer se enorgulleció de haber logrado un acuerdo con los agentes sociales para sacar adelante la reforma de las pensiones. Pero este pacto implica rebajar ligeramente sus objetivos iniciales. Mientras el Ejecutivo estimaba a comienzos de 2010 que el retraso de la edad de jubilación y el aumento del periodo de cómputo reduciría los costes un 4% del PIB en 2040, la vicepresidenta Elena Salgado rebajó ayer el ahorro hasta el 3,5% del PIB en 2050. La reforma permitirá, según la ministra de Economía, que el incremento del gasto en pensiones sea la mitad del previsto para 2050.
Salgado ofreció en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo un desglose de los beneficios ligados a la reforma: elevar la tasa de actividad de los que tienen entre 16 y 61 años cerca del 2% a partir de 2030; permitir que el PIB crezca entre 1,4 y 1,7 puntos más en ese momento. El aumento de la base reguladora supondrá tres décimas de PIB en 2040, y el aumento del periodo de cómputo implicará un ahorro del 1% del PIB en 2050. Además, la aplicación del factor de sostenibilidad cada cinco años permitiría ahorrar otro 1%. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, dijo que la reforma garantiza "más y mejores pensiones". El diputado del PP Cristóbal Montoro la criticó porque fuerza a aumentar la vida laboral, en lugar de buscarlo a través de incentivos voluntarios.
Cadena humana en favor de una pensión digna
Provincias, 13.02.11 - 00:27 - EP.
Unos 4.500 valencianos formaron ayer una cadena humana por el derecho a una pensión digna y a vivir la jubilación con salud, una iniciativa convocada por la 'Plataforma pels drets socials'. Un extremo de la cadena partió del Banco de España, pasando por la calle de las Barcas, Juan de Austria y la calle Colón, hasta unirse al otro extremo que salía desde la tesorería de la Seguridad Social en la calle Ruzafa. Miguel Colomer, uno de los portavoces de la plataforma, se mostró «muy satisfecho» con la respuesta y destacó que, aunque el evento se programó antes del pacto alcanzado entre Gobierno, patronal y sindicato, ahora «mucha gente se ha sentido decepcionada y ha decidido unirse».
Contra el 'pensionazo'
Protesta en Valencia contra la decisión de alargar la edad de jubilación
Pais, NEUS CABALLER - Valencia - 13/02/2011
No todo el mundo se rinde ante el acuerdo de las pensiones por el que los trabajadores tendrán que alargar la vida laboral hasta los 67 años. Por eso el "No" que anoche pronunciaron los numerosos ciudadanos que se sumaron a la cadena humana contra la reciente reforma aprobada fue ante la sede del Banco de España de Valencia, en pleno centro comercial. "Hemos querido cerrar aquí la protesta con la denuncia de la institución más cara y costosa del Estado", denunciaron los sindicatos Intersindical Valenciana y CGT, junto a Esquerra Unida y diversos colectivos que integran la Plataforma pels Drets Socials.
El Manifiesto arremete contra "el puñado de economistas ciegos e incapaces de ver venir a crisis", pero "muy bien pagados" que piden "más recortes sociales, despidos libres, recortes en las pensiones y el copago en Sanidad y Educación". "Es un mal acuerdo para los trabajadores", concluye la Plataforma, que anuncia la organización de un "fuerte movimiento popular contra el neoliberalismo".
"El resultado es a más trabajo, pensiones más bajas", apuntó Vicent Mauri, uno de los portavoces. "Por eso estamos frente al símbolo de la banca a la que se ha dado mucho dinero para el saneamiento del sistema financiero, a costa del trabajador". Cerca de 2.000 personas participaron hasta conseguir completar una cadena humana desde la Tesorería de la Seguridad Social, en la céntrica calle Colón, que culminó hasta el Banco de España.
+++++++++
TRABAJO
+++++++++
MASIVO APOYO INTERNO AL PACTO EN CCOO Y UGT
Los sindicatos reclaman al Gobierno una reforma fiscal y del sistema financiero
Toxo y Méndez se muestran “satisfechos” con el giro del Gobierno y anuncian que seguirán adelante con la Iniciativa Legislativa Popular para devolver al Congreso la ley de reforma laboral. Niegan que la firma del pacto social que firmarán este miércoles en La Moncloa suponga un balón de oxígeno para Zapatero.
nuevatribuna.es | 01.02.2011
Los órganos de gobierno de UGT y CCOO ratificaron este martes el pacto para la reforma de las pensiones alcanzado por los sindicatos con el Gobierno y los sindicatos por una amplia mayoría, según indicaron los secretarios generales de ambos sindicatos, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, quienes, no obstante, destacaron los “desacuerdos” que mantienen con el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero.
El Comité Confederal de UGT -su máximo órgano entre congresos- aprobó el acuerdo por “amplísima mayoría” mientras que el acuerdo alcanzó el 90 por ciento de apoyos en el órgano homólogo de CCOO -el Consejo Confederal- en sendas votaciones de las que informaron Toxo y Méndez. La patronal, por su parte, también secundó el acuerdo que engloba una reforma de la Seguridad Social, modificaciones en la políticas activas y un plan de choque contra el paro juvenil y de larga duración, entre otras medidas.
Horas antes de escenificar el acuerdo este miércoles en La Moncloa, los líderes sindicales valoraron el acuerdo logrado esta semana e instaron a los grupos políticos presentes en el Pacto de Toledo a prestar su apoyo a la reforma de las pensiones, una reforma “muy importante” y que ha logrado detener la intención inicial del Gobierno de aprobar sin acuerdo una reforma más dura.
Toxo destacó el papel fundamental del Partido Popular en la consecución del acuerdo para la reforma de las pensiones. El reconocimiento se hizo extensivo además al resto de fuerzas políticas, Según los líderes sindicales, la oposición de los partidos fue fundamental a la hora de conseguir que el Gobierno desistiera de sus planes iniciales de llevar a cabo una reforma más dura. Además, ambos líderes destacaron el papel “clave” jugado por la nueva dirección en la patronal CEOE que encabeza Joan Rosell y se negaron a valorar la entrada en el Gobierno del nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que entró a formar parte del Ejecutivo con la salida de Celestino Corbacho tras la huelga general celebrada el pasado 29 de septiembre.
En su opinión, la huelga general del 29 de septiembre provocó un “desgaste” en el Gobierno que hizo posible un cambio de actitud en el presidente del Gobierno que los sindicatos detectaron en un encuentro mantenido con Zapatero en La Moncloa el pasado mes de diciembre.
Los sindicatos destacaron su intervención en el pacto de pensiones que ha frustrado en su opinión las pretensiones iniciales del Gobierno. Según resumió Toxo, el Ejecutivo pretendía una reforma que fijara la edad de jubilación “en 67 años para todos; 37 años (cotizados) para todos; supresión de la jubilación parcial y de la jubilación anticipada; y no integrar el Régimen Agrario en el Régimen General de la Seguridad Social”. “Hemos pasado del intento de imponer la edad obligatoria y exclusiva de jubilación a los 67 años, a que el Gobierno asuma una intervalo de edades entre 63 y 67 años, incluyendo la cifra actual de 65 años”, sintetizó Méndez. afirmó Toxo
En este sentido, Méndez confió incluso en reducir los efectos de la reforma de las pensiones. En su opinión, la reforma no tiene porqué suponer un descenso en las pensiones, aunque ello dependerá de factores como “la evolución de los salarios, la evolución de la población activa y del crecimiento económico”. Si estos factores evolucionan favorablemente “se puede conjurar el riesgo de que las pensiones se minoren”, dijo.
Con todo, Toxo se negó a hablar de un pacto de Estado para cuya consecución “faltan interlocutores y faltan materias”, dijo antes de reclamar al Gobierno una reforma fiscal y del sistema financiero, dos de los problemas más “graves”, junto al del paro, que padece el país.
Respecto a la situación del Gobierno, los líderes sindicales rechazaron que el pacto haya buscado darle un balón de oxígeno al Ejecutivo. En ese punto, el líder de CCOO fue más allá incluso al dudar que el Gobierno pueda aliviar su mala situación con ningún balón de oxígeno. “Hemos querido dar un balón de oxígeno a la gente”, afirmó Toxo.
Los representantes sindicales insistieron en que seguirán adelante con las medidas de presión contra la reforma laboral, como la Iniciativa Legislativa Popular con la cual prevén devolver al Congreso el texto legal en el entorno de las elecciones locales y autonómicas convocadas en mayo. Además, destacaron el valor de otros acuerdos, como el plan de choque contra el paro juvenil y de larga duración. Con todo, este plan es “sólo un parche” que no remedia el principal problema de la economía española, en referencia al paro que afecta a 4,6 millones de personas, afirmó Toxo, tras insistir en la necesidad de un cambio de modelo productivo.
Los sindicatos dejan abierta la crisis de la reforma laboral
Achacan el acuerdo al cambio de actitud del Gobierno tras la huelga general
Pais, MANUEL V. GÓMEZ - Madrid - 02/02/2011
Los sindicatos han llegado a un gran acuerdo con el Gobierno. Han pactado la reforma de las pensiones y las políticas activas de empleo, y han alumbrado declaraciones grandilocuentes sobre política industrial y energética. Pero no por ello olvidan que hace cuatro meses fueron a la huelga general contra la reforma laboral del Ejecutivo. Y este acuerdo no ha cerrado aquel contencioso: "Ese conflicto sigue abierto", apuntilló ayer Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras.
Un pacto global con un fondo para despidos
Pais, M. V. G. - Madrid - 02/02/2011
Casi un mes de negociaciones ha alumbrado un texto extenso (39 páginas) de contenido desigual. Hay partes (pensiones) muy detalladas, como si los negociadores, en especial los sindicatos, no hubieran querido dejar mucho margen a la interpretación del legislador. En otros solo se pactan líneas maestras para seguir negociando.
- Pensiones. Elemento central del pacto, en el que los negociadores se emplearon a fondo y que pudo dar al traste con todo más de una vez. Estas nueve páginas, las más concretas, recogen la mayor reforma del sistema en toda su historia: el retraso gradual entre 2013 y 2027 de la edad legal de retiro a los 67 años con derecho a cobrar toda la pensión al cotizar 37 años (a los 65 harán falta 38,5).
La jubilación voluntaria tras cotizar al menos 33 años reducirá la pensión un 7,5% anual por cada año de adelanto. Con 61 solo será posible en caso de despido por crisis empresarial, pero no hará falta cotizar 33 años y la reducción no podrá ser superior al 42%.
El otro pilar de la reforma es la ampliación del periodo de cómputo entre 2013 y 2022 de 15 a 25 años. Quienes pierdan su trabajo cerca de la jubilación podrán "aplicar periodos de cómputo más amplios" para compensar la rebaja de la base media de cotización. Para motivar el retiro más allá de la edad legal se aumentará el 4% anual la base de cotización.
La reforma incluye revisar los "parámetros fundamentales del sistema" cada cinco años desde 2027 por los cambios en la esperanza de vida.
Estos cambios perjudican especialmente a dos colectivos: jóvenes y quienes dejan su trabajo para cuidar a los hijos. Para aliviar esto se acuerda que las empresas coticen por los becarios a la Seguridad Social por un máximo de dos años. Las mujeres minorarán en nueve meses los requisitos de cotización exigidos por cada hijo hasta un máximo de dos años.
- Políticas activas. Hay dos medidas estrella: la creación de un plan de choque para afrontar el desempleo juvenil y el paro de larga duración, y una nueva ayuda de 400 euros para parados sin ingresos. Se busca sacar a la luz unos 100.000 empleos a través de los contratos a tiempo parcial, reduciendo durante un año las cuotas sociales un 100% (75% en empresas de más de 250 trabajadores).
Se aborda crear un fondo de capitalización para el despido (el llamado fondo austriaco), con un grupo de seis expertos que analice aspectos como la extensión de la medida (a todos los contratos o a los nuevos), su financiación (más cuotas sociales o reordenación de actuales), o quién lo gestiona.
- Negociación colectiva. Único punto pactado solo a dos bandas, sindicatos y patronal, que se comprometen a "tomar en consideración" el límite del 19 de marzo para pactarlo. La reforma laboral fija esa fecha como tope para que acuerden los cambios en los convenios; de lo contrario, lo hará el Gobierno. El texto (tres páginas) fija los temas a abordar en las próximas semanas (estructura, legitimidad, vigencia más allá del plazo), pero no da muchas pistas sobre su orientación futura (en flexibilidad empresarial recomienda dar más peso a la representación sindical).
- Política energética. Son apenas dos páginas en las que se apuesta por reforzar las energías renovables, mejorar la gestión de la demanda, impulsar medidas de ahorro (a través del desarrollo de un mercado de servicios energéticos) e intensificar la investigación de tecnologías de captura de CO2.
- Política industrial. Incluye, entre otras medidas, el desarrollo del vehículo eléctrico, la reforma del Instituto Español de Comercio Exterior ("reforzando su capacidad financiera").
UGT y CC OO rechazan que se trate de un pacto de Estado
Su homólogo de UGT, Cándido Méndez, criticó por su parte los efectos nocivos que, en su opinión, está teniendo esa reforma, y recordó que ambos sindicatos siguen recogiendo firmas para presentar ante el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular para derogar buena parte de la norma.
Así se pronunciaron ayer, en la rueda de prensa en la que anunciaron que los órganos directivos de sus organizaciones habían aprobado por "inmensa mayoría", más del 90% en ambos casos, el acuerdo social y económico al que llegaron con el Ejecutivo la noche antes. También ayer la junta directiva de la patronal ratificó el pacto, que las tres partes rubricarán hoy de forma solemne en La Moncloa.
Firmado el pacto social, ahora llega el turno de la política. Tanto UGT como Comisiones Obreras emplazaron a los grupos parlamentarios a sumarse al acuerdo, sobre todo en lo referente a las pensiones, ya que consideran fundamental reeditar el consenso del Pacto de Toledo. Pese a la amplitud del acuerdo, Toxo negó que sea un pacto de Estado, "para eso le faltan materias, como la fiscal, que sigue siendo un conflicto importante con el Gobierno".
Para los líderes sindicales, el texto que sancionaron y alabaron ayer es "conveniente para los trabajadores", en palabras de Méndez. "Es un acuerdo importante", abundó Toxo. Ambos rechazaron que regalará un "balón de oxígeno" al Gobierno. Y si así fuera, no sería esa su intención.
Ayer, ni uno ni otro dirigente sindical estaba por el triunfalismo. Ambos pusieron el énfasis en las tareas pendientes (negociación colectiva, desarrollo de lo pactado para los funcionarios, y política energética e industrial).
A la hora de explicar cómo ha sido posible un acuerdo tan amplio en tan poco tiempo y apenas cuatro meses después de una huelga general, ambos mantuvieron que se debe a un cambio de actitud del Ejecutivo.
¿El motivo? "El impacto de la huelga general del 29 de septiembre ha pesado en el ánimo del Gobierno para abrirse a una negociación no solo sobre la reforma de pensiones sino más amplia. Se diga lo que se diga, la huelga general ha hecho mella en la posición del Gobierno", adujo Méndez.
"Si estamos aquí es porque ha habido una huelga general", sentenció por su parte el líder de Comisiones Obreras, que achacó a este mismo motivo el cambio de actitud del Ejecutivo en la mesa de negociaciones. Además, también la situación económica ha propiciado el acuerdo, según recoge la resolución del Comité Confederal de UGT.
Todo esto se ha traducido, según los líderes sindicales, en una reforma de pensiones muy distinta de la que había planteado el Gobierno en un principio. Por eso se ha podido llegar a este acuerdo, que ahora han comenzado a explicar a los trabajadores.
Claves sobre la reforma de los convenios colectivos
Los agentes sociales admiten la necesidad de fomentar la flexibilidad interna de las empresas y que las negociaciones sean más ágiles
EL PAÍS 01/02/2011
Gobierno y agentes sociales se han dado de plazo hasta el 19 de marzo para cerrar la reforma de la negociación colectiva y han sentado las bases para su actualización. Según han recogido las partes en el documento que recoge el pacto social alcanzado en la noche del lunes, los cambios deben pasar por aumentar la flexibilidad de los acuerdos entre los empresarios y los representantes de los trabajadores, limitar los ámbitos de los convenios y evitar duplicidades, así como hacer más ágiles los procesos negociadores.
Más flexibilidad interna en las empresas y sectores: Los convenios, sostienen los agentes sociales, deben ser capaces de acometer "la imprescindible adecuación a los cambios en los sectores y en la empresa, a través de medidas de flexibilidad interna". Para garantizar su eficiencia, añade el texto, los acuerdos deberán realizarse "con una mayor participación de los representantes de los trabajadores".
Problemas del actual sistema: "La negociación colectiva tiene problemas de estructura y de vertebración; de legitimación; de flexibilidad interna; de innovación y adaptación de contenidos; de gestión; de adecuación a las dificultades, entre otros", asegura el texto.
Ajustarse a la realidad: Sindicatos y patronal acuerdan que el nuevo sistema debe ser capaz de "hacer frente a la realidad empresarial y a la de los trabajadores", por lo que "habrá que racionalizar y vertebrar mejor los convenios colectivos", potenciando asimismo la negociación colectiva en el ámbito de la empresa, lo que permitirá ampliar su eficiencia y destinatarios.
Limitar los ámbitos de los convenios: El pacto social apuesta por evitar la duplicidad de acuerdos a nivel sectorial, provincial, autonómico y estatal reduciendo los niveles a un máximo de tres: la negociación colectiva sectorial, de ámbito estatal o, en su defecto, al acuerdo de ámbito autonómico siempre y cuando esté suscrito por "las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas".
Dinamizar su funcionamiento: "Es necesario dinamizar la negociación colectiva, tanto respecto a los procesos negociadores, como en nuevos contenidos y renovación de materias, así como en la supresión de los que no deban tener continuidad", asegura el documento.
En el mismo apartado, las partes abogan por "una mejor gestión y administración permanente de los convenios durante su ámbito temporal, potenciando los instrumentos de consulta, interpretación, solución de discrepancias, propuestas de mejora para el convenio, entre otros; y propiciando que los medios de solución extrajudicial de conflictos aporten asistencia activa".
Autonomía de los representantes de empresarios y trabajadores: UGT, CC OO, CEOE y CEPYME acuerdan reforzar la autonomía de los representantes de las partes "en aras a potenciar y mejorar la actividad económica de las empresas, las condiciones de trabajo y el empleo". Sobre este mismo punto, el documento alude a las "deficiencias de legitimación en la negociación de los convenios" y se comprometen a solucionarlas a través de la negociación bipartita.
Acuerdo Interconfederal: Las confederaciones firmantes se comprometen a suscribir un Acuerdo Interconfederal en el que se incorporen los acuerdos de reforma de la negociación colectiva.
Claves del acuerdo sobre Políticas Activas de Empleo y otras materias de índole laboral
Gobierno, sindicatos y empresarios han acordado una serie de medidas de carácter estructural para mejorar las Políticas Activas de Empleo a largo plazo, así como un plan de choque dirigido al corto plazo
EL PAÍS - Madrid - 01/02/2011
Plan de choque coyuntural
A. Programa de impulso del empleo para jóvenes de hasta 30 años. Se reducirán las cuotas a la Seguridad Social durante el primer año de contrato para las empresas que hagan nuevos contratos con una jornada que oscile entre el 50% y el 75%. El programa durará un año y será evaluado a los seis meses por los agentes sociales. Se aplicará a los contratos indefinidos y temporales de, al menos, seis meses de duración. La reducción de cuotas será del 100% para empresas con una plantilla inferior a 250 trabajadores y del 75% para el resto.
B. Además, se estimulará la conversión de los contratos recogidos en el punto A en indefinidos. Cuando la persona contratada pertenezca a los colectivos a que se refiere el artículo 10 de la Ley 35/2010 (PDF), las empresas podrán acogerse a las bonificaciones de cuotas por la contratación indefinida previstas en el mismo. Cuando la persona contratada pertenezca a colectivos diferentes de los anteriores, las empresas podrán acogerse a la transformación en contratos de fomento de la contratación indefinida a que se refiere el artículo 3 de dicha ley.
C. Recualificación profesional de las personas que hayan agotado su protección por desempleo. Este programa sustituirá la prestación de 426 euros que el Gobierno aprobó para los parados de larga duración y que finaliza este mes de febrero. El nuevo sistema otorgará una ayuda del 75% del IPREM mensual, es decir, 400 euros, hasta un máximo de seis meses, cuando la persona beneficiaria carezca de rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Junto a ello, el Gobierno se compromete a elaborar antes de septiembre un plan de choque para parados con edades superiores a 55 años.
Medidas de carácter estructural
A. Itinerario individual y personalizado de empleo para desarrollar un modelo de atención personalizada a las personas en situación de desempleo, que deberá comprometerse a su participación activa en estas acciones.
B. Fortalecer los Servicios Públicos de Empleo para el mejor aprovechamiento y refuerzo de sus recursos humanos y medios técnicos.
C. Establecer un catálogo de servicios básicos común para todos los Servicios Públicos de Empleo.
D. Elaborar una Estrategia Española de Empleo que defina las actuaciones a adoptar con carácter plurianual por los Servicios Públicos de Empleo de las CC AA. Se determinará: los colectivos de atención preferente; los objetivos cuantitativos a alcanzar para el conjunto del Estado y su especificación en cada Comunidad Autónoma; los recursos que se destinarán para su realización.
E. Transformar en profundidad los actuales programas de políticas activas de empleo con el doble objetivo de aumentar su utilidad y reducir el tiempo en que una persona está desempleada.
Desarrollo de la reforma laboral
El pacto social incluye indicaciones para el desarrollo de la reforma laboral aprobada por el Gobierno.
A. El Gobierno aprobará en junio la creación en cada empresa de un fondo de capitalización para trabajadores cuyas directrices consensuarán un grupo de seis expertos elegidos por consenso. Dicho fondo contará "con un número de días de salario por año de servicio, a determinar, que se hará efectivo en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación".
A. El Gobierno aprobará en junio la creación en cada empresa de un fondo de capitalización para trabajadores cuyas directrices consensuarán un grupo de seis expertos elegidos por consenso. Dicho fondo contará "con un número de días de salario por año de servicio, a determinar, que se hará efectivo en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación".
B. Negociación del reglamento de los ERE. El Gobierno ha remitido a sindicatos y patronal un borrador del poyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos.
La Generalitat Valenciana es 'razonablemente optimista' pese a la última subida del paro
Efe | Valencia
Mundo, miércoles 02/02/2011 17:10 horas
El vicepresidente del Consell Vicente Rambla ha afirmado que el Gobierno valenciano debe ser "razonablemente optimista" porque la Comunidad está "en una línea de esperanza" de recuperación del crecimiento y generación de empleo fundada en la leve mejora de los indicadores económicos.
Rambla, que ha hecho un balance de los segundos Planes de Competitividad, se ha referido a indicadores que muestran "leves síntomas de recuperación" como las exportaciones y el desempleo en enero.
Según ha indicado, las exportaciones han aumentado el 13% en el último año, el Índice de Producción Industrial ha crecido entre el 2 y 3% y el paro se ha incrementado en enero en la Comunidad Valenciana "más de medio punto menos" que la media nacional.
Rambla ha precisado que, según los datos del Instituto Nacional de Empleo y la Encuesta de Población Activa (EPA), la valenciana fue una de las dos autonomías que no destruyeron empleo en 2010.
Estos indicadores, a su juicio, "nos tienen que llevar al estímulo de pensar que estamos trabajando en el esfuerzo y creo que estamos en una línea de esperanza de una mejora de los sectores productivos, de recuperación de la senda del crecimiento y de la generación de empleo".
Tras reiterar que el momento es complicado, el también conseller de Industria ha indicado que el principal objetivo del Gobierno de la Generalitat tiene que ser poner en marcha todas las iniciativas posibles que contribuyan a generar empleo porque esa es "la garantía de dinamización de nuestra economía".
Por su parte, y a través de un comunicado, el secretario autonómico de Empleo, Luis Lobón, ha afirmado que el incremento del paro registrado en la Comunidad es "mucho más moderado que en España".
"Además, aunque el comportamiento del paro en los meses de enero siempre suele ser negativo, cabe señal que el incremento del pasado mes ha sido el menor aumento registrado en un mes de enero desde 2007", ha añadido.
Para Lobón, el aumento del paro "responde a un fuerte componente estacional relacionado con el final de la campaña de Navidad en el sector servicios y la disminución de la actividad agraria".
El paro subió un 2,49% en enero, hasta los 513.800 desempleados
- Es, tras Cataluña y Andalucía, la autonomía que más parados creó en enero
- Ocupa la segunda plaza en creación de paro en los últimos 12 meses
F. Álvarez | Valencia
Mundo, miércoles 02/02/2011 09:27 horas
El número de desempleados aumentó el pasado mes de enero en 12.485 personas en la Comunidad Valenciana, un 2,49% más que en diciembre de 2010, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
De este modo, el paro registrado se sitúa en la Comunidad Valenciana en un total de 513.800 personas, lo que supone un 4,10% más que hace doce meses (es decir, 20.233 desempleados más que en enero de 2010). Este incremento es ligeramente inferior a la media estatal (+4,51).
En el conjunto del país se ha batido un nuevo récord histórico: los parados suman ya más de 4,2 millones de personas. En enero, las listas de los servicios públicos de desempleo experimentaron un aumento de 130.930 personas, un 3,2% respecto al pasado mes de diciembre.
En el caso de la Comunidad Valenciana, se observa una ralentización en la destrucción de empleo, siete décimas por debajo de la media nacional en enero, e inferior a la mayoría de autonomías. De hecho sólo Baleares (la única que redujo ligeramente el paro, -0,62), La Rioja (+1,14), Extremadura (+ 1,90), Madrid (+2,28) y la ciudad autónoma de Melilla (+1,66) mejoran sus datos.
En números absolutos, sin embargo, la Comunidad Valenciana está a la cabeza en el aumento de paro, sólo superada por Cataluña (+26.950) y Andalucía (+26.622). Además es, tras esta última autonomía, la región que más desempleados generó en los últimos doce meses. En términos relativos, sin embargo, ocupa la duodécima plaza (+4,10).
Por provincias, Valencia continúa liderando las cifras del paro, con un total de 247.018, 7.369 más que hace un mes (+3,07%), aunque Castellón registró el mayor incremento en enero, con 3,21% más, o lo que es lo mismo 1.847 nuevos parados. Por su parte, Alicante moderó su subida (+1,60) con 3.269 desempleados más, hasta los 207.440.
Los sindicatos intentarán corregir la reforma laboral
CCOO y UGT aseguran que el Acuerdo social y económico pactado con el Gobierno no supone apartar el "contencioso" que mantienen contra ella
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, aseguraron hoy que la firma del Acuerdo social y económico "no supone en ningún caso" apartar el "contencioso" que mantienen los sindicatos contra la reforma laboral.
En rueda de prensa, Cándido Méndez insistió en que la reforma laboral debe ser revertida por los "problemas" que está provocando en el mercado de trabajo y porque ha demostrado su "inutilidad".
En este sentido, dijo que el Acuerdo para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones que Gobierno y agentes sociales firmarán mañana en La Moncloa no "aparta" el "contencioso que sigue pendiente" sobre la discrepancia que mantienen los sindicatos con el Gobierno sobre la reforma laboral.
Sobre la firma del acuerdo, pidió a los partidos políticos que se sumen a este pacto y dijo que la firma se ha basado en dos factores: el contenido, "que merecía la pena ser apoyado", y el contexto general de crisis económica, "que ha pesado mucho". Méndez mostró la "profunda preocupación" de los sindicatos por los últimos datos económicos sobre el paro y la inflación y dijo que "se está delineando un panorama que se adentra peligrosamente en un triángulo de las Bermudas económico", en referencia a la elevación del desempleo, del IPC y a la caída de la economía en 2010.
Pensionistas
Por su parte, Toxo echó en falta en el pacto social un "acuerdo importante" en materia de política fiscal, para reconducir el déficit aportando más medidas de incremento de ingresos y menos de recorte del gasto, así como un "compromiso" de resolución de la reestructuración del sistema financiero. Asimismo, apuntó que "el acuerdo para nada va a impedir que los sindicatos sigan reclamando que los pensionistas que vieron congeladas las pensiones recuperen su poder adquisitivo".
Los sindicatos culpan del paro a las medidas de ajuste del Gobierno
"El dato del pario es francamente malo", afirma Cándido Méndez
Noticias relacionadas
· El paro registrado subió en 130.930 personas en enero y supera los 4,2 millones
· Salgado: "Las cifras del paro en el primer trimestre no serán buenas"
· El PP carga contra el pacto social citando el paro
· Gobierno y agentes sociales rubrican el Pacto Social y Económico
"Es un mal dato". Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Férnandez Toxo y Cándido Méndez, aseguraron este miércoles que el elevado número de parados registrados en los servicios públicos de empleo es consecuencia en buena medida de las medidas unilaterales que ha ido adoptando el Gobierno y que se han revelado inútiles.
Así se manifestaron ambos líderes sindicales durante su interveción en el Foro Nueva Economía, poco antes de trasladarse al palacio de La Moncloa a firmar el pacto social.
Méndez aseguró que los 130.930 parados más registrados en enero constituyen una cifra "francamente mala", que "pone de manifiesto la ineficacia de las medidas unilaterales y la incapacidad de resolver los problemas con medidas que se basan sólo en la devaluación de costes laborales".
También para Toxo las cifras del paro son consecuencia "del efecto combinado" de las decisiones tomadas por el Gobierno, que —en su opinión— ha situado el ajuste presupuestario por encima del empleo, unidas a las dificultades del sector financiero.
Todo ello, dijo, ha provocado una situación de atonía económica que es necesario superar para que se pueda volver a crear empleo, ya que de lo contrario "se podría minimizar seriamente" el impacto de las medidas acordadas por los gentes sociales y el Gobierno.
"Dramática situación"
Según Méndez, la "dramática situación" del empleo es la que ha empujado a las organizaciones sindicales al "proceso agotador" de negociación con la patronal y el Ejecutivo.
A su juicio, las cifras del paro, unidas a la elevada inflación y al escaso crecimiento están provocando que el país entre "en una especia de triángulo de las Bermudas económico".
Junto con la difícil situación económica y el elevado paro, Toxo señaló que también les ha llevado a implicarse en este acuerdo el hecho de que se haya puesto en cuestión la sostenibilidad del modelo social.
Los sindicatos vuelven a influir en el Gobierno
El acuerdo refuerza la posición de UGT y CCOO como interlocutores, según varios analistas.
Ha sido una negociación dura y difícil, con días en los que la falta de entendimiento era tal que sólo la pura voluntad de llegar a un acuerdo impedía dar el portazo, pero al final llegó el pacto. Un acuerdo que ha devuelto a los sindicatos parte de la influencia perdida, que ha dado oxígeno al Gobierno y al PSOE que ya no tiene que llegar a las elecciones enfrentado a las centrales sindicales, y que ha permitido que el nuevo presidente de la CEOE pueda presentar resultados ya en su primera interlocución.
Pero quienes estaban en una auténtica encrucijada con las pensiones eran los sindicatos. Tras una huelga general que tuvo un éxito desigual y no consiguió frenar la reforma laboral, UGT y Comisiones Obreras se encontraron con que tenían que optar por las movilizaciones sin garantías o por sentarse a la mesa de negociación y demostrar que, a pesar de la campaña de acoso, no eran organizaciones acabadas. Escogieron el posibilismo.
Inurrieta: "El Gobierno salva la cara y los sindicatos también"
La negociación ha dado sus frutos: aceptables para algunos y muy deficientes para otros. No falta quien elogia la responsabilidad sindical y los que aseguran que su apoyo al Gobierno en esta reforma es una "traición" a los trabajadores.
Independientemente de la valoración sobre la reforma, los sindicatos han recuperado protagonismo incluso por delante de los partidos políticos y han reivindicado el poder del acuerdo. Siempre con el permiso de los mercados porque, como explica uno de los participantes en la negociación, si la prima de riesgo no hubiera estado contenida en este tiempo, probablemente el Gobierno no habría aceptado flexibilizar sus márgenes.
El resultado es "un acuerdo bastante razonable, en el que hay cierta reducción en la pensión media, pero si el mercado de trabajo mejora y suben los salarios el efecto es neutro", según el economista Alejandro Inurrieta, que considera que "el Gobierno salva la cara y los sindicatos también".
Zubiri: "Han tenido miedo a no poder movilizar y quedar al margen"
Para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca Rafael Muñoz de Bustillo, los sindicatos han jugado "un papel positivo haciendo de la necesidad virtud y frente a la posición radicalmente conservadora del Ejecutivo han servido para suavizar algunos de los aspectos más dolorosos de la reforma, como aumentar las posibilidades de jubilación a los 65 o las cuestiones relacionadas con cuidado de hijos y becarios, aunque en este último apartado creo que es de justicia que se hubiera ido más lejos".
Sin embargo, no hay unanimidad al valorar el papel desem-peñado por los sindicatos en la negociación. Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, considera que han demostrado que "no tienen fuerza. Han tenido miedo a no poder movilizar a la sociedad y quedar al margen. Eso hubiera sido letal. Los sindicatos han avalado unas medidas regresivas a cambio de garantizar su protagonismo". "¿Qué sentido tiene que se mantengan como interlocutores sociales cuando su poder es nulo y avalan medidas perjudiciales para los trabajadores?", se pregunta Zubiri.
No es fácil la posición de los sindicatos. Han recibido críticas de parte de la izquierda, que no entiende que hayan aceptado traspasar las líneas rojas. Los líderes de UGT y CCOO defienden el pacto, como también lo hicieron durante la negociación cuando altos cargos del Gobierno, fundamentalmente del área económica, intentaban boicotearlo por entender que los mercados verían con mejores ojos una reforma dura, según explican fuentes de la negociación. Mientras el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, tendía puentes con los agentes sociales, las discusiones más duras eran con la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que "llegaba con la hoja de cálculo" porque el compromiso con la Unión Europea es que el gasto en pensiones no supere el 13% del PIB en 2040. Y cada vez que embarrancaban sin solución, cena en la Moncloa.
De la Rocha: "La posición del ministro de Trabajo sale reforzada"
Manuel de la Rocha, diputado socialista, destaca que con el pacto alcanzado "hay una apuesta por los acuerdos sobre las reformas frente a la posición de reformas sin acuerdo por la que apostaba una parte del Gobierno. En este sentido, se refuerza la posición del actual ministro de Trabajo dentro del Gobierno". El director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo, Bruno Estrada, señala que se refuerza el poder de negociación de los sindicatos y se aleja el escenario del conflicto social que nadie quería asumir.
"El problema demográfico de las pensiones era tan obvio que hasta los sindicatos lo han visto", señala un experto cercano a la negociación. Las proyeccio-nes demográficas apuntan a que el número de jubilados se duplicará en un plazo de 40 años y se reducirá drásticamente la proporción de activos por jubilados.
No todos aceptan los datos ni la inevitabilidad del recorte. Albert Recio, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, se pregunta: "¿Por qué tenemos que reducir el peso de las pensiones en el gasto global? Si la población envejece habrá que destinar más dinero". Ignacio Zubiripropone financiar pensiones con impuestos, como Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga: "Hay fórmulas alternativas para mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones. Ni la experiencia histórica de España hasta el Pacto de Toledo ni nuestro entorno marca que sólo se financie con las cotizaciones sociales. En Francia se crearon nuevos impuestos". Montero es muy crítico con los sindicatos: "Es una nueva traición a la clase trabajadora".
Marcos Peña: "Los acuerdos harán más fácil la salida de la crisis"
Reconocimiento
Todo lo contrario de lo que opina Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social, para quien el contenido de la reforma responde a las necesidades del sistema. "Es un acuerdo muy bueno y los agentes sociales merecen el reconocimiento y agradecimiento de los demás. Hay tan pocas cosas buenas que el pacto hay que celebrarlo sin matices", señala Peña, y destaca que los acuerdos "harán más fácil la salida de la crisis".
Joaquín Pérez Rey, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, cree que el Gobierno estaba dispuesto a imponer los 67 años sin flexibilidad, y "aunque la postura sindical es arriesgada han amortiguado el golpe". "Aunque no se ha logrado la solución óptima, los sindicatos han demostrado que tienen capacidad de llegar a acuerdos y que ese discurso de que son organizaciones de resistencia numantina no es cierto. Por eso, el rechazo frontal a la reforma laboral se carga más de razón porque era para frenar elementos regresivos". También Manuel de la Rocha elogia que el acuerdo "reconduce y equilibra al menos en parte la propuesta inicial del equipo económico del Gobierno, innecesariamente dura y drástica". De la Rocha cree que los sindicatos salen reforzados por intervenir y pactar las reformas y que se genera confianza en los mercados.
Y al final, lo que importa a todos: ¿Cuánto puede ser el recorte de las pensiones? Dependerá de muchos factores y no se dará en todos los casos. CCOO cuantifica en algo más del 7% el ahorro total para la Seguridad Social por ampliar el plazo de cálculo de la pensión. Por su parte, Muñoz de Bustillo y Zubiri calculan que rondará el 20% a lo largo de la jubilación: diez puntos por el aumento del número de años del cálculo de la base reguladora y otros diez por retrasar el retiro en dos años. D
Cómo le afecta el pacto social
Los principales aspectos que incluye el acuerdo
Noticias relacionadas
· El pacto social lanza el modelo austriaco y matiza los ERE
· Rajoy no se compromete a apoyar el pacto social
· Los sindicatos intentarán corregir la reforma laboral
· El pacto social descoloca al PP
· Gobierno y agentes sociales sellan el pacto social
Los principales aspectos que incluye el acuerdo.
1. ¿Qué ocurre con los que agotan el paro?
La ayuda de 426 euros para parados de larga duración sin ingresos se quedará en casi 400 euros -el 75% del Iprem-. Los beneficiarios, cuyas rentas no podrán superar el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) -481,05 euros al mes-, podrán cobrar la ayuda durante un máximo de seis meses. La medida tendrá una duración de medio año desde su aprobación, coincidiendo con el final de la ayuda de 426 euros, y se procederá a su evaluación antes de que concluya el plazo de vigencia.
2. ¿Cuál es ahora la edad legal de jubilación?
Aparentemente, el texto que propondrá el Ejecutivo habla de que "el derecho legal a la jubilación", se sitúa entre los 63 y los 67 años. En esa horquilla de tiempo se contiene lo que se llama "la jubiación ordinaria", si se han cotizado 38,6 meses para retirarse a los 65, y si se han cotizado 37 años la jubilación a los 67 da derecho al 100% de la pensión.
3. ¿Se premia trabajar más?
Los incentivos por trabajar más años se refuerzan con la propuesta del Ejecutivo, aunque son diferentes a los que se habían ultimado la semana pasada. Ahora, se liga el incentivo a la carrera laboral en tres tramos. Para los que hayan cotizado menos de 25 años pero trabajen más allá de los 67, se premiará con el 2% más de pensión. Los que tengan entre 25 y 37 años de vida laboral y trabajen por encima de 67 años recibirán el 2,75% más de pensión. Por último, para los que tengan completas ya las dos fórmulas de "jubilación ordinaria" verán recompensada su permanencia en el sistema con un 4% más de pensión.
4. ¿Qué pensión cobrará quien haya ido al paro?
Primero, cabe recordar que los parados cotizan durante el tiempo que tienen derecho a la prestación contributiva, esto es, por un máximo de dos años. La reforma abre la posibilidad de que se complente las lagunas de cotización. Si son hasta 24 meses, cotizarán por la base mínima, y sin son de más tiempo se podrá imputar un valor del 50% de la base mínima. La aportación corre a cargo del cotizante.
5. ¿Perjudica a los mayores despedidos en la crisis?
La reforma propone que en lugar de coger los últimos 15 años de salario para calcular la pensión se tomen 25, lo que mejorará las prestaciones de los que se han quedado parados en los últimos años de vida laboral. Como los plazos de aplicación de esta medida son largos y no estará en vigor hasta el 2023, permite que los que se hayan ido al paro durante esta crisis puedan solicitar que se les tomen los 25 años aunque aún no haya entrado en vigor la normativa. Esto hará que su pensión no se vea tan mermada por el paro.
6. Un plan para los jóvenes
El pacto incluye un plan de choque para los jóvenes, que durará un año y se revisará en seis meses por si causa un indeseado efecto de reemplazo con los trabajadores más mayores. Se reducirán las cuotas empresariales a los que contraten a jóvenes a tiempo parcial. Además, los que se formen verán reconocido ese periodo de tiempo como cotizado, de forma que cuente como años para tener derecho a la pensión.
7. ¿Afecta al precio de la luz?
El preámbulo del documento incluye una vaga referencia a la necesidad que "alcanzar un coste razonable de la energía que no penalice la actividad de la economía". Para ello, "es preciso discutir sobre el mecanismo de conformación de su precio". Fuentes gubernamentales señalan que esta alusión podría implicar algún "retoque" del denominado ‘pool', la bolsa mayorista donde las eléctricas se compran y venden la energía, que ha recibido duras críticas por parte de la Comisión Nacional de la Competencia.
8. ¿Fomenta la innovación?
Las partes se comprometen a reconocer el estatuto de joven empresa innovadora, una vieja reivindicación del sector biotecnológico (en su momento, representado por la actual ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, que estuvo al frente de la patronal Asebio) que ofrece ventajas fiscales a empresas intensivas en I+D. Además, el documento establece la puesta en marcha de un nuevo fondo de capital riesgo con participación pública para invertir en empresas de alto valor tecnológico; y se compromete a impulsar la compra pública de I+D, que permite al Estado asumir riesgos a la hora de licitar contratos, lo que no hacía hasta ahora. Esta fórmula es la que dio origen, por ejemplo, al grupo de telecomunicaciones Nokia en Finlandia.
El que no pacta no se consuela
Público, Manolo Saco, 03 feb 2011
El día había amanecido con el dato de que en enero se habían destruido 131.000 empleos más. Hay días, en verdad, que comienzan mucho mejor. Como explicaba Zapatero al término de la firma del Pacto económico y social, “no hay consuelo para las cifras del paro”. Y ese desconsuelo fue el protagonista impalpable de la firma y de la foto subsiguiente, con discursos y actitudes dignos de un análisis psicológico por parte de expertos en lenguaje corporal. Recordaba, en verdad, continuando con el símil de ayer, que salían del dentista, todos doloridos porque les habían arrancado una muela, pero contentos por haber salvado el resto de la dentadura.
Los más serios, quizá porque son los que más muelas se han dejado en la consulta, fueron los representantes sindicales. En la foto final, mientras gobierno y patronales ensayaban una sonrisa viuda, enlazadas sus manos con no mucho entusiasmo para oficializar el acuerdo, Méndez y Toxo mantenían un gesto vago, como de ganas de terminar de una puñetera vez aquel calvario, como con urgencia por liberarse de las malas compañías. Ya en los discursos, y en vista de que la firma les eximía de mantener el pulso de otra huelga general, aprovecharon para vender su mercancía y resaltar que la fecha histórica del 2 de febrero de 2011 no se entendería sin la huelga general del pasado 29 de septiembre. Quedaba, pues, amortizada aquella penosa jornada.
Cándido Méndez, de UGT, valoró el acuerdo como “una ventana” de oportunidad para combatir la crisis económica y social. Fernández Toxo, de CC.OO., resaltó que el controvertido acuerdo sobre las pensiones traía “novedades revolucionarias”, y que quedan reformas pendientes, como la política fiscal y el sistema financiero, que no es poco.
Todos tuvieron mucho cuidado en recalcar que la firma era, ante todo y sobre todo, la escenificación de que el consenso es posible y necesario en momentos de crisis profunda, pero que el trabajo que queda por desarrollar es de tanta envergadura como todo lo que permanece plasmado en el acuerdo.
Una hoja de ruta que, por cierto, ningún partido político de la oposición quiso rubricar con su presencia, algo que en principio se entendió muy mal, pues no quedaba claro si su actitud venía motivada por el miedo al desgaste ante su electorado o por el principio elemental de la prudencia. Aunque los partidos justifican su ausencia en que habían sido invitados mal y tarde, con apenas veinticuatro horas de antelación, mediante un frío y descortés correo electrónico y sin haber recibido previamente una copia de lo que se iba a firmar y que ellos en cierto modo deberían aplaudir o al menos refrendar en una foto de familia.
En el debate parlamentario tendremos, pues, la segunda parte de la firma. Y nosotros, todo el día para analizar la letra pequeña. Que los dioses os cojan (como dicen los argentinos) confesados.
Manifestación de un centenar de parados
Provincias, 03.02.11 - 00:20 - REDACCIÓN.
Un centenar de desempleados de Moncada se manifestaron ayer por las calles de la localidad reclamando un trabajo. La plataforma concentró a los manifestantes junto al seminario, y desde allí recorrieron el municipio durante una hora y media hasta llegar al ayuntamiento, donde pidieron reunirse con el alcalde, al que le exigen un trabajo en las obras que adjudica el Consistorio. Esta es la segunda plataforma de parados que se crea en la comarca, tras la de Paterna, para que el Ayuntamiento les ayude a salir de una situación que para muchos es desesperada.
La firma del acuerdo social no borra las heridas abiertas por la reforma laboral
El presidente del Gobierno y los máximos dirigentes de los sindicatos y los empresarios firman en el Palacio de la Moncloa el acuerdo económico y social que han alcanzado para hacer frente a la crisis. Los sindicatos insisten en pedir la retirada de la reforma laboral mientras los empresarios demandan más medidas para superar la mala situación económica.
nuevatribuna.es | 02.02.2011
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y los máximos dirigentes de los sindicatos y los empresarios firmaron este miércoles en el Palacio de La Moncloa el acuerdo económico y social que han alcanzado para hacer frente a la crisis y que incluye, entre otras cosas, la reforma del sistema de pensiones.
El acuerdo ha sido firmado por el propio Zapatero, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, el presidente de CEOE, Juan Rosell, el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente.
La firma se ha producido en el Salón de Tapices del Palacio de la Moncloa, donde también se firmaron los Pactos de la Moncloa y otros acuerdos sociales, como el pacto antiterrorista.
El acuerdo, que pivota en torno a la reforma de pensiones, abarca también las políticas activas de empleo, la negociación colectiva, la función pública, la política industrial, la política energética y la de I+D.
ZAPATERO DESTACA EL VALOR DEL DIÁLOGO SOCIAL
Tras la firma, Zapatero ha expresado en su discurso su "profunda satisfacción" por el acuerdo social y económico firmado con sindicatos y empresarios, ya que supone recuperar un diálogo social que no siempre ha estado presente en esta legislatura por los desacuerdos entre las partes.
"En este periodo de ausencia del diálogo no ha habido un solo día en que no haya pensado en la urgencia y necesidad de recuperar los pactos sociales cuanto antes", ha confesado el jefe del Ejecutivo tras firmar con empresarios y sindicatos el acuerdo social y económico en el Palacio de La Moncloa.
Zapatero ha resaltado que el acuerdo se ha logrado gracias a la buena voluntad y disposición de los interlocutores sociales, a los que ha mostrado su "más sincero agradecimiento" por su sentido de la responsabilidad y su "altura de miras".
TOXO Y MÉNDEZ DESTACAN EL VALOR DE LA HUELGA
Por su parte, Toxo y Méndez han celebrado la firma del acuerdo pero han recordado al Gobierno que no dan por cerrada la herida abierta por la reforma laboral y que llevó a los sindicatos a convocar una huelga general el 29 de septiembre.
Méndez, que ha sido el primero en tomar la palabra, ha destacado que el 2 de febrero "no se puede entender" sin el 29 de septiembre, ya que ambas fechas son "el ejercicio de derechos democráticos y constitucionales fundamentales" que han evitado que la clase trabajadora caiga en la "resignación".
En términos parecidos, Toxo afirmó que la firma del acuerdo "ha merecido la pena", pero ha recordado que el "conflicto" que llevó a los sindicatos a celebrar la huelga general no está totalmente resuelto. No obstante, indicó que el acuerdo alcanzando permite enviar un "mensaje de confianza" a la sociedad española de que tiene "capacidad suficiente" para salir de la crisis y mucho "mejor por la vía del entendimiento que del enfrentamiento".
LOS EMPRESARIOS DEMANDAN MÁS MEDIDAS
Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell y el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, han celebrado la firma del acuerdo económico y social para hacer frente a la crisis porque transmite confianza y demuestra que todos los agentes están "en el mismo barco y dispuestos remar", aunque creen que se necesitan más medidas para superar la difícil situación de la economía española.
En concreto y tras la firma del acuerdo en el Palacio de la Moncloa, Rosell ha agradecido el trabajo de todas las partes firmantes y de los "que ya no están", como el ex ministro de Trabajo Celestino Corbacho y el ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, ya que el acuerdo no se ha logrado "por arte de magia" en los últimos días, sino que "se viene cocinando" desde hace meses.
Rosell ha celebrado que España ya esté haciendo las reformas que necesita el país y que las esté haciendo "bien, en la misma dirección y con la misma intensidad" que otros países que empezaron antes. En concreto, se ha referido a la reforma de las pensiones y ha resaltado la importancia del compromiso que supone la misma para los pensionistas y los jóvenes.
Merkel pone precio (salarial) al rescate
La exigencia alemana de devaluar los sueldos compromete al Gobierno español - El desacuerdo en la UE reactiva la presión sobre los países periféricos
Pais, ALEJANDRO BOLAÑOS - Madrid - 13/02/2011
La cumbre de la UE celebrada hace una semana debía ser, en palabras del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, "la cita definitiva para reforzar" el fondo de rescate de la UE. El acuerdo no solo se aplazó a marzo, sino que ahora es mucho más complicado. La canciller alemana Ángela Merkel condicionó la ampliación del fondo a un difuso pacto de competitividad. Lo único nuevo era la exigencia de que los Veintisiete se comprometieran a desvincular las subidas salariales de la inflación. Pero bastó para que la cumbre acabara como el rosario de la aurora; para que los inversores empujaran a Portugal otra vez al borde de la suspensión de pagos este jueves; y para empinar aún más la reforma de la negociación colectiva que el Gobierno español quiere cerrar, precisamente, en marzo.
"En crudo, debe haber pérdida de poder adquisitivo", señala un experto
Las diferencias en el avance de la productividad fueron escasas
Porque Alemania y España son los dos ejemplos extremos que ilustran la propuesta de Merkel. En la última década, Alemania ha disparado su superávit por cuenta corriente, en la misma medida que España aumentó su déficit exterior. Eso se ha traducido en que España y otros países periféricos, como Irlanda, Grecia o Portugal han llegado a la crisis con empresas y familias muy endeudadas y una capacidad de generar crecimiento apocada, ahora que la demanda interna tirita. Y aquí viene la receta alemana: el camino más corto para resucitar la competitividad de la economía, que permita aumentar exportaciones y reducir importaciones, es acompasar las subidas salariales a las ganancias de productividad. O mejor aún, rezagar los salarios respecto a la productividad durante unos años.
"En crudo, debe haber una pérdida de poder adquisitivo", aclara Javier Andrés, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia. "Casi todos, yo incluido, decíamos hasta hace poco que el déficit exterior dentro de la zona euro no era tan problemático porque había financiación asegurada. Pero hemos visto que no es así, que cuando hay una crisis financiera, los inversores vuelven a segmentar por países y no tratan igual a España y a Alemania", añade.
Andrés concede que "el aumento de los costes salariales no es la única, ni siquiera la principal causa de la pérdida de competitividad". Pero sostiene que sí es el único coste en el que se puede incidir con un efecto inmediato, ahora que España no puede devaluar su moneda. "El plan Merkel debería acompañarse con un paquete de estímulo europeo, con apoyo público a inversiones de I+D y de grandes infraestructuras", acota.
El planteamiento alemán, respaldado por varios expertos españoles y los servicios de estudios del Banco de España y de las entidades financieras, no puede ser más comprometido para el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que es también uno de los más deseosos de que la ampliación del fondo de rescate se convierta en dique infranqueable para los inversores que castigan los títulos de deuda españoles.
El Gobierno respaldó el resto de la propuesta de Merkel, sintetizada en un folio con seis párrafos sin firma: elevar la edad de jubilación, poner límites en leyes nacionales al déficit y la deuda púbilcos, armonizar el impuesto de sociedades o crear un programa de resolución para las crisis bancarias. Pero la exigencia de desvincular las subidas salariales de la inflación amenaza con desbaratar otra vez el diálogo social, apenas recompuesto en el acuerdo de las pensiones. Más aún, cuando sindicatos, patronal y Gobierno se ponen otra vez a prueba con la reforma de la negociación colectiva. Y cuando el Ejecutivo se ha impuesto aprobarla antes del 20 de marzo.
"Si hablar de competitividad supone devaluar los salarios, no estaremos de acuerdo", advirtió este viernes Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT. "Ligar los salarios a la productividad es imprescindible, los sindicatos deberían verlo con buenos ojos", rebatió el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández. El asunto es tan espinoso que, por ahora, ha quedado fuera de las primeras rondas de conversaciones entre los agentes sociales.
"Es innegable que hay un problema estructural con la competitividad en la UE", comenta Miguel Ángel García, director del gabinete económico de CC OO. "Estamos dispuestos a hablar de productividad, como se ha hecho en otros acuerdos de concertación, pero primero hay que aclarar lo que se dice", reclama. "Porque si lo que se pide es que el salario nominal [sin descontar el efecto de los precios] crezca menos que la productividad real, eso significa aquí, y en Alemania, una pérdida de poder adquisitivo permanente", concluye.
El avance de la productividad real por empleado, en tasas interanuales, ha sido muy escaso en las últimas dos décadas, cercano al 1% en el mejor de los casos, salvo ahora, cuando la crisis se ha llevado por delante los trabajos que generan menos valor añadido (sobre todo en la construcción). La productividad no aumentó a mucho más ritmo en Alemania, pero sí cayeron a más velocidad los costes laborales unitarios, que relacionan remuneración nominal por asalariado y productividad real. Y ésta es una de las medidas de competitividad más empleadas por los organismos internacionales, con la OCDE y el FMI a la cabeza. De nuevo, si a la remuneración de los asalariados se le descontara la variación de los precios, las distancias se estrechan o anulan.
José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, cree en la moderación de los costes salariales como medida de ajuste. Pero sostiene también que el plan Merkel es "una cortina de humo" para no abordar lo urgente. "Los inversores lo han dicho claro esta semana: no comprarán más bonos portugueses y de otros países periféricos hasta que estar seguros de que el fondo de estabilidad va a ser más grande y flexible", afirma Díez. "Y para que eso ocurra, Merkel debe hacer entender en Alemania que serán sus bancos y sus fondos de pensiones los que correrán con los costes de la reestructuración de la deuda de Grecia, Irlanda y quizá Portugal".
Un Pacto de Competitividad, ¿por qué resistirse?
Pais, JUERGEN B. DONGES 13/02/2011
En su reciente cumbre, el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno ha decidido estudiar la propuesta de la canciller Ángela Merkel, apoyada a grandes rasgos por Nicolas Sarkozy, de diseñar para la zona euro un Pacto de Competitividad, dentro del que se aplicarían las políticas económicas nacionales oportunas para lograr un potencial de crecimiento y de empleo sostenible en los países miembros. Otros países de la UE, si lo desean, podrían adherirse al pacto. Los detalles de un acuerdo definitivo quedan por concretar, lo que previsiblemente sucederá en marzo.
En el foco están las reformas estructurales pendientes. Se refieren, entre otras, al endeudamiento estatal, la financiación de la Seguridad Social, el sistema educativo, el modelo de investigación científica y desarrollo tecnológico, y el funcionamiento del mercado de trabajo. En estas áreas, las distorsiones que existan generan costes innecesarios en la economía, además de reducir la eficiencia en la asignación de los recursos, con consecuencias negativas para el crecimiento y el empleo. Ponerle remedio debe ser una prioridad absoluta para todo gobierno sensato.
Sin embargo, el llamado plan Merkel ha levantado bastantes reticencias entre los líderes europeos. El grupo de los países escépticos incluye a Austria, Bélgica, España, Irlanda y Luxemburgo y, fuera de la zona euro, a Reino Unido y Polonia. Parece ser que no todos quieren que sus economías sean competitivas. O que no lo sean tanto las demás de su entorno. ¡Curiosa postura! Porque bien mirado, el plan Merkel actualiza una larga historia de proyectos institucionales, aprobados en diversas cumbres europeas por unanimidad desde finales de los años noventa, con el objetivo de convertir el mercado común en uno de las áreas más competitivas y dinámicas del mundo. Las previsiones, hasta ahora, no se han cumplido. Pero no por eso el reto de la competitividad ha perdido su urgencia en un mundo de actividad económica globalizada.
En Alemania, las reformas estructurales emprendidas durante los últimos siete años han contribuido a la robustez actual de la competitividad internacional de la economía. En España, las reformas no han hecho más que empezar, pero si se profundiza en ellas las perspectivas económicas a medio plazo podrían mejorar.
Un factor clave de la competitividad internacional es el coste laboral. Hemos visto que desde la introducción del euro la evolución de los costes laborales unitarios se ha ido diferenciando notablemente entre los países miembros. En el período 1999-2009, estos costes aumentaron en la economía alemana con una tasa media del 0,7% al año, en Francia 2%, en España 3%. Para el conjunto de la zona euro, el incremento anual fue del 1,9%. Como en la unión monetaria ya no existe el tipo de cambio como mecanismo de ajuste, las divergencias de costes laborales generan en las balanzas de pagos por cuenta corriente un superávit en los países con bajos incrementos de los costes y un déficit en los países en los que los aumentos han sido comparativamente mayores. No conduce a nada señalar con el dedo a Alemania, como si fuera el villano de los desequilibrios. Es mejor analizar las tendencias de los dos componentes de los costes unitarios laborales -los salarios y la productividad del factor trabajo- y corregir los desperfectos encontrados. En España, respecto a Alemania, los salarios han subido demasiado y la productividad laboral ha acumulado con los años un importante retraso. La consecuencia es que el euro para las empresas españolas se ha apreciado en términos reales, mientras para las empresas alemanas se ha devaluado.
Para elevar de forma duradera la productividad, es necesaria una intensa inversión en el aprendizaje y la formación profesional de la fuerza laboral. Es inexorable la innovación en procesos de producción y de prestación de servicios. Métodos modernos de gestión en las empresas y las administraciones públicas también repercuten positivamente en la productividad. Los efectos apetecidos no se consiguen con rapidez, pero a medio plazo son seguros, como en diversos países lo demuestra la experiencia.
Para que la evolución de los salarios sea compatible con la competitividad de la economía ha de guardarse la vinculación con la productividad laboral, como bien propugna el plan Merkel. En economías con un paro laboral elevado, como la española, la productividad aparente es superior a la real, lo que reduce el margen disponible para subidas salariales económicamente sostenibles. La estructura de los salarios debe reflejar adecuadamente las diferencias de la productividad entre las regiones y los sectores y entre las cualificaciones profesionales, como las hay en todas las economías. Un convenio colectivo a nivel nacional es todo menos favorable a efectos de competitividad.
En ningún caso es recomendable que se mantenga una indexación automática de los salarios respecto a la inflación, ya sea directamente, como en Bélgica o Luxemburgo, ya sea indirectamente como en España mediante las cláusulas de salvaguarda, incluidas en la gran mayoría de los convenios colectivos. A juzgar por la evidencia empírica disponible, la indexación salarial debilita la posición competitiva de las empresas, en vez de reforzarla. Además, no promueve más empleo, pero sí más paro, con la consiguiente discriminación de los que buscan trabajo, incluidos los jóvenes. A la postre, la indiciación ni siquiera garantiza el poder adquisitivo de los salarios, porque puede convertir repuntes inflacionarios transitorios en permanentes y alimentar así un sesgo inflacionista en la economía. ¿Cui bono?
Juergen B. Donges es asesor científico del Instituto de Estudios Económicos de la Universidad de Colonia. Presidió entre 2000 y 2002 el comité de sabios que aconseja al Gobierno alemán.
Gobiernos y expertos se enquistan en el debate sobre la cláusula de garantía
Salarios y beneficios explican, a partes iguales, el diferencial del IPC español
PAIS, A. BOLAÑOS - Madrid - 13/02/2011
Pocas medidas generan posiciones tan encontradas como las cláusulas de garantías salarial. La propuesta alemana es, en este punto, transparente: hay que eliminar la relación automática de la subida salarial con la inflación. Y la respuesta de algunos dirigentes europeos, con los líderes de Luxemburgo y Bélgica a la cabeza, más clara aún. "Rechazamos la eliminación de las cláusulas de revisión salarial, no es la manera de mejorar la competitividad", replicó el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Junker.
No conduce a nada señalar a Alemania como si fuera el villano de los desequilibrios
En España, los salarios han subido demasiado y la productividad laboral acumula retraso
Hasta ahora, el Gobierno español, mucho más necesitado de que el fondo de rescate se amplíe, ha optado por un perfil bajo en su rechazo, compartido también por otros países, como Austria, Finlandia o Polonia, con medidas similares. "Si el ministro de Trabajo, empresarios y sindicatos están de acuerdo en que la cláusula exista, seguirá existiendo", afirmó hace unos días la vicepresidenta económica, Elena Salgado
Entre los expertos, el debate está tan o más enquistado. "La cláusula es un residuo, España es el último país importante que la tiene", cargó esta semana el director del servicio de estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina. En una línea similar, se expresa el economista jefe del BBVA para España, Rafael Doménech: "Los salarios deben vincularse a la productividad, cuando están vinculados a los precios alimentan espirales inflacionistas". Doménech, como antes hizo un estudio del Banco de España, reparte casi a partes iguales el diferencial de inflación de España con la zona euro entre el exceso de alza salarial y de los márgenes empresariales. Pero achaca a medidas como la cláusula de garantía que ese diferencial persista.
En España, la cláusula de garantía salarial permite a los trabajadores recuperar la pérdida de poder adquisitivo por una subida de la inflación mayor de lo previsto en los convenios. Hasta la crisis, esa inflación prevista se fijaba en el 2%; con el acuerdo de moderación salarial pactado por los agentes sociales se ha generalizado el 1% como referencia. Pero el impacto del paro en las negociaciones ha meguado también su uso. Si lo usual era que cubriera al 70% de los trabajadores con convenio, en 2010 dio cobertura al 46%, apenas 3,2 millones de personas.
La paradoja de 2009
"La cláusula ha contribuido a la moderación salarial de forma decisiva", rebate José Ignacio Pérez Infante, responsable del Observatorio de la Negociación Colectiva. Pérez Infante arguye que los convenios con clásula de garantía recogen menores subidas salariales iniciales que el resto de convenios. "Cuando la inflación se desvía de lo previsto, la aplicación de la cláusula es un efecto, no la causa de esa inflación", insiste. El profesor de la Universidad Carlos III admite que esta forma de negociación puede presentar "rigideces puntuales", como ocurrió en 2009, cuando en plena recesión y con los precios a la baja, los salarios crecieron casi un 3%. "Pero se corrige de forma inmediata", asegura. En 2010, el aumento salarial (2,1%) vuelve a alinearse con la inflación media (1,8%).
"A medio plazo, el aumento de la productividad pasa por mejorar la eficacia en cada sector y por moverse a sectores más productivos, pero ahora hay que afrontar los desequilibrios acumulados en los últimos años", insiste Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigación Económica.
Pérez recalca que la cláusula de garantía salarial y la ganancia de poder adquisitivo no impidió que las rentas salariales perdieran peso respecto a los excedentes empresariales. "Y eso ocurrió porque, en la época de expansión, la inversión creció a un ritmo aún mayor que el empleo", añade. En su opinión, tan relevante para ganar eficacia ahora es que baje el precio de los activos sobrevalorados (financieros e inmobiliarios), como la remuneración de los asalariados. "Es una situación complicada para Europa, pero más para España, que no está especializada en manufacturas de alto valor añadido", avisa.
Cándido Méndez: "Hemos tragado muchos sapos para el acuerdo"
El secretario general de UGT dice han firmado el pacto social y económico pensando "solo en los trabajadores"
Noticias relacionadas
· Gobierno y agentes sociales rubrican el Pacto Social y Económico
· Gobierno y PP despachan en una hora su reunión sobre el pacto social
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha reconocido que los sindicatos han tenido que tragarse "muchos sapos" en la negociación del acuerdo social y económico con el Gobierno y la patronal, entre ellos el de aceptar que haya subvenciones en los contratos a tiempo parcial.
Méndez, en declaraciones a la Cadena Cope, ha explicado que, aunque los sindicatos no estaban de acuerdo con que se concedieran estas bonificaciones, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, se mostró convencido de que esta fórmula ayudaría a las empresas a adelantar contrataciones. "Y como éste es un pacto de confianza, nos tragamos uno de los muchos sapos que nos hemos tragado en el acuerdo", ha añadido el dirigente sindical.
El líder de UGT ha insistido en que los sindicatos han actuado con responsabilidad y, con este acuerdo, "han hecho lo mejor para defender en el medio y largo plazo los intereses de los trabajadores". "Porque pensamos en los trabajadores y sólo en los trabajadores es por lo que hemos firmado este acuerdo", ha asegurado Méndez, que ha defendido que, durante la negociación, se ha logrado modificar "sustancialmente" la posición inicial del Gobierno.
"Porque pensamos en los trabajadores, hemos firmado"
Méndez, que se ha mostrado contrario al copago sanitario, ha subrayado que la reforma de pensiones incluida en este acuerdo no tiene por qué producir un recorte en la cuantía de la pensión futura, porque en el pasado las pensiones no han dejado de crecer pese a que se han tomado decisiones difíciles.
En cuanto a si el PP apoyará el acuerdo, Méndez ha afirmado que ha hablado por teléfono con Mariano Rajoy en varias ocasiones y que siempre le manifestó su "predisposición favorable" a apoyar el apartado del acuerdo correspondiente a la reforma de pensiones. "En otros apartados ha mostrado más respeto y distancia", ha dicho Méndez, quien espera que el PP dé finalmente su respaldo.
"No queremos que la productividad sea coartada para recortar salarios"
Méndez ha reconocido que la reforma de la negociación colectiva "está complicada", aunque ha asegurado que ve "mimbres" para el acuerdo en esta materia. Los agentes sociales tienen de plazo hasta mediados de marzo para llegar a un acuerdo en este asunto. El secretario general de UGT ha defendido que en esta negociación se pueden hacer bastante cosas para mejorar la flexibilidad interna de las empresas y preservar el empleo, actuando sobre las condiciones de trabajo en lugar de recurrir a ajustes de plantilla.
Preguntado por el rechazo sindical a incorporar la productividad a los salarios, Méndez ha recordado que la productividad ya se toma en cuenta en el modelo de determinación salarial español. "Para nosotros, la productividad es una vieja conocida. Lo que no estamos dispuestos es que se considere una coartada argumental para recortar salarios", ha dicho.
